Con una fuerte señal favorable a las políticas neoliberales del gobierno de Jair Bolsonaro, el Supremo Tribunal de Federal de Brasil (STF) avaló la venta de ocho de las once refinerías de Petrobrás sin autorización del Congreso. La decisión de permitir la enajenación de las joyas más valiosas de la abuela sin ningún control parlamentario ocurre en coincidencia con los 67 años de la fundación de la petrolera estatal, el 3 de octubre de 1953, lo que generó el rechazo de sindicatos y dirigentes que llamaron a un abrazo a la sede de la empresa en el Día Nacional de la Lucha en Defensa del Pueblo Brasileño. Los expresidentes Lula da Silva, Dilma Rousseff y diputados federales de las bancadas del PT, del partido PSol y del PC do Brasil junto con el presidente de la Conferencia Nacional de Obispos (CNNBB) Walmor Oliveira de Azevedo, se hicieron presentes de manera virtual.
El Plenario del STF falló este jueves en un reclamo de legisladores que cuestionaron la creación de subsidiarias de Petrobras encaradas por el Ministerio de Economía, a cargo del Chicago Boy Paulo Guedes, como un subterfugio para ir desmembrando a la empresa que supo estar entre las “top five” del mundo en exploración y explotación de crudo hace menos de diez años. Fue en aquellos tiempos en que había invertido miles de millones de dólares hasta encontrar petróleo debajo de una gruesa capa de sal en el Océano Atlántico.
El yacimiento conocido como Presal, una prospección que abandonó Shell porque se necesitaban ingentes recursos para llegar al núcleo de donde mana el oro negro, colocó a Brasil en el selecto club de países productores, algo impensado hasta ese momento. El hallazgo se confirmó en 2003, justo cuando Lula da Silva inauguraba su primer mandato. El mandatario dijo entonces que ese filón podía pavimentar el camino hacia la “segunda independencia de Brasil”.
El Presal es un enorme yacimiento debajo de una capa de 2000 metros de sal, frente a las costas de Rio de Janeiro, Espíritu Santo, San Pablo, Paraná y Santa Catarina, con un estimado de reservas de 273 mil millones de barriles. Equivalentes al consumo total del planeta durante cinco años.
Una fortuna semejante despertó la codicia de las principales multinacionales y de los estrategas del departamento de Estado. El primer paso fue cuando en abril de 2008 se anunció la reactivación de la Cuarta Flota Naval de EE UU. Creada en 1943 para controlar el tráfico marítimo en el Caribe y los mares adyacentes a América central y Sudamérica durante la Segunda Guerra Mundial, había sido disuelta en 1950.
No era solo por el petróleo brasileño que se esparcía la amenaza naval, por cierto. El caso es que el gobierno de Lula sancionó en 2010 la llamada Ley de Partilha (de Reparto), que obligaba a que Petrobras tuviera una participación mínima del 30% en cada área de explotación del Presal. El 70% restante podría contratarse directamente con la empresa estatal o licitar por empresas nacionales o extranjeras.
Lo interesante era que las regalías aumentaban al 15% del valor del petróleo extraído, la obligación de utilizar en las plataformas y maquinaria utilizada productos hechos en Brasil y a que parte de las ganancias conformaran un Fondo Social para programas de educación y salud, con preeminencia en los estados costeros al yacimiento.
La sucesora de Lula, Dilma Rousseff, había sido ministra de Minas y Energía y, por lo tanto, integraba el directorio de Petrobras. En 2013, la codicia de la Casa Blanca era tal que el entonces vicepresidente, Joe Biden, actual candidato a la presidencia, visitó Brasil para hablar de petróleo. Fue sospechosa su reunión en privado con Michel Temer, quien tres años más tarde reemplazaría a Dilma en un golpe blanco, reformularía la ley de Presal en favor del “mercado” y comenzaría el descuartizamiento que ahora quiere culminar Bolsonaro.
