Una vieja tradición argentina dice que un nuevo gobierno tiene 100 días de gracia antes de que le lluevan las primeras críticas a su gestión. Javier Milei ya habrá consumido, al 30 de enero, la mitad de ese período. En pocas semanas ya tuvo una crisis de gabinete, debió bajar artículos importantes de su proyecto de ley ómnibus porque no serían votados ni por sus aliados, se enfrentó con lideres internacionales y en ese camino fue acumulando en su contra hasta a sectores que lo habían votado y confirmó el rechazo de quienes nunca creyeron que la solución para los problemas nacionales fuera una motosierra o el regreso a la Argentina de fines del siglo XIX. Señales de cómo sería la gestión del paleolibertario abundaron desde el primer día, y nadie puede decir que no la vio venir. Nunca un presidente de la democracia había elegido darle la espalda al Congreso Nacional en su discurso inaugural, como hizo Milei aquel 10 de diciembre que parece tan lejano. Tampoco hubo presidentes que les hubieran dado a espalda tan ostensiblemente a los socios estratégicos del país, como lo hizo al otorgarle estatus oficial al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro en contra del presidente Lula da Silva. Es que si algo caracteriza al núcleo más cercano al presidente argentino es su dogmatismo. Los primeros tropiezos internacionales fueron, en tal sentido, protagonizados por su canciller, Diana Mondino, que tuvo que enfrentar chisporroteos con Itamaraty aun antes de asumir el cargo. Luego tuvo enfrentamientos con el gobierno chino, al que en un inexplicable gesto de provocación le mencionó el derecho de Argentina a comerciar con Taiwán en un encuentro con el embajador Wang Wei. La relación con la segunda potencia económica del mundo se ha convertido en tan determinante para la Argentina que Mondino tuvo que admitir ante el mismo Wang que el país, como viene ocurriendo desde que se restablecieron las relaciones diplomáticas, en 1972 –plena dictadura de Alejandro Agustín Lanusse–, reconoce la existencia de una sola China y que Taiwán es una provincia indivisible de esa Nación.
Cuestión de peso Pero esos son apenas detalles de cómo La Libertad Avanza (LLA) piensa que deben conducirse estas pampas. Porque ese mismo esquema de rigidez intelectual se intentó aplicar al resto de la cosa pública. En un contexto en el que, y esto es un punto clave, LLA no tiene suficiente peso político como para imponer sin más sus propuestas, pero sí tiene voluntad en pasar por sobre usos y costumbres sin reparar en daños y contando con el apoyo de medios hegemónicos. Esto fue muy evidente en el anuncio del DNU 70/2023, que de un plumazo borra más de 300 leyes, que recibió cuestionamientos en varias instancias judiciales y está a la espera de que la Corte Suprema decida sobre su constitucionalidad. Algo que juristas de toda laya han dicho que no pasa el filtro de la legalidad de acuerdo con la Carta Magna vigente. Además, generó, con su solo anuncio, una reacción social inédita para un gobierno recién asumido: miles de argentinos y argentinas expresaron un espontáneo rechazo en marchas y cacerolazos. El anuncio de ese DNU se recuerda por el rol predominante que tuvo el economista Federico Sturzenegger, uno de los adalides de esta reconstrucción oligárquica. El expresidente del Banco Central durante la gestión Macri había sido impulsor del ruinoso megacanje de deuda externa en el final del gobierno de Fernando de la Rúa. En esta tercera oportunidad que le da la vida, se lo vio con un traje celeste que se destacaba en el entorno de ministros más bien formales cuando Milei leía el mensaje en el que se prometía que iba a volver la Argentina potencia. El académico del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de Harvard entonces no tenía un puesto definido en el Gobierno y oficiaba de «ministro sin cartera», el que le acercó a Milei el plan de megaajuste regresivo que le había propuesto a Patricia Bullrich cuando era candidata presidencial. El otro personaje que también venía de fracasos previos con el macrismo, Luis «Toto» Caputo, se instaló en el Ministerio de Economía con la tarea de arreglar el problema de la deuda con el FMI que él mismo había generado en su paso por ese puesto, en 2018. Su primera medida esta vez fue una devaluación del 118% de la moneda argentina. Una devaluación sin paracaídas, acompañada por la liberación de todos los precios que golpeó directamente en los bolsillos de los ciudadanos con menos espaldas para resistir.
