El Supremo Tribunal Federal de Brasil se tomó su tiempo y mantuvo la expectativa hasta el final. Como esos elementales conductores de programas televisivos de prime time, demoró la incógnita, con música incidental adecuada, hasta el voto de desempate del presidente de la Corte, Jose Antonio Dias Toffoli.
Por 6 votos a 5, el STF puso punto final a un debate que se había extendido demasiado en torno a la inocencia de un reo hasta que se cumplan todos los plazos procesales. Esto es, que un condenado en segunda instancia puede esperar la definición final, en ese último escalón del sistema judicial que es el STF, en libertad.
Se dijo en algún momento en estos 580 días en que se trató esta insólita situación, que era un fallo sobre más de 190 mil condenados sin sentencia firme. Luego, más ajustados a la cifra exacta, se confirmó que era sobre 4895.
En términos políticos, se trata de un solo preso, el más importante y el que puede comprometer con su sola presencia en las calles brasileñas el sistema de neoliberalismo neofascista instaurado a paso firme desde la destitución de Dilma Rousseff en agosto de 2016, pero específicamente desde el 7 de abril de 2018.
Porque ese día el único preso que importa políticamente, Luiz Inacio Lula da Silva, quedó alojado en una celda de la sede de la Policía Federal de Curitiba. Esa detención facilitó el triunfo electoral de Bolsonaro. Su libertad podría complicarle lo que le quede de mandato.
(Foto: AFP)
El reclamo de la defensa del dos veces presidente brasileño apuntaba a las consecuencias de una persecución sin cuartel del juez Sergio Moro, que lo condenó sin pruebas por corrupción y forzó su detención, contra la jurisprudencia en contrario de la corte brasileña hasta entonces.
Pero eran otros tiempos y nada ni nadie podía ir haca un año y medio contra ese juez de Paraná con imagen de incorruptible. Moro fue premiado con el Ministerio de Justicia en enero pasado y ese gesto le fue quitando esa pátina de heroísmo a sus acciones.
Para colmo, en los últimos meses fueron apareciendo mensajes de la plataforma Telegram en el portal The Intercept donde se ve descarnadamente la forma en que tanto el magistrado como el fiscal de la causa Lava Jato, Deltan Dallagnol, manipularon información y pruebas con el único objetivo de sacar a Lula de la carrera presidencial, cuando todas las encuestas aseguraban que podría ganar incluso en primera vuelta.
Los mensajes de «Lula libre» atronaron todas las redes cuando se supo el resultado final de la votación en el STF. Por costumbre, cuando hay casos de tanto impacto, la compulsa se va haciendo por tramos. Es así que ya hace quince días había se sabía que la cosa venía para empate.
Hasta este jueves, iban 4 a 3 a favor de mantener la libertad y por tanto la inocencia de un acusado hasta la última instancia. Lula fue condenado por Moro y la sentencia fue corroborada por la Cámara respectiva. Como sus abogados apelaron la condena, falta la definición de la corte. El 6 a 5 tal vez indica que no era sobre 4895 casos que debatían en el Palacio de Justicia.
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¿Qué pasará de ahora en más? La defensa del exdirigente metalúrgico ya pidió la pronta liberación del reo, siguiendo el dictamen del STF. La jueza Carolina Lebbos, de Curitiba, deberá responder ante ese reclamo. Pero por ahora no parece probable que Lula deje la celda en breve.
Y no porque no corresponde cumplir el dictamen del máximo tribunal, sino porque el sistema político armado luego del impeachment a Dilma teme por la conmoción que puede causar un líder del arraigo de Lula y de su capacidad de movilización. Conviene recordar que Bolsonaro y los Chicagos Boys que lo secundan en el gabinete están llevando adelante un proyecto neoliberal que va a contramano de los postulados del PT, pero también de sectores militares y empresariales afectados por esas medidas.
Bolsonaro ya obtuvo dos leyes que para Paulo Guedes, su gurú en la economía, son claves: la reforma laboral y la previsional. Justo este jueves comenzó la licitación de la plataforma petrolífera del Presal, una joya de la corona que convertirá a Brasil en uno de los productores de energía más grandes del mundo.