Biden no iba con las manos vacías, es de creer que traía una carpeta con información secreta sobre manejos presuntamente turbios en Petrobras. Es fácil deducirlo porque para las mismas semanas, en Hong Kong el analista de la CIA Edward Snowden denunciaba el fabuloso sistema de espionaje informático a través de la agencia NSA. Y entre los espiados, el ahora exiliado en Rusia apuntó a líderes mundiales pero especialmente a Petrobras y la presidenta Rousseff. El escándalo pegó lo suficiente como para que Dilma rehusara la visita que ya tenía programada a Washington y dejara pagando al presidente Barack Obama.
El golpe contra Dilma, destituida el 31 de agosto de 2016, tenía olor a petróleo, como el suicidio de Getúlio Vargas, el 24 de agosto de 1954 “Quise crear la libertad nacional en la potencialización de nuestras riquezas a través de Petrobras, mal comienza esta a funcionar cuando la ola de agitación crece. Eletrobras fue obstaculizada hasta el desespero. No quieren que el pueblo sea independiente”, escribió en su carta póstuma el fundador de las dos estatales. La privatización de la compañía de electricidad sigue estancada en el Congreso, pero este dictamen de la Corte abre las puertas a avanzar pese a los legisladores. Ambas son firmas semi estatales desde los años 90 La privatización de la compañía de electricidad sigue estancada en el Congreso, pero este dictamen de la Corte abre las puertas a avanzar pese a los legisladores. Ambas son firmas semi estatales desde los años 90.
Hay distintas formas de denominar a la utilización del sistema judicial para sacar de la cancha a líderes populares. En el caso latinoamericano, hay quienes hablan de una continuación del Plan Cóndor, o de una Escuela de las Américas judicial. Pero el fenómeno no es solo regional, ya que del otro lado del Atlántico, los perseguidos son los dirigentes de Unidas Podemos, que integran la coalición gobernante con el PSOE. A nivel global se habla de lawfare, que parafraseando a algunos teóricos del siglo pasado, sería la continuación de la política por otros medios.
El lunes estallaron los casos de Evo Morales y Rafael Correa, cuando sendos tribunales proscribieron sus candidaturas mientras otro proscripto, Lula da Silva salía al ruedo al celebrar un nuevo aniversario de la independencia brasileña. Se postuló para las presidenciales de 2022 cuando todavía pesan sobre él algunas causas armadas para dejarlo fuera de carrera en 2018. Son sumarios que se van desvaneciendo y los impulsores de las causas van abandonando el barco.
Correa recurrió a una estrategia K para armar una fórmula de cara a las elecciones del 7 febrero próximo, con el economista Andrés Arauz a la cabeza de la fórmula y él como vice. El gobierno armó un artilugio para bloquear postulaciones incómodas con el trámite de “aceptación de la candidatura” en la sede del Consejo Nacional Electoral.
Correa se fue a Bélgica cuando percibió que su sucesor, Lenin Moreno, no iba a tener problemas en que terminara entre rejas, como ya sucedió con su vicepresidente, Jorge Glas, acusado y detenido sin condena por presuntos sobornos de la empresa Odebrecht. El expresidente ecuatoriano cumplió con el requisito electoral desde una aplicación de teléfono celular. En tiempos de pandemia, la tendencia es legalizar los trámites vía web y con firma digital. Por si no bastaba, Correa aceptó la nominación desde un teléfono celular en tiempo real.
No le aceptaron la presentación, pero por las dudas, se aceleró una causa que dormía en Casación. Un dictamen que normalmente demora varios meses, por una denuncia de sobornos entre 2012 y 2016, confirmó una condena a 8 años de prisión e inhabilitación para cargos públicos. El argumento de Correa fue demoledor: “Me acusan de delitos que se cometieron cuando él era vicepresidente y que dejaron de cometerse cuando lanzó a la candidatura”.
No podían dejar pasar el momento, luego de que hace unas semanas Luis Raúl Chicaiza, ex espía ecuatoriano, pidió refugio en Argentina y denunció amenazas y presiones para involucrar a Correa en un presunto secuestro del opositor Fernando Balda en 2012. Uno de los casos que medios y la derecha usaron para armarle expedientes al exmandatario.
