El presidente de la Cámara Baja brasileña, Rodrigo Maia, del centroderechista partido Demócratas, celebró la votación con lágrimas en los ojos. En las calles de todo el país, miles de manifestantes protestaban contra una reforma que compromete el futuro de todos los trabajadores de ese país. Adentro del edificio del Congreso, 379 legisladores aprobaron una modificación a la ley de jubilaciones que, según las denuncia la oposición, fue lograda luego de que el gobierno de Jair Bolsonaro liberara no menos de 4300 millones de reales (unos 1200 millones de dólares) para «aceitar» el voto positivo de los más remisos.
Una suerte de Banelco a brasileña y a plena luz del día para la campaña de los legisladores y que según el mandatario, no viola ninguna disposición. Por cambios en el destino de los fondos presupuestarios similares, la presidenta Dilma Rousseff fue destituida en agosto de 2016, abriendo el proceso político que terminó con un exmilitar ultraderechista en el Palacio del Planalto. Paulo Pimenta, el líder parlamentario del PT, el partido de Lula da Silva, planteó una presentación ante la Procuraduría General de la República (PGR) en la que sostiene que el presidente cometió un crimen administrativo por la «compra de votos con dinero público». Su par del partido PSOL, Marcelo Freixo, dijo que acudirá al Supremo Tribunal para que se investigue la maniobra.
La normativa reformada –que en estos días será tratada en Senadores–, entre otros detalles, sube la edad mínima de retiro a los 65 años para los hombres y 62 a las mujeres y eleva los años de aportes. Actualmente es de 60 y 55 años respectivamente. Para el principal impulsor de esta reforma, el ministro de Economía, el neoliberal Paulo Guedes, esto permitirá un «ahorro» de algo más de 1,2 billones de reales (U$S 300 mil millones) en diez años.
Le emoción de Maia contrasta con la tristeza que se traslució en las calles ante el resultado de una votación que hasta el lunes parecía esquiva para el proyecto del gobierno. El dirigente, que tomó protagonismo tras el golpe contra Dilma y el encarcelamiento de Eduardo Cunha, nació en 1970 en Chile, donde su padre se había exiliado. Pero construyó a su regreso a Brasil una figura que contradice las razones por las que su familia se mudó para colaborar con el gobierno de Salvador Allende.
«Es un momento histórico», lagrimeó en su pupitre. «Todos hablamos de combatir privilegios y nuestro sistema de jubilaciones y de asistencia comete uno de los mayores errores que un sistema puede cometer. Por cada jubilado que está debajo de la línea de pobreza, tenemos cinco niños en esa situación. Estas reformas se proponen reducir las desigualdades, que es el objetivo de todos los parlamentarios aquí presentes».
Lo que está detrás de este apoyo fue en cierto modo develado por O Globo, un medio al que no puede caratularse de afín a la clase trabajadora. «Un día antes de la votación, el gobierno liberó 1,135 mil millones de reales (U$S 4.243.311.000) para el área de salud», señaló el martes, luego de consultar al Diario Oficial de la Unión, el boletín oficial brasileño. El diario agrega que según la ONG Contas Abertas, en los primeros días del mes Bolsonaro liberó 2551 mil millones de reales y desde enero otros 1773 mil millones.
No es que estos montos vayan a los bolsillos de los diputados, tienen como destino obras y proyectos en los estados o municipios a los que representen los legisladores. En todo caso, les permite hacer política usando dinero público para aprobar una normativa que no contaba con el beneplácito de la población ni de los sindicatos.
