por Alberto López Girondo | Mar 10, 2018 | Sin categoría
Comenzó la hora de las precandidaturas para las presidenciales de octubre en Brasil. Cuando todas las encuestas coinciden en que el seguro ganador sería Lula da Silva, y sin un opositor que claramente le pueda hacer frente, hay una fuerte disputa por el espacio de la derecha que, por otro lado, tiene como carta debajo de la manga una condena firme contra el fundador del PT que lo saque de carrera.
Según una encuesta divulgada con exclusividad a corresponsales extranjeros en Brasil ¨a la que tuvo acceso el corresponsal de la agencia Télam¨ por parte del Instituto Brasilis, indicó que ante la pregunta sobre quién resolverá los problemas de Brasil, el 35% respondió «un candidato del PT» y el 32%, un candidato del PSDB, el partido del ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
En el primer escenario, Lula lidera con 36% contra el 26% de Bolsonaro, 12% de Marina Silva y 11% de Geraldo Alckmin. La muestra fue hecha entre el 1 y el 5 de marzo, luego de que Lula fuera condenado en segunda instancia por corrupción a 12 años y un mes de prisión, lo que puede inhabilitarlo ante la justicia electoral e incluso arrestarlo en las próximas semanas.
En estos días, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, anunció su voluntad de presentarse con el partido Demócratas. Maia es, luego del golpe contra Dilma Rousseff que encumbró a Michel Temer, el segundo en la sucesión y ya ocupó provisoriamente la presidencia durante alguna gira del primer mandatario.
Pero el que hizo más ruido, sin dudas, fue Jair Bolsonaro, quien desde hace tiempo viene ocupando pantallas con un discurso cavernario. Defiende la dictadura militar, es misógino, racista y por si fuera poco, cuando anunció su postulación prometió crear un «bloque de la ametralladora» para combatir el delito urbano. Al endurecimiento de las leyes penales quiere sumarle la liberación del derecho a portar armas.
Bolsonaro es un excoronel que recibió el apoyo total de otro antediluviano, el general Hamilton Mourão, quien defendió al torturador más famoso de la dictadura en el discurso con que se despidió de sus colegas al pasar a retiro. Famoso por sus imposturas decir que es más brutal que Donald Trump podría resultar poco aprovechó esos minutos de cámara para atacar a Temer. Enojado, dijo que no se iba a dejar robar las banderas de la mano dura, en relación con la intervención militar a Río de Janeiro.
Por lo pronto, luego de esa medida extrema del gobierno en el territorio que Bolsonaro considera propio, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos mostró su preocupación. «Las fuerzas armadas no están especializadas en seguridad pública o en investigación», alertó ZeidRa’ad Al Hussein desde su despacho en Ginebra.
En la ciudad carioca, mientras tanto, avanza la creación de un Observatorio de la Intervención (OI), para vigilar los movimientos de los militares. Eligieron como ícono de esas acciones un Cristo Redentor con binoculares y megáfono. Integran el OI, el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (Cesec) de la Universidad Cándido Mendes, Amnistía Internacional, la fiscalía brasileña y delegados de la mayoría de las favelas de la ciudad.
Temer, si logra reducir en breve los índices de criminalidad y sobre todo, si consigue que la población de Río de Janeiro vea algún resultado concreto sobre ese delicado problema, espera poder estar en la pelea por una candidatura.
Según las últimas encuestas de Ibope y Datafolha, Lula tiene un 35% de intención de voto, mientras que Bolsonaro ronda los 17 puntos. Maia representa a un partido que es la continuación de ARENA, la agrupación política que armó la dictadura para ese sistema pseudo-democrático con que gobernó desde 1964 a 1985. Con el tiempo, ARENA devino en Partido Frente Liberal (PFL) y luego en Demócratas. Y por esas cosas de la política, hoy día es aliado del Partido del Movimiento Democrático Brasilero (PMDB), la pseudo oposición de aquellos años. El PMDB es la agrupación de Temer, integraba la alianza con el PT que se mantuvo en el poder desde 2003 hasta 2016, cuando rompió para derrocar a Dilma. Maia, en tanto, nació en Chile durante el exilio de sus padres y tiene un 1% de votos. Incluso si Temer formaliza su candidatura, dijo, el mantendrá la suya. Voluntarioso, aseguró en una convención partidaria que llegará a una eventual segunda vuelta.