Milei. En sus primeras semanas de gestión se enemistó con los dos principales socios comerciales: China y Brasil.
Foto: Getty Images
Bases austríacas Sobre llovido, mojado, a poco de que el DNU generara rechazos sucesivos de los afectados y de aquellos que saben cómo puede terminar todo, el Gobierno envió al Congreso la ley Ómnibus, que con el rimbombante nombre oficial de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» pretende modificar o derogar otras 360 leyes. Tanto el DNU como el proyecto de ley Ómnibus intentan una reforma tan profunda de la vida de los argentinos que ni siquiera las dictaduras que se sucedieron desde 1955 pudieron lograr. Y acá es bueno recordar quiénes son los mentores de Milei y a qué obedece su, a esta altura, empecinada defensa del liberalismo más feroz. Uno de los personajes más influyentes de la llamada Revolución Libertadora fue Alberto Benegas Lynch, padre del ahora diputado «Berty». Impulsor de la escuela económica austríaca –Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, entre los que Milei suele mencionar–, Benegas Lynch, de 83 años, es un furibundo enemigo de todo lo que huela a socialismo. Escuchar las diatribas del presidente contra estas ideas es rememorar sus columnas en el diario La Prensa de los años del peronismo proscripto. Las mismas añejas consignas que repitió Milei en el Foro de Davos, para sorpresa del mundo. Puede decirse que esa línea ideológica abomina de tres «so»: socialismo, solidaridad y soberanía. Y no lo ocultan, de allí que busquen denodadamente relaciones carnales con Estados Unidos y el Occidente, sin medir incluso los beneficios que ese seguidismo pueda acarrear al país. Lo hicieron en los 30 con el tratado Roca-Runciman, que ató al país a una potencia decadente. Por eso suena a extemporáneo que defiendan ahora la dolarización, su manera de evitar que «los políticos» puedan usar «la maquinita» para llevar adelante propuestas públicas. Esta suerte de fanatismo liberal que viene de los Benegas Lynch y se inscribe en el gen de Milei y Mondino, al que algunos denominan «fascismo religioso de mercado», es el que lleva a que tanto el inquilino de la Quinta de Olivos como la canciller traten con desprecio a quienes no piensan igual, lo que en cualquier gobierno resulta fuente de enfrentamientos constantes, como se ve desde el 10 de diciembre pasado. Así, la oposición más amigable –esa del PRO, de un núcleo importante de la UCR, del llamado irónicamente «peronismo tolerable» y de gobernadores de esos espacios– se las ven en figurillas para dar su apoyo a la ley Ómnibus. En los últimos días de enero, hubo ingentes cabildeos en esos sectores para modificar las propuestas más irritativas para los votantes de cada uno de esos ámbitos mientras recibían furiosas acusaciones de la Casa Rosada. Los negociadores se topan con mensajes francamente ofensivos del presidente o del titular de Economía, pero que soportan sin despeinarse, con un estoicismo digno de mejor causa. El eje de cada intervención es que los que no querían apoyar las iniciativas oficiales es porque esperan una coima. Caputo, que también es un agresivo «tuiteador», tampoco se guardó brulotes y amenazas a quienes no firmen a libro cerrado esas propuestas como las únicas posibles para que el país salga del atolladero en que se encuentra. Andando las horas, y cuando se acercaba el día que la CGT se había fijado para su primer paro general y movilización contra el DNU y el megaproyecto de ley, se evidenció que no le iba a resultar fácil al Gobierno lograr su objetivo. Por un momento, parecía que esas ínfulas de violencia verbal contra la oposición se morigeraban en aras de obtener apoyo legislativo. Los puntos más urticantes eran el