Otro dato destacable es que partidas recibieron un oportuno cambio de rumbo. Cerca de 1250 millones de reales habían sido asignados al programa Mas Médicos y otros planes de salud. Ese programa fue desactivado cuando Bolsonaro llegó al poder porque era el que financiaba a médicos cubanos. La falta de profesionales de la salud en los lugares que antes cubrían los que Rousseff había acordado con La Habana amenaza a diputados de regiones alejadas de los centros urbanos, que de este modo tal vez consigan que algún doctor atienda a sus votantes. «
Intercambio de hijos con Trump
Eduardo Bolsonaro integra el círculo más íntimo de su padre, Jair Bolsonaro, y es uno de los trols más activos en las redes sociales en favor del ultraderechista presidente brasileño. El más joven de los hijos del mandatario es diputado federal por San Pablo, por el voto de 1,8 millones de ciudadanos. En estos días se puede convertir en el nuevo embajador de Brasil en Washington. Entre las virtudes que ostenta para ocupar el cargo, según su padre, «sabe inglés y español y es amigo de los hijos de Donald Trump». Según el mismo candidato, «en mi juventud trabajé lavando platos con mexicanos y peruanos en una cocina cercada por la nieve en Maine y Colorado».
El anuncio comenzó como un trascendido que fue creciendo con las horas hasta que Eduardo Bolsonaro reconoció la oferta y aseguró que en la cancillería estaban de acuerdo. Fue entonces que otro trascendido vino desde Washington: que Trump, en un gesto de gentileza recíproca, analizaba nombrar como representante diplomático a Eric, el tercero de sus hijos.
Para Bolsonaro padre, que un hijo pueda servir como embajador no es para nada una muestra de nepotismo. Para lo cual exhibe los laureles de Eduardo. Que como graduado en Derecho por la Universidad Federal de Río de Janeiro y como parte de un intercambio estudiantil, el Worj Experience, estuvo en Estados Unidos en 2004 y 2005. Fue entonces que trabajó en un hamburguesería y se codeó con latinoamericanos que no estaban precisamente en plan de estudios.
En marzo pasado, cuando Bolsonaro hizo una gira oficial por EE UU: Eduardo lo llevó a la reunión privada con Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. Para el activista de la derecha neoliberal Steve Bannon, exasesor de Trump e impulsor de una internacional xenófoba, «Eduardo Bolsonaro llegará al puesto con conocimiento de los actores, de los asuntos y de las oportunidades». La noticia se conoció cuando el joven cumplía 35 años, lo que fue celebrado de un modo particular. Bolsonaro Junior recordó en esta ocasión que cuando su hermano Carlos fue elegido concejal en Río, «tenía 17 años. Cumplió 18 años en diciembre, tomó posesión del cargo en enero. Parece que el papá del cielo hace a la gente en el año preciso para cumplir con las edades mínimas en el futuro», dijo. Es que para ser embajador se requiere una edad mínima según la ley brasileña de 35 años. Y esa es la misma edad que, a su vez, tiene Eric, el hijo de Donald Trump y de la modelo checa Ivana Zelníček. Empresario dedicado al rubro del vino, tiene un viñedo en el estado de Virginia y acostumbra viajar seguido a la Trump Tower Punta de Este, donde algo de español utiliza. Casado con la periodista estadounidense Lara Yunaska, Eric Frederick creó la fundación que lleva su nombre y recauda fondos para el Hospital de Investigación Infantil San Judas de Memphis, Tennessee.
En cuanto a Eduardo Bolsonaro, en caso de que prospere su designación, debería renunciar a su banca de diputado. En principio, el canciller Ernesto Araujo no puso objeciones.
REFORMA
La nueva ley sube la edad mínima a los 65 años para los hombres y 62 para las mujeres. Actualmente es de 60 y 55. Además eleva los años de aportes.
MÁS MÉDICOS
El programa financiaba la llegada de médicos cubanos ante la falta de profesionales brasileños. Bolsonaro lo desactivó apenas asumió la presidencia.
Las revelaciones del sitio The Intercept sobre la manipulación del exjuez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol para encarcelar a Lula da Silva, que causaron un terremoto en el sistema político-mediático-judicial de Brasil, alientan también al dos veces presidente brasileño a volver al ruedo para reparar «esas cosas que hicimos mal» y concretar las que no se hicieron durante las gestiones del PT, entre 2003 y 2016.