Lula libre es una consigna que desde Buenos Aires se cantará en la cumbre de líderes del Grupo de Puebla que se reúnen este fin de semana y es un canto de guerra que enturbia la relación de Bolsonaro con el futuro presidente argentino. Alberto Fernández ya dijo que sueña con que Lula sea el invitado de honor cuando asuma la presidencia, el 10 de diciembre.
(Foto: AFP)
Lula es un preso incómodo para el proyecto bolsonarista, pero al mismo tiempo, Bolsonaro es un presidente incómodo a esta altura para algunos sectores del establishment brasileño. ¿Cuál será la respuesta del sistema ante esta situación, que no debería ser inesperada para ellos? Por ahora es una incógnita. Es probable que todos traten de patear la pelota lo más lejos posible y seguir demorando definiciones con chicanas leguleyas.
Pero las presiones tanto dentro como fuera del país son muy fuertes. El de Lula es un caso testigo del lawfare regional y no todos los togados quieren quedar vinculados a resoluciones que cada día se muestran más amañadas para evitar que el presidente que sacó a 40 millones de brasileños de la pobreza vuelva a cantar presente desde las calles. Y entre sus cánticos, diga que otro mundo es posible, como decía allá por 2003 cuando llegó al gobierno por primera vez.
La llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada plantea un desafío importante para el acomodamiento del resto de los países de la región en torno a los problemas que acechan a un subcontinente que figura como el de peor distribución de ingreso del mundo. ¿Cómo será la política exterior de Fernández, entonces?
Por lo pronto, el mandatario electo, que ya tuvo cruces fuertes con el presidente brasileño, había visitado a Lula da Silva en la prisión de Curitiba y desde el palco donde celebró su triunfo el domingo, volvió a reclamar por la libertad del líder político, detenido como consecuencia de una causa típica del lawfare que la derecha utiliza para perseguir a los líderes populares. De modo que no es de extrañar que el primer comentario que hizo Jair Bolsonaro sobre el resultado de la elección fuera que “Argentina eligió mal”. Eso, luego de confesar que había hecho lo que estuvo a su alcance para que ganara Mauricio Macri.
Fernández, como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, articuló las relaciones con los gobiernos que construyeron la Unasur, y también el No al ALCA. Cultivó la amistad de Hugo Chávez, de Lula y cumplió un papel clave para la llegada al poder del Frente Amplio con Tabaré Vázquez en 2005, y de Evo Morales, al que Kirchner sostuvo cuando en 2009 debió enfrentar el levantamiento derechista de la Media Luna del Oriente boliviano.
Todos coinciden en que el presidente electo es hombre que hace de la moderación una virtud. Pero también tiene posición tomada sobre temas acuciantes en este momento de América Latina. De allí que durante la campaña salió a decir que es necesario reconstruir la Unasur, ante el papel lamentable que el uruguayo Luis Almagro está cumpliendo desde la OEA y la forma en que pretende incidir en los procesos políticos de Venezuela.
De hecho, el tema Venezuela sería seguramente la primera cuestión a resolver. Macri reconoce al diputado Juan Guaidó como presidente provisional y a una funcionaria de la Legislatura bonaerense vinculada a María Eugenia Vidal como embajadora venezolana, en un claro seguidismo hacia los dictados de Donald Trump desde EEUU. En el debate presidencial le dijo a Macri que esperaba que no enviara tropas a una supuesta invasión, como pretende la Casa Blanca.
Cuando le pidieron que definiera al gobierno de Nicolás Maduro, siempre buscó la forma de eludir la calificación de dictadura, aunque si señaló que tiene tintes autoritarios. Como solución a los problemas venezolanos, habló de unirse a la mesa de diálogo que proponen México y Uruguay para ayudar a una salida pacífica y democrática, y de salirse del Grupo de Lima, que hace lo posible para derrocar al líder bolivariano.
En esa clave hay que leer el intercambio de tuits que mantuvieron en las últimas horas Maduro y Fernández.
