Deltan Dallagnol fue, junto con el ex juez Sergio Moro, uno de los arietes en la persecución judicial contra Lula da Silva. Evangélico convencido de que la suya era la lucha del bien contra el mal encarnado por el dos veces presidente de Brasil -decía que actuaba como Elliot Ness en Los intocables- no dudó en recurrir a cualquier tipo de armas con tal de impedir su regreso al Palacio del Planalto en la elección de 2018, en tándem con el otro “adalid” que vestía la toga de juez en el estado de Paraná.
Moro mostró su verdadero talante cuando integró el primer gabinete de Jair Bolsonaro como ministro de Justicia y ahora se ofrece como candidato del “centrao” para los comicios de este año. Las causas contra el ex dirigente metalúrgico fueron cayendo porque las pruebas en su contra estaban tan amañadas que no resistían el menor análisis de tribunales un poco más sensatos. Y así Lula quedó liberado para postularse nuevamente este año y encabeza las encuestas para terminar con la ultraderecha en el gobierno brasileño.
Dallagnol también se fue del sistema judicial, en noviembre del año pasado, para integrarse a un partido político de derecha. No solo quedó muy golpeado cuando se fue descubriendo el entramado ficticio para condenar a al fundador del Partido de los Trabajadores (PT), sino que la filtración de comunicaciones en la plataforma Telegram entre él, el juez y el equipo de fiscales a su cargo reveló las maniobras ilícitas para perseguir a representantes del PT y especialmente a Lula.
De hecho, la causa Lava Jato, que parecía destinada a limpiar la corrupción política y empresarial en el gigante sudamericano, se cayó también como un castillo de naipes a medida que esta información vio la luz, fundamentalmente a través de investigaciones del portal The Incercept.
La última mala nueva para Dallagnol se la dio la Sala Cuarta del Superior Tribunal de Justicia de Brasil que este martes, por 4 votos contra 1, condenó al ex procurador de la República a indemnizar en unos 75.000 reales en concepto de daño moral a Luiz Inacio Lula da Silva por el delito de “ataques a la honra”. El hecho se produjo cuando el titular del ministerio fiscal presentó mediante un Power Point lo que pretendió eran las pruebas de corrupción del exmandatario en la supuesta compra de un triple en Guarujá, San Pablo.
Fue en 2016, el momento de mayor gloria para el dúo Dallagnol-Moro. El procurador hizo una presentación a todo esplendor en un hotel de Curitiba frente a ávidos periodistas y embelesado por las cámaras de la Tevé. Lula pasó 580 días en prisión por esta y otras causas armadas con el mismo esquema y que también se fueron diluyendo como el agua entre las manos.
En cuanto a Dallagnol, los abogados del expresidente reclamaron por los términos que había utilizado para denostar al acusado en el Power Point en que describía la estructura de un sistema de coimas mediante círculos identificados con palabras. El relator del caso ante el tribunal, el juez Luis Felipe Salomao, consideró que había recurrido a “expresiones y calificaciones lesivas para la honra y de la imagen”. Había catalogado a Lula como de “un gran general” del esquema de Petrobras desde el que comandaba una “propinocracia” (coimocracia, se diría en estas tierras).
El “supremo” agrega que las palabras que usó “se apartaban de los términos típicos del derecho penal y del derecho procesal penal” y remata: “La precisión, certeza, densidad y coherencia que se exige en la denuncia se impone también en el acto de divulgar la denuncia”.
Otro juez de la corte, Raúl Araújo evaluó que “había demasiado poder (para los que investigaban en el Lava Jato). Actuó más allá de su competencia legal. El error original de todo esto se debió a ese típico juicio excepcional que se dejó funcionar en Curitiba. Se creó un juicio universal” que resulta inadmisible, concluyó.
La pena impuesta a Dallagnol -que todavía no está firme- fue de 75.000 reales más el incremento por inflación, con lo que el castigo llega a 100.000 reales (unos 20 mil dólares).