Fue en un extenso reportaje concedido al Canal TVT, la televisión de la Central Unica de Trabajadores (CUT) de San Bernardo do Campo, la localidad paulista en la que Lula se forjó como dirigente gremial y donde tiene la única vivienda registrada a su nombre. Allí, Luiz Inácio Da Silva desafió a Moro y Dallagnol a un debate por la red O Globo en el horario que ellos decidan, «yo solo contra ellos dos», para demostrar públicamente que mintieron para sacarlo de la elección de 2018, donde aparecía como seguro ganador.
Al mismo tiempo, declaró que detrás de la Operación Lava Jato «están los intereses norteamericanos» y se mostró arrepentido, entre otras cosas, de no haber impulsado una ley de medios cuando estuvo en el gobierno.
El domingo pasado, en portal The Intercept, creado por el periodista estadounidense Glenn Greenwald, comenzó con la publicación de miles de filtraciones que muestran a través de mensajes de Telegram y mails, el modo en que Moro y Dallagnol fueron articulando la causa judicial para condenar a Lula, acusado de haber recibido un departamento triplex en Guarulhos como parte de una coima, a pesar de que, como reconoció el fiscal, no había pruebas.
Greenwald publicó en el británico The Guardian el reportaje al analista de la agencia NSA Edward Snowden que en 2013 reveló de qué modo las oficinas de inteligencia estadounidenses espían a todo el mundo mediante programas informáticos. Casado con Davis Miranda, un diputado por el partido PSOL, Greenwald desarrolló el portal para apoyar este tipo de iniciativas de particulares que por múltiples razones –mayoritariamente éticas– quieren dar a conocer esos secretos que los poderosos no quieren que las sociedades sepan. Tiene dos versiones, en inglés y en portugués.
Esta megafiltración afecta directamente al sistema político que, en 2016, armó un golpe de Estado institucional para voltear al gobierno de Dilma Rousseff y luego detener a Lula para que no pudiera ser candidato. Eso se ve claramente en algunas de las conversaciones de Telegram entre los implicados en la maniobra: Dallagnol y los fiscales de la llamada Fuerza de Tareas de Lava Jato.
Tanto Moro como Dallagnol reconocieron la veracidad de los mensajes, pero cuestionaron la violación a la intimidad que representaba y pidieron saber quién era la fuente que las había desnudado. Como Lula protestó ante Juca Kfouri y José Trajano –quienes lo entrevistaron para TVT después del escándalo pero antes de la huelga general de este viernes–, «ellos no fueron tan puntillosos cuando filtraron mis llamados a Dilma en 2016, ni de mis hijos». Lula se definió en esa entrevista como «encabronado» por la situación que le toca vivir, porque está detenido por un delito que no cometió.
Pero, también señaló que está mucho más tranquilo de que todos los jueces y los dirigentes que lo condenaron. «Siempre dije que Moro es un mentiroso. Lo dije en el primer testimonio que tuve ante él, que estaba obligado a condenarme. Porque su mentira había ido demasiado lejos y no iba a poder echarse atrás». Para graficar, agregó: «Moro dejó de ser juez hace mucho tiempo. Cuando la mosca azul de O Globo se posó en su frente, se convirtió en un sirviente de la Globo».
Luego reconoció como una falla no haber armado una red de televisión efectiva que peleara el discurso de los medios hegemónicos y no haber pensado en regular los medios. «No puede ser que nueve familias concentren toda la información que recibe nuestro pueblo», reconoció.