Los otros temas clave pasan por la relación con Estados Unidos y con el FMI. También en este caso la red social del nuevo presidente de los argentinos sirve para entender cuáles serían sus pasos en política exterior. Así le respondió al secretario de Estado Mike Pompeo. En la memoria institiucional de la Casa Blanca figura el portazo a George W. Bush en Mar del Plata de noviembre de 2005.
Y esto que sigue le dijo a la flamante titular del Fondo Monetario Internacional. La negociación con el organismo será fundamental para su gobierno pero cuenta a su favor con el argumento de que todos los créditos que recibió la administración Macri fueron entregados violando las directivas de la entidad. Y que el cambio de directora general no es ajeno a esta circunstancia, habida cuenta de que Cristine Lagarde se fue cuando ya era evidente que Macri no podría ganar la elección.
No se sabe quién será el canciller de Fernández, aunque el nombre que suena con insistencia es el del Felipe Solá. Para el diputado y ex gobernador bonaerense, la política exterior del país debe dar un giro rotundo sobre la actual, a la que no duda en catalogar como sumisa de Washington. También es crítico de los acuerdos anunciados entre el Mercosur y la Unión Europea. Al mismo tiempo analiza la crisis que vive el gobierno de Ecuador, cuestionando el rol del FMI y su receta de ajuste permanente. Todavía el presidente Lenín Moreno no tuvo un cruce epistolar con Fernández. Moreno, ahora acérrimo enemigo de Rafael Correa, no solo sacó a su país de Unasur sino que hizo retirar la estatua de Néstor Kirchner que estaba en la entrada de la sede central de la institución en Quito alegando que era alguien “indigno”. No se auguran tampoco, entonces, buenas relaciones con el que fuera vicepresidente de Correa.
El que sí tuvo intercambio con Fernández fue el chileno Sebastián Piñera, que se dio tiempo de felicitar en la red del pajarito el triunfo del representante del Frente de Todos.
Agradeció Fernández, marcando también un rumbo. La crisis que enfrenta Piñera se relaciona con la desigualdad. El rumbo de Alberto será junto con Andrés Manuel López Obrador, sin dudas, y hacia tierra azteca será su primer viaje como presidente electo. Y así lo indica.
También estrechará relaciones con los gobiernos de Paraguay…
Y por supuesto, con el de Evo Morales, al que con este intercambio reconoce como ganador de su reelección, más alla de las dudas que planteó el gobierno de Macri.
Fernández ya había entrevistado a Evo en su última gira antes de iniciar la campaña electoral. Esa vez también visitó al mandatario de Perú, otro “nuevo amigo” que tiene sus propios problemas puertas adentro.
Esa vez, luego viajó a Madrid para mantener una reunión con Pedro Sánchez, que ahora está a días de una nueva elección. También el líder socialista se alegró del triunfo de FdT.
De manera lenta pero inexorable Brasil está a las puertas un choque entre el Supremo Tribunal Federal (STF) y el presidente Jair Bolsonaro en el que Lula da Silva aparece como el empecinado disparador. La situación del líder popular, encarcelado desde abril de 2018 en Curitiba, es cada vez más incómoda para el sistema institucional brasileño. La revelación de las maniobras del exjuez Sergio Moro y los fiscales para condenarlo y sacarlo de las elecciones del año pasado generaron un tembladeral en la estructura que llevó al palacio del Planalto al excapitán del Ejército. Y si hubo dudas en algunos magistrados para aceptar el esquema procesal de Moro, luego designado ministro de Justicia, la publicación del portal The Intercept terminó por desnudar todas las sospechas.
En ese camino tortuoso por salvar la ropa ante el descrédito, la semana que pasó se sucedieron dos hechos que dan muestra de este cambio de viento. Habida cuenta de que no pudieron negar la veracidad de los mensajes en la red Telegram entre Moro y el equipo acusador comandado por el fiscal Deltan Dallagnol, primero sostuvieron que hubo un hacker que violó su privacidad y ahora son muchos los que están tratando de esquivar las consecuencias para sus propias carreras.
