Las revelaciones del sitio The Intercept sobre la manipulación del exjuez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol para encarcelar a Lula da Silva, que causaron un terremoto en el sistema político-mediático-judicial de Brasil, alientan también al dos veces presidente brasileño a volver al ruedo para reparar «esas cosas que hicimos mal» y concretar las que no se hicieron durante las gestiones del PT, entre 2003 y 2016.
Fue en un extenso reportaje concedido al Canal TVT, la televisión de la Central Unica de Trabajadores (CUT) de San Bernardo do Campo, la localidad paulista en la que Lula se forjó como dirigente gremial y donde tiene la única vivienda registrada a su nombre. Allí, Luiz Inácio Da Silva desafió a Moro y Dallagnol a un debate por la red O Globo en el horario que ellos decidan, «yo solo contra ellos dos», para demostrar públicamente que mintieron para sacarlo de la elección de 2018, donde aparecía como seguro ganador.
Al mismo tiempo, declaró que detrás de la Operación Lava Jato «están los intereses norteamericanos» y se mostró arrepentido, entre otras cosas, de no haber impulsado una ley de medios cuando estuvo en el gobierno.
El domingo pasado, en portal The Intercept, creado por el periodista estadounidense Glenn Greenwald, comenzó con la publicación de miles de filtraciones que muestran a través de mensajes de Telegram y mails, el modo en que Moro y Dallagnol fueron articulando la causa judicial para condenar a Lula, acusado de haber recibido un departamento triplex en Guarulhos como parte de una coima, a pesar de que, como reconoció el fiscal, no había pruebas.
Greenwald publicó en el británico The Guardian el reportaje al analista de la agencia NSA Edward Snowden que en 2013 reveló de qué modo las oficinas de inteligencia estadounidenses espían a todo el mundo mediante programas informáticos. Casado con Davis Miranda, un diputado por el partido PSOL, Greenwald desarrolló el portal para apoyar este tipo de iniciativas de particulares que por múltiples razones –mayoritariamente éticas– quieren dar a conocer esos secretos que los poderosos no quieren que las sociedades sepan. Tiene dos versiones, en inglés y en portugués.
Esta megafiltración afecta directamente al sistema político que, en 2016, armó un golpe de Estado institucional para voltear al gobierno de Dilma Rousseff y luego detener a Lula para que no pudiera ser candidato. Eso se ve claramente en algunas de las conversaciones de Telegram entre los implicados en la maniobra: Dallagnol y los fiscales de la llamada Fuerza de Tareas de Lava Jato.
Tanto Moro como Dallagnol reconocieron la veracidad de los mensajes, pero cuestionaron la violación a la intimidad que representaba y pidieron saber quién era la fuente que las había desnudado. Como Lula protestó ante Juca Kfouri y José Trajano –quienes lo entrevistaron para TVT después del escándalo pero antes de la huelga general de este viernes–, «ellos no fueron tan puntillosos cuando filtraron mis llamados a Dilma en 2016, ni de mis hijos». Lula se definió en esa entrevista como «encabronado» por la situación que le toca vivir, porque está detenido por un delito que no cometió.
Pero, también señaló que está mucho más tranquilo de que todos los jueces y los dirigentes que lo condenaron. «Siempre dije que Moro es un mentiroso. Lo dije en el primer testimonio que tuve ante él, que estaba obligado a condenarme. Porque su mentira había ido demasiado lejos y no iba a poder echarse atrás». Para graficar, agregó: «Moro dejó de ser juez hace mucho tiempo. Cuando la mosca azul de O Globo se posó en su frente, se convirtió en un sirviente de la Globo».
Luego reconoció como una falla no haber armado una red de televisión efectiva que peleara el discurso de los medios hegemónicos y no haber pensado en regular los medios. «No puede ser que nueve familias concentren toda la información que recibe nuestro pueblo», reconoció.
Sobre el Lava Jato, acusó a jueces y medios de haber creado algo así como monstruos y de haber destruido empresas cuando se acusaba a directivos o dueños de empresas de haber cometido delitos de corrupción. «No destruyeron a Samsung ni a Volkswagen cuando cometieron delitos sus directivos, acá se destruyeron cientos de miles de puestos de trabajo en Petrobras. Son irresponsables», declaró. Allí es donde vio la mano negra de los intereses estadounidenses detrás de la causa Lava Jato, aunque, aclaró, «eso no significa que no se tenga que condenar la corrupción».
