por Alberto López Girondo | May 12, 2018 | Sin categoría
La presión nada indirecta de otro general brasileño terminó por «convencer» a los jueces del Supremo Tribunal de Justicia brasileño de que no había que concederle la libertad al expresidente Lula da Silva. Esta decisión se produce justo cuando se conocieron documentos del Departamento de Estado que prueban que el exdictador Ernesto Geisel no sólo conocía las violaciones a los Derechos Humanos que cometió el régimen instaurado en 1964 (dato siempre minimizado) sino que personalmente ordenó el asesinato de varios militantes opositores.
El STJ tenía que dictaminar sobre un recurso planteado por los abogados del exmetalúrgico, arrestado desde el 7 de abril en Curitiba por orden del juez Sergio Moro en una causa por la presunta coima de una empresa constructora. El fallo inicial fue confirmado en segunda instancia por una Cámara, pero el planteo de la defensa de Lula es que no cabe constitucionalmente una detención antes de que haya sentencia firme en la Corte.
Curiosamente, el alegato se basó en un reclamo de una agrupación de derecha, el Partido Ecológico Nacional (PEN) para que espere la ejecución de la pena hasta que no existan más recursos judiciales, cosa de respetar el derecho a una amplia defensa. Pero los propios dirigentes del PEN se mostraron arrepentidos de semejante presentación, muy previa a la prisión de Lula, ya que, dijeron, lo que menos querían era ayudar a la izquierda. De todos modos, había una demanda en términos similares de la Orden de Abogados de Brasil que también fue rechazada.
Uno de los jueces que tenían que decidir (la votación fue 5 a 0), Celso de Mello, rechazó el encarcelamiento de encausados en segunda instancia, pero votó en contra del exmandatario para este caso. Y tal vez su ambigua explicación tenga que ver con un tuit del general de Brigada Paulo Chagas, candidato al gobierno de Brasilia. «Cuidado con la cólera de las multitudes», alertaba desde un título en letras mayúsculas, para advertir luego: «Hasta el día 10 de mayo sabremos si Gilmar, Lewandoswski y Toffoli tomarán el partido de Brasil o el del crimen. Quieren boicotear el Lava Jato o hacer justicia?», decía.
Esos eran los magistrados que todavía no habían decidido su voto ¨es electrónico y adelantado¨, lo que implicaba que no estaba seguro de que Lula siguiera en prisión. Chagas, un militar retirado del arma de Caballería, ya venía lanzando consignas desde su blog personal, con un profundo desprecio por Lula, «el criminal y comparsa de tantos que lo adoptaron como modelo». Ese tuit fue la última señal que necesitaban los jueces para depositar su voto, parece.
Este viernes, en tanto, salió a la luz un archivo desclasificado del Departamento de Estado donde aparece un informe de la CIA del 1 de abril de 1974 en el que el general Ernesto Geisel ¨quien gobernó entre ese año y 1979, y que había pasado a la historia como un apaciguador de los más sangrientos uniformados¨ «le dijo al general Figueiredo que la política de ejecuciones debería continuar, pero que se debían tomar reparos para asegurar que sólo subversivos peligrosos fueran ejecutados», según detalla el telegrama enviado por un agente a sus jefes en Langley.
El general João Baptista Figueiredo era en ese momento jefe de la agencia de inteligencia brasileña y sería sucesor de Geisel. La orden, puntualiza el documento, surge luego de que Figueiredo le informa a Geisel que en el anterior gobierno militar, a cargo de Emilio Garrastazú Médici, habían sido ejecutados 104 opositores.
La primera que dijo algo sobre esto fue Dilma Rousseff, expresidenta y en los ’70 detenida política. Señaló que ahora queda más claro aun que sus camaradas de lucha habían sido «ejecutados (y que) los asesinatos políticos fueron decididos o refrendados por el Palacio». Y a continuación llamó a repudiar a los defensores de la vuelta de la dictadura.
Desde esa vereda, el también exmilitar Jair Bolsonaro, que aspira a la presidencia del país, primero analizó en una entrevista con Folha de Pernambuco en qué contexto se escribió el informe. «Yo creo que sé lo que le pasó a este agente de la CIA. Cuántas veces uno dice ‘te voy a matar, te voy a reventar a patadas’. Seguramente escuchó esta conversación e hizo el informe». Por si esto no bastara, trató de justificar el golpe con estas palabras. «¿Quién nunca le dio una palmada en el culo a un hijo y luego se arrepintió?». «
Paramilitares detrás del crimen de Marielle
Un concejal, un policía militar y un expolicía están siendo investigados como sospechosos del asesinato de Marielle Franco, la concejala de Río de Janeiro que fue acribillada a balazos el 14 de marzo pasado. Al menos esto se desprende de la información que dio el ministro de Seguridad Pública, Raul Jungmann.