El mismo lunes, el expresidente boliviano Evo Morales recibió la noticia de que también estaba proscripto, en su caso, para una senaduría por Cochabamba para el comicio del 18 de octubre. El argumento del tribunal supremo -al que se tuvo que sumar un juez para desempatar en contra de Morales- fue que no tenía dos años de residencia continua en el país.
Claro, en noviembre pasado escapó de las bandas fascistas que asolaban el país y que forzaron su renuncia. De todas maneras, el gobierno de facto apresuró denuncias por sus supuestas relaciones con menores y por los bloqueos de rutas.
Para Lula, el panorama judicial pareciera irse despejando. Su principal “perseguidor” judicial, el juez Sergio Moro, una vez que logró su proscripción hace dos años, asumió el ministerio de Justicia con Jair Bolsonaro el 1 de enero de 2019. Pocas pruebas debe de haber de una connivencia como esa en el mundo. Pero no duró mucho el amor y en abril pasado dejó el cargo aduciendo que Bolsonaro quería interferir en la Policía Federal, un órgano similar al FBI estadounidense, que investigaba las trapisondas de la familia presidencial.
Hace diez días, renunció el fiscal que armó la causa Lava Jato, Deltan Dallagnol, según dijo, por los problemas de salud de su pequeño hijo. Pero las revelaciones del portal The Intercept, mostraron la brutal manipulación de la justicia contra el líder metalúrgico entre Moro y Dallagnol y ahora enfrenta procesos judiciales por violar procedimientos legales.
El 2 de setiembre, siete fiscales de la operación Lava Jato presentaron sus renuncias afirmando que recibían presiones para no proseguir las investigaciones. El fiscal general del país Augusto Aras, deslizó que el caso se había manejado de una manera opaca como se fuera una “caja de secretos”. Un expediente que por lo que se ve, dista bastante de poder sostenerse en estrados judiciales.
(Foto: Afp)
El conflicto español
El argentino Pablo Echenique es uno de los voceros de Podemos. Así definió el proceso judicial por presuntos delitos en las cuentas del partido político creado por Pablo Iglesias, actual vicepresidente segundo de gobierno: “Se basa en la declaración de un tipo diciendo que ‘escuchó’ esto y ‘sospecha’ lo otro». Y agregó que el lawfare no solo es antidemocrático, sino que “desprestigia a la justicia».
La derecha está de punta contra la coalición que encabeza Pedro Sánchez, del PSOE. Buscan a como dé lugar la ruptura para que el socialismo se reencauce hacia posiciones más centristas. Lo que no pudieron en las urnas esperan conseguirlo enlodando a Unidas Podemos. El sistema judicial no es ajeno a esta estrategia.
A Iglesias lo vienen citando en Tribunales desde 2014 en causas por “falseamiento de cuentas” o por blanqueo de capitales, que fueron quedando archivadas. Son carátulas de escasa posibilidad de avance judicial pero que tienen una gran repercusión mediática y genera solemnes indignaciones.
Quizás en el futuro se designe al 7 de setiembre cono el Día del Proscripto Latinoamericano. Porque en una operación que convendría no catalogar como casual, los sistemas judiciales de Ecuador y Bolivia emitieron dictámenes que inhabilitan a Rafael Correa y a Evo Morales a presentarse como candidatos a cargos elegibles. Desde Brasil, mientras tanto, en ocasión de celebrarse los 198 años de la declaración de la independencia, Lula da Silva -que fue impedido de presentarse como aspirante a la presidencia en 2018- subió a las redes sociales un video donde se ofrece como candidato a presidente en 2022 para revertir este período de retrocesos y convertir nuevamente a Brasil en “un país de todos, con justicia social y soberanía”.
