Masivas movilizaciones contra un acuerdo secreto entre los gobiernos de Abdo Benítez y Jair Bolsonaro que retrotraía el reparto de energía eléctrica de la represa de Itaipú a las actas firmadas por las dictaduras militares, provocó una crisis política y el pedido de impeachment contra el primer mandatario paraguayo.
El convenio se firmó en mayo pero recién este fin de semana se filtró a la prensa la parte más controvertida de los cambios a un trabajoso acuerdo al que habían llegado Fernando Lugo y Lula da Silva en 2009 y que otorgaba la energía a los paraguayos a un precio mucho más adecuado a las necesidades de la población guaraní y a su proyecto de desarrollo y pagaba de regalías dos veces más que hasta entonces.
El documento firmado hace dos meses estipula, según el diputado paraguayo del Frente Guasú Ricardo Canese, que Brasil se quedará con entre el 84 y el 89 % de la producción a precio más barato. «Este abusivo acuerdo ocasionaría perdidas al Paraguay conquistadas años antes y reafirmadas con el acuerdo Lula – Lugo», dijo el parlamentario en una entrevista con Diario Contexto.
La difusión de estos cambios provocó la protesta de la oposición y el pedido de juicio político contra Benítez, del Partido Colorado, que llegó a la presidencia en agosto del año pasado. Las movilizaciones llenaron las calles de Asunción y de las principales ciudades del país y el lunes el jefe de Estado aceptó al renuncia del canciller Luis Alberto Castiglioni; el titular de la Administración Nacional de Energía (Ande) Alcides Jiménez; y el embajador en Brasil, Hugo Saguier.
Horas antes, Benítez anunció que se dejaba sin efecto el acuerdo y la apertura de negociaciones para acordar un cronograma de compras hasta 2022. Al mismo tiempo, el renunciante ministro de Relaciones Exteriores se atajó: «Hemos decidido solicitar al Brasil la convocación de las Altas Partes para que vuelva a las instancias eminentemente técnicas, donde siempre se ha decidido y tratado». De tal modo no continuarían los diálogos diplomáticos en privado.
El diario paraguayo Última Hora destacó que «uno de los puntos más cuestionados del acuerdo establece el aumento de la potencia contratada por la Ande para el año 2019 y de manera gradual hasta el 2022. Según los expertos, los incrementos repercutirían en sobrecostos de unos 250 millones de dólares o más para la institución», añadió. Ande es la empresa distribuidora de electricidad de Paraguay.
Benítez dio su versión de los hechos. «Por años Paraguay accedía a la energía excedente de Itaipú por encima de lo que le correspondía en el contrato», aseguró, lo que para él ubicaba al país en la posición de «pillo y poco serio», según la agencia noticiosa estatal IP. «Yo no me quiero sentar en una mesa de negociación con vergüenza porque trato de sacar pequeñas ventajas en vez de construir credibilidad, integridad y autoridad para el gran proceso de renegociación», agregó.
Sin embargo, Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la Ande, explicó en un cable citado por Télam que con el acuerdo bilateral se obliga a Paraguay a comprar más energía segura (a mayor costo), lo que, en consecuencia, implica adquirir menos excedentes (energía barata). “Los brasileños consiguieron algo que desde hace 10 años buscaban”, aseguró.
Fue entonces que el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, empezó a levantar los ánimos en contra de este a su juicio ruinoso acuerdo. El dirigente opositor indicó que según el acuerdo de construcción y aprovechamiento establecido en 1973 entre los dictadores Emilio Garrastazu Medici y Alfredo Stroessner que finalizará en 2023, el 50% de la energía de la represa corresponde a Paraguay. Con la nueva acta se entregan derechos a Brasil hasta un año antes. Y además, se incrementarán los precios de la electricidad para los paraguayos.
Según este análisis, Paraguay deberá comprar toda la energía que necesite precio de potencia instalada, 26 dólares aproximadamente el Megawatt por hora (Mw/h), pero no disponer de la energía excedente, cuyo precio ronda los 5 dólares.
