por Alberto López Girondo | Ago 19, 2018 | Sin categoría
Son estas horas desesperadas para los golpistas que destituyeron a Dilma Rousseff en 2016 y tratan de enterrar bajo siete lápidas al exmetalúrgico Luiz Inácio da Silva. El gobierno de Michel Temer se apuró a rechazar la orden del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que se autorice la candidatura del hombre que lidera todas las encuestas para las elecciones de octubre bajo el argumento de que «es una recomendación no vinculante».
Toda una estantería leguleya indica que se trata de una exigencia a ser acatada ya que el país es miembro pleno de ese organismo y no hacerlo implicaría que Brasil –que tiene el privilegio de abrir la Asamblea General de cada tercer martes de setiembre desde 1946– se convierta en un paria internacional.
El texto emitido el viernes por la ONU exige al Estado brasileño «las medidas necesarias para permitir que el autor (Lula) disfrute y ejerza sus derechos políticos desde la prisión, como candidato en las elecciones presidenciales de 2018, incluyendo el acceso apropiado a la prensa y a los miembros de su partido político, ya que no tiene sentencia firme».
La Cancillería brasileña se quejó de no haber sido informada de la deliberación sobre ese caso, cosa que no es tan así ya que hace tiempo representantes del PT habían adelantado que presentarían ese recurso si se le cerraban las puertas a la postulación.
Ahora la pelota está en manos del Tribunal Superior Electoral y específicamente del relator de su caso ante ese estrado, el juez Luis Roberto Barroso. El miércoles pasado, al PT inscribió la fórmula Lula- Fernando Haddad, y a fin de mes a más tardar el TSE debe aceptar o impugnar al dúo, amparado en la Ley de Ficha Limpia, ya que el exmandatario está preso desde el 7 de abril. Nada indica que Lula sea aceptado.
Este viernes se produjo el segundo debate presidencial en la RedeTV. El canal anunció que todos habían sido convocados, incluso Lula, que no obtuvo el permiso para asistir ni para intervenir desde su celda con una cámara. Una de las presentadoras del evento, la periodista Amanda Klein, informó que habían planeado poner nueve tarimas para los postulantes a la presidencia, pero que salvo Guilherme Boulos, los demás rechazaron que quedara una silla vacía porque se trata de un reo por corrupción al que incluso Jair Bolsonaro, el ultraderechista, tildó de «bandido».
Pero esa ausencia fue de algún modo el eje del debate y lo será en los futuros comicios.
Tiempo Argentino, 19 de Agosto de 2018
por Alberto López Girondo | Jul 8, 2018 | Sin categoría
El descalabro político y judicial en que está sumido Brasil y que se comenzó a hacer más evidente con la destitución de Dilma Rousseff, quedó expuesto como nunca este domingo. El viernes, tres diputados del Partido de los Trabajadores (PT), Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, presentaron un pedido de habeas corpus ante el juez Rogerio Favreto, de turno en el Tribunal Federal número 4 (TRF 4).
El magistrado ordenó la inmediata liberación de Lula da Silva al director del la Policía Federal de Curitiba, donde el ex presidente brasileño cumple la prisión a que lo condenó el juez de Paraná, Sergio Moro, por la presunta titularidad de un departamento en Guaruja como pago de una coima de una empresa constructora. Un delito que no solo no quedó debidamente probado -el juez se basó en la «presunción» del fiscal que investigó el hecho, Deltan Dallagnol y el inmueble no está a su nombre- sino que además todavía no tiene sentencia firme de la Corte Suprema.
Para Favreto, la precandidatura a presidente de Lula como representante de un espacio político, cambia el eje de la detención, que data de abril pasado. Y eso ameritaba la inmediata liberación porque estando privado de su libertad no iba a poder cumplir su aspiración de volver al Palacio del Planalto.
Según indican los especialistas en derecho de Brasil, la orden de liberación debe ser cumplida en forma inmediata por la Policía Federal, del mismo modo con que se dispusieron a cumplir con la orden que diera Moro para apresarlo.