Sobre el Lava Jato, acusó a jueces y medios de haber creado algo así como monstruos y de haber destruido empresas cuando se acusaba a directivos o dueños de empresas de haber cometido delitos de corrupción. «No destruyeron a Samsung ni a Volkswagen cuando cometieron delitos sus directivos, acá se destruyeron cientos de miles de puestos de trabajo en Petrobras. Son irresponsables», declaró. Allí es donde vio la mano negra de los intereses estadounidenses detrás de la causa Lava Jato, aunque, aclaró, «eso no significa que no se tenga que condenar la corrupción».
Este domingo, mientras tanto, The Intercept subirá a su portal otra tanda de filtraciones que, por lo que dejó trascender, revela el modo en que una jueza federal y un magistrado de segunda instancia actuaron para impedir que en abril de 2018, Lula pudiera quedar en libertad, lo que hubiera abortado el plan para que quedara fuera del comicio. Pero aseguran que tienen más mensajes que involucran a toda la dirigencia que se prestó a ese accionar antidemocrático. «
Si esto no es apoyo explícito…
(Foto: Presidencia Brasil)
En Brasil, como en Argentina. Tras las revelaciones del domingo pasado, durante esta semana Jair Bolsonaro se mostró varias veces con el juez Sergio Moro, e incluso llegó a condecorarlo… Una situación con rasgos parecidos a cuando Mauricio Macri y el cuestionado fiscal Carlos Stornelli fueron fotografiados a escasa distancia uno del otro en el acto por el Día del Ejército.
La huelga paralizó Brasil La primera huelga general contra Jair Bolsonaro terminó con fuertes críticas en el acto central en San Pablo a las políticas de ajuste neoliberal del gobierno y es un llamado de atención para los planes del excapitán del Ejército. El paro de actividades en todo el país fue masivo y refleja el rechazo de la población a la reforma del sistema previsional, con que el ministro de Economía Paulo Guedes espera «ahorrar» unos U$S 250 mil millones anuales. Hubo represión en el centro paulista y también en Río de Janeiro. Sobrevoló en los discursos de los organizadores el mensaje de unidad opositora en torno a reclamos que afectan a todos los trabajadores y de los estudiantes, que fueron los primeros en ocupar las calles contra el mandatario ultraconservador. También el escándalo de las filtraciones sobre el proceso de Lava Jato. Bolsonaro enfrenta además una crisis de Gabinete azuzada por sus propios hijos a través de las redes sociales. El jueves echó al ministro de la Secretaría de Gobierno, el general Carlos Santos Cruz, enemistado con Carlos Bolsonaro y con Olavo de Carvalho, un extremista ideológico radicado en EE UU considerado el gurú del presidente.
El 17 de marzo de 2016 un juez federal de Brasil suspendió el nombramiento del expresidente Lula da Silva como ministro de la Casa Civil de Dilma Rousseff. El cargo de jefe de Gabinete de la entonces jefa de Estado le hubiera dado un fuero que habría impedido que fuese a prisión por los cargos que se le endilgaban. Pero la jugada tenía otro objetivo: el golpe contra la mandataria electa un par de años antes con 54 millones de votos estaba en marcha y el peso político y la muñeca del dirigente metalúrgico era la última opción para salvar el gobierno del PT.
La oportuna filtración de una conversación privada entre Lula y Dilma, viralizada por los medios de comunicación hegemónicos, justificó que el juez Itagiba Catta Preta Neto argumentara que había «riesgo de daño al libre ejercicio del Poder Judicial, de la actuación de la policía y del Ministerio Público» por lo que conversaban en forma privada ambos dirigentes. No hubo ninguna protesta por el espionaje ilegal de los medios mayoritarios y luego ocurrió lo que ya se sabe. Pero no era la única maniobra de espionaje ilegal en el destino del dos veces mandatario brasileño.
Ahora, la Orden de Abogados de Brasil (OAB), la institución madre de los letrados de esa nación y la única que hace de Colegio y otorga las matrículas para ejercer la profesión, clasificó como «grave episodio» la denuncia de la defensa de Lula sobre espionaje ilegal de conversaciones privadas entre el líder del PT y sus defensores en la investigación por la causa Lava Jato. Una práctica que integra el manual básico del lawfare en esta parte del mundo, como se ve.