Dentro del STF, el juez Gilmar Mendes, que fue ungido por Fernando Henrique Cardoso pero tuvo cintura política como para no desentonar con el PT en el gobierno, es el más proclive a validar las publicaciones del portal del periodista Glenn Greenwald, una serie de filtraciones conocidas como Vaza Jato, para oponerse al Lava Jato, la investigación que dio con los huesos de Lula y de otros dirigentes políticos y empresarios en la cárcel.
La Corte ya dio muestras de cómo cambiaron los vientos en relación a la «Madre» de todas las causas anticorrupción iniciadas por Moro, y el miércoles, por seis votos contra cinco, anularon la sentencia contra Marcio de Almeida Ferreira, exgerente de la petrolera estatal Petrobras. El argumento para este cambio es que fue sentenciado mediante un vicio de procedimiento que sus abogados venían denunciando sin ser escuchados: Ferreira había sido condenado por testimonios de arrepentidos que fueron incorporados luego de que él presentara su descargo. Esto viola el principio de legítima defensa ya que no pudo responder a esos testimonios. Los abogados de Lula vienen pidiendo desde antes de su detención que se anule la sentencia en su contra porque Moro y Dallagnol hicieron lo mismo contra él.
A esto se suma toda una retahíla de maniobras que los letrados venían denunciando y que quedan en claro en los mensajes de Vaza Jato. Este jueves, los cortesanos debían debatir el caso Lula en relación con el caso Ferreira y con toda la causa Lava Jato, pero decidieron patear la decisión para noviembre.
Bolsonaro no se quedó callado y declaró este viernes que los mensajes de The Intercept no deberían ser tomados en cuenta y que, arguye, fueron obtenidos ilegalmente. «El que es criminal, es criminal. Respete la ley –le dice a Mendes–. Si siguió la ley, todo bien. Si no la siguió, está equivocado», masculló ante un grupo de periodistas al dejar el Palacio del Planalto.
Según informa Folha de São Paulo, Mendes está tratando de impulsar un pedido del STF para que la Procuraduría General de la República verifique la autenticidad del material aportado por The Intercept, un primer paso a tomarlo como válido. De este modo, toda la causa Lava Jato se caería en pedazos.
Algo de esto sospechan los fiscales, que temen por 32 sentencias que afectan a 143 de los 162 condenados. Por eso enviaron un escrito considerando que como Lula cumplió un sexto de su sentencia –que quedó en ocho años y diez meses– y tuvo buena conducta, está en condiciones de ingresar en un régimen semiabierto que le permite salir de día para realizar tareas particulares y volver a la noche a dormir en prisión.
En una carta manuscrita, el líder metalúrgico respondió que no acepta el convite, al que entiende como una trampa. «No cambio mi dignidad por mi libertad», dice. «No voy a regatear mis derechos», agrega. «Ya he demostrado que las acusaciones son falsas. Son ellos, y no yo, los que están presos de las mentiras que contaron a Brasil y al mundo».
El jueves Lula fue declarado Ciudadano de Honor por la alcaldía de París por «su compromiso para reducir la desigualdad económica y social y sacar a 30 millones de brasileños de la pobreza extrema».
El caso del exmandatario y fundador del Partido de los Trabajadores se hizo carne en dirigentes políticos y sociales de todo el planeta, que reclaman por la forma en que fue sometido a juicio. Francia, además, a través de su presidente Emmanuel Macron, tiene un enfrentamiento personal con Bolsonaro por la defensa del medio ambiente y la respuesta institucional de las actuales autoridades brasileñas ante los incendios en Amazonas.
Podría decirse que Andrew Fishman abrió las puertas de The Intercept, el portal que produjo un verdadero estallido político en Brasil al revelar los chats entre miembros del Poder Judicial que forzaron causas contra Lula da Silva para dejar al expresidente brasileño fuera de carrera hacia una nueva gestión en el Palacio del Planalto. El medio que dirige el periodista estadounidense Glenn Greenwald, famoso por haber publicado en el británico The Guardian los documentos donde se detalla el espionaje electrónico que en todo el mundo realiza la agencia NSA, se convirtió en un actor clave en este momento de Brasil, sin perder su peso en la edición en inglés con material de primera mano y alto impacto.
