Si el mega DNU del 20 de diciembre era una señal de que Javier Milei está dispuesto a ir a por todo con su programa regresivo, los 664 artículos de la ley ómnibus que envió el 27 contienen una alarmante pretensión de que el Congreso le otorgue la suma del poder público. El documento propone modificaciones que retrotraen el manejo de la cosa pública a aquello que los conservadores le criticaban a Juan Manuel de Rosas, a pesar de que Milei decidió presentarlo con el pomposo título de «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», en referencia al texto de Juan Bautista Alberdi que sirvió para la redacción de la Constitución argentina de 1852. Entre el 20 y el 27 del último mes de este año, atravesado por una tormenta de la que muchos argentinos aún no se han desayunado, y cuando arreciaban las voces de repudio al decretazo tildado de anticonstitucional por letrados de los más diversos sectores, Milei amenazó con llamar a un plebiscito para que sea la población la que determine la legitimidad del proyecto orientado a llevar a cabo la más profunda reforma política, económica y laboral en la democracia vernácula. Lo que surge de las dos iniciativas es la idea de construir un Estado que amplía las ventajas para los poderosos y que tiene como rol casi exclusivo el de impedir a como dé lugar que los menos favorecidos se quejen por ser obligados a jugar con la cancha inclinada. Esa estrategia se vio el mismo 20 de diciembre, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estrenó su protocolo antidisturbios. Y siguió en la marcha organizada por las centrales sindicales y organizaciones sociales frente al Palacio de Justicia una semana más tarde, cuando agentes de la Policía de la Ciudad cercaron y terminaron deteniendo a manifestantes que se retiraban de manera pacífica. Ya lo había dicho alguien tan distante de las izquierdas o el kirchnerismo como la lideresa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió: «Este proyecto solo cierra con represión». Y para eso están Bullrich y el nuevo jefe de la policía porteña, Diego Kravetz. Lo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, por el momento jugando en un segundo plano, parece destinado a sumar masa crítica en las Fuerzas Armadas para reconstruir la alianza cívico-militar de 1976. Como sea, la apuesta de Milei y el grupo de estudios de abogados que elaboraron tanto el DNU como la ley ómnibus es ir lo más rápido posible hacia una reforma radical que demuela esas otras bases en las que se erigió esta Argentina que conocemos. La velocidad es primordial, porque el plan es machacar en caliente antes de que los votantes fieles de Milei, ese 30% de las PASO y la primera vuelta, se terminen de dar cuenta de que la casta eran ellos. Pero si las condiciones no permiten avanzar al ritmo que se pretende desde la habitación del Hotel Libertador, está la amenaza de convocar a una consulta popular para avalar la reforma esquivando el rechazo legislativo. Milei no habló ante el recinto cuando asumió el cargo, sino de espaldas al Congreso. Más claro no podría haber sido. El que no quiso darse cuenta es porque estaba mirando otro partido. Y el fundador de La Libertad Avanza parece seguir los pasos de algunos antecesores regionales en esto de pasar por sobre las instituciones.