Pero Moro, a esta altura un enemigo declarado de Lula envuelto en el ropaje de un enconado perseguidor de la corrupción en su país, envió una orden en contrario a la PF desde Portugal, donde está de viaje-vacaciones.
Cierto es que el alerta al polémico juez de Paraná le llegó de inmediato por la prensa y seguramente por whatsapp de sus allegados, pero también por el pedido de instrucciones del jefe policial, que ya se había manifestado como muy poco amigo del PT en su oportunidad.
La respuesta de Moro causó escozor en los partidarios del ex líder metalúrgico, que se aprestaban a cumplir con el requisito acordado con Favreto de que saliera en forma discreta y sin movilizaciones que garamntizaran el trabajo pacìfico de las autoridades policiales.
Es así que Moro emitió una orden desde su lugar de vacaciones alegando que la orden de Favreto no debería cumplirse porque no tenía competencia para liberarlo. Algo insólito para la justicia brasileña porque Favreto es juez de segunda instancia y Moro de primera.
Por eso Favreto volvió a insistir en otro despacho que la orden debería cumplirse en un plazo perentorio. Sin embargo, el cauce de esta posible liberación encontró en el camino al relator de ese mismo TRF 4, Joao Pedro Gerán Neto, quien revocó la nueva orden de Favreto.
Ante el desbarajuste, la PF, que no tenía ninguna gana de soltar al candidato que lidera todas las encuestas para la elección de octubre, dejó que se rompieran los cuernos en los tribunales y amparados en ese desconcierto, que todo quede como estaba hasta que aclare el temporal.
De allí el nuevo tuit de Gleisi Hoffman, la presidente del PT para manifestarse en las calles de Curitiba en reclamo de la libertad del dos veces presidente de Brasil.
No es la primera vez que Moro reacciona desconociendo medidas del Poder Judicial y ya tuvo varios topetazos con sus superiores. Hace dos meses el Supremo Tribunal Federal (STF) le había sacado parte de la investigación por coimas de Odebrecht alegando que se estaba extendiendo en su jurisdicción que la los presuntos delitos se habían cometido en Brasilia y no en Paraná.
En junio, emitió otro fallo declarando inconstitucional la convocatoria coercitiva de un imputado que está sometido a derecho. Fue la forma en que Moro había llevado por la fuerza a declarar a Lula, un hecho televisado por las cadenas enemigas del PT con particular lujuria, y protestado por los defensores del expresidente señalando que nunca se había negado a acudir a llamado de la justicia.
Esos mismos medios que endulzan los oídos de Moro, son los que ahora deslizan la sospecha de que Favreto actuó como lo hizo porque fue afiliado al PT y cumplió funciones en gobiernos «trabalhistas» de Porto Alegre y con el mismo Lula en su primer mandato, lo que le augura un futuro de rispideces en el Poder Judicial y muchas más en la prensa hegemónica.
Para el gobernador de Maranhao, Flavio Gino, el entredicho judicial muestra un escándalo sin proporciones, al menos en la vida democrática de su país. Gino, que antes de postularse a la gobernación fue juez, a través de un tuit señaló que «en los tiempos en que había alguna consistencia y coherencia en el Derecho practicado en Brasil, solamente un órgano colegiado podía revocar una orden de Habeas Corpus de un desembargador (juez de segunda instancia). Con la ultrapolitización de la justicia, tenemos este vale todo deplorable».
En otras declaraciones puntualiza que «en 28 años de actuación profesional jamás vi una cosa igual (…) ahora vale todo y prevalece la ley del más fuerte, incluso si eso implica la muerte del Derecho. Las consecuencias políticas de este amontonado de casuismos es baja credibilidad en las instituciones, quiebra de la legitimidad del poder del Estado, vaciamiento de las elecciones, empeoramiento de los conflictos sociales. Basta leer las encuestas para constatarlo».
