por Alberto López Girondo | Feb 20, 2020 | Sin categoría
Las causas abiertas por el pago de coimas de la multinacional brasileña Odebrecht se está por cobrar otra presa de alto nivel. Esta vez el que está en problemas por presuntamente haber recibido sobornos es el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Su nombre aparece en la lista negra, según el diario The Wall Street Journal, luego de la detención en España de Emilio Loyola, exdirector de Pemex. Loyola estuvo al frente de la petrolera de bandera mexicana entre 2012 y 2016, fue director de la campaña electoral de Peña Nieto, quien gobernó entre el 12 y el 18, y es un amigo de toda la vida del anterior mandatario del país azteca. Si bien el antecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón, también había sido implicado en la nómina de “abonados” de Odebrecht, si el caso avanza sería el primer expresidente en ser procesado en la historia de esa nación.
Pero no es primero que desde el año 2014 resulta implicado en una megacausa regional contra maniobras de la empresa brasileña, hasta no hace tanto una multinacional con espaldas como para competir con los mayores conglomerados industriales del mundo y con fuerte presencia en todos los países de Latinoamérica.Y en primer lugar se debe depositar la mirada sobre la propia casa, incluyendo al expresidente Lula de Silva, comprometido por el exjuez Sergio Moro en la causa Lava Jato. Donde se cargó más víctimas fue en Perú, que ostenta el récord de tener a tres expresidentes procesados y uno, Alan García, que se suicidó en abril pasado cuando lo iban a detener.
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Y acá: Se suicidó Alan García…
En esa nación, -en la que fue detenida como receptora de aportes ilegales la excandidata derechista Keiko Fujimori- el viernes pasado el actual jefe de Estado, Marín Vizcarra, tuvo que nombrar cuatro nuevos ministros porque los anteriores titulares de las carteras de Transportes, Energía, Educación y Justica están salpicados por la investigación sobre Odebrecht.
La firma -nacida en San Salvador de Bahía en 1944- vio a su CEO y nieto del fundador, Marcelo Odebrecht entre rejas como organizador de una suerte de asociación ilícita y a mediados de diciembre decidió desprenderse del lastre que significaba su nombre. En un comunicado breve, expicó que «la desvinculación del funcionario de su plantilla atiende a una recomendación hecha por veedores externos independientes del Ministerio Público Federal y del Departamento de Justicia de Estados Unidos que actúan en la empresa hace dos años y medio».Sin embargo el despido del heredero de la dinastía, de 51 años, que recibió una condena a 10 años de prisión y fue derivado a prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, no fue bien recibido por el involucrado y en un comunicado dijo que era «otro acto de abuso de poder» del actual presidente del grupo, Ruy Sampaio, en un intento de «paralizar las investigaciones» sobre denuncias hechas en su contra por el propio Marcelo, según destacó entonces un cable de la agencia AFP.
Es que la imagen de la empresa había quedado fuertemente dañada y de lo que se trataba peurtas adentro era de ver quién pagaría los platos rotos de la cercanía con algunos gobiernos y el reslapdo indudable que le dio al salto regional el proceso popular que abrió Lula en 2003 y que no casualmente se cerró con la destitución de Dilma en 2016. Cuando el escándalo estalló en todos los países de la región, el primer intento de parar el vandaval fue que los directivos reconocieron ante las cortes estadounidenses haber pagado sobornos y fue condenada a pagar multas por 2600 millones de dòlares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.
Curiosamente, tambien reconocieron haber pagado 35 millones de dólares en Argentina para obtener la adjudicación de 8 proyectos entre 2007 y 2014, en los que obtuvieron, afirmaron, beneficios por 278 millones.Las causas contra Odebrecht se cargaron a presidentes y ex en Perú, pusieron sobre las cuerdas a funcionarios en Panamá, Guatemala, enlodaron al exmandatario colombiano Juan Manuel Santos y ahora a dirigentes mexicanos, y las sospechas sobre acciones similares en Argentina fueron confirmadas por representantes de la empresa ante la justicia. Sin embargo es muy poco lo que se avanzó en este lado de al frontera. Por trabas en la justicia y palos en la rueda de la dirigencia local.
