por Alberto López Girondo | Jun 2, 2018 | Sin categoría
Somos dos gobiernos en plena sintonía sobre política económica y exterior», dijo Mauricio Macri a Mariano Rajoy. «Es un ejemplo de liderazgo, honestidad y empuje», agregó, pletórico de entusiasmo, ese 10 de abril.
Parece mentira pero aún no pasaron dos meses de la gira del ahora exmandatario español, llamado con el fin de respaldar a su admirador en momentos cruciales para la gestión Cambiemos.
Rajoy venía a «animar a los empresarios españoles a invertir tras recuperar el país la normalidad y la seguridad jurídica», según editorializó el diario El País, que destacó entonces que el mandatario argentino «ha hecho un magnífico trabajo en lo económico y esto abre oportunidades».
También hablaron de Venezuela, el enemigo favorito cuando arreciaban las turbulencias en Madrid. A semanas para la reelección de Nicolás Maduro, y previendo el resultado, Macri adelantó: «No lo vamos a reconocer como presidente democrático ya que hace rato que no hay democracia» en ese país, y añadió que «estas elecciones no tienen ningún valor».
Por eso de que la venganza es un plato que se come frío, ahora desde Caracas pueden jactarse de que todos los que se meten con el chavismo terminan mal.
La última cumbre presidencial de las Américas, en Lima, comenzaba el 13 de abril. Maduro tenía la entrada prohibida por el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski con el raído argumento de «la grave situación» en Venezuela. El 23 de marzo, Kuczynski tuvo que renunciar por el escándalo Odebrecht. y fue él quien se quedó fuera de la Cumbre.
Algo similar le pasó al expresidente panameño Ricardo Martinelli, otro feroz antichavista, detenido el 12 de junio de 2017 en Estados Unidos.
Ahora tiemblaRajoy por la causa Gürtel. En su lugar asumió Pedro Sánchez, del PSOE. Es previsible que la relación de España con Venezuela cambie. El exjefe de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero fue uno de los veedores que certificó la transparencia de los comicios en que Maduro fue reelecto.
El exlíder del PSOE había coordinado una mesa de diálogo en Santo Domingo entre el oficialismo y al oposición venezolana para la pacificación del país. Todo iba bien para firmar un acuerdo hasta que el 8 de febrero, sin embargo, la MUD se negó a firmar. «De manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos», declaró Rodríguez Zapatero.
Tiempo Argentino, 2 de Junio de 2018
por Alberto López Girondo | May 16, 2018 | Sin categoría
En un escueto mensaje de televisión, el presidente Mauricio Macri confirmó los trascendidos que habían comenzado a circular días antes, mientras el dólar trepaba en su cotización aun con las tasas del 40% que fijó el Banco Central: Argentina vuelve a buscar financiamiento en el Fondo Monetario Internacional. En el breve discurso, el presidente culpó de la situación al «desastre» que dijo haber heredado del gobierno de Cristina Fernández, pese a que transcurrieron ya dos años y medio de su llegada a la Casa Rosada, y dijo que se había «metido» en la política «para que cada argentino pueda vivir mejor». Macri reconoció que Argentina es uno de los países que «más dependemos del financiamiento externo», y que las condiciones exteriores habían cambiado de un modo contraproducente para conseguir más crédito en un escenario en que Argentina no maneja ninguna variable económica. Y dijo que el apoyo del FMI será aplicado «de manera preventiva» y para «fortalecer el programa de crecimiento y desarrollo».
Analistas de todas las tendencias venían advirtiendo a las autoridades que el país se encaminaba a una encrucijada por el aumento del precio del petróleo y de las tasas que fija el Tesoro de Estados Unidos, que más temprano que tarde iba a causar que una política basada en el endeudamiento se quedara sin el combustible que la venía alimentando desde el 10 de diciembre de 2015.
Además, el clima social venía complicado luego de la reforma previsional, con la secuela de represión y un impensado –hasta no hace mucho tiempo– acercamiento entre los distintos sectores de la diáspora peronista. Todo se aceleró al ponerse en marcha los aumentos desenfrenados de las tarifas de los servicios públicos y los transportes.