Correa había lanzado una fórmula presidencial para las elecciones ecuatorianas del año próximo en la que él figura como vice del economista Andrés Aráuz. Fue un golpe impactante, al mejor estilo CFK, cuando el gobierno de su sucesor, Lenin Moreno, viene en picada por la crisis que generaron las políticas neoliberales que implantó desde que asumió y a falta de respuestas la tragedia sanitaria que deja el coronavirus.
El primer rechazo que recibió Correa fue del Consejo Nacional Electoral (CNE) que no quiso tomar por válida su aceptación del cargo, un requisito creado para evitar que pudiera presentarse a comicio.(ver acá).
Como ese artilugio podía ser bastante discutible en tiempos de pandemia, se aceleraron causas en su contra por supuesto cohecho. Procesos judiciales que suelen demorar meses pasaron el tamiz de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en tipo récord para dictar sentencia firme con una pena de 8 años de prisión e inhabilitación permanente.
La CNJ dijo en su fallo que «por voto de mayoría (…) rechaza los recursos de casación interpuestos por los recurrentes, y ratifica la sentencia por cohecho» dictada en abril contra Correa y varios exfuncionarios de su gobierno. El expresidente fue vinculado a un caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria. Correa afirma que era dinero de un préstamo de un fondo de su partido.
Las curiosidades de proceso fueron develadas por el propio Correa en su cuenta te Twitter.
El caso boliviano tiene componentes semejantes, Morales, refugiado en Buenos Aires luego del golpe de noviembre de 2019, se presentaba como senador por Cochabamba. La conveniente utilización acá de una cláusula que obliga a dos años de residencia era discutible. En Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde los abogados del MAS IPSP reclamaron ante un rechazo inicial Tribunal Supremo Electoral (TSE), hubo un empate entre quienes aceptaban la candidatura y quienes querían a verlo fuera de carrera.
A último momento agregaron a un magistrado para romper el empate jurídico de 4 a 4. Como es de imaginar, el juez sumado a las apuradas determinó que Evo Morales se encuentra inhabilitado para postularse como senador por el departamento de Cochabamba en los comicios del 18 de octubre.
La presidenta de facto, Jeanine Añez, celebro la decisión judicial. y de paso lanzó una consigna política en apoyo de su propia candidatura a las elecciones programadas para el 18 de octubre, en las que según las encuestas figura en tercer lugar y bastante alejada del segundo, Carlos Mesa, y del binomio del MAS, Luiz Arce David Choquehuanca, que marcha a la cabeza. La esperanza de la derecha es que haya una segunda vuelta y ahí el que tallaría fuerte, por ahora, es Mesa.
Frenamos al MAS en dos oportunidades y lo hemos hecho con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos. Somos los únicos que podemos evitar que vuelvan y que Evo Morales quede impune porque respetamos la ley y amamos la democracia. ¿Carlos Mesa frenó al MAS alguna vez?— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) September 7, 2020
Evo respondió por la misma vía a su proscripción.
En Brasil, mientras tanto, y al tiempo que se acumulan los cadáveres por el coronavirus -la cifra de víctimas fatales se acerca a las 130.000 personas- sin que al gobierno de Jair Bolsonaro le tiemble la pera, Lula da Silva conmovió desde un spot de 23 minutos que se entiende como el lanzamiento de su campaña para el 2022.
A los 74 años, el ex dirigente metalúrgico, creador del Partido de los Trabajadores y dos veces presidente de la potencia sudamericana, consideró que el actual mandatario convirtió al Covd-19 en “un arma de destrucción masiva”.
“Estamos entregados a un gobierno que no da valor a la vida y banaliza la muerte. Un gobierno insensible, irresponsable e incompetente, que incumplió las normas de la Organización Mundial de la Salud”, dijo Lula.