Podés ver antecedentes acá: El fiscal Delgado dice que hacer su trabajo es difícil
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Entre los involucrados, junto con exfuncionarios ya procesados por otras causas como el exministro Julio de Vido, hay empresarios de la construcción y fundamentalmente de las empresas de la familia del expresidente, Mauricio Macri. Hay 19 procesados por presuntas coimas en un contrato de AYSA, entre ellos el ex presidente de la proveedora de agua y servicios sanitarios estatal, Carlos Ben; Raúl Oscar Biancuzzo, ex director de Infraestructura de Aysa; Aldo Roggio (socio de Odebrecht), Carlos Wagner (socio de otra firma brasileña, Camargo Correa) y Tito Biagini (ex presidente de José Cartellone e Hijos SA).
En otro caso resonante, el del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, junto a Odebrecht están en la mira la empresa de los Macri, Iecsa, que dirigía el primo del expresidente, Angelo Calcaterra. Iecsa figura como vendida al grupo de Marcelo Mindlin en marzo de 2017.
Podés ver antecedentes acá: Calcaterra intentó despegarse…
Y también acá: Pedido de embargo a Calcaterra…En el caso de Peña Nieto, un cable de la agencia Sputnik indica que el exdirector de Pemex es investigado por presuntamente negociar 10,5 millones de dólares en sobornos con Odebrecht a cambio de contratos de la petrolera estatal y con la comptra de una planta de fertilizantes.
«La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en la planta de Agronitrogenados y Odebrecht llega al más alto nivel», declaró un funcionario judicial mexicano a periódico neoyorkino.
Tiempo Argentino, 20 de Febrero de 2020
por Alberto López Girondo | Dic 1, 2019 | Sin categoría
La salida de prisión de Lula da Silva saca a relucir los peores fantasmas de la dictadura brasileña. Y la amenaza del gobierno de Jair Bolsonaro de reimplantar un bando militar de 1968 debería leerse en el contexto de que las políticas neoliberales no son compatibles con la democracia. Así lo entiende el líder del PT y dirigentes de todos los sectores que salieron a cuestionar en fila declaraciones en Washington del ministro de Economía, Paulo Guedes, acerca de que para combatir posibles manifestaciones populares «alguien podría pedir el AI-5», el Acta Institucional que suspendió garantías constitucionales y dio una vuelta de tuerca para la persecución y tortura de opositores al golpe de 1964.
Lula, liberado el 8 de noviembre pasado tras 580 días en una celda en Curitiba, se puso sobre los hombros la lucha contra el modelo que busca implantar el excapitán del Ejército brasileño. Pero paralelamente la región sigue convulsionada por protestas contra la desigualdad en Chile, Colombia y Ecuador, mientras que en Bolivia se consolida un gobierno de facto. La respuesta de Guedes fue a una pregunta sobre si no creía que ese clima levantisco se trasladara a las calles brasileñas.
Desde que asumió, el gobierno de Bolsonaro inició una política de ajustes y privatizaciones al estilo de la Escuela de Chicago, de la que Guedes es discípulo dilecto. El resultado es que la economía no da señales de vida y todo indica que el crecimiento será del 0,9% en 2019. Menos que el de Brasil en los dos años previos pero incluso se trata de un decrecimiento si se tiene en cuenta que el índice de natalidad supera el 1,4% anual.
Bolsonaro ya logró que le aprobaran una reforma laboral y previsional que generaría una reducción presupuestaria («ahorro», lo llaman) de 217.500 millones de dólares al cabo de una década. Aun así, el déficit de este período no bajará del 6,3%. De allí que enviara al Congreso un proyecto de reforma constitucional para descentralizar los recursos federales. El Plan Más Brasil dejaría áreas clave como educación, salud y seguridad en manos de los municipios y los estados.
«En el primer año de gobierno, el pueblo tiene la expectativa de que ocurrirán cosas buenas –dijo Lula en un reportaje al diario español El País– pero ahora se agrava el desempleo, el ingreso disminuye y hay dificultades para comprar alimentos».