Este domingo, mientras tanto, The Intercept subirá a su portal otra tanda de filtraciones que, por lo que dejó trascender, revela el modo en que una jueza federal y un magistrado de segunda instancia actuaron para impedir que en abril de 2018, Lula pudiera quedar en libertad, lo que hubiera abortado el plan para que quedara fuera del comicio. Pero aseguran que tienen más mensajes que involucran a toda la dirigencia que se prestó a ese accionar antidemocrático. «
Si esto no es apoyo explícito…
(Foto: Presidencia Brasil)
En Brasil, como en Argentina. Tras las revelaciones del domingo pasado, durante esta semana Jair Bolsonaro se mostró varias veces con el juez Sergio Moro, e incluso llegó a condecorarlo… Una situación con rasgos parecidos a cuando Mauricio Macri y el cuestionado fiscal Carlos Stornelli fueron fotografiados a escasa distancia uno del otro en el acto por el Día del Ejército.
La huelga paralizó Brasil La primera huelga general contra Jair Bolsonaro terminó con fuertes críticas en el acto central en San Pablo a las políticas de ajuste neoliberal del gobierno y es un llamado de atención para los planes del excapitán del Ejército. El paro de actividades en todo el país fue masivo y refleja el rechazo de la población a la reforma del sistema previsional, con que el ministro de Economía Paulo Guedes espera «ahorrar» unos U$S 250 mil millones anuales. Hubo represión en el centro paulista y también en Río de Janeiro. Sobrevoló en los discursos de los organizadores el mensaje de unidad opositora en torno a reclamos que afectan a todos los trabajadores y de los estudiantes, que fueron los primeros en ocupar las calles contra el mandatario ultraconservador. También el escándalo de las filtraciones sobre el proceso de Lava Jato. Bolsonaro enfrenta además una crisis de Gabinete azuzada por sus propios hijos a través de las redes sociales. El jueves echó al ministro de la Secretaría de Gobierno, el general Carlos Santos Cruz, enemistado con Carlos Bolsonaro y con Olavo de Carvalho, un extremista ideológico radicado en EE UU considerado el gurú del presidente.
Sergio Moro, el mismo juez acusado de filtrar a la prensa escuchas ilegales al expresidente Lula da Silva con sus abogados y antes con la depuesta mandataria Dilma Rousseff, se victimizó ante una comisión del senado brasileño de haber sido víctima de hackers y de sensacionalismo mediático tras la publicación de chats en la red Telegram del grupo de tareas de Lava Jato por el sitio The Intercept.
«Hubo una invasión criminal de teléfonos celulares por parte de un grupo organizado con el objetivo de invalidar condenas por corrupción y lavado de dinero u obstruir investigaciones en curso, que pueden afectar a personas poderosas, o simplemente atacar las instituciones brasileñas», dijo en una tensa reunión en la Cámara alta donde fue a explicar frente a miembros de la Comisión de Constitución y Justicia.
Serio, con rostro de prócer, el magistrado que persiguió y condenó en primera instancia a Lula -como comienza a develarse a través de sus conversaciones en Telegram, sin pruebas- intentó explicar el escándalo que se extiende en ese país luego de que el 9 de junio el portal creado por el periodista estadounidense Glenn Greenwald revelara el contenido de las intercepciones que muestran la connivencia entre fiscales y el juez para sacar de la pelea por la sucesión presidencial en 2018 y ni siquiera darle la ocasión de defenderse públicamente en una entrevista con Folha de Sao Paulo.
La situación política del ahora ministro de Justicia es tal que decidió presentarse espontáneamente como para calmar las aguas ante el embate de quienes le piden directamnete que renuncie a su cargo. Otros cuestionan toda la investigación y reclaman la inmediata absolución del dos veces presidente brasileño, detenido desde abril de 2018 en la sede de la Policía Federal en Curitiba.