intento de retorno del Impuesto a las Ganancias para al menos 800.000 trabajadores –revirtiendo una medida del exministro de Economía y candidato Sergio Massa que apoyó LLA–, las privatizaciones, los tramos de la reforma laboral y la fórmula de actualización de las jubilaciones. En paralelo, crecían los amparos en el fuero judicial a la espera de que se termine el mes de feria para que la Corte intervenga. Hasta que el 26 de enero el ministro Caputo anunció que bajaban el capítulo entero de reformas fiscales, aunque seguía en la mesa la consigna «déficit cero» a cualquier precio. Lo que también quedó claro luego de extenuantes sesiones parlamentarias en las comisiones que analizaron el megaproyecto de ley y que, a duras penas, aprobaron un dictamen con el apoyo de 55 diputados –34 de ellos en disidencia– es que el Gobierno no dudará en apelar a todas las mañas que se atribuyen a «la casta» política con tal de cumplir con sus objetivos. Por ejemplo, cuando todavía no se habían acallado las voces de la protesta en todo el país, se supo que el dictamen firmado tuvo cambios de última hora en una maniobra que para algunos críticos responde a un símil «Banelco» de Milei, en homenaje a aquella ley de tiempos de De la Rúa que selló en gran medida el destino de ese gobierno. Según las denuncias, en una reunión subrepticia en la casa de un flamante dirigente de LLA se acordó hacer cambios sobre el texto votado, lo que invalidaría su legitimidad. En condiciones normales de democracia institucional, claro.
24 de enero. Multitudinaria protesta en Buenos Aires y decenas de ciudades contra el DNU y el proyecto de ley Ómnibus.
Foto: NA/Reuters
La respuesta La movilización del 24 de enero fue masiva en todo el país y significó un desafío de las organizaciones sindicales ante las amenazas del protocolo antidisturbios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien desde su primer día de gestión –otra reciclada de anteriores gobiernos de destino malogrado– hizo gala de un estilo prepotente y enmarcado en el marketing político. Como cuando informó de la detención de una célula terrorista que resultó ser un peluquero, un entrenador de ping pong y un fabulador, luego liberados por falta de pruebas. Un detalle del proyecto de ley Ómnibus la pinta de cuerpo entero: la primera versión penalizaba las reuniones de más de tres personas, algo que dijo, había sido un error de redacción y cambió por 30. ¿Error o chicana para que parezca que ceden algo en las negociaciones? Era ella la que pensaba poner en marcha el paquete de reformas de Sturzenegger. De hecho, la propaganda en la que el polémico funcionario, ahora al frente de la flamante Unidad Transitoria de Desregulación de la Economía, entrega un mamotreto con el que piensa cambiar para siempre la historia argentina formaba parte de la campaña del PRO. Y el lema era «si no es todo, no es nada», lastimoso reverso del «Triunfo agrario», de Armando Tejada Gómez y César Isella que cantaba Alfredo Zitarrosa. Los cambios que Milei pretende imponer, a todo o nada, son los que el golpe de 1955 no pudo completar, al igual que el de 1976 y el gobierno de Carlos Menem, que lo puso en marcha, pero se estrelló con la convertibilidad, en diciembre de 2001. Macri hizo lo suyo, pero tampoco llegó a avanzar demasiado y fue repudiado en las urnas. Volver a Juan Bautista Alberdi, como proclaman, sería volver a la Constitución de 1853 –que a la sazón no firmó la provincia de Buenos Aires–, cuando no había leyes laborales y el país estaba subsumido en el Imperio Británico. Años de oro que esa élite todavía añora. Previo a los «desvíos» de Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, entre otros, y a la democracia recuperada hace 40 años.