El temor al contagio regional ya había sido la excusa de Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente, para lanzar la idea de reflotar el AI-5 el 31 de octubre pasado. «Si la izquierda se radicaliza hasta ese punto, tendremos que dar una respuesta. Esa respuesta puede ser un nuevo AI-5, puede ser una legislación aprobada por plebiscito», dijo esa vez el diputado.
Aquel decreto del 13 de diciembre de 1968 fue considerado un golpe dentro del golpe brasileño. La dictadura había sido implantada el 31 de marzo de 1964 y si bien había limitado derechos ciudadanos, había mantenido algunas prerrogativas constitucionales y como una máscara legalista, el Congreso seguía funcionando.
A cuatro años de la instauración del régimen, los movimientos estudiantiles y sindicales poblaban las calles de reclamos. También crecían organizaciones políticas. Algunas de ellas armadas, que veían a la Revolución Cubana como un ejemplo a seguir. En junio de 1968, artistas e intelectuales organizaron una caminata en Río de Janeiro que concentró a cientos de miles de ciudadanos.
Mediante el AI-5, alrededor de 500 personas perdieron sus derechos políticos, cinco jueces, 95 diputados, cuatro senadores y 66 profesores universitarios fueron expulsados de sus cargos. Dilma Rousseff fue detenida y torturada en 1970 tras ese decreto. Caetano Veloso, entre tantos artistas, se había exiliado en Londres un año antes.
«No sé por qué Bolsonaro tiene miedo al pueblo en la calle», protesta Lula. «La democracia no es un pacto de silencio. Salir a la calle es una demostración de que la sociedad está viva y no va a permitir que desmantele el país», abunda.
A raíz de la amenaza de «golpe dentro del proceso democrático» como podrían definirse a las palabras de Bolsonaro Jr y el titular de Economía, el exdirigente metalúrgico fue muy activo en Twitter. «No sé si Bolsonaro o Guedes van a leer esto, pero quería decir una cosa. Existen dos palabras para tener una economía sólida: credibilidad y previsibilidad. Este gobierno no tiene ninguna de las dos. ¿Qué inversor extranjero va a querer invertir en Brasil de hoy?», escribió.
En esto coincidió con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido Demócratas, quien criticó ese regreso al pasado. “Son frases que generan inseguridad, retracción en las decisiones de inversión», deslizó desde un atril en un encuentro con empresarios en San Pablo.
«Creo que es deplorable que la gente pueda hablar del AI-5 como si fuera algo trivial. Logramos restaurar la democracia en Brasil y tenemos que luchar por preservarla», se sumó el expresidente Fernando Henrique Cardoso ante la BBC. El presidente de la Corte de Justicia, José Antonio Dias Toffoli, agregó que «el decreto AI-5 es incompatible con la democracia».
Lula en medio de una pugna judicial
Apenas habían pasado 20 días de la liberación de Lula da Silva cuando el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre apuró un proceso en segunda instancia sobre la reforma de una propiedad rural en la localidad paulista de Atibaia que los magistrados insisten en que pertenece al expresidente, aunque nunca pudieron probarlo legalmente en esas instancias.
De tal modo que no sólo consideraron en esta segunda instancia que las obras de refacción en la vivienda realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS habían sido un pago por contratos concedidos en Petrobras, sino que incrementaron la sentencia de primera instancia, de 12 años y 11 meses a 17 años y un mes.
Para la fiscalía, es bastante prueba en contra de Lula que aunque los documentos de propiedad están a nombre de otra persona, el exmandatario era el principal usuario y por lo tanto las reformas eran para su beneficio y en pago de servicios irregulares desde la presidencia del país.
El fallo aparece como un desafío del TRF4 al Supremo Tribunal de Justicia y al Supremo Tribunal Federal. Sucede que el STF emitió un dictamen que favoreció la libertad de Lula al reafirmar que un condenado sin sentencia firme –esto es, de la Corte Suprema– puede esperar la resolución definitiva fuera de la cárcel.