Según las últimas publicaciones de The Intercept, los funcionarios judiciales maniobraron para investigar falsamente a Fernando Henrique Cardoso, ex mandatario del centroderechista PSDB, para dar señales de equidistancia en el caso Lava Jato y que no pareciera que solo buscaban la prisión para el fundador del Partido de los Trabajadores.Aunque se cuidaron de no avanzar en su contra, a pedido de Moro, para no malquistar a un aliado. «Me parece cuestionable importunar a alguien cuyo apoyo es importante”, dice Moro en un mensaje.
Greenwald, residente en Río de Janeiro, donde vive con su pareja, es un destacado abogado y periodista que ganó un Pulitzer por haber revelado en 2013 las denuncias del analista Edward Snowden acerca del espionaje informático global que realiza EEUU a través de la agencia NSA. Entre los espiados estaba Dilma Rousseff y los directivos de Petrobras.
El prestigio y la rigurosidad de Greenwald impidió que los involucrados en las filtraciones, Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, ensayaran la excusa de que los mensajes eran falsos. Por eso el magistrado se defendió argumentando que sus celulares fueron hackeados y que lo que publicó el portal puede haber sido editado para comprometerlo en supuestos delitos que, para él, no son tales.
«Hubo una invasión criminal», insistió, para agregar luego que ve un revanchismo por su actuación en la causa Lava Jato que pensó terminaría cuando asumió como ministro de Jair Bolsonaro, el 1 de enero de este año. Pero precisamente ese punto es el que utiliza la defensa de Lula para sostener que no hay mayor prueba de una causa torcida para sacarlo de la competencia que la aceptación de un cargo con un presidente que ganó porque el favorito en las encuestas estaba preso y proscripto.
«Se intenta crear una situación de escándalo que en el fondo es inexistente», añadió Moro en su explicación, al aducir que mantener conversaciones con los fiscales es normal en cualquier país del mundo. El detalle es que sistema judicial brasileño es acusatorio, donde la investigación queda a cargo de los fiscales, de modo que no debería haber comunicación para mantener la independencia entre ambos estamentos y así no prejuzgar al sospechoso de un delito. De allí que este tema haya despertado las mayores críticas al accionar del juez.
La comisión de la Cámara alta a la que acudió Moro está compuesta por 54 senadores, 27 titulares y 27 suplentes. De ellos, 36 se inscribieron para indagar al actual ministro de Justicia. El clima generalizado fue caracterizar al caso Lava Jato como un baño de pulcritud para la sociedad brasileña, desencantada con la corrupción política. Pero al mismo tiempo, muchos legisladores señalaron su preocupación por estas maniobras que oscurecen el panorama de un proceso que debiera ser ejemplar. Hubo incluso quienes, desde la bancada del PT, consideraron que Moro debía renunciar a su cargo luego de estas filtraciones.
En tal sentido, el senador » petista» Humberto Costa puso en aprietos al juez cuando le preguntó por qué protegió a Fernando Henrique Cardoso. Moro dijo que no recordaba completamente el tenor de los mensajes y luego, que no habría problema en interferir en un proceso que no era de él.
Costa replicó que la situación era todavía peor ya que se metía en un caso que no le correspondía. Fue entonces que Moro eligió el silencio, amparándose en su derecho a permanecer callado.
Eso, si, el ministro no se privó de insistir en que las filtraciones fueron obra de «un grupo criminal organizado». Senadores oficialistas le tiraron un centro para que Moro no descartara que entre ese grupo hubiera agentes o servicios de inteligencia de países extranjeros.
La audiencia mantuvo en vilo a la población y las redes estallaron en comentarios A mediodía, el hashtag #RatoMoroTaMelindrado (la rata Moro está molesto) estaba al tope del Trending Topics del Twitter brasileño. Para compensar la balanza en un medio que el bolsonarismo maneja a la perfección, la diputada Carla Zambelli (PSL-SP) publicó u vídeo pidiendo que subiesen un hashtag de apoyo a Moro, #DetonaTudoMoro. que pronto trepó al segundo lugar. El cuarto lugar lo ocupaba #RenunciaMoro.