Un hombre que quiere volver a ser presidente de Estados Unidos y en un chasquido de dedos da por tierra con la realidad que dibujó el imperio desde 2001. Otro que tilda de comunistas “feos, sucios y malos” a los líderes de los principales socios de la Argentina y a los ricos más ricos del mundo en Davos. Con palabras fáciles, con cosas de locos, pero así sucede en estos tiempos.
Tiempos incómodos para los habituados a interpretar el mundo según ciertas definiciones y con la garantía de que vivir en comunidad es acordar mínimas cuestiones comunes, como la palabra. Para no perderse. Como que el cartelito que indica la ruta a Mar del Plata no mienta. Y que tanto el cartelito como la ciudad sigan allí por si queremos volver.
Siempre hubo quienes decían y hacían por fuera de la caja. Eran loquitos, sí, pero para romper con la modorra de las cosas siempre iguales. Pero estos nuevos locos son como aquel cajero cuya torpeza le hacía cometer errores siempre a su favor. Estos no son de hacer locuras para los de abajo. Son capaces de tildar de “zurdos” y malignos al Papa, a los megamillonarios, a los líderes de Brasil o China. Y luego pedirles la pelela como si nada.
Algo sobre los ricos de Davos que piden pagar más impuestos para terminar con la desigualdad, como Abigail Disney y otros 250 supermillonarios que firmaron el documento “Proud to pay more» (Orgulloso de pagar más). Quizás sean medio colectivistas, como dijo Milei. Pero en el fondo saben que cualquiera puede decir cualquier cosa sin consecuencias. No va a pasar que tengan cumplir. Por otro lado, si quisieran pagar lo hubieran hecho sin tanta alharaca.
Donald Trump promete terminar con la guerra en Ucrania, sentarse con árabes e israelíes y traer la paz al mundo sin que se le despeine el jopo. Pero al mismo tiempo, beneficiar con menos impuestos a los más ricos, como ya hizo en su reforma fiscal de 2017. La línea es la misma que suena en Milei: baja en bienes personales, incremento a ingresos de trabajadores.
En esto de decir cualquier cosa, Trump es bueno. Ahora dice que lo del 11S fue un atentado falso, pero cada año mientras fue presidente conmemoró el atentado y su abogado más cercano fue un héroe de aquella jornada, Rudy Giuliani, que era el alcalde de Nueva York. Giuliani se declaró en bancarrota en diciembre pasado al ser condenado a pagar 148 millones de dólares a dos trabajadoras de la oficina electoral de Georgia a las que acusó de hacer fraude contra el candidato republicano en 2020. Giuliani es el mismo que Sergio Massa trajo, cuando era intendente de Tigre, para presentar su plan de seguridad, como recordó Milei en el debate presidencial.
A propósito de Milei: estos días se mandó otra, cuando con cara de dormido –qué parecido al Mauricio Macri de otros zooms- le dijo en una entrevista a Patricia Janiot que Gustavo Petro es un comunista asesino. Es obvio que el presidente colombiano, que en su juventud integró la organización rebelde M19, se haya ofendido y llamado en consulta a su embajador en Buenos Aires. Un mandatario no puede quedarse callado cuando le dicen algo así.
Pero que alguien le diga de nuestra parte que no se haga problemas. Le dijo cosas peores a Patricia Bullrich y no tardó casi nada en hacer las paces y convocarla para ocupar la cartera de Seguridad. Otra perlita: cuando ganó Petro, en junio de 2022, la portada de Clarín fue “Colombia da un giro y un ex guerrillero será el nuevo presidente”. Menos mal que Bullrich no llegó siquiera al balotaje.
Las primeras medidas del gobierno de Javier Milei y la figura del presidente de los argentinos invitan en todo el mundo a diversas expresiones de rechazo y hasta se presta a la pulla, como ocurre con la portada de la revista satírica española Mongolia, que intervino una fotografía del mandatario paleolibertario para recortar y utilizar como careta. “La careta del Leoncito Milei” ironiza. En esa misma lógica de adelantarse a los carnavales, publica en el interior otra careta, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que comparte esa línea ultraderechista aunque está (aún) dentro del Partido Popular de España.