En ese contexto, el gobierno impidió una sesión en Diputados para tratar alguna medida que le pusiera un tope a los precios de los servicios, lo que no hizo sino agigantar el rechazo entre los no votantes de Cambiemos y entre esos sectores de la sociedad que le habían dado un cheque en blanco para poner fin al ciclo kirchnerista. Incluso medios amigos y dirigentes del radicalismo pidieron moderar ese brutal zarpazo que afecta sobre todo a los bolsillos de las familias más humildes y a las pymes.
Como un juego entre un gato y un ratón, a medida que las señales políticas indicaban que el Congreso iba a poner algún techo en las aspiraciones de las empresas energéticas y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguraba que el presidente vetaría cualquier iniciativa para moderar las tarifas, la corrida cambiaria generó el clima que se asocia tradicionalmente a los planes de ajuste más feroces.
Lejos quedó aquel 28 de diciembre cuando desde una mesa compartida por Marcos Peña; los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne y de Finanzas, Luis Caputo; y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, se anunció una meta de inflación para este año de 15%, casi el doble del piso de la banda estipulada anteriormente, de entre 8 y 12%. El marketing de Jaime Durán Barba dictaba que, para aventar los fantasmas que se estaban despertando en la economía nacional, convenía presentar a todo el equipo del área trabajando al unísono con Sturzenegger, mientras el presidente Mauricio Macri seguía insistiendo en que el crecimiento, aunque invisible, estaba a la vuelta de la esquina.
Objetivo final
Cuatro meses más tarde, las señales fueron diametralmente opuestas. Dujovne y Caputo fijaron recortes en el presupuesto y desde la «ventanilla» del BCra, Sturzenegger anunció tasas astronómicas para intentar detener la corrida bancaria que en pocos días se había llevado cerca de 7.000 millones de dólares (ver página 18).
El gobierno y los periodistas y medios afines, en tanto, se unieron para culpar del mal momento a la oposición en su conjunto, dejando de lado las abismales diferencias que existen entre los distintos sectores que no comulgan con el macrismo, e incluyendo en la descalificación a aquellos que fueron muchas veces funcionales a las iniciativas del oficialismo. Funcionarios de primera línea del gobierno calificaron de «irresponsables» y demagógicas a las bancadas opositoras, y el propio Macri insistió en esta calificación en su mensaje del 8 de mayo, en el que sugirió que si no fuera por los «palos en la rueda» todo estaría mucho mejor.
Desde algunos sectores de la oposición se criticó al gobierno argumentando que no había generado herramientas para contener la fuga de capitales y defender la economía local de los ataques especulativos. Para el dirigente cooperativista Carlos Heller, en cambio, «el gobierno no está cometiendo errores, sino que está cumpliendo con sus objetivos», entre los que destaca la baja del salario real en dólares y el cierre de paritarias al 15% y sin cláusula gatillo, a lo que se suma la enorme transferencia de ingresos hacia las grandes empresas de servicios públicos.
El llamado al FMI, que pretende ser un alivio para el gobierno, no augura buenas noticias para los argentinos. La relación del país con el organismo comenzó en 1956, tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón, y su primera etapa puede decirse que terminó el 3 de enero de 2006, cuando Néstor Kirchner ordenó transferir 9.810 millones de dólares para liquidar de una sola vez toda la deuda con el FMI. Era la forma, para el patagónico, de liberarse de una institución a la que acusó de exigir a cambio de préstamos, «políticas que perjudican el crecimiento». Fue una decisión concertada con el entonces presidente brasileño, Lula da Silva, quien había pagado cada dólar que su país debía al Fondo pocas semanas antes.
En años que van de 1956 a 2006, el organismo forzó sucesivos planes de ajuste. Fue también promotor de las privatizaciones en la década del 90 y quedó muy desprestigiado internacionalmente con la caída de la convertibilidad. El 2001 había comenzado con el anuncio de un blindaje del FMI para apuntalar al gobierno de Fernando de la Rúa. El final es conocido.
Revista Acción, segunda quincena de Mayo de 2018
por Alberto López Girondo | Mar 16, 2018 | Sin categoría
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, volvió a su costumbre de inaugurar el año judicial con un discurso de tipo ecuménico en el Palacio de Tribunales. Alejado por un momento de la presión de años anteriores por parte de las espadas de Cambiemos –léase Elisa Carrió–, Lorenzetti se lanzó al ruedo en una disputa que en ocasiones en sordina y a veces a grito pelado arrastra a la dirigencia política: la reforma judicial.
