por Alberto López Girondo | Jul 3, 2021 | Sin categoría
El presidente Jair Bolsonaro tiene el raro atributo de haber logrado unir a gran parte de la dirigencia política brasileña en su contra. Y, además, de haber convertido la pandemia en una batalla negacionista que finalmente, y cuando había aceptado que la solución pasaba por vacunar a la población, quedar contra las cuerdas por sobrefacturación y pedidos de coimas. Para colmo de males, la Fiscalía General de la República le solicitó a la Corte Suprema abrir una investigación por el contrato con el laboratorio indio que produce la vacuna Covaxin.
Esta semana se presentó en la Cámara Baja un “superpedido” de impeachment en contra del presidente que unifica 120 pedidos y 20 acusaciones contra el excapitán del Ejército brasileño. A la movida se sumaron el Partido de los Trabajadores, el Psol, el PSB, el PDT y el Partido Comunista do Brasil, además de los movimientos sociales CMP, Frente Brasil Popular y la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD). La frutilla del postre es que también firmaron el petitorio dos diputados exaliados de Bolsonaro, como el actor porno Alexandre Frota, del PSDB paulista, y la periodista Joice Hasselmann, del Partido Social Liberal, que fue la estructura política con la que el actual mandatario se presentó a la elección de 2018 y que después dejó de lado.
El caso que más ruido provoca aparece en el marco de una investigación previa que había comenzado el senado en torno a la actuación del gobierno para enfrentar la pandemia de Covid-19. La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) abrió una verdadera caja de Pandora y de ese oscuro recipiente surgió no solo la negación del daño que provocó el coronavirus.
Es así que también apareció la denuncia del representante de la firma Davati Medical Supply al diario Folha de São Paulo. Luiz Paulo Dominguetti afirmó que había recibido un pedido de coima de un dólar por cada dosis de vacunas AstraZeneca ingresadas a través del Ministerio de Salud. Los senadores convocaron de inmediato a corroborar ese dato al representante de la empresa, Cristiano Alberto Carvalho.
Según la denuncia, el director de Logística de esa cartera, Roberto Ferreira Dias, guiñó el ojo para que la proveedora anotara una “propina”, como se dice en portugués, que para 400 millones dosis dejaría una millonada equivalente en moneda estadounidense a repartir. El hombre fue exonerado del cargo de inmediato, pero no queda claro quiénes estaban en esa “vaquita”, y todos apuntan a la estructura ligada al presidente.
En cuanto a Covaxin, desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biontech, la Policía Federal investiga un acuerdo por 1,6 mil millones de reales para la compra de 20 millones de dosis. Firmado en febrero pasado, el documento –según el diputado bolsonarista Luis Miranda– mostraba una sobrefacturación del 1000 por ciento. Miranda es hermano de Ricardo, el funcionario a cargo de la compra dentro del ministerio, y dijo en la CPI que en marzo le avisó a Bolsonaro del sobreprecio, pero que nada hizo para ordenar una investigación.
Dos días después de que Bolsonaro, según Miranda, se enterara del escandalete, el entonces ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, debió dejar el cargo aunque obtuvo como premio consuelo la Secretaría de la Presidencia de Brasil. El contrato con Covaxin se cayó recién esta semana, y cuando el caso ocupaba la atención de los medios locales.
El Ministerio Público Federal, a regañadientes, aceptó que el caso le correspondía. El procurador Paulo José Rocha Junior determinó que la PF –un órgano judicial federal a la manera del FBI– abriera una investigación.
En principio, debe pedir colaboración internacional de la Justicia de India para poder indagar a representantes de Bharat Biontech y contrastar los precios internacionales de su vacuna con los que rigen para el resto de los países del mundo.
El clima contra Bolsonaro va creciendo en la opinión pública, al ritmo que se engrandece la figura del expresidente Lula da Silva. El exdirigente metalúrgico viene convocando a viejos enemigos a su cruzada contra el neofascismo de Bolsonaro y la cúpula militar. A esta épica ya sumó al expresidente Fernando Henrique Cardoso, que comandó los destinos de Brasil durante dos mandatos antes de entregarle la banda presidencial a Lula el primer día del año 2003.
Cardoso, del PMBD, con su esquive en 2018, fue clave para que Bolsonaro llegara al poder y Lula estuviera entre rejas. Ahora la historia parece darse vuelta, aunque para la elección aún falta más de un año. Y nada hace prever que los militares dejen caer a Bolsonaro.
