por Alberto López Girondo | Jul 31, 2019 | Sin categoría
Jair Bolsonaro sigue con su cruzada para denostar a las luchas contra la dictadura y a justificar la tortura y las desapariciones de personas, en un giro hacía las épocas más oscuras de Brasil y del continente. Y lejos de pedir disculpas o guardar silencio luego de la arremetida contra el presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, ahora declaró «sobre la situación del 64, hay documentos de que se mató o no se mató. Eso es una bobera».
Luego agregó ante un grupo de periodistas en Brasilia, sin inmutarse: «¿Usted le cree a la Comisión de la Verdad? ¿Cuál fue la composición de la Comisión de la Verdad? ¿Fueron siete personas nombradas por quién? ¡Por Dilma Rousseff!». Lo que sugiere la frase es que esa institución carece de credibilidad porque fue creada por alguien que fue presa y torturada por la dictadura por su pertenencia a un grupo armado.
La brutalidad del ataque a Santa Cruz, que desde principios de este año dirige el colegio de abogados más importante de Brasil, generó fuertes apoyos al hijo de Fernando Santa Cruz, desaparecido en Río de Janeiro en febrero de 1974, cuando tenía 26 años.
La solidaridad llegó incluso del expresidente Lula da Silva, preso en Curitiba por una causa muy cuestionada a raíz de la revelación de las maniobras del exjuez Sergio Moro para condenarlo sin pruebas en un proceso de corrupción.
«Solo quien soportó el sufrimiento de perder a un ser querido sin tener siquiera el derecho de velar su cuerpo podrá entender lo que usted siente en este momento. Es como si violentasen a su padre otra vez, junto con todas las víctimas de la dictadura», dice Lula en una carta abierta a Santa Cruz.
En otro tramo de la misiva, el dos veces presidente le dice que «Brasil no merece oír las palabras de odio de quien, por el cargo que ocupa, debería referirse con respeto a quienes sacrificaron la vida por la libertad de nuestro país». Luego acusa, sin nombrarlo, a Bolsonaro, de quien afirma que «al atacar a los más frágiles y los que no se pueden defender, ese mal presidente revela su carácter cobarde».
Más adelante, Da Silva asegura tener «la certeza de que la inmensa mayoría del pueblo brasileño ama la paz y la democracia», y añade: «siempre vamos a reverenciar a nuestros verdaderos héroes, y eso es lo que los tiranos no consiguen soportar».
El excapitán, devenido primer mandatario tras la detención y proscripción de Lula, criticó en a la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), creada durante el mandato de Dilma Rousseff, que emitió en 2014 un informe donde revela que en los 21 años de dictadura se cometieron 434 asesinatos, hubo cientos de detenciones arbitrarias y se practicó regularmente la tortura.
Bolsonaro insinuó en 2011 que Fernando Santa Cruz murió al cabo de una borrachera durante el carnaval carioca de 1974. Ahora deslizó que murió por rencillas dentro de la agrupación política a la que pertenecía, Acción Popular Marxista Leninista (AP). «No fueron los militares quienes lo mataron. Es muy fácil culpar a los militares por todo lo que ocurre», insistió.
Pero desde todos los rincones del país salieron a exigirle pruebas de lo que afirma. Hasta el gobernador del estado de San Pablo, el derechista Joao Doria, consideró inaceptables esas palabras, al recordar que su padre fue destituido de su cargo de diputado por la dictadura en 1964 y tuvo que exiliarse.
Marco Aurelio Mello, uno de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, le recomendó al presidente de la nación «una mordaza para controlar su lengua», mientras que diputados de la oposición trataban de juntar voluntades para abrir un juicio político.
Tiempo Argentino, 31 de Julio de 2019
por Alberto López Girondo | Jul 31, 2019 | Sin categoría
Miles de brasileños se hicieron presentes en un acto en favor del periodista estadounidense Glenn Greenwald, amenazado por el presidente brasileño Jair Bolsonaro después de que filtraran conversaciones privadas que mostraron las irregularidades con que el ex juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro y los fiscales de la Operación Lava Jato condenaron a Lula da Silva. El acto se realizó en el local de la Asociación Brasileña de Prensa (ABI por su siglas en portugués) en Rio de Janeiro y contó con la presencia de los actores Camila Pitanga y Wagner Moura y el compositor y cantante Chico Buarque.
Greenwald, casado con el diputado carioca David Miranda, dijo ante el auditorio que colmó la sala y se agolpó en las calles de los alrededores, que aún sabiendo que estaría mucho más seguro si se muda a otro país, no piensa en dejar Brasil. «Decidimos que nunca vamos a hacer eso, no me importa si viene la policía a mi casa; no voy a huir de este país, me voy a quedar aquí», dijo.