Abogados de Lula, alojado en la sede de la Policía Federal de Curitiba y pronto a obtener el beneficio de un régimen semiabierto de detención, afirmaron que al menos 14 horas de conversaciones entre los representantes legales y su defendido fueron utilizados como informes en la causa por la cual fue condenado inicialmente a 12 años y un mes de cárcel.
Para la OAB, «el secreto de las conversaciones entre defensor y cliente está protegido por ley y su violación por cualquier medio es ilegal, además de ser un ataque al derecho a la defensa y las prerrogativas de los abogados», dice en un comunicado.
La denuncia sobre la pinchadura fue presentada por el abogado Pedro Henrique Viana Martínez, quien asegura haber visto los informes en el despacho de la 13ª Circunscripción Federal de Curitiba, entonces a cargo de Sergio Moro, ahora ministro de Justicia del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Asegura Viana Martínez que las conversaciones fueron captadas directamente de la central telefónica del estudio de Teixeira Martins & Asociados, que llevaba la defensa técnica de Lula. «Cada conversación fue separadamente identificada, siendo posible visualizar el número de origen y destino de la llamada y su duración», señaló el letrado , de acuerdo a una publicación del diario Folha de São Paulo.
La mayoría del material interceptado eran charlas entre Lula y los abogados Cristiano Zanin, Roberto Teixeira y Nilo Batista y se relacionaban con estrategias para la defensa ante las acusaciones en torno a la causa por presunto pago de sobornos en la obra pública con fondos de Petrobras. El denunciante asegura que en su momento elevó la queja y el caso lo tomó el ministro Teori Zavascki, relator de la causa en el Supremo Tribunal de Justicia, quien recriminó a Moro. El actual ministro dijo aquella vez que hubo un error en la intercepción con otro número telefónico. Zavascki murió en un accidente de avión en 2017. La información grabada ilegalmente sirvió de base para la condena de Lula.
Que un presidente tenga que cambiar un itinerario en su país por una marcha en contra no llamaría la atención. Que se cambie una agenda acordada previamente cuando hace una visita oficial a otra nación ya resulta menos usual, sobre todo entre socios íntimamente hermanados como Argentina y Brasil. Pero esto le ocurre al ex capitán del Ejército brasileño Jair Bolsonaro, que realizará todas sus actividades programadas en Buenos Aires dentro de la Casa Rosada para no cruzarse con las manifestaciones de rechazo que recibiría en el tránsito por las calles porteñas y que convocaron organismos de derechos humanos, movimientos sociales y políticos y de residentes brasileños bajo lemas como «tu odio no es bienvenido aquí» y «fuera Bolsonaro y el fascismo de Argentina y América Latina».
A su regreso a Brasilia, sin embargo, también se topará con el repudio de multitudes que tras las últimas y masivas marchas que hubo en todo el territorio brasileño, demuestran un creciente rechazo a sus políticas de recortes presupuestarios y ataques a la educación pública, fundamentalmente. Así lo pronostica João Pedro Stedile, líder tradicional e integrante de la Dirección Nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. «La disputa ideológica se dará en las calles», asegura Stedile en un reportaje concedido a Brasil de Fato, un medio alternativo, durante la inauguración de la capilla de Nuestra Señora de Aparecida -el santo patrono de Brasil- y de la Bodega de la Reforma Agraria en São Miguel do Gostoso, en Río Grande del Norte.
La evaluación de Stedile se basa en el clima de protesta que va creciendo contra una política nacional destinada a cortar con los fondos que reciben las instituciones de educación pública, además de que busca terminar con la autonomía universitaria para poder incidir con su agenda ultramontana en todos los ámbitos de la instrucción superior.