Según una columna en el diario Folha de São Paulo –no alineado con el bolsonarismo– la decisión del TRF4 tiene un tinte político no aceptable en ámbitos leguleyos. Y algo de eso hay, ya que todo el proceso del Lava Jato, por el cual Lula pasó 580 días en prisión, quedó al descubierto como una colosal maniobra que permitió el triunfo electoral de Bolsonaro.
Desde las publicaciones del portal The Intercept, se desató una pugna interna en el sistema judicial en torno del actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que fue el juez de primera instancia que condenó a Lula.
El tribunal de alzada sobre el fallo inicial de Moro es el TRF4, que con su fallo le mojó la oreja al máximo estrado judicial de ese país. Se especula que el STF podría dar una señal de su disgusto en relación con reclamos de la defensa del líder «trabalhista», mediante algún fallo favorable a Lula da Silva.
Lula en medio de una pugna judicial
Apenas habían pasado 20 días de la liberación de Lula da Silva cuando el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre apuró un proceso en segunda instancia sobre la reforma de una propiedad rural en la localidad paulista de Atibaia que los magistrados insisten en que pertenece al expresidente, aunque nunca pudieron probarlo legalmente en esas instancias.
De tal modo que no sólo consideraron en esta segunda instancia que las obras de refacción en la vivienda realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS habían sido un pago por contratos concedidos en Petrobras, sino que incrementaron la sentencia de primera instancia, de 12 años y 11 meses a 17 años y un mes.
Para la fiscalía, es bastante prueba en contra de Lula que aunque los documentos de propiedad están a nombre de otra persona, el exmandatario era el principal usuario y por lo tanto las reformas eran para su beneficio y en pago de servicios irregulares desde la presidencia del país.
El fallo aparece como un desafío del TRF4 al Supremo Tribunal de Justicia y al Supremo Tribunal Federal. Sucede que el STF emitió un dictamen que favoreció la libertad de Lula al reafirmar que un condenado sin sentencia firme –esto es, de la Corte Suprema– puede esperar la resolución definitiva fuera de la cárcel.
Según una columna en el diario Folha de São Paulo –no alineado con el bolsonarismo– la decisión del TRF4 tiene un tinte político no aceptable en ámbitos leguleyos. Y algo de eso hay, ya que todo el proceso del Lava Jato, por el cual Lula pasó 580 días en prisión, quedó al descubierto como una colosal maniobra que permitió el triunfo electoral de Bolsonaro.
Desde las publicaciones del portal The Intercept, se desató una pugna interna en el sistema judicial en torno del actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que fue el juez de primera instancia que condenó a Lula.
El tribunal de alzada sobre el fallo inicial de Moro es el TRF4, que con su fallo le mojó la oreja al máximo estrado judicial de ese país. Se especula que el STF podría dar una señal de su disgusto en relación con reclamos de la defensa del líder «trabalhista», mediante algún fallo favorable a Lula da Silva.
Tiempo Argentino, 1 de Diciembre de 2019
por Alberto López Girondo | Nov 10, 2019 | Sin categoría
El domingo 8 de julio de 2018, el juez Rogerio Favreto ordenó la liberación de Lula da Silva ante un planteo de la defensa del expresidente, detenido tres meses antes en el edificio de la Policía Federal de Curitiba.
Desde Lisboa, donde hacía turismo, Sergio Moro, juez emblema de la lucha contra la corrupción, llamó al jefe de la PF para avisarle que no lo podía dejar en libertad. Otro juez, Joao Pedro Gerán Neto, ratificó a las apuradas la orden de Moro.
Este jueves, tras más de un año de reclamos y de haber demorado una decisión sobre la inconstitucionalidad de detenciones sin sentencia firme, el Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5,aceptó el reclamo del ex dirigente metalúrgico. El viernes, el juez Danilo Pereira Júnior impartió la orden de dejarlo libre y la PF cumplió aceleradamente. Sergio Moro, ministro de Justicia, esta vez no pudo hacer nada.
¿Qué viento sopla ahora, contra el pesimismo de muchos que suponíamos que el bolsolarismo conservaba poder de fuego como para impedir la libertad del recluso más incómodo de Brasil?