Bolsonaro había declarado que Greenwald cometió un delito al divulgar informaciones obtenidas por presuntos hackers de forma ilegal, ingresando a celulares de funcionarios judiciales del Grupo de Tareas de Lava Jato, y señaló que debería ser detenido. El fundador del portal The Intercept se acogió a su derecho de no divulgar la fuente de las informaciones.
El viernes el ministro de Justicia Sergio Moro publicó una ordenanza que permite echar a extranjeros a los que se acuse de terroristas o narcotraficantes, una normativa que parecía escrita para el periodista estadounidense.
Al otro día, el primer mandatario acusó a Greenwald de «malandra» porque se casó y adoptó chicos en Brasil, lo que de acuerdo a las leyes impide que las autoridades puedan expulsarlo del país.
«Es surrealista ser condenado moralmente por haber estado casado durante 15 años y por haber adoptado a dos niños en un país donde hay 47.000 niños en orfanatos, sin familia, sin amor», dijo el periodista, que estuvo acompañado de sus hijos y de su marido, visiblemente emocionados todos ellos.
«(Con la filtraciones) se demostró que el superhéroe (por el rol que los medios hegemónicos le dieron a Moro) en realidad es un corrupto y abusó de su poder para amañar las elecciones», dijo Greenwald. El público presente gritaba consignas del tipo «Ningún paso atrás, dictadura nunca más» y pedía el juicio político de Bolsonaro.
Greenwald recibió la solidaridad de agrupaciones de periodistas de Brasil y del exterior. También de la dirigencia política encolumnada con la oposición, a la que se sumó el presidente de la Cámara de diputados, Rodrigo Maia, quien indicó que «en un Brasil democrático, con estado democrático de derecho, el secreto de la fuente es una cuestión constitucional».
Además, unos 800 abogados y juristas firmaron un manifiesto en defensa de la libertad de prensa y pidiendo la renuncia del ministro Moro por la ,manipulación de la causa contra Lula que revelan los chats publicados por The Intercept y luego el diario Folha de San Paulo y la revista Veja.
Tiempo Argentino, 31 de Julio de 2019
por Alberto López Girondo | Jul 29, 2019 | Sin categoría
Los choques entre el presidente Jair Bolsonaro y el titular de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz Oliveira Scaletsky, no son nuevos. Pero el mandatario brasileño superó todo límite este lunes, al afirmar en tono displicente que si quiere le contará cómo fue que desapareció el padre del jurista durante la dictadura militar. Más aún, le dijo que «no va a querer saber la verdad» de lo ocurrido con Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira en febrero de 1974, cuando fue apresado durante el carnaval de Rio de Janeiro. Y todo porque la OAB se opuso a una investigación de la Policía Federal (PF) sobre los defensores del hombre que había atacado con un cuchillo al entonces candidato presidencial durante la campaña electoral de 2018.
Adélio Bispo de Oliveira, oriundo de Montes Claros, en Minas Gerais, tiene 40 años y el 6 de setiembre de 2018 la emprendió con un puñal contra Bolsonaro, que hacía un acto publico en la ciudad «mineira» de Juiz de Fora. El ex capitán del ejército estuvo internado un par de semanas y tras asumir la presidencia, en enero pasado, debió ser operado nuevamente por las secuelas de la cuchillada.
Detenido pocas hora más tarde del ataque, Bispo de Oliveira fue declarado insano y un juez lo declaró inimputable hace algunas semanas, aunque ordenó su internación en un instituto psiquiátrico hasta que los especialistas determinen que ya no es peligroso para sí ni para terceros.
El caso es que Bispo de Oliveira contó para su defensa con un equipo de abogados que terminaron investigados por la PF, el órgano de investigación del poder Judicial. Allí es donde nace una nueva disputa con Santa Cruz Oliveira (sin ningún parentesco con el autor de la puñalada).
Porque la OAB presentó una demanda para impedir que la PF tuviese acceso a los teléfonos de los letrados, amparada en el secreto profesional y las garantías de la constitución para la defensa en juicio. A través de las redes sociales, trolls bolsonaristas ya habían cuestionado a los defensores de Bispo de Oliveira al señalar que no se sabía quiénes habían pagado sus honorarios, que según ellos, eran tan abultados como para que no estuvieran al alcance del bolsillo del reo.
«No quise recurrir la decisión del juez (que absolvió a su atacante) y entonces él será considerado loco hasta morir -declaró Bolsonaro- Va a quedar en un manicomio judicial (…) pero yo quiero que abra la boca y de allí salga el hilo de la madeja», en torno a quiénes, según el presidente, estarían detrás de él.