Néstor Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva, Tabaré Vázquez, Nicanor Duarte Frutos y Hugo Chávez se encontraron ese 5 de noviembre de 2005 en el Salón Versailles del Hotel Hermitage, de Mar del Plata, para ultimar los detalles de lo que parecía una aventura con destino incierto. El argentino, el brasileño, el uruguayo, el paraguayo y el venezolano iban a decirle No al proyecto continental que Estados Unidos venía amasando con los gobiernos surgidos desde los ’90, en el auge del neoliberalismo.
El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) era un enorme mercado para que los grandes capitales estadounidenses pudieran hacer negocios con un grupo selecto de intereses nacionales ligados al imperio. Era un proyecto para cazar en un zoológico.
Cuatro años antes, los atentados a las Torres Gemelas habían disparado la intervención estadounidense en Afganistán y luego en Irak y más tarde en Libia y Siria. Si el proyecto ALCA nace en 1994, tras la caída de la Unión Soviética, cuando EE UU queda como la potencia dominante en el planeta, para 2005 la declinación comenzaba a percibirse entre quienes sabían ver más allá de las narices. Y esos líderes supieron que estaban en condiciones de torcer el rumbo si se unían sin temores. Y, además, podían dar un empujoncito en esa pendiente.
George W. Bush no tuvo más remedio que tolerar en silencio el rechazo de esos levantiscos mandatarios. Enfrascado en guerras que prometían cumplir con el destino manifiesto de los “Padres Fundadores”, EE UU se sorprendió con ese proyecto de integración regional que a poco de andar puso en marcha Unasur y Celac y potenció Mercosur desde una perspectiva diferente.
Fue un momento virtuoso para América Latina y el Caribe. Era el cumplimiento de ese otro destino, el que habían soñado los líderes que protagonizaron la independencia de la corona española desde 1810. Fue una era dorada, con el cielo como techo.
Estos días visitan Buenos Aires Evo Morales y Rafael Correa. Si pudieron llegar a la presidencia de Bolivia y Ecuador fue en gran medida gracias a aquel No al ALCA, que fortaleció a gobiernos que garantizaron el respeto por la voluntad popular expresada en una verdadera democracia.
Con el golpe de noviembre de 2019, la oligarquía boliviana mostró su verdadero cariz. ¿Hubieran dejado que un aymara pudiera gobernar en 2006 de no ser por el respaldo regional? ¿Las elites ecuatorianas hubieran permitido una Revolución Ciudadana como la que promovió en 2007 ese economista formado con los salesianos?
Se sabía que China estaba destinada a ser una potencia mundial en este siglo y que más temprano que tarde Rusia volvería a sentarse a discutir su lugar bajo el sol. Pero no deberían quedar dudas de que también el No al ALCA fue un acelerador de la historia.
Más aún: ¿hasta qué punto EE UU percibió que por expandirse al Oriente desperdició recursos, y pudo alzar vuelo ese puñado de naciones que despectivamente considera su patio trasero? De allí la importancia de aprender las lecciones del pasado reciente.
Nunca está todo ganado. Pero mucho menos está todo perdido. Siempre el destino de los pueblos es levantarse, luchar, vencer, caer y volver a levantarse. Hasta que se acabe la vida, como recuerda Álvaro García Linera.
La fallida frase de Alberto Fernández acerca de que los indios brasileños vienen de la selva, que causó un repudio generalizado y hasta las burlas del presidente Jair Bolsonaro, podría sin embargo resultar un buen argumento en la causa que el Supremo Tribunal Federal debe resolver en las próximas horas sobre la propiedad de territorios ancestrales de las comunidades originarias.
La cuestión de fondo que tiene entre manos la corte brasileña trata de los derechos de los indígenas a ocupar y preservar sus tierras, tal como les asegura la Constitución de 1988. La Carta Magna buscaba, en los albores de la democracia, ponerle un límite a la ambición de los grandes capitales por desplazar a poblaciones que, como descendientes de pueblos que estaban asentados en esos lugares por infinidad de generaciones, no tienen documentación que acredite la propiedad. El argumento que los popes del agronegocio pusieron en discusión es que solo tienen derecho a las tierras que estaban ocupadas cuando se puso en vigencia esa Constitución.