Otro con aspiraciones es Ciro Gomes, que fue gobernador del estado de Ceará, en el nordeste del país. Ocupó cargos en el gabinete de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva. Socio del PT, llegó a cuestionar fuertemente la candidatura de Dilma en 2014. Ahora, con el Partido Democrático Trabalhista (PDT), espera estar en la discusión si es que el exdirigente metalúrgico resulta proscripto. Pero tiene apenas 4,3% de aprobación. Sin Lula, los analistas le auguran algo más del doble.
El centrista gobernador de San Pablo,Geraldo Alckmin, del Partido Socialista Democrático de Brasil (PSDB) de Cardoso, también tiene interés en presentarse. AL igual que el alcalde paulista, Joao Doria, no pasan del 10% de intención de voto.
Pero la gran atracción ¨y el gran temor en los círculos políticos más moderados¨ es Bolsonaro, que ya tuvo que pagar varias multas por insultar a mujeres legisladoras e incluso debió indemnizar a una comunidad afrobrasileña luego de decir que «los negros no sirven ni como reproductores».
Fuera de esa plataforma retrógrada, ya anunció un posible Gabinete con el general Augusto Heleno Ribeiro ¨prodictadura y proestadounidense¨ como ministro de Defensa y al exastronauta Marcos Pontes en Ciencia y Tecnología. También dijo que fusionará las carteras de Agricultura y Medio Ambiente, o sea que espera que los hacendados adquieran virtudes ecológicas. De economía dijo que no sabe nada, pero que llamará a un experto de la Escuela de Chicago. Que se queden tranquilos.
La mano privatizadora
El presidente Michel Temer ya mandó a vender unas 50 empresas y bienes estatales. Cosa de que aunque vuelva algún mandatario «populista» al Planalto, tenga las manos convenientemente atadas como para intentar una nueva aventura desarrollista.
Hay dos joyas de la abuela que seducen a los inversores privados. Una, obviamente, es Petrobras, hasta hace cuatro años, una de las empresas más prósperas y valoradas del planeta. La otra es Embraer.
La firma fabrica aviones con tecnología propia y ya pisa fuerte en el mercado de aeronaves comerciales, al punto de que es la tercera productora mundial, detrás de la estadounidense Boeing y la francesa Airbus.
Esta semana reportó ganancias por 246,8 millones de dólares en 2017 y un margen del 11% tras la entrega de 101 aparatos comerciales y 100 ejecutivos. Embraer, creada por el gobierno militar en 1969, fue privatizada en 1994, pero el Estado conservó una «acción de oro» que le permite vetar cuestiones estratégicas. Ahora puede quedar en manos de la estadounidense Boeing, que pretende quedarse con el 51% de las acciones, bajo el impulso del actual presidente.
Tiempo Argentino, 10 de Marzo de 2018
por Alberto López Girondo | Feb 24, 2018 | Sin categoría
Podría decirse que la batalla por la sucesión presidencial en Brasil comenzó en mayo del año pasado, cuando Lula da Silva declaró por primera vez frente al juez Sergio Moro, en una causa por corrupción. Tras el golpe institucional contra Dilma Rousseff y las medidas neoliberales de Michel Temer, no hay encuesta que no dé ganador al expresidente en primera vuelta. Ante la falta de candidato potable del establishment, la única salida para impedir el regreso del «populismo» sería a través de una decisión judicial que impida la postulación del exdirigente metalúrgico.
Hasta que, desde el entorno presidencial, sacaron una carta inesperada debajo de la manga que puede cambiar el escenario de aquí a octubre. Con la justificación del combate al crimen organizado, Temer ordenó la militarización de Río de Janeiro y su vocero, Alexander Parola, envalentonado con el impacto en la población ¨que vive inmersa en un clima de temor por su inseguridad¨ y por el apoyo legislativo que logró articular un mandatario que hasta hace poco tenía un 95% de rechazo, se animó a adelantar que podría postularse para ser elegido.
Aunque Temer descartó el viernes ser candidato, se elogió a sí mismo y calificó como «una jugada maestra» la intervención militar. Temer incluso fue más allá y reveló que entre sus asesores se evaluó una intervención total en el gobierno de Río de Janeiro, es decir, reemplazar incluso al gobernador Luiz Fernando Pezao: «En un primer momento se pensó en una intervención total, pero alejé esa idea. Sería una cosa muy radical y la rechacé. Concluimos apenas en intervenir en la seguridad pública».