Pero la ira de Bolsonaro se desató contra el principal colegio de abogados de Brasil. Y arremetió contra sutitular. «¿Por qué la OAB impidió que la PT entrase en el teléfono de uno de los carísimos abogados? ¿Cuál es la intención de la OAB? ¿Quién es esa OAB? Un día, si el presidente de la OAB quisiera saber cómo el padre de él desaparició en el período militar, se lo puedo contar. Él no va a querer escuchar la verdad. Se lo contaré».
El padre de Felipe Santa Cruz era integrante de un movimiento estudiantil cuando se produjo el golpe militar de 1964. Nativo de Olinda, en Pernambuco, en 1967 fue detenido durante una marcha en Recife y liberado a los pocos días. Casado con Ana Lúcia Valença, se mudó a Río de Janeiro y encontró un empleo en una dependencia del Ministerio del Interior. En 1972 nace su hijo Felipe, así bautizado en recuerdo al nombre que usaba en la clandestinidad Humberto Cámara Neto, desaparecido por la dictadura meses antes.
Ese mismo año ingresa en la Compañía de Aguas y Energía Eléctrica de San Pablo y vuelve a mudar a la familia. A esta altura ya formaba parte de Acción Popular Marxista Leninista, (AP) una organización en la que confluyeron militantes de la Juventiud Universitaria Católica y de la Acción Católica Brasileña, entre otras organizaciones, de la que llegó a formar parte José Serra, ex senador y candidato a la presidencia contra Lula da Silva y Dilma Rousseff por el PSDB.
El 23 de febrero de 1974 fue con su mujer y su niño a Río de Janeiro y en una reunión con Eduardo Collier fue apresado por fuerzas de seguridad. Nunca más se supo de él. Felipe, presidente de la OAB desde principios de 2019, tenía dos años, su padre, 26.
Su caso fue investigado por la Comisión de la Verdad que instauró Dilma en 2016. Allí se juntó la información recabada por los familiares de Santa Cruz Oliveira. Cuando acudió a la cita con Collier le dijo a su esposa que si en 18 horas no se sabía nada de él, tomaran precauciones porque lo habrían detenido. Todos coinciden en su militancia contra la dictadura y en que no participaba de la lucha armada.Como prueba alegan que tenia un empleo formal en entidades estatales.
El Ejército negó haberlo detenido, y eso que la madre del joven llegó hasta el ministro de Justicia, Maurício Corrêa, en busca de datos. Los indicios apuntaban a la DOI -CODI (Destacamento de Operaciones de Información -Centro de Operaciones de Defensa Interna), la policía secreta que se ocupaba de las más bárbaras torturas de opositores al régimen militar.
En 2012, Claudio Guerra, un ex comisario represor convertido en pastor evangélico, les contó a Rogério Medeiros y Marcelo Netto detalles de aquellos tenebrosos años en Memorias de una Guerra Sucia. Allí relata que Fernando de Santa Cruz Oliveira y otros nueve presos políticos fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el horno de la Usina de Azúcar Cambayba, del municipio de Campos en Río de Janeiro. De acuerdo al relato de Guerra, el propietario del ingenio, Heli Ribeiro Gomes, que murió en 1992, era un furibundo anticomunista dispuesto a colaborar en cualquier faena que sirviera a su causa.
No es la primera vez que Bolsonaro habla de este caso. En 2011 había afirmado en una charla en la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro que el padre de Felipe Santa Cruz había muerto borracho durante los festejos del carnaval carioca de 1974.
Tampoco es la primera vez que el presidente de la OAB enfrenta a Bolsonaro, Lo hizo siendo titular de la OAB-Rio en 2016, cuando denunció por apología de la tortura al entonces diputado porque justificó el voto contrario a Dilma en el impeachment recordando al sádico ex director de la DOI-CODI de San Pablo en los años de plomo.
En ese lugar estuvo detenida la todavía presidente de los brasileños cuando en su juventud integró el grupo guerrillero Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR Palmares). Bolsonaro le dedicó su voto a «la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el terror de Dilma Rousseff» y dijo que su voto era por el sí al juicio político «por el ejército de Caxias (en relación a Luís Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, comandante de las tropas imperiales en la guerra de la triple alianza contra el Paraguay de Francisco Solano López) por las Fuerzas Armadas, por Brasil encima de todo e por Dios encima de todo».
Santa Cruz Oliveira Scaletsky también reclamó al Supremo Tribunal de Justicia brasileño por la pinchadura de teléfonos a los abogados de Lula da Silva ordenada por el aún juez Sergio Moro como violatoria de los derechos civiles de acusado y sus defensores.