“Si ellos se ríen de nosotros cada día, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? ¡Empieza el año de buen humor ponte nuestra careta de Milei y asusta a los pobres, a los hambrientos, a los necesitados, a los demócratas y a todo el que prefiera que el fin del mundo no empiece en su propio país”, propone Mongolia.
La columnista de Tiempo Cecilia González posteó en su cuenta de X varios flyers de convocatorias a solidarizarse con este primer paro y movilización contra el gobierno de La Libertad Avanza desde todo el mundo. Se trata de centrales sindicales y agrupaciones políticas de Portugal, España, Francia, Países Bajos, Bélgica, Perú, Chile, Uruguay y Brasil.
En ese sentido, las organizaciones sindicales, junto con organizaciones sociales y de argentinos en el exterior, realizaron actos frente a las embajadas de Argentina en Roma, Berlín, Madrid y Barcelona, París, Bruselas y Londres. En América Latina, hubo manifestaciones en Montevideo, Santiago, Brasilia, San Pablo, La Paz y Asunción.
En la exTwitter, por su parte, se expresaron también periodistas de Italia, España, Alemania.
Si el mega DNU del 20 de diciembre era una señal de que Javier Milei está dispuesto a ir a por todo con su programa regresivo, los 664 artículos de la ley ómnibus que envió el 27 contienen una alarmante pretensión de que el Congreso le otorgue la suma del poder público. El documento propone modificaciones que retrotraen el manejo de la cosa pública a aquello que los conservadores le criticaban a Juan Manuel de Rosas, a pesar de que Milei decidió presentarlo con el pomposo título de «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», en referencia al texto de Juan Bautista Alberdi que sirvió para la redacción de la Constitución argentina de 1852. Entre el 20 y el 27 del último mes de este año, atravesado por una tormenta de la que muchos argentinos aún no se han desayunado, y cuando arreciaban las voces de repudio al decretazo tildado de anticonstitucional por letrados de los más diversos sectores, Milei amenazó con llamar a un plebiscito para que sea la población la que determine la legitimidad del proyecto orientado a llevar a cabo la más profunda reforma política, económica y laboral en la democracia vernácula. Lo que surge de las dos iniciativas es la idea de construir un Estado que amplía las ventajas para los poderosos y que tiene como rol casi exclusivo el de impedir a como dé lugar que los menos favorecidos se quejen por ser obligados a jugar con la cancha inclinada. Esa estrategia se vio el mismo 20 de diciembre, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estrenó su protocolo antidisturbios. Y siguió en la marcha organizada por las centrales sindicales y organizaciones sociales frente al Palacio de Justicia una semana más tarde, cuando agentes de la Policía de la Ciudad cercaron y terminaron deteniendo a manifestantes que se retiraban de manera pacífica. Ya lo había dicho alguien tan distante de las izquierdas o el kirchnerismo como la lideresa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió: «Este proyecto solo cierra con represión». Y para eso están Bullrich y el nuevo jefe de la policía porteña, Diego Kravetz. Lo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, por el momento jugando en un segundo plano, parece destinado a sumar masa crítica en las Fuerzas Armadas para reconstruir la alianza cívico-militar de 1976. Como sea, la apuesta de Milei y el grupo de estudios de abogados que elaboraron tanto el DNU como la ley ómnibus es ir lo más rápido posible hacia una reforma radical que demuela esas otras bases en las que se erigió esta Argentina que conocemos. La velocidad es primordial, porque el plan es machacar en caliente antes de que los votantes fieles de Milei, ese 30% de las PASO y la primera vuelta, se terminen de dar cuenta de que la casta eran ellos. Pero si las condiciones no permiten avanzar al ritmo que se pretende desde la habitación del Hotel Libertador, está la amenaza de convocar a una consulta popular para avalar la reforma esquivando el rechazo legislativo. Milei no habló ante el recinto cuando asumió el cargo, sino de espaldas al Congreso. Más claro no podría haber sido. El que no quiso darse cuenta es porque estaba mirando otro partido. Y el fundador de La Libertad Avanza parece seguir los pasos de algunos antecesores regionales en esto de pasar por sobre las instituciones.