Una de las filtraciones de información sensible más impactantes del mundo demuestra la forma en que se torcieron las investigaciones en el caso Lava Jato para encarcelar a Lula da Silva y dejarlo fuera de carrera presidencial en 2018. El escándalo surge de la publicación en el portal The Intercept de miles de escuchas telefónicas entre el juez que condenó al ex presidente, Sergio Moro, y el fiscal Deltan Dalagnol, en las que se revela la escasez de pruebas concretas para una sentencia y la presión del actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro para acelerar un fallo. Incluso se nota la desesperación por evitar una entrevista periodística desde la prisión antes del comicio para impedir que el apoyo a Fernando Haddad, el candidato del PT, incidiera para ganar el ballotage.
El impacto que produjo la publicación de este material es tan fuerte y la seriedad del portal es tal que los propios involucrados reconocieron que las escuchas son ciertas, aunque se desligaron de cualquier posibilidad de haber cometido un ilícito y aseguran que todo lo conversado forma parte de conversaciones normales en el ámbito de la justicia.
The Intercept es el portal del abogado y periodista estadounidense Glenn Greenwald. En su historial tiene el haber sido en 2014 el que publicó en el diario británico The Guardian la primera entrevista al analista estadounidense Edward Snowden en que contaba la forma en que la agencia NSA espiaba a todo el mundo en todo el mundo a través de los medios electrónicos.
En verdad, Greenwald tuvo la perspicacia de darse cuenta, alertado por la cineasta Laura Poitras, de que los mails encriptados que enviaba un misterioso Citizenfour podían contener información importante para conocimiento de la ciudadanía. Y así viajaron a Hong Kong para hablar con el misterioso personaje, hoy exiliado en Rusia para no correr la misma suerte que Julian Assange, el australiano que inauguró el método de invitar a fuentes anónimas a mostrar documentos sobre los secretos más comprometidos que los estados no quieren que se sepan por medio de WikiLeaks.
Bajo esta premisa, Greenwald -que está casado con un diputado brasileño David Miranda, del Partido Socialismo y Libertad (Psol) y vive en Río de Janeiro- creó The Incercept, ( la intercepción, la escucha) donde publica información contrastada con el rigor característico del tradicional periodismo sajon que recibe de fuentes anónimas que entregan el material en plataformas seguras y a prueba de vigilancia estatal.
Para esta filtración se cumplieron los objetivos fijados por Greenwald, pero además el hecho encuentra un momento muy propicio para golpear de lleno en la política brasileña y latinoamericana en general. Lula da Silva siempre sostuvo su inocencia y su condena fue producto de lo que se conoce como lawfare, la utilización del sistema judicial para la persecución de los enemigos políticos. Lo mismo podría decirse de la destitución de Dilma Rousseff, acusada de una falta administrativa comoexcusa para quitarle del medio y que asumiera su vice,el golpista Michel Temer,a hora preso
Pero por eso de que la mentira tiene patas cortas, poco a poco se va descorriendo el velo de un método por el cual Lula y los dirigentes del PT aparecieron como personajes corruptos que una ola de pureza ideológica iba a barrer de la historia.
Sin embargo en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), la primera condena contra Lula, por el caso de un triplex de Guarulhos que le atribuyeron al ex presidente, fue disminuida lo suficiente como para que en pocas semanas pueda quedar en un régimen semiabierto, o sea que pueda salir durante el día a trabajar. Y ya se le autorizó a que diera reportajes periodísticos. Por otro lado, la fiscal general ya recomendó adelantar el momento de la semilibertad.
Mientras tanto, la Orden de Abogados de Brasil (OAB), el colegio profesional del país, reclamó por las escuchas ilegales que se le hicieron al detenido con sus abogados, algo que viola todas las normas elementales en un estado de derecho, otra practica muy extendida por estas regiones desde hace años.
Es así que The Intercept, en el editorial en que explica el alcance de las filtraciones que publica, sostiene que «este escándalo generalizado envuelve a diversos oligarcas, líderes políticos, los últimos presidentes y hasta líderes internacionales acusados de corrupción». Y agrega que la exclusión de Lula, el objetivo declarado en las conversaciones interceptadas, «fue la llave maestra para un camino a la victoria de Bolsonaro», que como se pudo ver, premió la ayuda con un ministerio para Moro.