Los defensores legales de los aborígenes sostienen que la normativa no prevé eso que denominan “marco temporal” y que muchas de esas comunidades habían sido desplazadas a lo largo de la historia de Brasil y, sobre todo, durante la dictadura militar (1964-1985).
“Todo Brasil es tierra indígena. Nunca salimos de esta tierra, siempre estuvimos aquí”, dijo a la agencia AFP Tai Kariri, líder de 28 años del pueblo que tiene ese nombre del estado de Paraiba, al noroeste del país.
Bolsonaro, que se llegó a fotografiar para las redes con algunos representantes indígenas para hacer pullas a Fernández, es un firme partidario de no reconocer territorios previos y alertó que si el STF rechaza la interpretación del marco temporal favorable a los habitantes originarios, “se puede desatar un caos”. Incluso a través de la Abogacía General de la Unión presentó un petitorioi ante el STF para que prohíba los actos que se desarrollan en Brasilia.
Miles de miembros de unas 170 comunidades originarias marcharon hacia la capital del país y se asentaron en la explanada de la Plaza de los Tres Poderes, una extensa superficie que da a los edificios de la Presidencia, el Congreso y la Corte.
El Grupo Prerrogativas, un colectivo que lleva adelante las demandas indígenas, explicó que la tesis del “marco temporal” pretende que no puedan reclamar tierras que ocupaban antes de ese punto límite del 5 de octubre de 1988. “Esa tesis simplemente ignora que los pueblos fueron despojados de sus tierras por medio de la violencia o como consecuencia de la expansión rural o urbana”. Y hace un planteo que apunta señalar una interpretación maliciosa del texto aprobado hace 33 años. “¿Quedarían esos pueblos carentes de derechos en el contexto de una Constitución que reconoce igual dignidad a las personas de los diversos grupos formadores de la sociedad nacional?”.
Este razonamiento aduce que el artículo 231 de la Carta Magna elaborada luego de la dictadura, “reconoció a los indígenas los derechos originarios a las tierras que tradicionalmente ocupan. O sea que aseguró derechos que se remontan al período de la conquista, pero las tierras son las tradicionalmente ocupadas, esenciales para la conservación de la propia cultura”.
Todo este incidente nace del llamado Caso Raposa Serra do Sol, una reserva establecida como hogar de los makuxí, wapixana, ingarikó, taurepang y patamona, ubicada al norte del estado de Roraima, la más grande del país y con una superficie de 1.743.089 hectáreas.
EL proyecto se comenzó a implementar en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en 1993, pero no fue sino hasta 2005 que Lula la reconoció oficialmente.
Los productores arroceros, con el apoyo de las autoridades políticas locales, desataron una ola de violencia que provocó una treintena de muertos. El caso llegó al STF en 2009 y el fallo estableció que en ese lugar solamente podían vivir miembros de los pueblos originarios. El resto -mayormente arroceros- tuvo que irse. En 2013 otro dictamen de la corte validó los criterios de demarcación utilizados en el Territorio Indígena Raposa Serra do Sol (TIRSS).
Pero en diciembre de 2018 Bolsonaro promovió la explotación agroindustrial a la manera occidental y cristiana. “Es el área más rica del mundo. Usted tiene cómo explotarla de forma racional. Y del lado del indio, dando royalties e integrando al indio a la sociedad”, planteó esa vez a la salida de la inauguración de un colegio militar en Rio de Janeiro.
Con argumentos que por estas pampas también sonaban bastante en tiempos de Mauricio Macri pero solapadamente persisten, el general Augusto Heleno, un archienemigo de Lula, actualmente a cargo de la jefatura de Gabinete de Seguridad del presidente, se opuso a la legalización de 2005 y ahora está detrás de la expulsión de los indígenas. Alega que la famosa demarcación del TIRSS es un “primer paso para la creación de un estado autónomo” en la frontera norte de Brasil.