De visita en Buenos Aires para participar en el Media Party, este experto en seguridad y tecnología que edita la edición brasileña de The Intercept (TIB), vive en Río de Janeiro desde hace siete años. Dejó un lugar de privilegio como productor en la National Public Radio (NPR) para venir a esta parte del planeta donde le tocó ser testigo de la crisis política que sacudió Brasil desde 2015.
Si bien Fishman no se considera un conocedor de la situación argentina, sí se atreve a esperanzarse en que un eventual triunfo de Alberto Fernández en octubre «puede significar un freno a la ola de la derecha en Latinoamérica». Y agrega: «sería una gran pérdida para (Jair) Bolsonaro, porque (Mauricio) Macri es un gran socio para sus políticas económicas». De tal manera también podría ser el inicio de una ola progresista que «sirva para detener esta terrible política que impulsa Bolsonaro».
«Quizás no era la intención, pero el Lava Jato (la investigación por un caso de lavado de dinero que inicio en Curitiba el exjuez Sergio Moro) influenció fuertemente para el impeachment a Dilma Rousseff», quien fue destituida hace justo tres años. En este hecho radica, detalla el joven periodista, el triunfo del excapitan del Ejército brasileño.
«Moro engañó para ver a Lula convicto y cuando Bolsonaro fue electo, se convirtió en ministro de Justicia, eso no es una coincidencia», puntualiza Fishman. Siempre hubo sospechas sobre la manipulación de las causas contra el exdirigente metalúrgico, pero la enorme filtración que comenzó a develar TIB el 9 de junio pasado y que se conoce como Vaza Jato resulta en una muestra contundente de la connivencia entre la fiscalía a cargo de Deltan Dallagnol y el juez.
«Es una relación irregular, que el sistema no debe aceptar», destaca Fishman. Pero que para gran parte de la sociedad brasileña cuesta trabajo explicar en su profundidad. «Es que Lava Jato era un caso extremadamente fácil, cinematográfico, explosivo», analiza.
«Como reportero en Curitiba, los fiscales te daban fotos increíbles, te facilitaban testimonios, los alegatos. Eran historias impresionantes. Todo eso tenía mucho interés para los medios. La mayoría no vio mucho incentivo para buscar la verdad», recuerda. Si a eso se agrega que los medios hegemónicos tienen un odio visceral por Lula y por el Partido de los Trabajadores (PT), no hubo mucho prurito en subirse a una ola en la que hubo buenos y malos, héroes y villanos. «Los medios participaron apoyando el Lava Jato de una manera infame», reflexiona el editor de TIB.
Explicar el Vaza Jato, la otra cara de esa investigación, no resulta tan atractivo. «Son temas más técnicos y generan más discusión sobre si algo es legal o ilegal. Y además, O Globo trató de calificar el caso como una historia de hackers» que entraron en los teléfonos o los mails del ahora ministro Moro.
Aun así, «el caso explotó como una bomba y nadie pudo ignorar lo que estaba ocurriendo». Fue así que se fueron sumando a la publicación de los chats de la red Telegram primero Folha de São Paulo y luego la revista Veja.
¿Cómo es que con una información tan contundente no hayan explotado todas las instituciones? Por un lado, porque la sociedad ya venía azorada por el caso Lava Jato. «Para los seguidores de Bolsonaro, Lula es el corrupto más grande del mundo. Y si Moro quebró las leyes, dejó de lado las reglas, eso no importa porque sirvió para derrotar al PT», lamenta Fishman. Muchos, recuerda, veían incluso la posibilidad de que Moro pudiera aspirar a la presidencia.
Los que no ven las cosas del mismo modo son los abogados de los acusados, que siempre encontraron un fuerte escollo en esa connivencia entre fiscales y jueces que afectan de un modo letal a la posibilidad de una legítima defensa.
Formado en las instituciones estadounidenses, cree que la solución no pasa por buscar héroes, como acostumbra la tradición en estos territorios. «Todos están buscando héroes, ahora es Lula, ahora es Bolsonaro, y esa es una postura equivocada, porque un individuo no puede arreglar todo, no puede salvar nuestros problemas», dice.