Toda la apuesta de Stedile está en acumular fuerzas para la huelga general que convocan gremios y movimientos sociales. «Las movilizaciones de la juventud y los profesores (del 15 y el 30 de mayo) nos dan ánimo para una huelga general de hecho, el 14 de junio. La clase trabajadora precisa comprometerse y parar el trabajo, la reproducción, la circulación de personas y mercadería para que los capitalistas, que son los dueños de ese gobierno, sepan que si continúan quitando derechos la clase trabajadora no lo va a aceptar».
Ya hubo reformas laborales desde la destitución de Dilma Rousseff, encaradas por Michel Temer, pero la gran apuesta de Bolsonaro es la reforma previsional, que está trabada en el Congreso entre otras razones porque las manifestaciones sorprendieron a toda la dirigencia. Los brasileños no son de salir a protestar masivamente en las calles y en ambas movilizaciones hubo millones de personas en todo el país.
La política educativa está en el centro del debate por ser uno de los grandes logros de la gestión del PT desde que Lula da Silva asumió en poder en 2003. El candidato del partido en la elección del año pasado, Fernando Haddad, fue precisamente el ministro de Educación que fomentó la creación de universidades estatales y planes de apoyo incluso económico para la ampliación de la base de jóvenes que podían acceder a la educación.
Contra esta extensión de derechos apuntó de entrada Bolsonaro, por motivos ideológicas pero con argumentos presupuestarios que le baja su ministro de Economía, Paulo Guedes, un hombre formado en la Escuela de Chicago y que hoy integra la comitiva que acompaña al mandatario brasileño en Buenos Aires.
A cuatro meses de haber asumido en el Palacio del Planalto, la imagen de Bolsonaro se derrumbó, al igual que la economía en general del país. Su porte desafiante con tintes racistas y homofóbicos le acarreó no pocas críticas de sectores incluso de derecha. Hasta dentro de las Fuerzas Armadas, su principal sostén -su vicepresidente, Hamilton Mourao, y la mayoría de su gabinete son militares- crece la irritación por sus posiciones extremas en política exterior y soberanía nacional. El alineamiento con Donald Trump les preocupa e irrita porque deja a Brasil en una posición de servilismo que los antecedentes de ese país no registran.
A esto apuntó Lula da Silva en un par de reportajes a medios locales desde su prisión en la sede de la Policía Federal de Curitiba. «Tenemos motivos de sobra y bandera para ir a la calle juntos, y coloco la cuestión de la soberanía como cosa muy fuerte. Defendiendo la soberanía estás defendiendo a tu país, tú territorio, tu pueblo y tus riquezas», le dijo en una entrevista al portal Tutameia. Y agregó que lo más importante de este momento es «la lucha por el salario, por el empleo, por la mantención de una jubilación justa para las personas y la cuestión de la soberanía nacional».
Desde que el Supremo Tribunal de Justicia autorizó a que el ex presidente concediera entrevistas, la palabra de Lula encontró un cauce en la sociedad para otra agenda. Hasta ese momento, el discurso dominante se manifestó casi exclusivamente en la boca de Bolsonaro o de sus hijos, más extremistas que él, si cabe.
El tema de la soberanía puede reconciliar al PT con los sectores militares de corte más nacionalista, que habían presionado en su momento para que el líder metalúrgico no pudiera ser candidato a la presidencia, pero ahora tienen un problema mayor con un mandatario imprevisible con el que tienen disputas cotidianas. La eventual caída de Bolsonaro arrastraría a las Fuerzas Armadas, además de envolver al país en una crisis de imprevisibles consecuencias.
Que hubo cambios en los ejes del establishment se revela en que el STJ redujo la sentencia a Lula de modo que estaría en condiciones de tener libertad condicional en pocos meses. El martes, el Ministerio Público opinó que el ex presidente ya está en condiciones de obtener los beneficios de un régimen semiabierto, lo que implica poder salir a trabajar durante el día y dormir en la cárcel.
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