Entre otras cosas, pasó que el establishment pensó que al sacar a Lula de la presidencial un candidato de derecha del sistema podría resultar electo en octubre pasado. Pero el emergente de esa crisis generada con el impeachment a Dilma fue un extremista como Jair Bolsonaro, peligroso hasta para quienes se beneficiaron de la caída del PT.
No es que esas fuerzas sean democráticas, pero el excapitán del Ejército preocupa incluso a sus pares de esa fuerza, de la que fue expulsado por desobedecer a las jerarquías. No tranquiliza siquiera que su vicepresidente y la mayoría de su Gabinete sea gente de uniforme.
Pasó, también, que el portal The Intercept Brasil reveló comunicaciones entre Moro y el equipo de fiscales donde se comprueba cómo se manipuló la causa para dejar a Lula en prisión y sacarlo de la elección. Y si fue difícil de explicar cómo el juez responsable de esa causa terminó siendo ministro del mandatario que se favoreció con sus fallos, cuánto más irritó a los miembros del poder judicial conocer las maneras oscuras en que se utilizó el sistema jurídico para perseguir a un dirigente político.
Pasó, además, que algunos de los medios que apoyaron a Bolsonaro ahora publican las oscuras relaciones entre la familia presidencial con casos de corrupción y con el asesinato de la concejal Marielle Franco.
Influye, por supuesto, el triunfo de Alberto Fernández y su postura en favor de Lula Libre, lo que ya generó una crisis en el Mercosur. Pero ese bloque regional ya venía golpeado por el plan del gobierno brasileño para liberalizar el comercio exterior común bajando aranceles a niveles mínimos.
Bolsonaro, hoy día, no tiene freno institucional dentro de Brasil. Muchos de los que facilitaron su llegada al Planalto ahora se agarran la cabeza y Lula aparece como el único capaz de marcar la cancha.
Esta semana llega a Buenos Aires una delegación de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), la cámara empresarial más poderosa de América Latina. Se supone que para tratar de poner paños fríos entre Argentina-Brasil, ya que los canales diplomáticos parecen rotos. ¿O vienen a pedirle que cumpla el mismo papel que Lula a nivel político en Brasil, pero en defensa de las industrias locales?
Tiempo Argentino, 10 de Noviembre de 2019
por Alberto López Girondo | Nov 10, 2019 | Sin categoría
«Unasur no era sólo un mecanismo, era un espíritu de integración», afirma Ernesto Samper, expresidente colombiano y el último secretario general de esa organización regional. «Ahí donde había problemas como la amenaza a la continuidad democrática que ocurre hoy en Bolivia; ahí donde había estallidos sociales como los de Chile, que requirieran medidas incluyentes; ahí estaba Unasur», repite.
Samper -hermano de Daniel, periodista y autor de libros de humor junto con Jorge Maronna, uno de los miembros de Les Luthiers– es abogado y economista, fue presidente entre 1994 y 1998, padeció lo que ahora se conoce como lawfare y define el rol que cumplen en su país los exmandatarios como el de «esas señoras gordas que ponían en las fiestas de quinceañeras para cuidar a las niñas. Todo el mundo las saludaba con mucho respeto pero nadie las sacaba a bailar». Tal vez ahí esté su explicación para haberse involucrado en la Unasur, que dirigió entre 2014 y 2017. Se fue cuando no hubo acuerdo para elegirle un sucesor.
–¿Qué agenda hubiera tenido Unasur hoy?
–Unasur fue clave en Bolivia en ese brote secesionista en 2009 en Santa Cruz de la Sierra. La intervención de la presidenta Michelle Bachelet y la respuesta muy rápida de todos los presidentes de la región fueron clave. Lo mismo ocurrió cuando el intento de golpe a (Hugo) Chávez en Venezuela, o el intento de golpe policial a (Rafael) Correa en Ecuador. En este momento se está viendo la ausencia de un mecanismo regional y vemos con mucha preocupación lo que pasa en Bolivia. La OEA no jugó allí un papel constructivo: primero avaló los resultados, luego señaló irregularidades. De alguna manera enturbió el ambiente. La Unasur hoy podría resolver esa crisis.
–¿Qué llevó a esta situación actual?