Junto con Gino, 125 juristas señalaron que las trabas interpuestas por Moro y Gerán Neto a la libertad dictaminada por Fevrero implica cometer el delito de prevaricación, previsto en el artículo 319 del Código Penal aplicable en la hipótesis de desobediencia a una orden judicial practicada por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones
Si algo faltaba para agregar a esta columna es que Favreto, picado por la decisión de Gerán Neto, que sigue la línea de Moro, volvió a emitir un fallo en que ordenaba la liberación de Lula a la mediatarde y la detención de Moro y del jefe policial Roverval Drex por desacato.
Horas más tarde, era evidente que todos tiraban la pelota a la tribuna con el objetivo de que pasara el tiempo y finalizara el horario del turno de Favreto, que era a las 11 de la mañana del lunes.
Por las dudas el ministro de Seguridad Pública de Michel Temer, Raul Jungman, dijo que Lula no sería liberado y que el presidente del TRF4, Carlos Eduardo Thompson Flores, estaba enviando una orden en tal sentido al jefe de la Policía Federal.
Como en las viejas novelas de suspenso…continuará.
Tiempo Argentino, 8 de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jun 8, 2018 | Sin categoría
Como viene ocurriendo desde que volvió la ola neoliberal, Venezuela es chivo emisario en la OEA. Y esta 48 Asamblea General del organismo con sede en Washington no fue la excepción. La embestida contra el gobierno de Nicolás Maduro no logró consensuar un documento para la suspensión del país bolivariano, acusado de no respetar la democracia, aunque curiosamente el texto que obtuvo 19 votos desconocía el resultado de las elecciones del 20 de mayo pasado. El adalid de esta arremetida sistemática es Luis Almagro, ex canciller uruguayo y representante de un gobierno progresista como el del Frente Amplio (FA), alguien del que no se esperaba la actitud que tomó luego de asumir su cargo, en mayo de 2015.
La pregunta que muchos se hacen es ¿qué le pasó a Almagro? Y Tiempo Argentino le trasladó esa inquietud a Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista de Uruguay, que integra el FA, en el gobierno uruguayo desde hace 13 años
«Nosotros estamos ante solo un problema con Almagro -plantea Castillo, militante sindical y máximo dirigente del PCU desde junio de 2017- «¿se vendió ahora o era un infiltrado antes? Ese es el único problema. Lo que no dudamos es en calificar el triste y desgraciado papel que está haciendo ahora como de «delivery del imperialismo». Él anda pa´todos lados, de avión en avión, tratando de llevar la palabra del imperio. El triste y desgraciado papel de un tipo que supo estar en las filas de un gobierno de izquierda. Un papel vergonzante y pido disculpas por eso».
Castillo es crítico de la actual situación y lamenta el retroceso que se vive en cada uno de los países. Al mismo tiempo, admite que Uruguay no la tiene fácil con dos vecinos poderosos y en problemas, como Argentina y Brasil, cada uno con las diferencias que implica un proceso democrático y otro que para girar a la derecha necesitó de un golpe institucional. Por eso propone y practica la autocrítica y el debate político. «Uruguay está obligado a una búsqueda de mercados, tenemos que negociar por nuestras propias cuenta, sin el Mercosur. Hay debates fuertes sobre si es mejor tener tratados de libre comercio con Chile por ejemplo, con el que nosotros no estamos de acuerdo», dice.
-Durante los gobiernos de Dilma y Cristina se habló de esa posibilidad y hubo quienes insinuaban que era una forma de cortarse solos. En este momento, en vista del acuerdo que quieren apurar los socios mayores con la Unión Europea, quién les puede decir algo, ¿no?
-El sueño de nuestros próceres era ir hacia una integración regional más amplia, que tome toda la región. No olvidemos que el Mercosur se gestó con gobiernos neoliberales. Luego vino la ola de cambios por la movilización popular en Nuestra América que generaron las condiciones para un avance de dirigentes identificados con la izquierda y las luchas sociales, y sin embargo no la aprovechamos. En esto no le podemos echar la culpa a nadie. Estoy haciendo una parte de autocrítica, me pongo por dentro y no por fuera.
-¿A qué se refiere?