Cinco días antes el presidente Mauricio Macri, en la apertura de sesiones del Congreso, había pedido a los legisladores el respaldo para reformar el Código Penal, al que calificó de viejo. «Fue emparchado mil veces», señaló el mandatario, al tiempo que reclamó también un nuevo Código Procesal Penal en el que «los fiscales tengan más protagonismo».
Este parece ser el punto neurálgico sobre todo en la Justicia Federal, ya que llevaría el poder de acusación a los fiscales y les haría perder protagonismo a los jueces de ese fuero, que últimamente tienen los flashes enfocados en su gestión porque son los que constitucionalmente deben investigar a las autoridades políticas nacionales. No es casualidad que el polémico juez Claudio Bonadio haya sido tan explícito. «No creo que el Ministerio de Justicia acompañe las reformas porque en dos años no ejecutaron políticas de fondo», indicó.
Puesto a plantar bandera, Lorenzetti aceptó que el sistema judicial es antiguo, lento y se sorprendió de que todavía haya expedientes de papel cosidos con hilos. Pero puntualizó que los cambios que el país necesita en el ámbito de la Justicia «tienen que nacer del Poder Judicial, porque es donde hay experiencia».
El ministro
Cuando todavía resonaba en el ambiente el anuncio del jefe de los supremos de que abriría una doble jornada de debate sobre las reformas que podrían consensuar los magistrados, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se apuró a responder a los periodistas que se le acercaron en la explanada misma del edificio, que compartía la visión del santafesino en cuanto al planteo de «cambio y transformación de la Justicia para brindar una mejor respuesta a la comunidad».
En el marco de las rencillas que Garavano y Lorenzetti arrastran desde que Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada, fue un gesto de diplomacia gentil. Las diferencias entre ambos se potenciaron cuando a pocos días del 10 de diciembre de 2015 el flamante ministro acercó el nombre de los dos nuevos integrantes de la Corte designados por Macri. Este gesto creó rispideces, porque habían sido nombrados por decreto y saltando todos los pasos constitucionales. La disputa generó rechazos incluso en el oficialismo, por lo que el gobierno tuvo que retroceder.
Pero el ministro tiene otras batallas en danza. Garavano impulsa el proyecto Justicia 2020, que pretende modificar profundamente el sistema judicial, para el cual está trabajando una comisión encabezada por el radical Ricardo Gil Lavedra. Sin embargo, hay otra comisión a cargo del camarista Mariano Borinsky que trabaja en un anteproyecto de reforma del Código Penal. Hubo chispas entre ambos sectores cuando el presidente, avalando la política de mano dura de la ministra Patricia Bullrich, llamó a su despacho y felicitó al policía Luis Chocobar, quien mató por la espalda a un joven que huía luego de apuñalar a un turista. «Es muy importante que tengamos en claro que un mayor punitivismo o una mayor represión no trae más seguridad, trae más violencia e inseguridad para el conjunto de la gente», dijo entonces Gil Lavedra, uno de los jueces que en 1985 encabezó el tribunal que juzgó a los integrantes de las tres primeras juntas militares de la dictadura y un referente dentro de su partido, integrante de la alianza Cambiemos.
Otra referente de la coalición gobernante, Carrió, también salió a enfrentar a Garavano, pero por otras razones. La demorada causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 desde agosto de 2015 y por el que son juzgados desde el expresidente Carlos Menem hasta el juez que investigó el hecho, José Luis Galeano, los fiscales intervinientes, Eamon Mullen y José Barbaccia, y también el comisario Jorge Alberto Palacios, de estrecha relación con Macri.
Cuando se reinició el juicio, en febrero pasado, se supo que el gobierno había desistido de acusar a Barbaccia y Mullen. El ministro había designado a José Console como abogado de la querella y el hombre llamó a absolver a los fiscales. Console reemplazaba a Mariana Stilman, cercana a Carrió, que había renunciado alegando las intromisiones del ministerio en su tarea. El dato es que Console no podía estar en ese cargo porque cumplía funciones incompatibles en el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires. El escandalete despertó las iras de la diputada chaqueña pero a pesar de que renunció, el daño ya estaba hecho. Al retirar la acusación, el Tribunal aceptó dejar afuera a los fiscales y al policía.