De acuerdo con esta versión, la activista social (que salía de un encuentro donde se cuestionaba la policía de intervención militar en la ciudad de Río de Janeiro) fue baleada desde un Chevrolet que se le cruzó al auto en que viajaba junto con un acompañante y el chofer, Anderson Gomes, que también falleció en el ataque.
Para el ministro, los atacantes fueron un agente de la Policía Militar y un expolicía que integra una milicia paramilitar que opera en el barrio de Ramos, al norte de Río de Janeiro. El autor intelectual sería el concejal del conservador Partido Humanista de la Solidaridad, Marcello Siciliano.
Los paramilitares, mayoritariamente exagentes policiales, extorsionan a vecinos y comerciantes a cambio seguridad en sus barrios. También se encargan de ejecuciones por dinero. Marielle había combatido estas prácticas y también contra los abusos policiales en las favelas cariocas.
Tiempo Argentino, 12 de Mayo de 2018
por Alberto López Girondo | Abr 26, 2018 | Sin categoría
Jorge Taiana fue vice ministro de Relaciones Exteriores entre 2003 y 2005 y canciller desde entonces y hasta 2010. Participó por lo tanto de una época dorada para la integración regional latinoamericana. Fue en estos años que se dio un nuevo cariz al Mercosur y se iniciaron las tareas de ampliación, con el ingreso de Venezuela. Se creó la Celac y la Unasur, dos organismos sin participación de Estados Unidos, y se puso fin al ALCA, el plan de Mercado Común a la medida del Consenso de Washington.
Hoy la región vive otro momento histórico. Venezuela fue separada del Mercosur y seis países sudamericanos, entre ellos Argentina, anunciaron que suspenden su membresía en la Unión de Naciones Suramericanas, la entidad que surgió en 2008 a partir de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Sin embargo, no hubo un gran revuelo tras estas manifestaciones de abandono de políticas que eran de Estado. De estos «olvidos» y de su implicancia para los países latinoamericanos habla Taiana en esta entrevista con Tiempo.
-La mayoría de la gente no tiene la menor idea del Mercosur y Unasur. Se perdió la noción de lo que implicaba un organismo regional donde no participara EE UU. ¿Qué fue lo que pasó?
-Me parece que lo que perdió impulso por un lado fue la integración. La integración no sólo como una vieja aspiración de la Patria Grande sino como un camino, una estrategia para resolver buena parte de los problemas que tenemos en el país. Y eso es algo que no solamente está vigente sino que está mucho más vigente. Si antes la integración era una opción, hoy me parece que es una necesidad si queremos aspirar a un desarrollo sustentable, lo cual en este mundo globalizado, financierizado y de grandes corporaciones no es una tarea sencilla. Paradójicamente esa importancia de la integración que fue muy alentada en la primera década de este siglo por un conjunto de presidentes y que llegó a cambiar el Mercosur y a ampliarlo y a generar la Unasur y al Celac, ese impulso está en parte perdido y en parte no tiene visibilidad. Se ha perdido el apoyo notorio de la opinión pública.
-¿Por qué?
-Por varias razones. La crisis financiera, económica y social que se desató desde el 2008 a nivel mundial -que ha vuelto sobre América Latina y se ha sentido mucho más en estos últimos años- ha hecho detener en buena medida a los gobiernos que la impulsaban. El proceso de integración se ralentizó, perdió fuerza. Al mismo tiempo se ha desarrollado una campaña política y mediática que tendió a plantear todo el proceso de integración como una serie de decisiones políticas e ideológicas que no tenían ninguna importancia y que nada tenían que ver con los intereses de los países o de los argentinos. Se lo planteó como una opción ideológica. Veo en muchos comentarios de sectores medios, en el sistema electrónico, sobre la noticia de que seis países suspenden su participación en Unasur: «bueno pero esa era una cosa que habían inventado (Lula da) Silva, (Hugo) Chávez, (Néstor) Kirchner». Lo ven desde una visión muy pequeña, muy chiquita y sin ninguna perspectiva. En parte uno podría pensar que también esta pérdida de entusiasmo en la integración es en cierta medida refleja el mayoritario y masivo crecimiento del individualismo en las personas, en la sociedades y en los países. La idea de que «acá tenés que salvarte vos». Y eso pasa por lo personal pero también por el país individualmente. «Acá tenemos que salvarnos nosotros». Toda otra idea de buscar potenciarse con la ayuda de los otros no está vista ni como muy posible ni como conveniente. Ese es un debate por un lado político, pero también es un debate diría filosófico. Hoy estamos en la región en general en un momento en que los principales medios y las fuerzas políticas que llegaron al poder, los grandes intereses de poder, están insistiendo en el individualismo y en la solución individual, para las personas y para el país. En ese marco obviamente que los esfuerzos de integración, que son complicados, pierden visibilidad, pierden apoyo y quedan como una especie de aspiración abstracta o infantil.