La Campaña Nacional Fora Bolsonaro llevó a cabo casi 180 manifestaciones en todo Brasil y algunas ciudades del mundo, la más masiva de las expresiones contra el presidente brasileño desde que llegó al poder, el 1 de enero de 2019. Las consignas y pancartas portaban lemas como “No se saque los barbijos (como plantea el mandatario) saque al presidente”, o “Negó la vacuna y recetó cloroquina / y mató más que la bomba de Hiroshima”.
3J con 180 marchas
En Belo Horizonte, los cánticos alentaban: “Se o povo se unir, Bolsonaro vai cair” (Si el pueblo se une, Bolsonaro caerá).
Hubo también marchas en Berlín, Friburgo, Amsterdam, Dublín, Viena, Ginebra, Porto y Lisboa. Es esas ciudades el reclamo era por la apertura de un proceso judicial en la Corte de La Haya por crímenes de lesa humanidad en el marco del negacionismo sanitario.
La más grande de las concentraciones se registraba en la avenida Paulista, de San Pablo, donde desde temprano ciudadanos de todas las edades se movilizaban con un clima de reclamo pero a la vez festivo. En Recife, desde la mañana multitudes de jóvenes y militantes sociales y sindicales pedían el juicio político, profundizar los planes de vacunación y un auxilio de emergencia de 600 reales hasta el fin de la pandemia. En esa ciudad el acto terminó también temprano y la desconcentración se produjo con total normalidad.
Lula Vuelve
En 2018, el juez Sergio Moro era el héroe que tuvo el coraje de meter entre rejas a cientos de dirigentes políticos y hasta a un expresidente de Brasil en varias causas por corrupción.
Luiz Ignacio Lula da Silva, impedido de participar en las elecciones de ese año, era el centro de las acusaciones y parecía un cadáver político ante el avance arrollador de Jair Bolsonaro, que llegó al poder con el apoyo de los militares.
Lula, condenado a casi 26 años de cárcel, pasó 580 días tras las rejas. Su liberación, en noviembre de 2019, se produjo cuando se reveló la manipulación judicial de Moro y los fiscales en su contra.
A medida que la política criminal de Bolsonaro con la pandemia le iba quitando sustento político al gobierno, el Poder Judicial tomó nota y fue cambiando el eje de las investigaciones realizadas contra el exmandatario.
A mediados de este año, se habían caído once procesos penales amañados por los Moro Boys. El exjuez y exministro de Bolsonaro, huyó a Estados Unidos.
Hace diez días, un juez de la Corte Suprema anuló dos causas armadas por Moro y le terminó de despejar el camino hacia la elección del año próximo. Quedan tres expedientes que tienen también destino de cierre.
Los últimos sondeos muestran una intención de voto del 49% para Lula da Silva contra un 23% del actual presidente.
Las elecciones son en octubre de 2022.
Tiempo Argentino, 3 de Julio de 2021
por Alberto López Girondo | Abr 18, 2021 | Sin categoría
En 2018, Jair Bolsonaro logró triunfar en las presidenciales con una “pequeña ayuda” del entonces juez Sergio Moro, del Supremo Tribunal Federal (STF), los medios concentrados, el establishment y las cúpulas de las Fuer-zas Armadas. Pero la conjunción de dos desastres, el sanitario y el económico, fueron minando los apoyos y luego de que el ex presidente Lula da Silva fuera liberado y recuperara su derecho a ser elegido, ahora hay un contendiente de peso en el ring y el actual mandatario comienza a mostrar preocupación por su futuro.
Conocedor de su destino en el mundo, el ex delegado metalúrgico volvió este sábado a la sede del sindicato que supo conducir, en las afueras de San Pablo, para participar de una campaña de recolección de alimentos para paliar la hambruna que se vive en muchos rincones de Brasil. “Este país tiene tierra, tiene producción. No hay otra explicación para el hambre que la irresponsabilidad de quien gobierno. Brasil podría tener cualquier otro problema menos el hambre”, lamentó Lula frente al edificio donde alumbró su sueño de presidir la nación, a mediados de los 80, y se despidió de su pueblo antes de presentarse detenido por orden de Moro, el 7 de abril de 2018.
Lula fue liberado 580 días más tarde. Bolsonaro pudo llegar al Palacio del Planalto sin haber disputado en las urnas contra el líder más influyente en la historia de Brasil. Ahora el escenario es otro. Y el manejo de la pandemia fue clave para que quienes preferían cualquier cosa a un nuevo período de Lula se lo hayan pensado.
Las encuestas le dan una amplia base electoral para el fundador del Partido de los Trabajadores (PT), que adelantó que piensa volver al combate. Pero las elecciones son recién el año que viene. Mientras tanto, Lula -un experto negociador, habilidad curtida en cruces con empresarios desde su juventud en pos de beneficios para los trabajadores mayoritariamente de automotrices del cordón industrial paulista- viene conversando con todos los sectores para recomponer la alianza que lo llevó al poder en 2003. Una alianza democrática, en el fondo.