El caso se reveló tras la renuncia del presidente de la Ande, Pedro Ferreira, que se negó a convalidar el acta firmada entre ambos gobiernos.
En un tuit, Castiglioni , acérrimo enemigo de Fernando Lugo y antichavista declarado -fue uno de los que encabezó la oposición al ingreso de Venezuela al Mercosur en su momento- lamentó que se hubiera malinterpretado el convenio y luego de despidió de sus correligionarios con otro mensaje en la red social.
El 25 de julio de 2009 Lula da Silva y Fernando Lugo había firmado las notas reversales de un acuerdo que modificaba el original de 1973. Allí se reconocía el derecho de Paraguay a un precio mayor por la energía que le vendía a Brasil. De un plumazo, el país guaraní pasaba de recibir 120 millones de dólares al año a 360 millones. En ese entonces, el acta provocó críticas a Lula en su país ya que fue visto como una renuncia a derechos adquiridos.
“¿Quién construyó Itaipu? ¿Por qué el Paraguay tiene derecho a 240 millones más, por qué tiene derecho al final del contrato el 50% en el 2023? Todo eso es brasilero. Lo que ustedes van a hacer es la traición a la patria”, dijo esa vez Mario Couto, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), uno de los gestores de la destitución de Dilma Rousseff en 2016.
La lucha por la Soberanía energética fue uno de los lemas de campaña de Lugo, ex obispo de San Pedro, quien asumió la presidencia de Paraguay en 2008 y fue derrocado por un golpe institucional en 2012.
Los sectores más ligados al nacionalismo paraguayo entendieron desde siempre que si bien es cierto que Brasil había hecho el aporte más importante para la construcción de Itaipú, al arrogarse el derecho a disponer prácticamente a voluntad de la energía por 50 años iba a mantener por ese lapso la relación de dominación existente desde el fin de la guerra de la triple alianza (1865-1870), y como había ocurrido en aquellos años, eso impediría el desarrollo de Paraguay.
El ministro de Justicia brasileño, Sergio Moro, está decidido a sacarse de encima al periodista que publicó los mensajes que revelan las maniobras para condenar sin pruebas y sacar de la carrera presidencial a Lula da Silva. Luego de haberse tomado licencia entre el 15 y el 19 de julio en medio del escándalo por la filtración en el portal The Intercept de sus chat en la red Telegram, el exjuez comenzó una serie de operaciones destinadas a desprestigiar al estadounidense Glenn Greenwald, y hasta a deportarlo bajo alguna acusación ligada el terrorismo o a una supuesta amenaza para la Nación.
La escalada comenzó ni bien Moro regresó de una intempestiva licencia. Primero, el hombre que persiguió y condenó a Lula por presunta corrupción en la causa Lava Jato denunció que habían hackeado su teléfonos celulares, luego se anunció que la Policía Federal había detenido a un par de informáticos a los que acusó de haber filtrado los chats a The Intercept. Finalmente este viernes publicó en el Diario Oficial de la Unión (el Boletín Oficial brasileño) una ordenanza por la cual dispone impedir el ingreso o la deportación sumaria de «personas peligrosas o que hayan practicado actos contrarios a los principios y objetivos dispuestos en la Constitución Federal».
La normativa incluye la repatriación o la cancelación del permiso de estadía a cualquier individuo «peligroso para la seguridad de Brasil». De ese modo califica acciones como terrorismo, asociación criminal armada, tráfico de drogas, personas o armas de fuego, pornografía o explotación sexual infantojuvenil, o barras bravas con historial de violencia en las canchas, entre otros indeseables.
La ofensiva había comenzado unos días antes. El diputado estatal bolsonarista Fernando Francischini pidió la expulsión de Greenwald porque, arguyó, «comete crímenes contra las autoridades del país». Otro legislador, Filipe Barros, reclamó que se le quitara el pasaporte. La congresista Joice Hasselmann fue más dura. «Su hora está llegando», amenazó por Twitter.