-No supimos aprovechar esos cambios para contribuir mejor a solidificar esos procesos y avanzar en mejoras económicas para nuestro pueblo, mejor distribución de la riqueza, más justicia social, profundizar la integración. Hoy tenemos un retroceso de los movimientos populares y un avance de las clases dominantes que quieren reapropiarse otra vez de los procesos políticos regionales. Por eso nos duele en el alma no haber tenido esa capacidad.
-¿La acrítica es hacia los gobiernos de Uruguay o del resto de la región?
-Yo sé que hay debates que no se cerraron y hay que poder hacer una síntesis de esta etapa. No trato de ver las carencias nuestras como producto de los vecinos. Pero uno podría decir «nos debemos un debate» a nivel de todo el continente. Hemos tenido una oportunidad histórica que no hemos aprovechado. Uno no es inocente y no niego el papel que han tenido las clases dominantes.
-Los rivales también juegan.
-Efectivamente, porque además de haber mantenido su poder económico, el control de los medios de producción, el manejo de los aparatos burocrático y militar en nuestros países, tienen en propiedad más del 90% de los grandes medios de comunicación y, además, no tienen escrúpulos. Les importa poco el formato que adquiera en cada uno de los países con tal de desplazar al gobierno popular, utilizando el peso de esos medios de comunicación y el servilismo ideológico de los comunicadores o utilizando en muchos casos el aparato de la justicia, vendiéndote la independencia del poder judicial pero incidiendo directamente en los cambios políticos, jugando para esa derecha, como sucedió en Paraguay para desplazar a Lugo, o en Brasil para destituir a Dilma, o para dejar preso Lula por cosas que no han podido comprobar. No tiene escrúpulos en la clase dominante para hacerle el juego el imperialismo, son testaferros y así juegan ese papel.
¿A esto se refiere con que se cometieron errores?
-Está claro que en política nadie es perfecto, pero hay que tener la capacidad para corregir esos errores a tiempo. Sobre todo hay que evitar la confusión en la cabeza de nuestro pueblo, al que intentan a cada rato decirles «son todos iguales». Todos los partidos, todos los dirigentes políticos son iguales, algo falso y peligroso, porque el día que nuestra población piense eso les da lo mismo un gobierno, un dirigente o un partido que otro, lo mismo tener democracia que no tenerla.
-Lo mismo ser gobernados por CEOS o por militares.
-Este es tal vez el desafío más grande que tenemos. Por eso desde el FA y de nuestro gobierno tenemos un desafío enorme para poder suplir esas carencias, poder corregir urgentemente errores que hemos cometido. Pude equivocarme yo, pero eso no hace que el FA este equivocado. Es todo perfectible y se puede mejorar cada vez más. Uruguay hoy puede demostrar que los uruguayos estamos mucho mejor que con los gobiernos neoliberales, hemos generado puestos de trabajo, hemos podido recuperar poder adquisitivo, se han devuelto cantidad de derechos en leyes y con inclusión social, se ha mejorado la enorme brecha de la desigualdad social. Pero todo esto hay que tenerlo como un apunte de una larga escalera en la que solamente hemos subido un par de peldaños.
-¿De qué manera influyen los medios hegemónicos y los comunicadores serviles, como los llamó?
-Según una encuesta, el 85% de nuestra población se informa con los noticieros centrales de nuestra televisión. Esto quiere decir que lo que esté pasando en ese aparato entre las 20 y las 21 es lo que va a quedar. Vos te pasas todo el día militando, luchando, peleando, tratando de combatir, de enfrentar por la vía política y la lucha social esta situación que ha generado el capitalismo y la clase dominante y en una hora te lo dan vuelta como una media. Lo que no pasa por la televisión no existe y todo lo que aparece es la pura verdad. Hoy pasa que un periodista te pide una entrevista y vos acomodás la agenda para poder darle una hora, y en vez de participar en una entrevista prácticamente estás en una interpelación. Te da debate a tu respuesta. Y él tiene todo su derecho a pensar como piensa, pero es la opinión de él y el entrevistado soy yo. He tenido que abandonar entrevistas por esta razón.