-Lo curioso, al menos en el caso de Argentina, es que la dirigencia política, incluso en el oficialismo, es consciente de que sin Brasil nuestro país no tiene futuro. Hasta los ejecutivos que forman parte del gobierno y el propio presidente tienen vinculaciones o empresas en Brasil. ¿Cómo se entiende esto?
-Ellos ven un tipo de integración. La piensan desde la perspectiva de lo que fue el comienzo del Mercosur en los 90. Lo que se llamaba el «regionalismo abierto», que es básicamente sólo una integración comercial y de las grandes empresas y el sector financiero. Y de hecho para lo único que mantienen el nombre Mercosur es para tratar de lograr un acuerdo con la Unión Europea. Que va a ser un acuerdo, y eso es algo que todos los que estudiamos el tema lo estamos viendo, que si se firma en las condiciones en que estamos, va a ser muy desfavorable para los países del Mercosur; para Brasil y también para la Argentina. Lo que pasa es que este grupo gobernante, más allá de algunos negocios particulares, está muy identificado con algunos rasgos generales del proceso capitalista mundial. Y eso tiene que ver con la financierización, el desarrollo de las grandes corporaciones. El señor (Mauricio) Macri ha sido directivo de una empresa como Sevel, que era Peugeot-Fiat. Y hoy no hay duda de que la negociación que están haciendo con la UE por la industria automotriz va a hacer que buena parte de la industria argentina del sector termine desplazándose a Brasil y nos quede posiblemente la especialización en las pick-ups. Y de autopartes ni hablar.
-¿Sería otra forma de integración?
-Exactamente. Sería la producción en distintas partes, algo que tiene que ver más con la globalización que con una integración pensada para lograr un desarrollo sustentable. Es una integración que supone una gran reprimarización sin un desarrollo de cadenas productivas o de valor que transformen a la región en un espacio con fortaleza, con posibilidad de negociar con alguna fuerza contra los otros espacios que se están creando y que son más poderosos.
-Lo curioso es que para este eje globalizador del que estamos hablando, con Macri y Michel Temer en el poder, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca no sería una buena noticia. Con Trump no tienen ninguna para ganar, como se ve con el biodiesel o los limones.
-En ciertos términos es claramente contradictorio lo que ocurre. Por eso en el caso argentino es tan evidente en los pasos de contradanza que da el gobierno, que hace una cosa a favor de los Estados Unidos, mientras ellos hacen exactamente la otra. Por ejemplo, hacen una reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que abre el presidente destacando la importancia del libre comercio. Y el representante de EE UU dice la OMC no sirve para nada, es una porquería y que lo peor es el órgano de resolución de controversias. Algo que si lo miramos en la perspectiva de un país en desarrollo, para lo único que ha servido la OMC es por el mecanismo de solución de controversias. Estos gobiernos intentan una propuesta en un mundo que va hacia otro lado. Lo que pasa es que esa aparente contradicción en el fondo no es tal. Lo sería si ellos buscaran el desarrollo sustentable del país y su socio en el modelo neoliberal no responde como debiera hacerlo. Porque vemos que le rechaza el biodiesel, que son 1300 millones de dólares, y nos venden cerdos pero siguen sin aceptar la carne. Sin embargo, lo que parece que es central para el gobierno es el desarrollo de cuatro aspectos que para ellos son centrales y pasan por otro lado.
-¿Cuáles son esos aspectos?
-En primer lugar el aspecto financiero. En segundo lugar la industria agroexportadora, hidrocarburos o energía en un sentido más amplio, y turismo. Eso es lo central en este gobierno. Y por supuesto, el endeudamiento.
-¿Pero en lo que hace a la industria agroexportadora no somos competidores de EE UU?