Al mismo tiempo, este hecho encendió un nuevo foco ígneo en la propia Unidad AMIA, cuyo titular, otro radical de peso, Mario Cimadevilla, tiene las horas contadas al frente del organismo. Oficialmente, será una decisión administrativa en el marco de directivas para reducir organismos y cargos burocráticos. Pero un comunicado del partido político de Carrió no deja lugar a dudas de lo que se cuece puertas adentro del gobierno de Cambiemos. «Ni Elisa Carrió ni la CC ARI están dispuestos a manipular una acusación en una causa judicial y por ninguna razón avalan los condicionamientos y presiones que han recibido los letrados designados como representantes de la querella del Estado en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA».
Esta posición laxa en relación con una causa iniciada en 2004 por familiares de víctimas del atentado de 1994 –posición que avalaron las instituciones de la comunidad judía, alineadas con el gobierno– contrasta con la celeridad y el ímpetu con que se sustanció la causa por el Memorándum con Irán, para la cual se creó un nuevo tribunal que no cuenta con la aprobación que la ley exige en el Congreso. Algo que criticaron incluso juristas que no tiene simpatías por los acusados, desde la expresidenta Cristina Fernández hasta dirigentes sociales vinculados con el kirchnerismo.
Credibilidad
Todos estos entreveros no hacen sino reflejar una situación que repercute directamente en la credibilidad que la sociedad mantiene hacia el Poder Judicial y el sistema de Justicia. Según reveló una fuente de la Corte al diario La Nación, una encuesta mostró que «solo el gremialismo está peor visto, y no por mucho». El sondeo consultaba a ciudadanos sobre la credibilidad de 14 estamentos sociales e institucionales. Los jueces ocupaban el puesto 13.
Lorenzetti, en su discurso inaugural, se quejó de las «críticas infundadas» que afectan la «independencia judicial», pero al mismo tiempo se quiso curar en salud y dijo que los magistrados no pueden buscar «el reconocimiento de las mayorías» ni manejarse de acuerdo con las encuestas. «Si no –afirmó–, volveríamos a la Edad Media, a juzgar en la plaza pública y conforme los aplausos se condena o no se condena». Pero el estudio que circuló por los despachos judiciales habla de otra cosa.
Revista Acción, segunda quincena de Marzo de 2018
por Alberto López Girondo | Mar 1, 2018 | Sin categoría
Más allá del clima de tranquilidad que, tras la multitudinaria marcha del 21F, quisieron transmitir la Casa Rosada y la prensa oficialista, el tercer período legislativo de Mauricio Macri está signado por la sensación de que el gobierno comienza a acusar los golpes propios de la gestión.
El oficialismo confiaba en poder aislar al líder camionero y personalizar en la defensa de su figura como único motivo de una movilización que auguraban de escasa relevancia. Pero la cantidad de gente, el cariz de los discursos y la variedad de sectores sindicales, sociales y políticos representados barrieron con la presunción de soledad y el ninguneo al contundente hecho político consumado en la avenida 9 de Julio.
De poco sirvieron los argumentos acerca de que la marcha era en defensa de Moyano, acosado por causas judiciales. Tampoco caló el mensaje de que detrás de esa manifestación estaba la mano de Cristina Fernández.
Así, la posibilidad de un incipiente realineamiento opositor, una suerte de continuidad del frente esbozado en el debate por la reforma previsional, se suma a una larga lista de malas nuevas para el gobierno.
Desde diciembre pasado, en Balcarce 50 buscan la forma de remontar el peor momento de Macri en la presidencia. Una muestra de esa preocupación es que la diputada Elisa Carrió salió al ruedo tras varias semanas de ostracismo voluntario para tildar a Moyano, desde un matutino uruguayo, de «criminal». La chaqueña, una de las fundadoras de Cambiemos, suele ponerse el sayo de referente ético y oficia de salvavidas cuando el gobierno está en aprietos. Esta vez fue más explícita al reconocer que el apoyo al primer mandatario, con quien tuvo épocas de durísimo enfrentamiento, se basa en la lucha contra el kirchnerismo. De allí su generosidad para catalogar, por caso, las cuentas offshore ocultas de funcionarios públicos como «errores nimios».