Democracias en tensión El precedente más cercano es, por cierto, el salvadoreño Nayib Bukele. En el Gobierno desde 2019, este empresario publicitario pertenece a esa camada de presidentes de alto perfil que no dudan en imponer sus propuestas aun contra la letra y el espíritu de la ley. Su justificativo es que necesitaba mano dura para combatir la violencia de las maras. Las fotos de miles de detenidos humillados en las superpobladas cárceles salvadoreñas –muchos de ellos literalmente «cazados» en las calles y sin delitos comprobados– escandalizaron al mundo, pero le granjearon las simpatías del electorado salvadoreño, que no vio con malos ojos su ingreso a la fuerza a la Asamblea Nacional (Congreso) en febrero de 2020 para que los diputados le votaran un paquete de leyes de inversión. Luego, obtuvo mayorías para descabezar al Poder Judicial y remover a todos los integrantes de la Corte Suprema y la Procuraduría General. El otro espejo de Milei es Alberto Fujimori, quien recuperó la libertad el último 6 de diciembre, luego de haber pasado los últimos 18 años cumpliendo sentencias por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Fujimori impuso el neoliberalismo más extremo en Perú, en los años 90, cuando en estas pampas gobernaba Carlos Menem, otro modelo para Milei, y luego cayó en desgracia. Cuando asumió, en 1990, este ingeniero de origen japonés lidió con un congreso de mayoría opositora, pero que le concedió en grajeas poderes especiales para las reformas neoliberales que tanto el FMI como el Banco Mundial requerían en el marco del Consenso de Washington. Para entonces, Perú atravesaba una inflación del 7.000% al año. Mientras tanto, se extendía en el país la lucha contra la guerrilla de Sendero Luminoso, lo que le daba un rol fundamental a las Fuerzas Armadas. En ese escenario, había un choque generalizado entre las medidas que trataba de imponer el presidente y las denuncias por violaciones a derechos humanos en el interior del país a que los diputados prestaban oídos y trataban de dar respuesta institucional. Hasta que el 5 de abril de 1992, en un discurso por cadena nacional, Fujimori anunció que disolvía el Congreso y establecía una profunda reforma del Poder Judicial. El «Fujimorazo» fue un vuelo sin paracaídas en el que el presidente modificó las reglas de juego a voluntad –hasta cambió la Constitución nacional– y pudo quedarse en la Casa de Pizarro por diez años. Pero en noviembre de 2000, la sucesión de escándalos de todo tipo, desde la compra de votos a la venta ilegal de armas, sumada a delitos de lesa humanidad y la esterilización forzosa de cerca de 200.000 mujeres indígenas, lo puso en la picota. Sabiéndose perdido, asistió a una cumbre presidencial en Brunei y de allí viajó a Japón, desde donde renunció al cargo. El Congreso no le aceptó la dimisión y lo destituyó por «permanente incapacidad moral». El último capítulo de esta saga –donde hubo extradiciones, liberaciones, amnistías y regreso a las cárceles– se desarrolló hace 20 días. En esta Argentina atribulada por una alta inflación que el nuevo Gobierno se empeña en asimilar a una híper, no existen maras ni guerrilla, pero sí creatividad. En su anterior gestión, Bullrich llevó a cabo operaciones contra la supuesta Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Ahora el enemigo son las marchas contra las peligrosas políticas del nuevo Gobierno. En el Poder Legislativo y el Judicial todavía no hubo respuestas contundentes y preocupadas contra este avance sobre las instituciones. ¿Será que no la ven o que entre ellos hay socios del silencio?
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