-Somos competidores pero en terceros mercados. Al contrario, ahora estamos trayendo soja de EE UU para favorecer a la industria de la molienda.
-¿El endeudamiento también formaría parte de ese proyecto financiero del gobierno?
-Es lo que están haciendo. El gobierno acaba de gastar 1400 millones de dólares para sostener la moneda. ¿Cómo siente a eso el gobierno? Es un récord extraordinario, lo que pasa es que los que están fugando el dinero son ellos mismos. Son sus empresas, son sus socios, son los que están en el gobierno. Es como el debate por las tarifas. Yo miraba el debate en Diputados y para mí es un debate imposible. El gobierno quiere aumentar las tarifas porque los que quieren aumentar son los funcionarios, que son empresarios o empleados de los dueños de las tarifas. Ellos quieren ganar plata, y que los aumentos los paguen los usuarios, así de sencillo. Su pelea por aumentar las tarifas es una pelea por aumentar sus ingresos, por aumentar sus sueldos. Lo que es un escándalo es que los que están manejando las tarifas sean los dueños de las empresas, que en muchos casos son monopólicas u oligopólicas de prestación de servicios.
-Hay legisladores de todos los sectores que son también afines a esta política.
-Es verdad. De todas maneras creo que se va tomando un cierto impulso. Aunque en este debate aparecen cosas muy interesantes. Entre otras cosas, el presidente dice que consumimos mucha más energía que los otros países. Ahora, todo el mundo sabe que el consumo de energía per cápita es uno de los indicadores más importantes del grado de desarrollo y bienestar de una sociedad. Para el gobierno el asunto es al revés. Es como si dijeran «consumimos demasiadas calorías, comamos la mitad así gastamos menos en alimentos». Pero así vamos a tener una población más desnutrida. Esto es lo mismo. El tema pasa por disponer de energía a precios razonables. Y en este país eso existe.
Tiempo Argentino, 26 de Abril de 2018
por Alberto López Girondo | Abr 21, 2018 | Sin categoría
La imagen del teólogo de la liberación Leonardo Boff a un costado de la puerta de ingreso a la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde está alojado el expresidente Lula da Silva, es como para un cuadro naturalista. De campera roja y sentado en un asiento de calle, sus brazos apoyados en el bastón y la mirada perdida, ilustran el desasosiego de un hombre que ya había sido condenado al silencio por Joseph Ratzinger, un futuro Benedicto XVI, por su interpretación de la Iglesia católica en favor de los pobres.
Al igual que el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, debieron quedarse a esperar un permiso que nunca llegó para ver al mandatario brasileño detenido el 7 de abril. Lula no sólo está detenido en el marco de una acusación que considera injusta, sino que el líder político más importante de la historia brasileña está a merced de la voluntad de la jueza federal Carolina Lebbos, que es quien autoriza las visitas.
Había ocurrido ya con nueve gobernadores que intentaron abrazar al exdirigente metalúrgico y debieron esperar el permiso de ingreso.Lo que sirve de demostración para los partidarios del político que encabeza todas las encuestas para las elecciones de octubre de que castigan a Lula, tratan de bloquear su posibilidad de presentarse como candidato, pero sobre todo lo quieren mantener aislado.
Pérez Esquivel había tratado de ver a Lula el miércoles y el jueves, pero en ambas ocasiones la puerta del penal permaneció cerrada. El Nobel argentino había hecho dos pedidos, una visita como amigo del exmandatario y la otra como presidente del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
En este caso, pidió inspeccionar las condiciones de la prisión para que se cumplieran las «Reglas de Mandela», un protocolo de la ONU para el tratamiento de presos que establece principios como el respeto a la dignidad humana y la prohibición de la tortura y cualquier trato cruel, inhumano o degradante. «Se deberán reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad», dice en uno de sus puntos centrales.
Pero Lebbos, jueza sustituta de la 12ª Circunscripción Federal de Curitiba, que también se encargó de supervisar la ejecución de la condena al empresario Marcelo Odebrecht, sostiene que ¨no hay indicios de violación de los derechos de los custodiados en el establecimiento que se pretende inspeccionar¨.
La magistrada respondió que no desprecia las Reglas de Mandela pero se escuda en que son solo recomendaciones, ¨no imposiciones¨. Más aún, indica que Serpaj no es un organismo fundado en el tratado de Derecho Internacional y no integra la ONU.
Genéricamente, Lebbos se excusa de otorgar el permiso de inspección en que ¨la repetición de esas verificaciones (de las que ya se hicieron tres petitorios) es incompatible con el funcionamiento de la PF y dificulta la rutina de la Superintendencia en relación con los presos¨.