Greenwald vive en Río de Janeiro con su pareja, el diputado carioca David Miranda. Premiado con el Pulitzer por la publicación en el británico The Guardian de la denuncia del analista de la CIA, Edward Snowden, acerca del espionaje electrónico global que realizan las agencia estadounidenses, Greenwald fundó The Intercept para facilitar una plataforma donde recibir información sobre acciones que los gobiernos hacen a escondidas de la sociedad.
El caso Lava Jato fue su mayor filtración. Cientos de miles de documentos demuestran el nivel de manipulación para condenar al expresidente brasileño de un modo reñido con un sistema democrático de Moro y del fiscal del caso, Deltan Dallagnol.
Ni bien se conoció la Portaría, como se denomina en portugués, irónicamente la número 666, salieron la palestra quienes percibieron que la orden tenía básicamente un destinatario. «(Moro) quiere que tengamos miedo y que nos preocupemos porque nos están investigando (pero) no tenemos ningún miedo, vamos a continuar publicando porque la Constitución brasileña protege y da garantías a lo que estamos haciendo», dijo Greenwald. Desde EE UU salió en su defensa el Freedom of the Press Foundation, institución creada por Daniel Ellsberg, el exanalista de la Rand Corporation que en 1970 filtró los llamados Papeles del Pentágono, sobre las maniobras de los gobiernos estadounidenses en Vietnam desde 1945 y hasta 1969.
El lunes, el gobierno anunció que habían sido detenidos dos hackers a los que acusó de haber sido los que brindaron la información a Greenwald. El estadounidense negó rotundamente que sus fuentes hayan sido hackers y atribuyó esa información a una operación para desviar la atención. A The Intercept se le sumaron luego Folha de São Paulo y la revista Veja, lo que le da mayor cobertura incluso legal a su trabajo. «
(Foto: AFP)
Lula fue absuelto en otra causa
Poco a poco van cayendo las acusaciones contra Lula da Silva, mientras en todo el mundo crecen los apoyos al expresidente condenado por el actual ministro de Justicia brasileño por su presunta participación en actos de corrupción en la causa Lava Jato.
Esta semana, el juez federal Vallisney de Souza Oliveira, titular del décimo juzgado federal de Brasilia, retiró la acusación de asociación ilícita y lavado de dinero en una investigación por un expediente abierto presuntamente para haber favorecido negocios de la multinacional Odebrecht en Angola a cambio de dinero.
Lula era acusado de asociación ilícita junto con uno de sus sobrinos, Taiguara Rodrigues dos Santos. El estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) otorgó los créditos para financiar las obras públicas en Angola que hizo Odebrecht durante el mandato de Dilma Rousseff.
El magistrado consideró que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para sustentar la acusación contra el exmandatario de lavado de dinero de 20 millones de reales (unos 5,3 millones de dólares).
Lula fue absuelto en julio del año pasado en otro caso en el que se lo acusaba de obstrucción a la Justicia por supuestamente haber querido comprar el silencio del exdirector de Petrobras Néstor Cerveró para evitar que informara sobre la red de corrupción en la petrolera estatal.
Mientras tanto, líderes de partidos progresistas se reunieron en Caracas en el Foro de San Pablo y coincidieron en pedir por la pronta libertad de Lula, a quien consideran un preso político, acusado sin pruebas de delitos que no cometió.
El jefe del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, dijo en un video difundido en el evento que «la prisión de Lula es completamente inaceptable».
Es cierto que los tiempos de los jueces no son los mismos que los de los ciudadanos de a pie, lo que el fallecido magistrado argentino Carlos Fayt solíka definir, de manera irónica, como «cronoterapia» . Pero las largas que el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil le está dando al pedido de habeas corpus y liberación de Lula da Silva, en el contexto de las filtraciones que comprometen al exjuez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, se parecen más a una muestra de temor que a la necesidad de analizar de un modo calmo qué medida tomar con el exmandatario preso.
Este martes, el TSJ debía decidir sobre un reclamo de la defensa de Lula hecho en diciembre, basado en la parcialidad de Moro revelada en varias consideraciones pero sobre todo en que había aceptado el cargo de ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, lo que demostraría que los fallos contra el extornero mecánico tenían un fuerte contenido político.