El envío de Fuerzas Armadas a la segunda ciudad más poblada de ese país tiene un doble sentido. Por un lado, allí viene prendiendo el discurso ultraderechista de Jair Bolsonaro, un exmilitar que reivindica la dictadura y reivindica regularmente a los expertos en tortura del régimen.
Pero también es una forma de adelantar que no piensa quedarse de brazos cruzados ante la caravana que Lula comenzará el próximo martes por los estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Parana. Y que seguramente implicará un respaldo masivo frente a las decisiones que deberá asumir la Corte Federal que lleva adelante su caso. Si a algo tiene miedo la derecha es a la gente en las calles.
Desde el fin de semana pasado, unos 3200 soldados recorren las favelas Vila Kennedy, Vila Aliança y Corea, en el oeste de Río de Janeiro, tres de los sitios donde se registran más hechos de violencia.
Al mismo tiempo que se ponía en marcha la ocupación militar, el gobierno anunció que retiraba el proyecto de ley previsional. Parte de la ardua negociación para que el Congreso le autorizara a la intervención fue dejar de lado la polémica reforma del sistema jubilatorio, un tema que en un año electoral resulta «piantavotos». En otro gesto para la tribuna, Temer anuló el viernes la designación de la diputada Cristiane Brasil como ministra de Trabajo para no involucrarse en una batalla judicial con el Tribunal Supremo (Corte Suprema), que impidió la asunción de la legisladora condenada por infringir normas laborales. El nombramiento de Brasil desató de inmediato una fuerte polémica, pues la diputada había sido procesada en 2016 por haber tenido dos choferes a su servicio sin contratos formales ni las garantías laborales de ley, por lo que había sido condenada a indemnizar a uno de ellos. Cualquier semejanza con su par argentino, Jorge Triaca, no es casualidad. En medio de la polémica, también surgieron sospechas de que la diputada, en la campaña que la llevó a obtener su escaño, en 2014, habría incurrido en diversas irregularidades de naturaleza electoral, y también una investigación por supuesta asociación al narcotráfico. Según investigaciones de la Fiscalía, está sospechada de haber pagado a narcotraficantes que dominan favelas de Río de Janeiro para que facilitaran sus actividades proselitistas en esas zonas, durante la misma campaña electoral.
Pero el recurso de saturar calles y favelas de uniformes tiene sus bemoles. Los estados de San Pablo, Minas Gerais y Espíritu Santo, fronterizos con Río de Janeiro, mostraron su preocupación y anunciaron que tomarán medidas ante el previsible éxodo de marginales, perseguidos en la excapital brasileña.
«No creo que la migración sea de un criminal saliendo de Río con su mochila, pero es posible que haya una migración de las modalidades criminales como el robo de cargas», declaró el secretario de Seguridad de Espíritu Santo al diario Folha de Sao Paulo.
Los militares tampoco están tranquilos con la función que ahora les encomendaron. Hay que decir que no es la primera vez que los sacan de los cuarteles para vigilar calles. Ya había ocurrido en tiempos de Dilma, para el Mundial de 2014, y también las Olimpiadas de 2016 tras su destitución. Y que los resultados no fueron los deseados lo prueba este regreso sorpresivo.
En ese marco, Temer defendió que los militares puedan participar directamente de tiroteos contra grupos criminales, ya que cuentan con poder de policía. «Si tiene que tirar, si el militar es víctima de un bandido, claro que va a tirar. La idea es darles apoyo a las policías, pero si tienen que entrar en un enfrentamiento lo harán», dijo.
Otra prueba, tal vez, de que ahora los tiempos son otros y el futuro puede ser impredecible, sin embargo, es que el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Boas sugirió ante distintos medios de comunicación la necesidad de garantías para los efectivos que participen de las operaciones y de sus jefes. Dijo, con todas las letras, que deben tener la tranquilidad de actuar «sin riesgo de que aparezca una nueva Comisión de la Verdad». Lo que para los críticos implica que en los planes oficiales no descartan la violación de Derechos Humanos.
Lula: «Un pedacito de célula»
«La palabra huir no forma parte de mi vocabulario», dijo Lula cuando desde un estrado judicial le habían retirado el pasaporte como medida precautoria. A las pocas semanas otro juez, más sensato, se lo devolvió con un argumento incontrastable: «Sólo con una gran imaginación» se podría pensar que el fundador del Partido de los Trabajadores podía escaparse cuando ya es el candidato para las elecciones de octubre.