Por tal razón, informó que autoriza visitas de familiares y de abogados los jueves que sean días hábiles y fines de semana. En cuando a los que intenten hablar con Lula para testimoniarle su afecto y su apoyo, responderá caso por caso y a voluntad, ya que entiende que la pena implica una restricción a visitas de políticos.
La situación procesal de Lula, mientras tanto, está pendiente de nuevos recursos en estrados judiciales. Pero sorpresivamente un juez del Supremo Tribunal de Justicia, Marco Aurelio Mello, dio lugar a un pedido del Partido Comunista do Brasil para declarar anticonstitucionales las prisiones con fallos de cámara, antes de una sentencia firme fundada precisamente por la Corte.
De haber una acordada en tal sentido, esto implicaría la liberación de Lula y de varios detenidos por la causa Lava Jato. Y también de un reo muy vinculado al exmandatario, José Dirceu. El que fuera jefe de Gabinete en el primer gobierno del metalúrgico luego de haber articulado las alianzas que le permitieron llegar al gobierno en 2003, había sido condenado a 20 años y diez meses acusado por delitos de corrupción. Ahora una cámara de segunda instancia aumentó la sentencia a 30 años, nueve meses y diez días.
Aecio Neves, hasta las manos
Los mismos que colaboraron especialmente para la destitución del Dilma Rousseff y la demonización de Lula da Silva, operaciones para las que el excandidato del PSDB AecioNeves fue una pieza clave en el Congreso, ahora cuestionan ácidamente al senador. No por moralistas, sino porque como ocurre con la revista Veja, temen que su complicada situación procesal termine por afectar la campaña presidencial del exgobernador Geraldo Alckmin, del mismo partido y el crédito de los medios hegemónicos para suceder a Michel Temer.
Neves perdió por poca diferencia contra Rousseff en 2014 y desde entonces participó de la estrategia de desgaste sobre su gobierno. Luego encabezó el voto para su destitución en el Senado. Ahora, acusado por haber solicitado una coima de dos millones de reales (unos 590 mil dólares) al empresario de la carne Joesley Batista, será juzgado por el Supremo Tribunal brasileño en causas por corrupción y por obstrucción a la justicia.
La ironía es que el dinero, según cuenta en la grabación subrepticia que le hizo Batista, de la familia propietaria del mega-frigorífico JBS, era para pagarles a los abogados que lo estaban defendiendo en otras siete causas por corrupción.
Tiempo Argentino, 21 de Abril de 2018
por Alberto López Girondo | Abr 14, 2018 | Sin categoría
En Curitiba no lo quieren a Lula. O más bien, incomodan los cientos de Lula que están acampando en cercanías de la sede policial donde el expresidente quedó alojado el 7 de abril para cumplir la condena de 12 años y un mes de prisión. La prefectura, lo que en Argentina se conoce como municipio, pidió a la Justicia Federal que trasladen al exdirigente metalúrgico a otro lugar, que no indicaron, porque alegan que están sobrepasados por todo lo que genera la presencia del exmandatario.
Desde que Luiz Inácio da Silva se entregó a las autoridades, no sólo se levantó un campamento, que recibe el nombre de Lula Libre, en un cruce del barrio Santa Candida, a unos 200 metros del cuartel de la Policía Federal donde el juez Sergio Moro ordenó acondicionar una celda especial para alojarlo.
«En este país todo funciona a presión y por eso estamos acá», dijo a la prensa Roberto Baggio, coordinador del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) del estado de Paraná.
El desfile de militantes, activistas y dirigentes es desde entonces incesante, aunque Moro no dio luz verde para que todos los que van a Curitiba puedan visitar al insigne preso. Así, negó el ingreso a nueve gobernadores que lo fueron a visitar y sólo pudo ver a su familia el jueves.
El caso rompe con la monotonía de una ciudad no acostumbrada a esos avatares, lo que llevó a las autoridades comunales a sumarse a un reclamo del Sindicato de Comisarios de la Policía Federal de Paraná. En un comunicado, los agentes se excusaban de que con Lula allí adentro no pueden atender al público «con la seguridad y agilidad necesarias». El edificio está acordonado con policías que impiden el ingreso y además, dejan de cumplir otras funciones burocráticas. Ellos, sin embargo, sí sugieren dónde llevarlo: a un recinto especial de las Fuerzas Armadas.