El primer anuncio fue que no tomarían el caso porque había que resolver otras cuestiones, según la corte, y a pedido del juez Gilmar Mendes. Sin embargo, con el correr de las horas la información varió.
Fue Mendes quien este mismo martes propuso otorgar libertad provisional a Lula argumentando que se debe dar tiempo para analizar el recurso, lo que podría tardar más de lo previsto debido a los nuevos elementos surgidos a partir de filtraciones que vienen publicando el portal The Intercept y ahora Folha de San Paulo.
Mendes tiene pocas dudas de que los mensajes atribuidos a Moro y el jefe del grupo de fiscales del Lava Jato, Dallagnol, deslizan un manto de sospechas sobre la actuación del entonces juez. Pero entiende que mientras se toma una decisión definitiva sobre la condena, Lula puede estar en libertad.
En un principio el TSJ le había dado al hábeas corpus en el puesto número 17 entre los temas a tratar, de allí la primera versión sobre la acordada de este martes. Pero el clima político no daba para semejante gambeta y los togados se pusieron a debatir el caso mientras en los medios comenzaba la ya habitual ronda de apuestas, sobre cómo votarían los magistrados, el clásico poroteo, según los términos que se utilizan en este lado de la frontera.
De todas maneras, la respuesta no dejó contento a nadie. A los abogados del exdirigente sindical, porque el tema de fondo no fue tratado, y ni siquiera se pudo avanzar en estas nuevas revelaciones que entrañan una gravedad institucional inusitada. Y a kos que no quieren bien a Lula, y sobre todo al oficialismo, porque el tema sigue sin resolución y todo queda en suspenso.
«Ya habíamos presentado incontables pruebas de que el expresidente no tuvo un juicio justo, imparcial, independiente. No cometió ningún delito y tiene derecho a ser juzgado por un magistrado imparcial», dijo uno de sus letrados, Cristiano Zanin Martins. «Nuestra expectativa es que reconozcan que Moro fue parcial», añadió posteriormente.
Siendo juez, Moro declaró a Lula culpable de corrupción y lavado de dinero por la presunta compra de un apartamento triplex en Guarulhos, San Pablo, puesto a su disposición por una de las constructoras involucradas en el escándalo de sobornos de Petrobras.
Ese dictamen fue confirmado por un tribunal de apelaciones y luego por el TSJ. Pero el actual ministro no pudo mostrar pruebas concretas de que Lula fuese el dueño, solo se basó en su «íntima convicción» de que las cosas habían ocurrido como decía el dictamen elevado por Dallagnol.
Las filtraciones de sitio creado por el estadounidense Glenn Greenwald muestran la connivencia entre el magistrado y el fiscal para forzar los hechos, con el único objetivo de encarcelar a Lula y que no pudiera participar en las elecciones del año pasado, cuando era el favorito para ganar incluso en primera vuelta. La frutilla del postre fue que Bolsonaro pudo llegar al Palacio del Planalto gracias a esta argucia y que Moro integra su gabinete en un área tan sensible para las instituciones democráticas como la Justicia.
En concreto, la Sala 2 del TSJ rechazó liberar a Lula y por 3 votos contra 2 pateó para agosto, al finalizar el período de feria, el debate sobre la imparcialidad de Moro presentado en diciembre. Resta aún saber cómo responderán a las nuevas presentaciones en torno de los chatas publicados por la prensa y que ya causaron una conmoción política -una más- en el gobierno de Bolsonaro.
El poroteo quedó así: Mendes y su colega Ricardo Lewandowski votaron por la liberación mientras se debate el tema de fondo. Y Edson Fachin, Celso de Mello y Cármen Lúcia, por la negativa. Lewandowski, considerado un «garantista», declaró que en ese mismo tribunal «innimerables veces y en circunstancias análogas cuando hubo una lesión al derecho fundamental del reo la votación fue favorable al detenido». Y señaló que si el acusado no fuera Lula otra sería la respuesta institucional.