El STF tiene una papa caliente entre las manos pero el caso ya tiene antecedentes favorables a los pueblos originarios y además, los magistrados mantienen un enfrentamiento con el gobierno de Bolsonaro.
Lo menos que puede decirse del momento que viven las instituciones brasileñas es que están a las puertas de un choque de trenes, con una escalada sin límite a la vista entre Jair Bolsonaro y el Poder Judicial. El presidente, en su intento por modificar el sistema de votación ante la certeza de que no podrá lograr la reelección, no duda en amenazar sin rodeos y hasta reclamar a la población que se arme “para evitar un fraude”. Bolsonaro sobrepasó todo límite en la convivencia dentro de un sistema democrático que a pesar de las diferencias, siempre trató de mantenerse dentro de cauces civilizados en un país acostumbrado a lo largo de su historia a la negociación más que a la confrontación directa.
Según todos los sondeos, la popularidad de Bolsonaro cae continuamente mientras aumenta la de Lula da Silva, pero eso no significa que el excapitán del Ejército vaya a tirar la toalla. Más bien lo contrario: el proyecto de reforma del sistema electoral forma parte de una estrategia destinada a deslegitimar el triunfo del candidato que marcha primero en las encuestas. Pero también podría abrir las puertas precisamente a la manipulación del resultado en un esquema de votación para el que el país no está acostumbrado, ya que el voto electrónico data de 1996.
El enfrentamiento con el Supremo Tribunal Federal, (STF) -la corte de justicia brasileña- se viene profundizando a partir de denuncias de corrupción contra los hijos presidenciales. Pero desde lo simbólico, desde que las causas contra Lula fueron cayendo por la endeblez jurídica con que fueron construidas y además, quedaron expuestos los ejecutores de la estrategia para desplazarlo de las elecciones de 2018, el juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol.
Las denuncias del bolsonarismo contra el sistema electoral generaron el repudio no solo de la dirigencia política tradicional -no vinculada a la extrema derecha- sino también de todos los estamentos judiciales encargados de controlar los comicios. El rechazo fue compartido en un fuerte documento firmado por el presidente del Superior Tribunal Electoral, Luiz Barroso, ocho miembros STF y todos los extitulares de la justicia electoral de los últimos 33 años de historia democrática del país sudamericano. El único que no se plegó fue Nunes Marques, nombrado por Bolsonaro en 2020. “Desde que se implementó el sistema de voto electrónico, jamás se documentó ningún episodio de fraude en las elecciones”, dice el documento emitido luego de las protestas organizadas por el oficialismo en 10 ciudades a favor de modificar el sistema electoral.
En este escenario, la corte le abrió una causa a Bolsonaro en la que le pide explicaciones sobre las irregularidades que denunció. El presidente admitió que no tiene pruebas aunque insiste en que el voto electrónico es susceptible de fraude.
Y para doblar la puesta, pidió a sus seguidores que sigan el ejemplo de los trumpistas. “Quiero decirles que toda dictadura fue precedida por una campaña de desarme. Para mí es diferente: el pueblo de bien debe estar armado a ejemplo del pueblo estadounidense. Para que exactamente prototipos de dictadores no quieran hacer valer su voluntad en nuestra patria amada llamada Brasil”, agregó en un discurso transmitido por sus redes sociales.
Bolsonaro, en este ida y vuelta, fue incluido en una investigación sobre la maquinaria de fake news como la que le sirvió para llegar a ser el candidato mas votado en el balotaje de 2018 y asentar un discurso medieval desde que llegó al Palacio del Planalto, el 1 de enero de 2019. La causa está centrada en “crímenes de calumnia e incitación al crimen”.
Esa maquinaria se basa en granjas de trolls y medios alternativos de ultraderecha con sustento ideológico en las extremas derechas y el neorracismo europeos y norteamericanos alentados por estrategas neofascistas como Steve Banno. La investigación está a cargo del magistrado Alexandre de Moraes a instancias del presidente del STE.