-Es algo muy común en los medios actuales.
-Pasa en Uruguay y pasa en un momento muy particular donde hay una profundización de la lucha de clases: cuando lograste resolver las contradicciones más gruesas las clases populares comienzan con una demanda que se da de bruces con la concepción económica y productiva que existe en nuestro país. Vamos por un tercer período consecutivo de gobiernos de izquierda pero sigue siendo un país capitalista, por lo tanto sigue habiendo explotados y explotadores.
-¿De qué modo ahora las demandas son distintas a las del 2005?
-El 2001 ocurrió no solo en Argentina sino en toda América del Sur. Me acuerdo que en aquel entonces yo participaba en movilizaciones y reclamos para que las empresas de transporte dieran cupos gratis y los compañeros pudieran ir y venir del trabajo en colectivo aunque escaseara la plata. Quince años después para muchos el problema es que no tienen dónde estacionar el auto y se quejan de los trancazos en las rutas. Esta bueno que mejoremos, porque es una condición humana, un obrero merece tener un vehículo propio, su casa propia. A condición de que no olvide de dónde salimos, de dónde venimos, que valore políticamente lo que tenemos. Y desde lo que tenemos es que debemos mejorar y no caer en la trampa de la sociedad de consumo y quejarme porque no tengo lo que nunca tuve y me enoje con el proceso político sin integrarme.
-¿Cómo se plantea eso dentro del FA y en el PCU específicamente?
-Es parte de una lucha ideológica. Somos 28 partidos, movimientos y sectores dentro del FA. Hace 47 años que nos dimos cita en este espacio para desplazar a la derecha, a la clase dominante, a la gran burguesía. Algunos están conformes así y otros como nosotros queremos ir más allá y construir el socialismo. Obvio que esto es un proceso de acumulación de fuerzas. Este no es un gobierno para los trabajadores o los pobres, es un gobierno con los trabajadores y el pueblo para seguir avanzando. Ese es un debate y aspiramos a retener el gobierno en el 2019, de no lograrlo sería trágico para nuestro pueblo. La restauración de la clase dominante sería de una implacable persecución de las conquistas que hemos logrado.
Tiempo Argentino, 8 de Junio de 2018
por Alberto López Girondo | May 12, 2018 | Sin categoría
La presión nada indirecta de otro general brasileño terminó por «convencer» a los jueces del Supremo Tribunal de Justicia brasileño de que no había que concederle la libertad al expresidente Lula da Silva. Esta decisión se produce justo cuando se conocieron documentos del Departamento de Estado que prueban que el exdictador Ernesto Geisel no sólo conocía las violaciones a los Derechos Humanos que cometió el régimen instaurado en 1964 (dato siempre minimizado) sino que personalmente ordenó el asesinato de varios militantes opositores.
El STJ tenía que dictaminar sobre un recurso planteado por los abogados del exmetalúrgico, arrestado desde el 7 de abril en Curitiba por orden del juez Sergio Moro en una causa por la presunta coima de una empresa constructora. El fallo inicial fue confirmado en segunda instancia por una Cámara, pero el planteo de la defensa de Lula es que no cabe constitucionalmente una detención antes de que haya sentencia firme en la Corte.
Curiosamente, el alegato se basó en un reclamo de una agrupación de derecha, el Partido Ecológico Nacional (PEN) para que espere la ejecución de la pena hasta que no existan más recursos judiciales, cosa de respetar el derecho a una amplia defensa. Pero los propios dirigentes del PEN se mostraron arrepentidos de semejante presentación, muy previa a la prisión de Lula, ya que, dijeron, lo que menos querían era ayudar a la izquierda. De todos modos, había una demanda en términos similares de la Orden de Abogados de Brasil que también fue rechazada.