Democracias en tensión El precedente más cercano es, por cierto, el salvadoreño Nayib Bukele. En el Gobierno desde 2019, este empresario publicitario pertenece a esa camada de presidentes de alto perfil que no dudan en imponer sus propuestas aun contra la letra y el espíritu de la ley. Su justificativo es que necesitaba mano dura para combatir la violencia de las maras. Las fotos de miles de detenidos humillados en las superpobladas cárceles salvadoreñas –muchos de ellos literalmente «cazados» en las calles y sin delitos comprobados– escandalizaron al mundo, pero le granjearon las simpatías del electorado salvadoreño, que no vio con malos ojos su ingreso a la fuerza a la Asamblea Nacional (Congreso) en febrero de 2020 para que los diputados le votaran un paquete de leyes de inversión. Luego, obtuvo mayorías para descabezar al Poder Judicial y remover a todos los integrantes de la Corte Suprema y la Procuraduría General. El otro espejo de Milei es Alberto Fujimori, quien recuperó la libertad el último 6 de diciembre, luego de haber pasado los últimos 18 años cumpliendo sentencias por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Fujimori impuso el neoliberalismo más extremo en Perú, en los años 90, cuando en estas pampas gobernaba Carlos Menem, otro modelo para Milei, y luego cayó en desgracia. Cuando asumió, en 1990, este ingeniero de origen japonés lidió con un congreso de mayoría opositora, pero que le concedió en grajeas poderes especiales para las reformas neoliberales que tanto el FMI como el Banco Mundial requerían en el marco del Consenso de Washington. Para entonces, Perú atravesaba una inflación del 7.000% al año. Mientras tanto, se extendía en el país la lucha contra la guerrilla de Sendero Luminoso, lo que le daba un rol fundamental a las Fuerzas Armadas. En ese escenario, había un choque generalizado entre las medidas que trataba de imponer el presidente y las denuncias por violaciones a derechos humanos en el interior del país a que los diputados prestaban oídos y trataban de dar respuesta institucional. Hasta que el 5 de abril de 1992, en un discurso por cadena nacional, Fujimori anunció que disolvía el Congreso y establecía una profunda reforma del Poder Judicial. El «Fujimorazo» fue un vuelo sin paracaídas en el que el presidente modificó las reglas de juego a voluntad –hasta cambió la Constitución nacional– y pudo quedarse en la Casa de Pizarro por diez años. Pero en noviembre de 2000, la sucesión de escándalos de todo tipo, desde la compra de votos a la venta ilegal de armas, sumada a delitos de lesa humanidad y la esterilización forzosa de cerca de 200.000 mujeres indígenas, lo puso en la picota. Sabiéndose perdido, asistió a una cumbre presidencial en Brunei y de allí viajó a Japón, desde donde renunció al cargo. El Congreso no le aceptó la dimisión y lo destituyó por «permanente incapacidad moral». El último capítulo de esta saga –donde hubo extradiciones, liberaciones, amnistías y regreso a las cárceles– se desarrolló hace 20 días. En esta Argentina atribulada por una alta inflación que el nuevo Gobierno se empeña en asimilar a una híper, no existen maras ni guerrilla, pero sí creatividad. En su anterior gestión, Bullrich llevó a cabo operaciones contra la supuesta Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Ahora el enemigo son las marchas contra las peligrosas políticas del nuevo Gobierno. En el Poder Legislativo y el Judicial todavía no hubo respuestas contundentes y preocupadas contra este avance sobre las instituciones. ¿Será que no la ven o que entre ellos hay socios del silencio?
El protocolo antipiquete pergeñado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era a todas luces un programa destinado a amedrentar a la población: un proyecto de represión autoritario adornado con recursos de markertingy parafernalia al uso de Hollywood. Ante la evidencia de que el plan económico del Gobierno de Javier Milei solo cierra con represión, la estrategia era comenzar a aplicarlo en el marco de la marcha organizada por partidos y movimientos sociales de izquierda para conmemorar el 20 de diciembre de 2001. Al mismo tiempo, el presidente anunciaría, al mediodía y por cadena de radio y televisión, su mega DNU de reforma de la economía, cuyos tramos esenciales se habían deslizado en los medios más cercanos a la coalición La Libertad Avanza-PRO. Pero si el objetivo era dar señales claras de que no se iban a tolerar cortes de calles, la realidad dejó abundantes chascarrillos en las redes sociales: la cantidad de fuerzas de seguridad destinadas al control de los manifestantes fue tan abrumadora que los propios uniformados cortaron las calles intentando cercar a los manifestantes hacia las veredas. Y tras el discurso presidencial, que finalmente fue emitido a la noche, esas mismas calles se llenaron de ciudadanos indignados que marcharon pacíficamente hasta el Congreso para expresar su rechazo. Sin protocolos y haciendo tronar sus cacerolas. El Gobierno recurrió desde días antes a un aparatoso bombardeo