Uno de los tramos más reveladores de los varios artículos que publicaron Greenwald y su equipo de periodistas muestran que el fiscal Dalagnol no estaba seguro de que las pruebas contra Lula sobre el famoso triplex fuesen contundentes. Había estado trabajando en el tema con otros 13 fiscales y a pocos días de tener que presentar el caso, no había encontrado nada firme. Lo único que había era un artículo periodístico con demasiados verbos en potencial.
«Dirán que estamos acusando en base a noticias de un diario e indicios frágiles (…) hasta ahora tengo recelo de la conexión entre Petrobras y el enriquecimiento y también de la historia del departamento (…) son puntos en que tenemos que tener las respuestas ajustadas en la puta de la lengua», dice un mensaje del 9 de setiembre de 2016 en un grupo de chats bautizado Incendiarios ROJ , integrado por los fiscales del caso.
A los pocos días Dalagnol presentó un Power Point donde acusa a Lula diciendo que tenía «la íntima convicción» de que era el dueño del triplex. El ex dirigente sindical siempre dijo que lo habían condenado por un Power Point y sin pruebas. Estos mensajes demuestran que no mentía.
Otra maniobra revelada por estas filtraciones son conversaciones entre Moro y Dalganol donde el juez de Curitiba le pide «invertir el orden de las fases de la investigación», para producir los resultados deseados. En otra charla, le recrimina: «¿No hay mucho tiempo sin ninguna operación?» y en otra le dice, como si fuese un escolar: «No puede cometer este tipo de errores ahora» por falencias de la Policía Federal en la búsqueda de información que necesitaban para condenar.
Otro tramo sugestivo de la publicación es cuando traman la forma de bloquear el pedido de entrevista de la periodista de Folha de San Paulo Mónica Begaramo, que había sido autorizada por el STJ.
Los supremos habían permitodo el reportaje aceptando los argumentos de la defensa de Lula de que si hasta homicidas o narcotraficantes condenados con sentencia firme habían podido hablar con la prensa, mucho más aceptable debería ser su caso habida cuenta de que no estaba acusado de ningún crimen de esa naturaleza. El intercambio de chats es sorprendente en funcionarios judiciales que deberían mostrar equidistancia para juzgar.
La fiscal Laura Tessler escribió: “¡¡¡Que chiste!!! Asco !!! Allí va el chico hacer palanca en la cárcel. Un verdadero circo. Y después de Mónica Bergamo, por la isonomía, van a venir tantos otros periodistas … y nosotros aquí haciendo papel de payasos con ese Supremo …”.
Otra fiscal, identificada como Carol PGR, agrega: «estoy muy preocupada con una posible vuelta del PT, pero he rezado mucho a Dios para que ilumine a nuestra población para que un milagro nos salve»,
“Mafiosos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”., dice simplemente otra procuradora, Isabel Groba.
Un fiscal sugiere que la Policía Federal debería intervenir para impedir el reportaje o al menos demorarlo lo suficiente como para que se produjera después de las elecciones, cosa de cumplir con el STJ pero licuar el impacto de las palabras del ex tornero mecánico, como siempre se presentó en las audiencias Luiz Inacio Da Silva.
El alivio de los funcionarios judiciales fue grande cuando el Partido Novo, una agrupación creada en 2015 y de tendencia derechista libertaria, presentó un recurso ante el Supremo Tribunal para impedir el reportaje, lo que impidió que se cumpliera el propósito de los magistrados más inclinados al respeto de los derechos civiles.
Greenwald, tras defender reiteradamente la publicación por lo que implica para la democracia brasileña y de la región conocer cómo se torció al sistema judicial para condenar a un ex presidente, asegura dice que tiene más material explosivo en sus manos sobre el caso. «Esto es apenas el inicio de una gran investigación periodística en curso sobre las pruebas de la investigación Lava Jato y «sobre los actos de Moro cuando era juez y sobre el fiscal Dallagnol», dijo.
Fernando Haddad, el candidato del PT derrotado en noviembre, exigió una investigación a fondo sobre «el mayor escándalo institucional de la historia de la República» y que ahora podría terminar, considera, con los promotores de la operación judicial sentados en el banquillo de los acusados y los sentenciados, el libertad y reivindicados ante la opinión pública. .