«Están lidiando con un ser humano diferente. Porque yo no soy yo, soy la encarnación de un pedacito de célula de cada uno de ustedes», detalló ante una multitud que se había congregado en el predio de Expominas, en Belo Horizonte, este jueves.
Viejo zorro de la política y uno de los líderes más importantes del país en toda su historia, señaló con precisión el porqué de la persecución de que es objeto: «El problema no es Lula, son los millones de Lulas» y prometió volver «para garantizarle a este pueblo el derecho de vivir mejor». Luego agregó que sea cual sea el fallo judicial en su contra, «lo que sé es que no respeto esa decisión, porque de lo contrario, cuando mi nieta crezca no me respetará».
Tiempo Argentino, 24 de Febrero de 2018
por Alberto López Girondo | Oct 24, 2017 | Sin categoría
La normativa aplica en los casos de las tropas que ocupan las favelas y despertó críticas de organismos de DDHH de todo el mundo. Se vuelve a discutir el rol de la dictadura, incluso desde el humor: mirá el video.
El presidente brasileño, Michel Temer, promulgó una polémica ley que traspasa el procesamiento de los crímenes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas contra civiles a tribunales militares. Esta modificación a las normativas vigentes se hizo, con amplio apoyo de las cámaras legislativas, para conformar a las cúpulas militares, que buscan poder manejar los deslices cometidos por los uniformados en las cada vez más usuales intervenciones en las favelas o incluso en la custodia de un mandatario con tan poco apoyo popular como Temer, que además llegó a ocupar su cargo mediante un golpe parlamentario. Pero además llega en un momento en que crece la demanda de soluciones a la crisis política dentro de las FFAA bajo amenaza de tomar otra vez el poder, como hicieron en 1964. Y en un contexto en que Brasil es el país con mayor porcentaje de población que apoyaría una salida dictatorial, un 23%, según un estudio del Centro de Pesquisas Pew sobre 38 naciones de todo el mundo.
La nueva ley sancionada por Temer entrará en vigencia a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Unión. El hombre que apoyó y se benefició del derrocamiento de Dilma Rousseff solo vetó un artículo, el que limitaba la vigencia de la normativa a un año, con lo cual la ley será permanente.
Organismos de Derechos Humanos locales e internacionales y hasta la OEA cuestionaron esta iniciativa que echa por tierra con una construcción lenta pero persistente en el sentido de investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar, entre los cuales figuran la detención y tortura que sufrió la propia ex mandataria.
Rousseff había impulsado desde su llegada al Palacio del Planalto, el 1 de enero de 2011, la creación de una Comisión de la Verdad para investigar aquellas violaciones a los derechos humanos cometidos durante los 21 años de régimen militar.
El 10 de diciembre de 2014, en ocasión de celebrarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Comisión entregó el informe final que incluía casos registrados hasta 1988, cuando ya había un gobierno democráticamente elegido. La ley sancionada este lunes adjudica a los tribunales militares el procesamiento de crímenes dolosos cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas contra civiles en operaciones de seguridad pública ordenadas por la Presidencia y el Ministerio de Defensa.
Igualmente transfiere a esos estrados los juicios a miembros de las Fuerzas Armadas por crímenes contra civiles en operaciones «que involucren la seguridad de institución militar o de misión militar, incluso que no sea beligerante, o en actividades de naturaleza militar, de operación de paz y de garantía de seguridad pública».
Una propuesta similar había sido enviada al parlamento en 2016, cuando el gobierno de Rousseff había decidido enviar tropas militares para la “pacificación” de las favelas cariocas ante la inminencia de las Olimpíadas. Pero en ese entonces fue rechazada por el PT, por aquellos días todavía con el apoyo del PMDB que lidera Temer.
Desde la llegada de Temer al gobierno se incrementó el envío de militares para el control de las faveles tanto en Brasilia como en Río de Janeiro. Pero al mismo tiempo fue creciendo por un lado cierta resistencia entre los militares ya que muchos subordinados terminaron envueltos en denuncias por violencia contra los pobladores.
Un tribunal “amigo” tranquilizaría los cuarteles en monentos críticos.