mediático amenazando con quitar los subsidios a los manifestantes que se sumaran a marchas. Su consigna fue: «El que corta no cobra». Pero también se traslucían temores ante las primeras reacciones luego de la brutal devaluación y el acelerado incremento de precios posterior. De todas maneras, el día elegido para presentar su mega DNU de apertura de la economía sonaba a provocación. Es que el 20 de diciembre de 2001 es una de esas fechas determinantes para la sociedad argentina, por el recuerdo de la feroz represión, con decenas de muertos, que puso fin al Gobierno de Fernando de la Rúa tras la experiencia de la convertibilidad y sus dramáticas consecuencias. Para colmo, muchos de los protagonistas de aquellos días están nuevamente en el poder y el DNU no es más que el reflejo de que para ellos –Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, Rodolfo Barra, entre otros– el decreto de estado de sitio del expresidente radical seguía vigente: de allí este protocolo, calificado de anticonstitucional por organizaciones de derechos humanos y juristas. Además, las medidas que anunciaría Milei no son sino una continuidad agravada de las que quedaron en el camino en aquellos aciagos días. Si en ese momento el grito en las calles era «que se vayan todos», la realidad 22 años después es que volvieron todos, por tercera vez, y con ataduras reforzadas al FMI. Caratular como provocación al día elegido para dar a conocer el decreto no es exagerado. Ya el Gobierno de Mauricio Macri había tenido en su momento una actitud similar cuando el 24 de marzo de 2016, al cumplirse los 40 años del golpe de Estado que inauguró la última dictadura cívico-militar, invitó al país nada menos que al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que finalmente tuvo que irse de «paseo» a Bariloche porque su presencia resultaba demasiado chocante. Ahora también debió sonar demasiado, y por eso la cadena nacional de Milei para anunciar su controvertido DNU se postergó hasta la noche. Pero desde temprano las fuerzas policiales iniciaron en varios puntos del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires requisas en colectivos y trenes, pidiendo documentos y tomando fotos a los pasajeros. Al deseo de atemorizar –desde tiempos de la dictadura que no se veían imágenes como esas– se les sumaron mensajes en las estaciones de trenes urbanos y hasta una pantalla con una imagen del presidente de la Nación que muchos identificaron con la película Gran Hermano, basada en la novela 1984, de George Orwell. Los canales cubrieron el accionar policial y en algunos casos los presentadores de noticias parecían estar a la derecha del Gobierno, alentando a impedir cualquier corte a como diera lugar. Mientras tanto, en las redes se repetían críticas sobre lo anticonstitucional del operativo y aparecían teléfonos y recomendaciones ante la posibilidad de que la represión fuera indiscriminada, como prometían las medidas que se ponían en marcha. La cantidad de personal de seguridad era tanta que no había modo de circular por las calles. Un pase de comedia que se continuó con el cruce del nuevo jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, con la ministra Bullrich. Fue cuando al exsecretario de Seguridad de Lanús le preguntaron qué tenía para decir sobre el operativo de las fuerzas federales. «Pregúntenle a Bullrich», dijo, de malhumor. Luego, alguno de los movileros descubrió que estaba dialogando con el líder piquetero Eduardo Beliboni y se descargó contra el funcionario porteño. No podía tolerar que se intentara resolver la cuestión hablando. Esa es también otra expresión de los tiempos que corren. La indignación de comunicadores televisivos que parecían ansiar actos de violencia, hasta el posteo –luego borrado– en la red social X de un diputado bonaerense pidiendo directamente que corriera sangre, hasta los de militantes de LLA también furiosos porque, finalmente, los manifestantes pudieron marchar pacíficamente, llegar a la Plaza de Mayo, leer un texto alusivo a aquel 20 de diciembre y luego desconcentrarse tranquilamente. Solo hubo un par de incidentes menores con dos detenidos. Toda la marcha y los movimientos de los uniformados fueron seguidos por pantallas ubicadas en el Departamento Central de la Policía Federal por el presidente de la Nación, la ministra de Seguridad y la titular de la flamante cartera de Capital Humano, Sandra Petrovello. Otro acting muy afín a las películas de acción. Lo que ocurriría después también fue un revival de diciembre del 2001: tras el mensaje de un cuarto de hora de Milei –rodeado de sus ministros y un Sturtzenegger que resaltaba por su vestimenta disonante– comenzaron los primeros cacerolazos en distintos puntos de la ciudad. A medida que iban creciendo las protestas espontáneas, miles de personas se fueron acercando de las esquinas más características de los barrios y se inició una marcha lenta hacia el Congreso donde hasta altas horas de la madrugada permanecieron cantando consignas contra las medidas anunciadas.