De inmediato tanto Lewandowski como Mendes fueron «atendidos» por el general de reserva Paulo Chagas, un ultraderechista muy influyente en el Ejército brasileño, que se permitió expresar la sospecha de que ambos magistrados son «más cómplices que jueces».
Una nueva y para nada inocente controversia en el Poder Judicial brasileño podría servir de excusa para trabar la liberación de Lula da Silva en el debate que el Tribuna Supremo de Justicia (TSJ) de ese país mantendrá este martes para tratar un pedido de la defensa del expresidente, detenido desde abril del año pasado en Curitiba. El debate de los magistrados será la continuación del que iniciaron el 11 de junio para analizar el pedido de habeas corpus de los letrados, que consideran que el exdirigente sindical no pudo disponer de todos sus derechos a la defensa y fue víctima de una suerte de persecución del juez Sergio Moro, cuando fue condenado por casos de presunta corrupción en la compra de un departamento tríplex que le atribuyen en Guarulhos y del que no hay pruebas de que le pertenezca.
En el medio, aparecieron las filtraciones publicadas por el portal The Incercept en que se muestra la forma en que el entonces juez, actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, manipuló, junto con el fiscal Deltan Dallagnol, para procesar, detener y proscribir a Lula de la elección presidencial del año pasado.
De allí se tomó la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, para enviar un pronunciamiento al TSJ, oponiéndose a una anulación de la condena a Lula basada en las filtraciones del Lava Jato, alegando que hay «fundada duda jurídica» sobre las informaciones divulgadas por el sitio creado por el periodista estadounidense Glenn Greenwald.
Es cierto que la defensa del exmandatario quiere usar esos elementos para demostrar que el magistrado no debió seguir adelante con el proceso y que por tanto la condena debe ser anulada. También que uno de los togados, el supremo Gilmar Mendes, declaró que el contenido de las filtraciones revelan «un hecho muy grave» que amerita ser investigado. Y también que fue Mendes quien en diciembre habilitó el debate para el pedido de habeas corpus.
Pero los abogados señalaron «al contrario de lo afirmado por la ilustre procuradora general de la República en manifestación protocolada este viernes, el habeas corpus Nº 164.493 en favor del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva el 05/11/2018 y que está en la pauta para tratarse en próximo día 25 no está amparado en los reportajes divulgados por The Intercept«.
Los defensores recuerdan que el reclamo comenzó a ser tratado por la Corte el 4 de diciembre pasado «mucho antes de los reportajes de The Incercept«, aunque aportan pruebas de que Moro «siempre mostró interés en la conducción del proceso y en su desenlace».
Argumentan que el ahora ministro bolsonarista autorizó escuchas «las líneas principales de nuestro despacho para que Lava Jato pudiese acompañar en tiempo real la estrategia de la defensa de Lula; actuó fuera de sus atribuciones legales para impedir el cumplimiento de la orden de liberación emitida por el juez de segunda instancia Rogerio Favreto (en julio pasado) y divulgó actos procesales que estaban bajo secreto para interferir en las elecciones presidenciales de 2018. A esto agregan que la aceptación del cargo de ministro tras declarar que Lula «se debe pudrir en la cárcel» .
Guaidó bajo sospecha
El sitio de noticias Panam Post reveló una supuesta trama de corrupción en Cúcuta, Colombia, protagonizada por enviados del presidente Juan Guaidó, encargados de atender a los militares desertores. El portal, de línea editorial dura antichavista y pro-Guaidó, advierte que dos funcionarios nombrados por el «gobierno encargado» del diputado venezolano «se habrían apropiado del dinero destinado para ese fin». El caso llegó a medios internacionales e impactó severamente en la imagen de la oposición. El propio Guaidó debió reconocer la existencia de, al menos, una irregularidad en ese sentido. Hasta el acérrimo defensor de la oposición, Luis Almagro, secretario General de la OEA, pidió una investigación rápida para aclarar el caso. El gobierno de Nicolás Maduro aprovechó la situación para señalar que «la supuesta ayuda humanitaria fue una fachada para enmascarar un gigantesco tramado de corrupción y degradación ética y moral», según declaró el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
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