El exmandatario, también víctima de un proceso de lawfare orquestado por Sergio Moro y Deltan Dallagnol, ahora ex juez y ex fiscal respectivamente, poco a poco va viendo como se caen causas en su contra. (ver acá)
«Brasil está viviendo uno de los peores periodos de su historia», dice el ex tornero en un tramo de su spot. Y cuestionó que Bolsonaro, excapitán del Ejército, haya subordinando “Brasil a los Estados Unidos de una forma humillante», al permitir que un general brasileño sirva en el Comando Militar Sur y firmar un acuerdo con Donald Trump para que tropas estadounidenses usen la Base Aeroespacial de Alcántara, en el estado de Maranhao.
Lula propone crear un estado de bienestar y la consigna, al menos de este video, es “Un Brasil de todos y para todos”. En el video, subtitulado en portugués, el líder laborista analiza la actualidad del capitalismo, recuerda “una verdad incuestionable, que lo que sustenta al capitalismo no es el capital sino nosotros los trabajadores”. Para rematar, acude a una frase de Víctor Hugo “escrita hace un siglo y medio y que todo trabajador debería llevar escrita en un pedacito de papel para nunca olvidar: Es del infierno de los pobres que está hecho el paraíso de los ricos”.
Aloizio Mercadante pasó por cargos claves en los gobiernos brasileños, como los ministerios de Ciencia y de Educación, con Lula, y fue jefe de Gabinete con Dilma. Uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores y también del Grupo de Puebla, el foro creado hace justo un año por líderes progresistas de América Latina. En esta charla telefónica, desmenuza la crisis de la integración regional y también el desastre en que está sumido su país, con un presidente al que no duda en tildar de «oscurantista» que tiene «actitudes genocidas».
«Tuvimos un pasado reciente con una evolución muy estratégica, innovadora en América Latina para impulsar la integración -arrancó Mercadante-. El Mercosur consolidó asociaciones comerciales, se constituyó el Parlasur, que fue un espacio de debate, de construcción. El Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) fue un instrumento para la reducción de las asimetrías regionales. Empezamos a tener una presencia diplomática más cohesionada en los foros internacionales. Lo mismo con Unasur y Celac. Así fortalecimos una inserción soberana de América Latina, una presencia más activa, más altiva en los foros multilaterales, en las disputas. Con los gobiernos populares de Néstor-Cristina, Lula-Dilma, Lugo, Rafael, Evo, Mujica-Tabaré, hubo una extraordinaria aproximación política, cultural, tecnológica, científica. El proyecto neoliberal es incapaz de pensar la diplomacia como forma de integración de los pueblos, más allá del interés del mercado».
–¿Eso explica la necesidad de un foro como el de Puebla?
-El objetivo es rescatar esta relación que teníamos de confianza, compañerismo, discusión, para hacer un contrapunto a esta visión de la economía financierizada y neoliberal. Y retomar el compromiso con el estado democrático de derecho, el combate al lawfare, con una nueva propuesta de desarrollo económico, social, ecológico, cultural, democrático para la región. Esta pandemia desnuda la crisis sistémica de este modelo neoliberal.
-Para la construcción de ese momento virtuoso fue fundamental que Brasil se sumara al resto de América Latina. Pero ahora el presidente es Bolsonaro.
-Lo conozco a Bolsonaro porque llegamos juntos al parlamento en 1990. Es un tipo que nunca lideró un partido, nunca presentó una propuesta parlamentaria, ni presidió una comisión, ni contribuyó a un debate programático. Basó su estrategia en un discurso corporativo militar con apoyo de la milicia, que en Río de Janeiro es muy fuerte. Y una defensa de la dictadura, de la censura, de la tortura. Pero ahora está perdiendo credibilidad y popularidad, y vive un aislamiento internacional dramático, con una pérdida de dignidad de Brasil en los foros internacionales. La mayoría de la sociedad civil y las fuerzas políticas, hasta las de centro liberal, defienden la integración latinoamericana. Este retroceso obedece a una sumisión completa e incondicional a Trump, no a Estados Unidos.
-¿Cómo es eso de la sumisión a Trump?