Tiempo Argentino, 29 de Julio de 2019
por Alberto López Girondo | Jul 29, 2019 | Sin categoría
La ordenanza número 666, que el viernes firmó el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, permitiría echar del país de Glenn Greenwald, el fundador del sitio The Intercept, que divulgó explosivas conversaciones en la red telegram del entonces juez con el fiscal Deltan Dallagnol, para condenar a Lula da Silva sin pruebas. Pero parece que alguien desconocía en profundidad cómo son las leyes brasileñas y entonces, habida cuenta de que el periodista estadounidense está casado con un ciudadano brasileño y adoptaron hijos, no podría ser expulsado. De manera que ahora el presidente Jair Bolsonaro amenaza con detenerlo,mientras lo trata de «malandra».
«Tal vez acabe entre rejas aquí en Brasil», dijo el mandatario brasileño, citado por O Globo, el medio que más hizo para la detención de Lula y que ahora defiende a ultranza al ejecutor del proceso judicial que le impidió ser candidato a presidente, facilitando así el triunfo del ex capitán del ejército.
Greenwald le recordó al mandatario en un tuit que el titular del ejecutivo no tiene poder para encarcelar a los ciudadanos, y que para poner a alguien a la sombra debe haber pruebas enante un tribunal de que cometió algún delito.
Más aún, le remarcó en esa red social los puntos de la Constitución que no solo garantizan los derechos civiles, sino también el de libertad de prensa que es lo que está amenazado por la embestida de Moro y de Bolsonaro.
Se alguém puder mostrar ao presidente @jairbolsonaro o que a Constituição brasileira garante, acho que seria útil. Eu destaquei as partes mais importantes para ele. pic.twitter.com/6nnvLRT2Nx— Glenn Greenwald (@ggreenwald) July 29, 2019
La controversia surgió desde que el 9 de junio pasado The Intercept publicó chats de Moro con Dallagnol y los fiscales de la Fuerza de Tareas del Lava Jato, la investigación sobre actos de corrupción a través de Petrobras, y fue creciendo desde entonces.
Como dice el propio Greenwald, en un país normal el ministro debería haberse tenido que ir. En realidad, que el juez que condenó al dos veces presidente y candidato con mayor apoyo para volver a la presidencia hubiera sido designado en el gabinete del triunfador de un comicio así amañado debiera haber sido descalificador.
Andando las semanas, otros medios de Brasil, dentro de los que integran el sistema de prensa hegemónico, como Folha de Sao Paulo y Veja, se sumaron a la investigación sobre cientos de miles de chats y fueron desmenuzando lo que es un gran escándalo político-judicial.
De allí la preocupación de Bolsonaro y Moro, porque se revela muy claramente de qué modo se manipuló la causa para involucrar a Lula en hechos delictivos, con el objetivo de detenerlo para impedir que pudiera presentara a la elección en 2018.
La Policía Federal detuvo la semana pasada a cuatro hackers a los que acusó de haber intervenido ilegalmente los celulares de Moro y del propio Bolsonaro. Y aseguran que son los que filtraron las conversaciones a The Intercept. Algo que niegan los periodistas del portal, con el agregado de que nadie negó que las conversaciones hayan existido. Lo que indica el tamaño de la maniobra y además, la prueba.
La persecución contra Greenwlad se conocía desde el mes pasado. Ahora apareció el decreto 666 como la posibilidad sino de expulsarlo, sí de impedirle que regrese el caso de viajar el exterior. El periodista estadounidense viven en Río de Janeiro con el diputado David Miranda.
Fundador del portal que tiene como objetivo publicar información que los gobiernos buscan mantener al margen de la sociedad, Greenwald saltó a la fama cuando encabezó el equipo que entrevistó al analista Edward Snowden, quien denunció la forma en que los servicios de EEUU espían a todo el mundo a través de equipos electrónicos, como celulares. A través de esa producción para el The Guardian, de Gran Bretaña, recibió el premio Pultizer en su país natal.
Las leyes brasileñas protegen de extradiciones y expulsiones del país a ciudadanos extranjeros casados con nacionales. Allí se refugió Ronald Biggs en 1964, luego del robo del siglo, al tren correo que iba de Glasgow a Londres, que dejó un botín de unos 40 millones de libras a los valores actuales. Recién el 2001 aceptó volver a su país de origen, donde murió en 2013, a los 84 años.
La diferencia es que Ronnie Biggs se había casado después de cometer el paradigmático robo. Greenwald lleva 14 años junto a Miranda, diputado carioca por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL).Y lo de él no es ningún delito.
Tiempo Argentino, 29 de Julio de 2019
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