Por otro lado, en las últimas semanas, y al calor de una crisis política que no cesó con la destitución de Dilma sino todo lo contrario, fue creciendo en algunos sectores de la sociedad y de medios inclinados a la derecha más retrógrada el reclamo de una intervención militar para encauzar la situación.
Es sintomático que a mediados de setiembre el general Antônio Hamilton Mourão, secretario de economía y finanzas del Ejército, dijo en una entrevista que si los políticos no solucionaban la crisis los militares deberían volver a tomar cartas en los asuntos públicos. Eso generó una catarata de críticas pero dejó la sensación de que las palabras de Mourão fueron un globo de ensayo.
La cuestión de todas maneras desnudó los peores antecedentes, porque uno de los posibles candidatos en las elecciones del año que viene, Jair Bolsonaro, un ex militar ultraderechista defensor de la dictadura y de la tortura, se está posicionando como alternativa ante Lula da Silva. En este entorno, desde un programa de televisión de la red O Globo, que apoyó la destitución de Dilma tanto como el golpe de 1964, se hizo una sátira a las veleidades de una sociedad cambiante que no termina por entender los riesgos de golpear a las puertas de los cuarteles.
Como corolario de la ley que aprobó el Congreso y sancionó Temer, fueron enviados a 950 miembros del Ejército a la favela de Rocinha, la villa miseria más grande del continente, luego de un día que las autoridades describieron como una jornada de pánico y terror a raíz de balaceras entre distintos grupos de narcos por el control del comercio de drogas.
«Estamos actuando por demanda del gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao”, explicó el ministro de Defensa brasileño, Raúl Jungmann, quien recordó que hay tropas que ocupan desde hace meses las calles de Río para colaborar con la policía, desbordada por la situación. Lo que no dijo es cuántos militares quedaron envueltos en denuncias por violencia contra ciudadanos.
La Comisión de la Verdad había señalado en aquel informe entregado a Rousseff que entre 1962 y 1974 más de 140 mil personas fueron desplazadas de sus casas y expulsados de las fables cariocas por efectivos militares. Desde dos años antes de que tomara el poder el general Humberto Castelo Branco.
Tiempo Argentino
Octubre 17 de 2017
por Alberto López Girondo | Oct 24, 2017 | Sin categoría
Luego de la retrógrada reforma laboral de julio pasado, el gobierno brasileño limita la publicación de la «lista sucia», donde se anotan los empleadores esclavistas, bucrocratiza las denuncias y modifica la definición de «trabajo esclavo» para beneficiar a los latifundistas.
El ataque del gobierno de Michel Temer a las conquistas sociales en Brasil generó ahora una nota de queja de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la publicación en el boletín oficial de ese país de un decreto que elimina controles y modifica sustancialmente las normas para el combate del trabajo esclavo.
A partir de la publicación del DNU en el Diario Oficial de la Unión, la divulgación de la “lista sucia” de empresas y personas que se aprovechan del trabajo esclavo ya no dependerá de las oficinas técnicas del ministerio del Trabajo sino del ministro en persona, lo que deja en manos de los intereses particulares de un funcionario político lo que hacía un equipo de profesionales.
Pero además, cambian las reglas para la denuncia de casos de esclavitud: lo que antes se hacía con un informe de un auditor de la División de Fiscalización para la Erradicación del Trabajo Esclavo (Detrae), ahora debe pasar por una presentación en sede policial. Si se tiene en cuenta de que gran parte de la explotación esclavista se hace en grandes extensiones agropecuarias, es fácil entender los riesgos para cualquiera que quiera hacer denuncias en un país donde en un cuarto de siglo fueron asesinados más de 1.500 líderes campesinos.
Por si esto fuera poco, el gobierno cambia la definición de lo que es trabajo esclavo, una forma de blanquear cierto tipo de formas de explotación fuera de los usos internacionales que toma en cuenta la OIT y el Código Penal brasileño.
Ahora solo será considerado trabajo esclavo si se verifican amenazas de castigo, restricción de transporte para retener al empleado, uso de un vigilante armado y retención de documentación personal. Estos cambios preocuparon primero a los funcionarios que se encargaban de la tarea y la a dirigencia política ligada a la defensa de los derechos laborales.