Apegado a las formalidades, el presidente Javier Milei tomó posesión del cargo a las 12 del mediodía de este 10 de diciembre y 15 minutos más tarde dio su primer discurso. Un mensaje leído en el escenario que se montó en la explanada del Congreso, de espaldas al soberbio edificio legislativo, donde permanecieron sentados los mandatarios extranjeros que asistieron al recambio presidencial y que representan todo un símbolo de lo que el nuevo inquilino de la Casa Rosada pretende para su gestión. Ante ellos, y frente a una multitud de seguidores no tan masiva como pretendía el fundador de La Libertad Avanza, Milei se comprometió a llevar adelante un ajuste que, aseguró, será feroz y frente al cual, repitió varias veces, «no hay alternativa ni gradualismo». Detrás de Milei, que habló de pie ante los micrófonos de la cadena oficial, se destacaron, de un lado, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, su colega armenio, Vahagn Jachaturián, el chileno Gabriel Boric y el rey de España, Felipe VI. Del otro sector, compartían imagen los jefes de Estado de Paraguay, Santiago Peña, el uruguayo Luis Lacalle Pou, el ecuatoriano Daniel Noboa, el húngaro Víktor Orban y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Entre los invitados a la ceremonia también hubo representantes de segundo nivel como el canciller de Brasil, Mauro Vieira –el desplante a Lula da Silva tiene su precio-; la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm –la cercanía a Donald Trump también se paga–; el líder del ultraderechista Vox, el español Santiago Abascal, y la diputada española-argentina-francesa del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, entre otros. Las presencias y las ausencias son significativas y dan indicios sobre la orientación que en materia de política internacional tendrá el flamante Gobierno. La alocución de Milei se centró en justificar lo que el nuevo mandatario considera una refundación nacional en base a presuntas «herencias recibidas». Aunque mencionó en primer lugar al Gobierno de Alberto Fernández, Milei remontó sus críticas hasta un siglo atrás, repitiendo su ya conocido latiguillo de que a principios del 1900 Argentina era la principal potencia del mundo, un dato que la realidad no respalda. «Hoy comienza una nueva era –abrió el mandatario–, hoy enterramos décadas de fracaso, peleas intestinas, y comienza una era de paz, prosperidad, crecimiento y desarrollo, en libertad y progreso». Y se remontó hasta el nacimiento del país, cuando, dijo, la Argentina había decidido en 1816 no ser colonia de España nunca más. Además, repitió parte del preámbulo de la Constitución de 1853, a la que dijo considerar una Carta Magna liberal luego traicionada por «los políticos» que «decidieron un modelo que solo genera pobreza, estancamiento y miseria». Reiterando algunos lugares comunes de la campaña, Milei omitió explicar cuáles serán sus primeras medidas, lo que quedará claro este lunes antes de la apertura de los mercados, con una conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo. En cambio, trazó un crudo panorama de los momentos de pesadumbre que, aseguró, esperan a los argentinos. «Haremos un ajuste fiscal en el Estado del 5% del PBI. En el Estado, no sobre el sector privado», dijo, mientras desde la plaza del Congreso se escuchaban cánticos de «motosierra, motosierra». «No hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. Todos los programas de gradualismo terminaron mal, mientras que todos los programas de shock fueron exitosos», agregó, para luego asegurar que, según su evaluación, el Gobierno deja una inflación plantada de 15.000% anual «que vamos a luchar para erradicar». «No hay solución alternativa al ajuste», repitió un puñado de veces. «Desde el punto de vista teórico, los empresarios no invertirán hasta que venga un ajuste fiscal recesivo». Y a eso se comprometió. A continuación, señaló que habrá estanflación, como ya venía advirtiendo en declaraciones públicas de las últimas semanas. «Será el último mal trago para la reconstrucción argentina», arengó. «Pero habrá luz al final del camino», dijo, en un revival de discursos optimistas de otros presidentes a la hora de iniciar procesos de ajuste. En otro esbozo de cómo mira al mundo y cómo espera que lo vean, dijo que la alternativa «sensiblera» –así la calificó–, llevaría el país a ser «como la Venezuela de Chávez y Maduro». Con respecto a la