Es así que estrecha vínculos con Josué Gomes da Silva, el CEO de Coteminas, la empresa textil que en Argentina se hizo de algunas de las plantas y las marcas de la antigua Grafa, hijo a su vez de José Alencar, que fuera vicepresidente de Lula. Alencar -que murió en 2010- pertenecía al Partido Liberal (PL) y a la Iglesia Universal del Reino de Dios. La preocupación de Bolsonaro no es solo porque Alencar Junior representa a un sector influyente del empresariado -es la mayor textil brasileña- sino entre los evangélicos.
Bolsonaro dejó trascender su inquietud y la respuesta que piensa dar cuando declaró que “si Lula volviera por el voto directo auditable, todo bien. Pero vean cuál va a ser el futuro de Brasil con el tipo de gente que él va a traer dentro de la Presidencia”. O sea, amenaza de embarrar la cancha y denunciar fraude antes de que se realicen elecciones, bien a lo Trump. Por las dudas, iniciará en un par de semanas visitas a templos pentecostales para renovar la promesa de colocar a un ministro “terriblemente evangélico” en el STF.
El STF, por ahora, le manifiesta el cambio de viento político en su país. Si en 2018 aceptó la presión abierta y desbocada de jefes militares para que no permitieran la candidatura de Lula, ahora libera al dos veces presidente, le permite candidatearse, abre la posibilidad de juzgar a Moro por manipular a la justicia y confirma la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para determinar si el inquilino del Planalto cometió “omisiones” ante la emergencia por el Covid-19.
Por su esto no bastara, la jueza del STF Carmen Lucia dio un plazo de cinco días al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, para que explique por qué no abrió un pedido de juicio político contra el presidente, denunciado por cometer un genocidio indígena por su gestión de la pandemia en las comunidades originarias. Irónico y burlón, Bolsonaro publicó en las redes sociales un video en que responde a la magistrada. “Sólo Dios me saca de la silla presidencial y me saca, obviamente, quitándome la vida. Aparte de eso, lo que estamos viendo pasar en Brasil no va a concretarse. En absoluto”.
Confía en que, hace algunas semanas, cuando veía que se le venia la noche, articuló con el llama-do “Centrón” para poner en los puestos claves para abrir el impeachment -presidencia de ambas cámaras- a aliados. Y dentro de todo, la comisión ordenada por el STF no parece estar en manos de enemigos declarados. Al menos, el relator -el que arma el argumento de la acusación- será el senador Renan Calheiros, del MDB. Que fue el que en 2016 permitió abrir el juicio destituyente contra Dilma Rousseff.
Tiempo Argentino, 18 de Abril de 2021
por Alberto López Girondo | Mar 30, 2021 | Sin categoría
A pocas horas de celebrarse un nuevo aniversario del golpe del 31 de marzo de 1964, estalló en Brasil una feroz interna militar en torno al gobierno de Jair Bolsonaro que dejó en el camino a seis ministros, los comandantes de las tres armas y dejó al descubierto la orfandad en que queda un gobierno acuciado por la crisis sanitaria y el regreso a la arena pública del expresidente Lula da Silva.
Así como todo el país está padeciendo las consecuencias de una pandemia sin control -el país se convirtió en una verdadera amenaza mundial- el excapitán del Ejército brasileño se fue cavando lenta pero persistentemente su propia tumba. Primero con el desdén con que trató al coronavirus y el cuestionamiento a las medidas sanitarias que fueron implementando los gobernadores estaduales. Luego con el alineamiento acrítico con el gobierno de Donald Trump. Y finalmente, con la alianza férrea con las políticas neoliberales de su ministro de Economía, Paulo Guedes.
Todo el esquema articulado en torno al apoyo que los uniformados le brindaron para que llegara al gobierno y luego para acompañarlo en la gestión, se fue diluyendo a medida que el poder judicial le fue soltando la mano a la estrategia establecida por el exjuez de Curitiba Sergio Moro para dejar fuera de carrera el fundador del PT. Cuando el Supremo Tribunal Federal mandó a fojas cero las causas contra Lula y luego ordenó investigar las maniobras ilegales de Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, la suerte de Bolsonaro quedó echada.
Aunque es difícil de prever qué puede ocurrir de aquí en adelante, es evidente que los magistrados de la corte entendieron que Bolsonaro -con más de 330 mil muertos por COVID-19 y sin un verdadero plan para impedir la diseminación del virus, que además produjo una variación más peligrosa en Manaos- no tenía mucho rollo en el carretel. Y avanzaron hacia el reconocimiento de que la situación procesal de Lula era un mamarracho insostenible.