Es precisamente ese es un tema que forma parte del ADN del gobierno destituido en agosto del año pasado por un congreso aliado con Temer. Y en ese parlamento, el Partido de los Trabajadores estaba en minoría mientras que alrededor del 40% de los legisladores pertenecían a la clase terrateniente, lo que la hace proclive a dictar leyes que benefician sus intereses y liberar a sus faltas. Incluso el ministro de Agricultura del gabinete Temer, Blairo Maggi, es uno de los reyes del agronegocio brasileño.
Además, y como para que no queden dudas de esta modificación es a favor de los que más tienen, fue despedido André Reston, jefe de la agencia de combate al trabajo esclavo, el funcionario a cargo de elaborar la llamada «lista sucia».
Suciedades anónimas
La “lista sucia” es un registro creado en 2003 para anotar los nombres de los empleadores denunciados por tener en su plantilla a trabajadores en condiciones de esclavitud.
Fue el corolario de una política de estado en el combate contra la superexplotación laboral que venía desde las dos gestiones de Fernando Henrique Cardoso y que Lula da Silva, como dirigente sindical, no podía sino fortalecer. Así, entre 1995 y 2016 fueron liberadas del trabajo esclavo cerca de 50.000 personas en todo el país.
En el campo la situación se complica porque los trabajadores están virtualmente presos en los latifundios y sin posibilidades de escape. En 2014, la Corte Suprema suspendió la publicación de la lista, ante presiones y presentaciones de los empresarios involucrados, muchos de ellos a la sazón representantes legislativos, alegando que era una medida inconstitucional.
El gobierno de Dilma introdujo la Lista Sucia en la Ley de Acceso a la Información para hacerla pública. Pero, contradicciones de su gobierno, Katia Abreu, senadora por Tocanstins, fue designada ministro de Agricultura en 2015 siendo una de las terratenientes más grandes del país. Y había sido ella en persona, cuentan las crónicas, quien acudió a la Corte para evitar la difusión de los nombre de los esclavistas, ya que entre ellos estaban sus dos hermanos, Andre Luiz Abreu y Luiz Alfredo de Feresin Abreu.
Pero por supuesto que la familia Abreu no es la única involucrada en este tipo de violación a los derechos laborales.
En diciembre del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos condenó al estado brasileño por no prevenir el trabajo esclavo ni el tráfico de personas. La sentencia obligó al pago de 4,7 millones de dólares a 128 víctimas rescatadas en la Hacienda Brasil Verde, un latifundio ubicado en el estado de Pará, entre 1989 y 2002.
Trampa semántica
Según la reforma laboral que había dictado Temer en julio pasado -y que en este lado de la frontera quiere emular el gobierno de Mauricio Macri- “empleado rural es toda persona física que, en propiedad rural o edificio rústico, presta servicios de naturaleza no eventual a empleador rural o agroindustrial, bajo dependencia y subordinación a este y mediante salario o remuneración de cualquier especie”.
Este artilugio leguleyo, permite al empleador pagar el salario con dinero o, como era usual en Argentina en las explotaciones del siglo XX y relataban películas como Las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril, en especie o mediante la entrega de mercadería en el almacén del propietario de la hacienda.
Sin embargo, no solo en el campo se produce en condiciones de explotación laboral. La industria textil es uno de los rubros donde resulta más extendido el trabajo esclavo. En este caso, el agravante es que se trata de extranjeros venidos de Bolivia o Perú.
Hace unos meses, en mayo, salió el fallo que condena a la española Inditex, que fabrica bajo el nombre más conocido y popular de Zara, a una multa de 5 millones de reales, unos 1,5 millones de dólares, luego de que unos 15 trabajadores fueron rescatados de un taller paulista en 2011 por Ministerio Público del Trabajo (MPT).
También hay involucradas otras multinacionales, como la suiza Nestlé, o la holandesa Jacobs Douwe Egberts, que juntas controlan el 40% de las ventas de café en todo el mundo.
Ni qué decir de la construcción, donde el propio gobierno federal terminó acusado tras una investigación del Ministerio de Trabajo que detectó que una empresa contratada para construir viviendas populares dentro el programa Minha Casa, Minha Vida, mantenía a 118 trabajadores en condiciones de esclavitud en la ciudad de Macaé, en el estado de Río de Janeiro.
La firma, MRV, ya había sido condenada en 2013 a una multa de 6,7 millones de reales por mantener a 63 trabajadores esclavos en una obra del mismo programa en San Pablo.
Tiempo Argentino
Octubre 18 de 2017
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