inseguridad, calificó a Rosario, sin nombrarla, como una ciudad «secuestrada por los narcos». Dijo que las fuerzas de seguridad habían sido abandonadas por los Gobiernos y que «solo el 3% de los delitos son condenados», circunstancia que también se debería atribuir, en todo caso, al Poder Judicial. Sin embargo, desde la plaza gritaban «policía, policía». Milei criticó la situación en el área de Salud, cuestionó las políticas implementadas durante la pandemia y adelantó que propone un nuevo contrato social con algunas consignas y frases hechas ya utilizadas durante la campaña: «El que las hace, las paga». «Quien corta la calle no recibe la asistencia de la sociedad, el que corta no cobra». «Dentro de la ley se permite todo, fuera de la ley no se permite nada». En el cierre, acudió a la Biblia para agradecer que su asunción coincida con la celebración de Janucá, la fiesta «que recuerda la guerra de los macabeos, los débiles contra los poderosos, la luz sobre la oscuridad, la verdad sobre la mentira». Y culminó con un «Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo!». En síntesis, un sinfín de vaguedades plagado de eslóganes, con marcado tono neoliberal, cuya clave interpretativa se develará en el paquete de leyes que enviará a las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional.
Desde antes de que las urnas consagraran a Javier Milei como nuevo presidente de los argentinos ya se evaluaba en los mentideros políticos el peso legislativo con el que el libertario podría gobernar. Es que las bancas se repartieron en la primera vuelta, que resultó, dentro de lo adverso del resultado en la presidencial, bastante beneficioso para Unidos por la Patria (UxP): quedó con 108 diputados y es la primera minoría. El futuro oficialismo, por su parte, logró con su segundo puesto en octubre 38 asientos en la Cámara Baja. En el Senado, La Libertad Avanza (LLA) queda con 8 curules contra 33 de UxP, que está, así, a cuatro votos del quórum propio. En ambos recintos resultará clave la bancada de Juntos por el Cambio (JxC) –93 en Diputados y 24 en el Senado tomada en conjunto, aunque se auguran particiones–, pero aquí la cuestión es qué posición tomarán los «halcones y palomas» ante cada propuesta, desde las anunciadas privatizaciones hasta el superajuste estatal, que incluye la clausura total de la obra pública y el cierre de los grifos de los fondos coparticipables. Por lo pronto, Elisa Carrió anunció que considera a JxC una alianza literalmente rota «por voluntad ajena a la Coalición Cívica» y por lo tanto la agrupación «retoma su plena autonomía y va a luchar por los principios fundacionales, el contrato moral, el contrato republicano y el contrato de desarrollo económico» y añade que no van a participar de ningún tipo de negociación con el nuevo Gobierno. Los diputados Emilio Monzó y Nicolás Massot están terciando para unir a los descontentos del PRO y del radicalismo para armar un bloque que en principio tendría una docena de congresistas que no comulguen con LLA, entre los que integran a Margarita Stolbizer y aspiran a agregar a Miguel Ángel Pichetto. El «poroteo» en la deshilachada coalición PRO-UCR será decisivo para que el nuevo «inquilino» de la Quinta de Olivos, como se autodefinió, pueda hacer realidad dentro del marco constitucional las iniciativas ultraneoliberales que mostró en la campaña y el programa de gobierno. Milei no se queda quieto mientras esto ocurre. Habría abierto una línea de negociación con Florencio Randazzo y Juan Schiaretti para construir su propia «pata peronista». De hecho, por esas negociaciones, Alejandro Rodríguez y Graciela Camaño, legisladores del Interbloque Federal abandonaron el grupo y conformaron una nueva bancada denominada Consenso Federal. Por su parte, la Unión Cívica Radical, que mantuvo una posición ambigua antes del balotaje, no apoyando de palabra a ningún candidato y atribuyéndose el rol de oposición en cualquiera de las opciones, emitió a las pocas horas del comicio un comunicado protocolar en el que saluda «al presidente electo Javier Milei y expresa su predisposición a la cooperación republicana para sumar soluciones a la recuperación argentina». A continuación, el texto sostiene que «hace 40 años recuperamos la democracia que permitió nuevamente que el pueblo se exprese y otorgue una visible mayoría que respetamos aportando nuestros propósitos de más democracia con igualdad y equidad social».