Hit veraniego
El humor social no está del lado de Cambiemos en esta etapa. La economía no da espacio para que ello ocurra, en la medida en que no parece haber techo para la inflación, el precio del dólar, el costo de las tarifas de los servicios públicos y el de los combustibles. Mientras tanto, el gobierno se empeña en recortes presupuestarios en las áreas más sensibles y en poner el pie encima de las negociaciones paritarias.
Hasta un diario normalmente circunspecto como La Nación tomó nota de la reiterada catarata de insultos dirigidos al presidente Macri en estadios de fútbol y espectáculos musicales, y bautizó a este por ahora limitado rechazo popular al macrismo como «el hit del verano».
Varios medios cercanos al gobierno y sus columnistas más encuadrados comienzan a expresar críticas, otra muestra de que ya no hay viento de cola. No es que le hayan soltado la mano, pero hay realidades que no se pueden esconder. Y pasan del apoyo irrestricto al «consejo de amigo» en el marco de esa coalición sellada para destruir todo vestigio de populismo, como recordó Carrió.
La noticia de que un funcionario de segundo rango como Valentín Díaz Gilligan, subsecretario de la presidencia, tenía una cuenta no declarada en un banco de Andorra golpeó de lleno en el gobierno. Por la oportunidad en que se conoció –cuando arreciaban las críticas contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, por haber «olvidado» declarar inversiones incompatibles con su rol en el gabinete– y porque la noticia se conoció en El País, de España. Algunos creyeron ver la mano de Telefónica, accionista del grupo Prisa, que edita el diario madrileño, en su puja para que le autoricen dar televisión digital a través de sus redes.
Lo cierto es que Díaz Gilligan, atorado por la prensa, declaró que el dinero no era suyo, sino de un representante de futbolistas uruguayo que no podía tenerla a su nombre porque estaba en la mira del ente recaudador de su país.
La renuncia pareció un modo de descomprimir la presión sobre la omisión de Caputo, cuyas cuentas aparecieron en los Paradise Papers, una investigación de periodistas de todo el mundo entre los que figuran algunos de La Nación, TN y Perfil, de Buenos Aires.
Según la documentación hallada, Caputo administró, antes de asumir, inversiones en las islas Caimán y Delaware que compraron bonos de la deuda argentina. Ahora negocia nueva deuda externa. Algo escandaloso en cualquier lugar del mundo.
Traspié en Madrid
Los últimos días de febrero fueron pródigos en controversias sobre la cuestión de las inversiones externas: por las de los funcionarios fuera del país y por la escasez de las que el gobierno necesita para la reactivación.
Fue así que estalló en las redes una entrevista pública al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, realizada en Madrid. Puesto a explicar las dificultades para reducir la inflación y atraer inversiones, tropezó con la pregunta de un docente de la Universidad Complutense, argentino de nacimiento: «¿Cómo espera que vayan las inversiones a la Argentina si usted mantiene su patrimonio offshore?», preguntó. Tras un breve titubeo, el ministro dijo que tenía todo declarado y que «los funcionarios tienen derecho a decidir que su dinero esté depositado en el exterior».
Dujovne fue a España para intentar seducir a inversores en un escenario complejo en el que el gobierno apuesta todo a un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. A pesar de que se les dio casi todo lo que pidieron las empresas europeas, los agricultores de Francia, Irlanda y Polonia no quieren liberar el mercado a la producción sudamericana.
Para colmo, ahora la Unión Industrial Argentina también pone condiciones. Y junto con sus pares de los otros países del Mercosur, planta bandera contra un acuerdo de libre comercio. El déficit comercial alarma cada vez más. A esta altura, la promesa aspiracional de «volver al mundo» se muestra como un eslogan vacío. De hecho, pese a todos los gestos y acciones de buena voluntad del gobierno argentino con Donald Trump, los limones y el biodiésel argentinos siguen sin poder entrar al mercado estadounidense.
Revista Acción, primera quincena de Marzo de 2018
Comentarios recientes