Los fiscales que desde el Ministerio Público Federal (MPF) urdieron la causa Lava Jato reconocieron en un comunicado que «sus miembros fueron víctimas de una acción criminal de un hacker», aunque defendieron sus actuaciones como limpias y legales.
El ministro Moro también minimizó la filtración. «no se vislumbra ninguna anormalidad de direccionamiento de actos en tanto que magistrado, a pesar de ser sido sacadas de contexto y de su sensacionalismo», dijo. Pero se ve que ya estaba al tanto de que algo así saldría a la luz porque la semana pasada denunció que alguien la había hackeado su celular.
El 17 de marzo de 2016 un juez federal de Brasil suspendió el nombramiento del expresidente Lula da Silva como ministro de la Casa Civil de Dilma Rousseff. El cargo de jefe de Gabinete de la entonces jefa de Estado le hubiera dado un fuero que habría impedido que fuese a prisión por los cargos que se le endilgaban. Pero la jugada tenía otro objetivo: el golpe contra la mandataria electa un par de años antes con 54 millones de votos estaba en marcha y el peso político y la muñeca del dirigente metalúrgico era la última opción para salvar el gobierno del PT.
La oportuna filtración de una conversación privada entre Lula y Dilma, viralizada por los medios de comunicación hegemónicos, justificó que el juez Itagiba Catta Preta Neto argumentara que había «riesgo de daño al libre ejercicio del Poder Judicial, de la actuación de la policía y del Ministerio Público» por lo que conversaban en forma privada ambos dirigentes. No hubo ninguna protesta por el espionaje ilegal de los medios mayoritarios y luego ocurrió lo que ya se sabe. Pero no era la única maniobra de espionaje ilegal en el destino del dos veces mandatario brasileño.
Ahora, la Orden de Abogados de Brasil (OAB), la institución madre de los letrados de esa nación y la única que hace de Colegio y otorga las matrículas para ejercer la profesión, clasificó como «grave episodio» la denuncia de la defensa de Lula sobre espionaje ilegal de conversaciones privadas entre el líder del PT y sus defensores en la investigación por la causa Lava Jato. Una práctica que integra el manual básico del lawfare en esta parte del mundo, como se ve.
Abogados de Lula, alojado en la sede de la Policía Federal de Curitiba y pronto a obtener el beneficio de un régimen semiabierto de detención, afirmaron que al menos 14 horas de conversaciones entre los representantes legales y su defendido fueron utilizados como informes en la causa por la cual fue condenado inicialmente a 12 años y un mes de cárcel.
Para la OAB, «el secreto de las conversaciones entre defensor y cliente está protegido por ley y su violación por cualquier medio es ilegal, además de ser un ataque al derecho a la defensa y las prerrogativas de los abogados», dice en un comunicado.
La denuncia sobre la pinchadura fue presentada por el abogado Pedro Henrique Viana Martínez, quien asegura haber visto los informes en el despacho de la 13ª Circunscripción Federal de Curitiba, entonces a cargo de Sergio Moro, ahora ministro de Justicia del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Asegura Viana Martínez que las conversaciones fueron captadas directamente de la central telefónica del estudio de Teixeira Martins & Asociados, que llevaba la defensa técnica de Lula. «Cada conversación fue separadamente identificada, siendo posible visualizar el número de origen y destino de la llamada y su duración», señaló el letrado , de acuerdo a una publicación del diario Folha de São Paulo.
La mayoría del material interceptado eran charlas entre Lula y los abogados Cristiano Zanin, Roberto Teixeira y Nilo Batista y se relacionaban con estrategias para la defensa ante las acusaciones en torno a la causa por presunto pago de sobornos en la obra pública con fondos de Petrobras. El denunciante asegura que en su momento elevó la queja y el caso lo tomó el ministro Teori Zavascki, relator de la causa en el Supremo Tribunal de Justicia, quien recriminó a Moro. El actual ministro dijo aquella vez que hubo un error en la intercepción con otro número telefónico. Zavascki murió en un accidente de avión en 2017. La información grabada ilegalmente sirvió de base para la condena de Lula.
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