Preocupación provincial Como sea, los diez gobernadores alineados con JxC se reunieron este miércoles en la Casa de la Provincia de Mendoza en CABA para acordar un mecanismo común ante lo que se avizora como un brutal recorte de presupuesto nacional y para urgir a la gestión de Alberto Fernández el envío de partidas de coparticipación antes del 10 de diciembre. Extraño pedido en quienes no pueden decir que no sabían qué estaba en juego en las urnas: Milei no fue un Carlos Menem o un Mauricio Macri, quienes reconocieron que si decían lo que pensaban no los iban a votar. En el documento que firman los mandatarios electos y en funciones Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), remiten puntualmente a la demanda de los mandatarios del Norte Grande de un decreto de la actual gestión para compensar la detracción de fondos coparticipables a partir de la nueva ley de impuesto a las Ganancias que impulsó Sergio Massa. Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Morales (Jujuy), Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), a los que se sumó también el correntino Valdés, habían pedido a Fernández no solo que «arbitre los medios necesarios para que se incorpore a la masa coparticipable el 25% de la recaudación del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y el 35% de la recaudación del Impuesto País», sino que prorrogue el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial «creado por Decreto N°286/95, hasta el 27 de febrero de 2050». En estos días febriles, ante el resultado tan inesperado como abultado en favor del libertario, también el Foro de Vicegobernadoras y Vicegobernadores argentinos (Fovira) expresó que se juntaron para pedir la restitución de fondos coparticipables en tándem con los gobernadores norteños.
Temerarias afirmaciones Cornejo, el dueño de casa en la cumbre de «cambiemitas», asumirá en diciembre un segundo mandato en Mendoza y mantiene una puja partidaria con el jujeño Morales, que aún lidera la UCR y se mostró más cercano a Massa. Otro cercano al fallido candidato en esta instancia como Martin Lousteau apuesta a convertirse en el nuevo líder partidario en competencia con Valdés. En esa puja se juega seguramente el rol que tendrá el radicalismo, que en verdad se diluyó bastante a la sombra del Gobierno de Macri. Las elecciones provinciales le dieron ánimos; sin embargo, en la segunda vuelta, algunos de los experimentados caciques comprobaron que la ciudadanía acompañó sin dudarlo a Milei. En el país, salvo Formosa, Santiago del Estero y la provincia de Buenos, el resto se tiñó de violeta, el color elegido por LLA. En el caso mendocino, Cornejo se encontró con que el apoyo fue del 71% de sus comprovincianos y no quiso estar en contra de esos vientos que corren, de modo que señaló a la salida del encuentro que «Argentina tiene la necesidad de reformas económicas fuertes, que son necesarias». Pero luego consideró que «las reformas tienen que tener consenso político y este consenso hay que conversarlo». Pero Milei siente que el respaldo ciudadano obtenido es determinante y, por lo demás, no parece querer consensuar nada. Lo mostraba en campaña y en su primer discurso como electo se dirigió a «los argentinos de bien», aunque no les cerró las puertas a quienes se quieran incorporar a su espacio. Mauricio Macri, que también estuvo presente en los estudios televisivos amigos de un modo insistente –tiene sus propias cuitas por el reparto de cargos con Milei y además compite en Boca Juniors por destronar a Juan Román Riquelme– ante la percepción de un escenario conflictivo, no apeló a la legalidad sino a una respuesta temeraria más propia de barras bravas: «Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra, los jóvenes van a salir en su oportunidad, entonces los orcos van a tener que medir muy bien cuando quieran salir a la calle a hacer desmanes». Nadie le repreguntó ni le advirtió sobre el riesgo para el sistema de convivencia democrática de esa amenaza.
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