El rechazo de la sociedad hacia el presidente es también fundamental para que otros actores de peso en la vida política y económica brasileña decidieran que “no va más”. Una cosa era sacar del medio a Lula, indigesto para las elites, pero otra es soportar a un presidente con pocas luces y que lleva al país hacia el precipicio. La pandemia, que en gran medida llevó a la derrota a Trump, dejó a Bolsonaro también al desnudo.
La suerte del canciller Ernesto Araújo, terraplanista si los hay, que no solo concretó un seguidismo vergonzante con la Casa Blanca sino que enfrentó al país con China, el principal comprador de los productos agrarios que, además, podría haber provisto al país e la vacunas que necesitaría para frenar la expansión del virus. Araújo tenía los días contados desde la derrota de Trump, pero se terminó yendo porque terminó acusado por la falta de previsión y su incapacidad para negociar la compra de vacunas.
En un contexto, en el que lo menos que se podría decir es que Bolsonaro estaba contra las cuerdas ante un futuro de impeachment, el fin de semana se viralizaron temores de que el alocado presidente estuviera intentando un autogolpe para sacar del medio al Congreso y de paso intervenir al Poder Judicial.
El lunes obligó a renunciar al ministro de Relaciones Exteriores, al de Defensa y al de Justicia. (Ver acá) Y a continuación hizo unos enroques para fortalecer a sus leales. De tal manera que el general Walter Braga Netto pasa de la Casa Civil -jefatura de Gabinete- a Defensa en sustitución de otro general, Fernando Azevedo e Silva. Braga Netto es un antilulista empedernido que durante la gestión del PT fue agregado militar en la Embajada de Brasil en EEUU, donde mantuvo estrechos contactos con el Pentágono.
En 2016 la presidenta Dilma Rousseff lo convocó para coordinar las tareas de seguridad en torno a la Olimpíadas de Río de Janeiro. Dos años más tarde, luego del golpe, Michel Temer lo puso al mando de la Secretaría de Seguridad. En ese lugar militarizó la ciudad carioca, bastión de los Bolsonaro, y fue clave para apoyar la candidatura del actual presidente. Presionó sin mayores pruritos a la justicia para que Lula estuviera entre rejas lo suficiente como para no poder participar de las elecciones de 2018.
Más que identificado con Bolsonaro, Braga Netto es el sostén de una estrategia de gobierno militar y estaba en la Casa Civil luego de las primeras crisis de gobierno, a modo de garantía de quién era el que verdaderamente mandaba en el país. Pero no todos los uniformados estaban dispuestos a inmolarse por un proyecto ultraderechista, y menos cuando en el continente los vientos están cambiando.
Eso fue evidente en la mañana de este martes. Se sabía que las cúpulas militares estaban incómodas. Y que Bolsonaro estaba articulando con fuerzas policiales del país para dar una suerte de autogolpe.
Un comunicado de la presidencia, con la firma de Braga Netto, dice que los jefes de la Marina, la Aeronáutica y el Ejército fueron echados de su cargo. Se sostiene que el mandatario estaba descontento con Edson Leal Pujol, de las fuerzas de tierra, porque no salió a protestar como otrora hacían sus pares contra la decisión de liberar a Lula. Hubiera sido una presión a los cortesanos que hubiese favorecido los intereses bolsonaristas. La versión que dejaron entrever los jefes militares, por el contrario, es que decidieron renunciar para frenar un autogolpe.
Mientras tanto, los grupos neofascistas que siguen el presidente comenzaron a mostrar su violencia en las calles de Bahía y prometen hacerlo también en otros distritos -sobre todo los gobernados por “trabalhistas”, contra decretos estaduales que restringen la movilidad para frenar los contagios. Con la consigna que por estas tierra hablan de “libertad” y “no al barbijo”.
Tiempo Argentino, 30 de Marzo de 2021
por Alberto López Girondo | Mar 14, 2021 | Sin categoría
El gran problema que enfrenta el Supremo Tribunal Federal de Brasil en las causas contra Lula da Silva es cómo recular en chancle-tas. La causa Lava Jato venía en falsa escuadra desde que las filtraciones de chat entre fiscales y el exjuez Sergio Moro revelaron la oscura trama judicial-mediática armada para sacar de carrera al dos veces presidente en 2018. Y terminó esta semana cuando el juez Edson Fachin concedió un hábeas corpus en favor de Lula y le restituyó sus derechos políticos. Pero las consecuencias de tirar por la borda el andamiaje en contra del líder “trabalhista” son tan graves para la institucionalidad que ahora el mismo magistrado envió el caso a la decisión del plenario de once jueces supremos luego de una presentación de la Procuradoría General de la República.