-Tuvo innumerables manifestaciones de que su ídolo, su líder, es Donald Trump. Ahora hay preocupación porque Joe Biden tiene chances reales de derrotarlo. Esto consolidaría el completo aislamiento de Bolsonaro en la diplomacia internacional. Sin embargo, a pesar de todas estas actitudes, Trump le mostró un gran desprecio y pone a Brasil como ejemplo de las peores respuestas ante la pandemia y el escenario global. Bolsonaro no tiene la menor dimensión de lo que es la política exterior y el interés nacional, lo que es la soberanía de una nación.
-Pero cuenta con un fuerte apoyo en las FF AA y con el respaldo de milicias populares.
-Tuvo un apoyo muy fuerte de la milicia pero eso también está bajo investigaciones por el Supremo Tribunal Federal, el Congreso Nacional y la Policía de Río de Janeiro, que involucra a sus hijos, como también en la estructura de la difamación a través de fake-news y al financiamiento ilegal de su campaña. La sociedad y las instituciones democráticas están actuando. La prisión del articulador de la milicia en Río, Fabrizio Queiroz, que participó del gabinete de su hijo por más de 20 años, expone mucho a Bolsonaro: por eso se lo ve más contenido, aunque no se sabe por cuánto tiempo. La correlación de fuerzas avanza de un modo muy desfavorable para él, y la extrema derecha está muy fracturada. Moro se fue del gobierno, hay sectores militares que también se fueron. Él cooptó a muchos y tiene 11 ministros en el gabinete. Los militares de reserva tienen conexiones con el gobierno pero es escaso el apoyo en los activos. La actitud irresponsable, genocida frente a la pandemia, la incapacidad de coordinar, planear, de presentar un proyecto consistente para el país, también genera descontento creciente en las FFAA.
-Llama la atención que no hubiera estallado Brasil a raíz del desastre sanitario por el Covid-19.
-Hubo un esfuerzo muy importante de gobernadores, de alcaldes para defender el distanciamiento social, colocar a la vida encima de todos los valores, aportar a una salida con base científica. Así logramos que se aprobara un salario mínimo de 600 reales. La gente que no es oscurantista desde el punto de vista sanitario no va a la calle. Hay manifiestos con millones de firmas en el campo democrático, de sindicatos, pero las calles serán tomadas cuando se supere la pandemia. Hoy tenemos nueve capitales de Brasil con más del 90% de las unidades de terapia intensiva ocupadas, más de 68 mil muertes documentadas, y sabemos que hay subregistro de muertes. La gente que tiene alguna consciencia sanitaria está cuidándose con aislamiento social y no sale a las calles. El presidente claramente es un oscurantista que no tiene ningún compromiso con la ciencia y la medicina. Hay un grupo dentro del gobierno que es terraplanista sanitario. Yo fui dos veces ministro de Educación: lo que han hecho en ese sector es una tragedia histórica. No hay nada parecido a un retroceso como éste.
–¿Como se vuelve de esta realidad?-La forma es la lucha: organizar a los sectores populares, crear alianzas en los sectores democráticos, respuestas alternativas frente a la pandemia y la crisis económica, presentar una nueva síntesis civilizatoria, una nueva utopía. Con valores como la igualdad, la solidaridad, profundizar el proceso de democratización, un nuevo rol del estado como único agente capaz de coordinar esa salida. Argentina demostró que es posible: yo estuve cuando el triunfo de Alberto Fernández, que es una gran esperanza para la región. Volveremos, porque este proyecto neoliberal está destinado a un fracaso completo -La forma es la lucha: organizar a los sectores populares, crear alianzas en los sectores democráticos, respuestas alternativas frente a la pandemia y la crisis económica, presentar una nueva síntesis civilizatoria, una nueva utopía. Con valores como la igualdad, la solidaridad, profundizar el proceso de democratización, un nuevo rol del estado como único agente capaz de coordinar esa salida. Argentina demostró que es posible: yo estuve cuando el triunfo de Alberto Fernández, que es una gran esperanza para la región. Volveremos, porque este proyecto neoliberal está destinado a un fracaso completo.
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