En cuanto a la región, Fishman cree que podrían venir otros tiempos si Argentina cambia el rumbo. Y a pesar de que las olas políticas, sostiene, sean de diez años, puede surgir un freno a la derecha. «Estoy feliz de ver que en Argentina no se votó ninguno parecido a Bolsonaro y que fue en otra dirección», culmina.
Pero para eso habrá que ver qué tipo de relación podrían establecer el candidato del Frente de Todos y el presidente brasileño. «Bolsonaro, que no es precisamente un gran diplomático, definitivamente no es amigo de Fernández.» Necesidad de abordaje regional
«El tema amazónico tiene un componente interno, pero debe además tener un abordaje a nivel regional. Es necesario que los países de la cuenca amazónica y del Mercosur sean los que encuentren las respuestas a esta crisis que se inició hace tiempo, y que se encamina hacia un punto crítico. Es necesario activar las herramientas del derecho internacional y establecer un acuerdo amazónico que tenga como objetivo buscar un desarrollo sostenible y no depredatorio», remarca Andrés Napoli, director de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). En ese sentido, los países de América Latina y el Caribe han suscripto recientemente al Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado ambiental vinculante de la región. «Quizás pueda convertirse en un instrumento para comenzar a pensar en el cambio de paradigma que se necesita», agrega el especialista. Los incendios están destruyendo ecosistemas, especies y ponen en peligro la subsistencia de millones de personas. Amazonia alberga cerca del 20% del agua potable y el oxígeno de la Tierra, el 10% de la biodiversidad mundial.Ante este panorama, FARN considera urgente el alineamiento de Brasil a las políticas y los acuerdos internacionales de cambio climático y biodiversidad «aunque está claro que todo país es titular de sus propios recursos naturales, el manejo que cada Nación hace de ellos debe ser responsable, sostenible y no puede afectar a países vecinos ni, como sucede en este caso, al mundo entero. Por lo tanto, los recaudos deben extremarse». «En el último medio siglo –concluye– perdimos un 20% de este bosque tropical, y se estima que estamos a un 5% de llegar a un punto límite, de muy difícil retorno. Los incendios deben obligarnos a pensar un abordaje sistémico de la región amazónica. No se trata de debilitar la soberanía de los países, sino de buscar respuestas de carácter preventivo que estén a la altura de las circunstancias y, sobre todo, de sus consecuencias.que son planetarias”. Necesidad de abordaje regional
«El tema amazónico tiene un componente interno, pero debe además tener un abordaje a nivel regional. Es necesario que los países de la cuenca amazónica y del Mercosur sean los que encuentren las respuestas a esta crisis que se inició hace tiempo, y que se encamina hacia un punto crítico. Es necesario activar las herramientas del derecho internacional y establecer un acuerdo amazónico que tenga como objetivo buscar un desarrollo sostenible y no depredatorio», remarca Andrés Napoli, director de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). En ese sentido, los países de América Latina y el Caribe han suscripto recientemente al Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado ambiental vinculante de la región. «Quizás pueda convertirse en un instrumento para comenzar a pensar en el cambio de paradigma que se necesita», agrega el especialista. Los incendios están destruyendo ecosistemas, especies y ponen en peligro la subsistencia de millones de personas. Amazonia alberga cerca del 20% del agua potable y el oxígeno de la Tierra, el 10% de la biodiversidad mundial. Ante este panorama, FARN considera urgente el alineamiento de Brasil a las políticas y los acuerdos internacionales de cambio climático y biodiversidad «aunque está claro que todo país es titular de sus propios recursos naturales, el manejo que cada Nación hace de ellos debe ser responsable, sostenible y no puede afectar a países vecinos ni, como sucede en este caso, al mundo entero. Por lo tanto, los recaudos deben extremarse». «En el último medio siglo –concluye– perdimos un 20% de este bosque tropical, y se estima que estamos a un 5% de llegar a un punto límite, de muy difícil retorno. Los incendios deben obligarnos a pensar un abordaje sistémico de la región amazónica. No se trata de debilitar la soberanía de los países, sino de buscar respuestas de carácter preventivo que estén a la altura de las circunstancias y, sobre todo, de sus consecuencias, que son planetarias”.
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