El revés de esta trama tiene ingredientes de novela de suspenso. Lula fue condenado por el entonces juez de Curitiba por, entre otras imputaciones, un apartamento triplex en el balneario de Guarujá y por reformas en una casa de campo de Atibaia, ambos en el estado de San Pablo.
Moro, abanderado de la lucha contra la corrupción en la causa Lava Jato y empoderado por medios y dirigentes de la derecha con-tinental, partió de una investigación por lavado de dinero para involucrar a empresarios de la talla del dueño de la constructora Ode-brecht, con gigantescas obras públicas en América Latina. A pesar de que en Argentina, Odebrecht hizo obras asociado con el grupo Macri, nunca hubo avances en estos casos, y eso que Moro fue invitado de lujo del extitular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el juez Claudio Bonadio.
Jair Bolsonaro llegó a la presidencia en 2018 con Lula detenido en una celda de la Policía Federal en Curitiba. Todos los intentos de mantener sus derechos mientras no hubiera sentencia firme chocaron con los medios hegemónicos como O’Globo y con los militares –principal sustento del excapitán Bolsonaro–, que llegaron a amenazar al STF si lo dejaban libre, por boca del general Eduardo Villas Boas, jefe del ejército por aquella fecha.
Pero como suele suceder, “pasaron cosas”. Una es que Bolsonaro designó a Moro ministro de Justicia, lo que terminó de demostrar connivencia del magistrado en una operación política. La otra es la publicación de chats en The Intercept donde Moro y el fiscal Deltan Dallagnol acordaban descarnadamente maniobras para avanzar contra Lula.
Esto causó un revuelo importante porque el portal tiene su prestigio y además compartió la información con Folha de São Paulo, un diario del establishment. No tardaron mucho los sabuesos en descubrir quién había sido el autor de las filtraciones. Y aquí entra en escena un joven que ahora tiene 31 años, en prisión domiciliaria por aquella hazaña y con amenazas de condenas a 300 años de cárcel.
Tiene prohibido tener una computadora cerca e incluso un celular, por eso en un reportaje al sitio Brasil247 respondió desde el equipo de su abogado y con las manos a la vista. Walter Delgatti Netto contó al periodista Joaquim de Carvalho (se lo puede ver en YouTube) que nunca pensó en meterse en el caso Lava Jato. Simplemente, desde adolescente, con un grupo de amigos tenían un emprendimiento para organizar fiestas y conciertos desde su base en Araquara, una pequeña ciudad paulista. “Como nos iba muy bien –relató–, la policía comenzó a sospechar que lavábamos dinero”. Los investigaron desde 2015 y en 2017 allanaron su casa. Encontraron tres cajas de Clonazepam que usaba con prescripción médica. Estuvo seis meses preso. Mientras tanto, había quedado escrachado, perdió amistades y hasta la novia lo dejó, alegando que no quería salir con narcotraficantes.
Pero en una audiencia vio que uno de los fiscales conversaba por Telegram y memorizó el número telefónico. Esa punta en busca de pruebas de que habían construido una causa en su contra lo fue llevando increíblemente a los fiscales del caso Lava Jato. “Vi que le estaban haciendo a Lula lo mismo que me habían hecho a mí”, dijo, y llegó a la excandidata a la vicepresidenta Manuela Davila, que le sugirió enviar el material a The Intercept. Lo demás es historia reciente.
Tras el escándalo, Moro dejó su cargo en abril del año pasado y en diciembre se fue a Estados Unidos a trabajar en la consultora Al-varez & Marsal, encargada de reestructurar las cuentas de Odebrecht. En Brasil avanzan causas en su contra por sus artimañas en la causa Lava Jato. El proceso, en tanto, puede caer en cualquier momento por los vicios investigativos, como apriete a testigos para que involucren a dirigentes y empresarios convirtiéndose en arrepentidos, entre otros detalles. La decisión de Fachin, coinciden muchos, lo salva a Lula, pero fundamentalmente a Moro y al fiscal Dallagnol. Quizás por eso se apuraron a defender la integridad del cortesano, vituperado por el bolsonarismo, que teme el regreso de Lula para 2022. Tiene razones el líder obrero para decir, como dijo desde la sede de los metalúrgicos, que fue víctima “de la mentira jurídica más grande en 500 años de historia de Brasil”.
Tiempo Argentino, 14 de Marzo de 2021
Comentarios recientes