Bolsonaro, lejos de bajar un cambio, dijo, amenazante, que a Moraes “ya le va a llegar la hora” y que Barroso “debería hacer política y presentarse como vicepresidente de Lula”. En una visita a Joinville, Santa Catarina, para un encuentro de empresarios, dobló la puesta y catalogó a Barroso de “hijo de puta”, aunque el video luego fue borrado de las redes.
Y para terminar de demostrar que no está en sus planes recular, el presidente de la Cámara baja, Arthur Lira, del partido Progresistas, de centro derecha y aliado de hierro de Bolsonaro, se disponía a llevar a plenario el proyecto de reforma electoral, a pesar de que la iniciativa que presentó la diputada Bia Kicis -que compite con el presidente para ver quién está más a la derecha- fue rechazada en comisión por amplia mayoría de 23 votos a 11. Para Lira, “las comisiones no son determinativas, sino opinativas. Sugieren el texto pero cualquier recurso del plenario puede ser llevado a cabo”.
El mandatario también es investigado por una comisión del Senado por la gestión gubernamental de la pandemia y presuntos casos de corrupción en la compra de vacunas. En este caso, el crimen por el que debe responder es “prevaricación”, es decir, no haber denunciado un supuesto pedido de coimas para la compra de dosis de Cvaxin. «
La privatización del correo
La Cámara de Diputados de Brasil dio media sanción a un proyecto de ley para privatizar la Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), una joya de la abuela que en tiempos de pandemia resulta clave para las entregas en todo el extenso país. La iniciativa permite la venta de la mayor operadora logística de Brasil, actualmente estatal, a capitales privados y se trata de un proyecto largamente acariciado por el neoliberal ministro de Economía Paulo Guedes. Entre los postulantes a quedarse con esa empresa estratégica figura Amazon, pero también están en la gatera Fedex, el correo de España y hasta la argentina Mercado Libre.
La oposición se abroquela en el Senado, donde los legisladores del PT esperan convencer a sus pares de que esta venta no es más que “la continuidad de la quema de activos del Estado por parte del gobierno de Bolsonaro”. Y destacan que “es una empresa estructural de servicios públicos que funciona bien y que da ganancias”.
De hecho, según datos oficiales del Tesoro de Brasil, el año pasado cerró el balance con ganancias por cerca de 300 millones de dólares, y no registra quebrantos en lo que va del siglo. Lo que desmiente el argumento de la derecha de que se necesita sanear un activo que produce déficit que deben solventar los contribuyentes.
De conseguir la aprobación en la cámara Alta, el Gobierno espera realizar la subasta de la empresa Correios en el primer semestre de 2022. No queda claro, de llegar a ese camino, el futuro de los casi 100.000 empleados de planta con que cuenta el servicio.
En ese sentido, el personal nucleado en la Asociación de los Profesionales de los Correos (Adcap) sostuvo que la normativa que se debate en el Congreso ignora cuestiones fundamentales “como el hecho de que la propia Fiscalía ya ha reconocido que una eventual privatización de los Correos no podría ser hecha sin un cambio constitucional”, señaló en un comunicado.
Es otro punto de conflicto del gobierno de Jair Bolsonaro contra el poder judicial ya que el Supremo Tribunal Federal tiene en análisis una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI, una suerte de amparo judicial) de la Adcap que cuenta con el aval del procurador general de la República, Augusto Aras, en contra de la privatización.
Pero también el Senado podría trabar la venta desde la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa, que tiene en sus manos una Sugestión, que no es más que una propuesta de un particular presentada a través del Portal e-Ciudadanía, que busca impedir la privatización y que cuenta con el apoyo de más de 20 mil internautas.
“No es exagerado decir que los Correos representan un factor de integración nacional que da a los brasileños en los rincones más remotos del país la oportunidad de ampliar sus horizontes por los servicios de envío y recepción de correspondencia encomiendas y valores”, justificó el presentador del proyecto, Afonso Henrique Muniz Nascimento, según indica la Agencia Senado.
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