–Ideologizaron la relación dentro de Unasur. Mientras fui secretario general nunca hubo confrontación de tipo ideológico al interior de la organización. Había una norma que obligaba al consenso, que podía generar dificultades para avanzar pero tenía el mérito de que debían estar todos de acuerdo para tomar decisiones fundamentales. Cuando estos gobiernos de derecha tuvieron una mayoría llevaron el tema de Venezuela a Unasur en términos ideológicos y no políticos. Esto precipitó la crisis. Ideologizaron tanto que terminaron armando una especie de sindicato de gobiernos de derecha, Prosur, que es más bien Pronorte.
–¿Cómo actuaría hoy la Unasur en Venezuela?
–Nosotros hicimos un gran esfuerzo durante dos o tres años para institucionalizar el diálogo en Venezuela. Creo que fue la etapa en que se produjeron los mayores resultados. En noviembre de 2016 habíamos logrado con un delegado del Papa acordar reformas al Consejo Nacional Electoral, que era un reclamo válido de la oposición; se implementaron cuestiones relacionadas con la unificación cambiaria; sobre una Comisión de la Verdad que yo mismo instalé. Nunca habíamos llegado tan lejos, pero se hizo muy difícil implementar esos acuerdos por parte del gobierno y de la oposición. Y cuando se lanzó la Asamblea Constituyente yo marqué distancias porque consideré que estábamos trabajando en mecanismos extraconstitucionales. Pero sigo siendo un firme convencido de que la única salida debe ser pacífica y democrática.
–Desde entonces la sensación es que más que crisis hubo un vaciamiento de Unasur.
–Hubo responsabilidad de muchos países. Hubo resistencia de gobiernos progresistas a que se designara un sucesor mío que no fuera de sus simpatías. Lo que hay es un choque entre dos visiones sobre lo que es la integración. Para muchos de estos gobiernos la integración son solamente acuerdos de libre comercio y un relacionamiento económico: inversión, comercio, algo de propiedad intelectual y punto. Para nosotros la integración tiene que ver con infraestructura, conectividad, programas conjuntos. Es un concepto mucho más complejo. Unasur tenía que ver con la preservación de la región como una zona de paz que llevó a la creación del Consejo Suramericano de Defensa, que cumplió un rol muy importante como el de las bases militares entre Colombia y Venezuela. Hacia adentro había 23 grupos entre consejos sectoriales y de temas especiales en los que se concertaban agendas en temas de salud, educación. Era un modelo bastante parecido al de la Unión Europea, que lamentablemente se abandonó.
–Llama la atención con qué facilidad se lo pudo hacer.
–Con el tiempo, los países que precipitaron su salida de Unasur se han encontrado con que en términos formales no era tan sencillo, porque había un tratado constitutivo con la firma del Ejecutivo y la ratificación del Congreso. El retiro debería tener los mismos trámites y eso no ha ocurrido en Argentina, Brasil, Chile. También había programas en marcha que resultó costoso abandonar. Como el permiso temporal de trabajo que permite a cualquier ciudadano sudamericano trabajar en otro país de la región. Más de 3 millones están con ese permiso temporal, que quedó en el limbo. Otro caso: el Instituto de Salud de Unasur, que estaba en Río de Janeiro, contrataba las vacunas consolidando la oferta. Fue liquidado. La gente de derecha es muy rápida y efectiva en destruir y poco eficaz en construir. No descarto la posibilidad de que cuando asuma el presidente Fernández se reviva un canal para mantener el espíritu y los programas básicos de Unasur.
–En Ecuador, al edificio ya se le dio otro destino, sacaron la estatua de Néstor Kirchner…
–La estatua está bien protegida, se lo puedo asegurar. Está a buen resguardo.
–¿Dónde está?
–Es un secreto de Estado (ríe). Fue oportunamente desmontada por los equipos que trabajaron conmigo en Unasur.
–En algún momento habrá que preguntarle entonces dónde está para volver a colocarla.
«Tal vez Néstor Kirchner quisiera volver a Argentina a partir del 10 de diciembre», culmina, con una mirada cómplice.
Tiempo Argentino, 10 de Noviembre de 2019
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