Con todo el proceso judicial y la posterior detención de Lula salieron a la luz las graves diferencias que atraviesa la sociedad, la «grieta brasileña». Algo de eso se vio en el audio de los efectivos que llevaron a Lula desde San Pablo a Curitiba el sábado pasado donde se escucha que alguien le dice al piloto del helicóptero «tira esa basura por la ventana» y «no lo traigas nunca más». La pregunta ahí no es tanto quién dijo qué, ya que podría haber pasado por una broma interna, sino quién lo difundió y con qué objetivo.
Ese clima de rencor fue analizado por el portal Brasil de Fato <www.brasildefato.com.br> en un artículo donde la psicoanalista Maria Rita Kehl señala que si bien el odio es un sentimiento común al género humano, lo que se ve en este Brasil «engrietado» es que «no existe confianza en las instituciones democráticas como para que haya un destino político para ese odio». El riesgo, teme, es terminar como la Alemania de los ’30, donde «una parte de la clase media-baja que sufría con la hiperinflación encontró un salvador de la patria autoritario que resolvería el problema».
Hoy ese salvador se percibe en Jair Bolsonaro, el exmilitar que homenajea al golpe de 1964 y celebra al torturador que se ensañó con Dilma Rousseff. En estos días se conoció una nueva encuesta de Data Folha, la consultora ligada al diario paulista, en la que hay dos opciones. En una Lula encabeza las voluntades con un 34% de los votos y Bolsonaro está segundo con el 16%. Pero cuando entre los aspirantes no figura el expresidente, Bolsonaro trepa al 18%, seguido por la exministro de Medio Ambiente de Lula, Marina Silva.
La lucha en el Parlamento, mientras tanto, va por otros carriles. Los legisladores de izquierda pidieron que se agregue el nombre de Lula al suyo propio. Así, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffman, pretende que la llamen «Gleisi Lula Hoffman». Otros congresistas pidieron lo mismo bajo la consigna del detenido creador del PT, quien instó ante la multitud reunida frente al Sindicato Metalúrgico de San Bernardo do Campo que «todos ustedes deberán ser Lula».
Desde ese oficialismo tenue que respalda a Michel Temer, el que blandió la espada fue José Medeiros, quien dijo que «si hay que dividirse en dos lados, entre el preso y el juez, yo prefiero estar del lado del juez». Se le sumó el diputado Sóstenes Cavalcante, que quiere incluir a Moro como su segundo nombre.
La batalla en ese terreno incluirá, según se supo, que el PT y los otros partidos afines de la izquierda como el comunista de Brasil (PSdoB), el Socialismo y Libertad (PSOL) y el Democrático Laborista (PDL) bloqueen todas las iniciativas que lleguen a las cámaras hasta que Lula recupere su libertad.
La derecha, al decir de esa coalición «lulista», abrió un proceso de criminalización que resulta inadmisible en democracia. Señalan que sufrieron denuncias insólitas de la bancada del Partido de la República y de Consejo de Ética del recinto por «atentado al decoro parlamentario». Ivan Valente (PSOL) y Erika Kokay (PT), por ejemplo, fueron acusados de injuria y difamación contra el presidente Temer en discursos sobre tablas.
«Hay una lógica fascista de eliminar al otro porque discrepa en la forma de ver el mundo o políticamente que crece de forma mucho más nítida y desenvuelta ahora porque estamos en una ruptura democrática», señaló Kokay.
Jean Wyllys (PSOL), en cambio, fue acusado de apología de los narcóticos y de perversión porque en un reportaje dijo, irónicamente, que si el mundo se estuviera terminando, aprovecharía para consumir todas las drogas ilícitas y tendría sexo con quien le diese en gana.
Desde el punto de vista leguleyo, en tanto, los abogados de Lula presentaron un nuevo recurso ante el Supremo Tribunal Federal para la inmediata libertad del expresidente. El argumento es que Moro no podía decretar la prisión de Lula antes de que se agotaran todos los recursos ante el Tribunal Regional de Paraná.
La titular de la Corte, Carmen Lucia Antunes, cuyo voto fue decisivo para denegar el hábeas corpus del líder del PT la semana pasada, y a la que se le atribuyen veleidades políticas, tendrá ocasión de ejercer el cargo de presidenta por unos días. Es que con el viaje de Temer para la alicaída cumbre de Lima, es la sucesora constitucional tras el desbarajuste en que están las instituciones luego del golpe parlamentario del 31 de agosto de 2016. Difícilmente cambie su voto contrario a Lula.
Tiempo Argentino, 14 de Abril de 2018
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