Uno de los jueces que tenían que decidir (la votación fue 5 a 0), Celso de Mello, rechazó el encarcelamiento de encausados en segunda instancia, pero votó en contra del exmandatario para este caso. Y tal vez su ambigua explicación tenga que ver con un tuit del general de Brigada Paulo Chagas, candidato al gobierno de Brasilia. «Cuidado con la cólera de las multitudes», alertaba desde un título en letras mayúsculas, para advertir luego: «Hasta el día 10 de mayo sabremos si Gilmar, Lewandoswski y Toffoli tomarán el partido de Brasil o el del crimen. Quieren boicotear el Lava Jato o hacer justicia?», decía.
Esos eran los magistrados que todavía no habían decidido su voto ¨es electrónico y adelantado¨, lo que implicaba que no estaba seguro de que Lula siguiera en prisión. Chagas, un militar retirado del arma de Caballería, ya venía lanzando consignas desde su blog personal, con un profundo desprecio por Lula, «el criminal y comparsa de tantos que lo adoptaron como modelo». Ese tuit fue la última señal que necesitaban los jueces para depositar su voto, parece.
Este viernes, en tanto, salió a la luz un archivo desclasificado del Departamento de Estado donde aparece un informe de la CIA del 1 de abril de 1974 en el que el general Ernesto Geisel ¨quien gobernó entre ese año y 1979, y que había pasado a la historia como un apaciguador de los más sangrientos uniformados¨ «le dijo al general Figueiredo que la política de ejecuciones debería continuar, pero que se debían tomar reparos para asegurar que sólo subversivos peligrosos fueran ejecutados», según detalla el telegrama enviado por un agente a sus jefes en Langley.
El general João Baptista Figueiredo era en ese momento jefe de la agencia de inteligencia brasileña y sería sucesor de Geisel. La orden, puntualiza el documento, surge luego de que Figueiredo le informa a Geisel que en el anterior gobierno militar, a cargo de Emilio Garrastazú Médici, habían sido ejecutados 104 opositores.
La primera que dijo algo sobre esto fue Dilma Rousseff, expresidenta y en los ’70 detenida política. Señaló que ahora queda más claro aun que sus camaradas de lucha habían sido «ejecutados (y que) los asesinatos políticos fueron decididos o refrendados por el Palacio». Y a continuación llamó a repudiar a los defensores de la vuelta de la dictadura.
Desde esa vereda, el también exmilitar Jair Bolsonaro, que aspira a la presidencia del país, primero analizó en una entrevista con Folha de Pernambuco en qué contexto se escribió el informe. «Yo creo que sé lo que le pasó a este agente de la CIA. Cuántas veces uno dice ‘te voy a matar, te voy a reventar a patadas’. Seguramente escuchó esta conversación e hizo el informe». Por si esto no bastara, trató de justificar el golpe con estas palabras. «¿Quién nunca le dio una palmada en el culo a un hijo y luego se arrepintió?». «
Paramilitares detrás del crimen de Marielle
Un concejal, un policía militar y un expolicía están siendo investigados como sospechosos del asesinato de Marielle Franco, la concejala de Río de Janeiro que fue acribillada a balazos el 14 de marzo pasado. Al menos esto se desprende de la información que dio el ministro de Seguridad Pública, Raul Jungmann.
De acuerdo con esta versión, la activista social (que salía de un encuentro donde se cuestionaba la policía de intervención militar en la ciudad de Río de Janeiro) fue baleada desde un Chevrolet que se le cruzó al auto en que viajaba junto con un acompañante y el chofer, Anderson Gomes, que también falleció en el ataque.
Para el ministro, los atacantes fueron un agente de la Policía Militar y un expolicía que integra una milicia paramilitar que opera en el barrio de Ramos, al norte de Río de Janeiro. El autor intelectual sería el concejal del conservador Partido Humanista de la Solidaridad, Marcello Siciliano.
Los paramilitares, mayoritariamente exagentes policiales, extorsionan a vecinos y comerciantes a cambio seguridad en sus barrios. También se encargan de ejecuciones por dinero. Marielle había combatido estas prácticas y también contra los abusos policiales en las favelas cariocas.
Tiempo Argentino, 12 de Mayo de 2018
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