Si el gobierno de Dilma Rousseff comenzó a desplomarse lentamente a partir de las manifestaciones previas al Mundial de Fútbol de 2014, podría decirse que la debacle de Jair Bolsonaro ya está en marcha, a pesar de que todavía no pasó medio año de gestión. Esa sensación surge de las contundentes marchas en defensa de la educación pública que poblaron las calles de las principales ciudades brasileñas con un millón y medio de personas.
Eso, sumado a la catarata de denuncias contra Flavio Bolsonaro, el hijo senador del mandatario, al pobrísimo resultado económico del gobierno y la amenaza de mayores ataques a derechos adquiridos por la población –sin hablar del enfrentamiento con su vicepresidente, el general Hamilton Mourão– pintan un panorama oscuro para el ultraderechista que llegó al Planalto el 1º de enero pasado, tras la proscripción de Lula da Silva.
Este miércoles estudiantes y docentes de todas las universidades públicas salieron a expresar su firme rechazo a la política de ajustes que nacieron desde la cartera de Economía, a cargo del neoliberal Paulo Guedes, aunque se implementan desde el Ministerio de Educación.
Sorprendieron por su masividad pero por ser como la señal de alerta en el coloso sudamericano, poco habituado a las protestas ciudadanas. Y más aún porque son los primeros escarceos contra un gobierno recién asumido y que tuvo fuerte apoyo electoral el año pasado.
La Unión Nacional de Estudiantes de Brasil encabezó la manifestación luego de que se anunció el congelamiento de hasta un 30% del gasto universitario, alegando la «precaria situación fiscal del gobierno». Sólo en San Pablo se estimó que había medio millón de personas protestando contra una política que atenta contra la democratización de la enseñanza. Porque entre los planes que pierden presupuesto están los de integración por cuotas para minorías raciales.
Para el exrector de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Nelson Maculan, «es la primera vez que los brasileños empiezan a pensar que la educación pública es algo importante». En una entrevista con la AFP, el matemático de 76 años, que fue funcionario del Ministerio de Educación en el primer mandato de Lula, lamentó que la política de recortes lleve a que muchos jóvenes piensen en irse del país.
Es que el ajuste también impacta en la investigación científico-técnica que se viene llevando a cabo en instituciones terciarias de Brasil y que recibió un fuerte impulso durante los gobiernos del PT, que aspiraban a elevar al país a la categoría de potencia mundial.
La respuesta de Bolsonaro ante las protestas fue otra joya de su acervo. Primero llamó «idiotas útiles» a los estudiantes. Luego, firmó un decreto, el 9794, que a pesar de que determina que desde la Secretaría de Gobierno se pueden vetar nombramientos de agencias reguladoras, organismos autárquicos y todos los cargos en el exterior, incluyendo embajadores y las cabezas del Banco Central, apunta a las designaciones en los centros de estudios, con lo cual echa por tierra con la autonomía universitaria. Para el que fuera candidato del PT a la presidencia, Fernando Haddad, es una represalia de Bolsonaro y reclamó que la dirigencia tome en cuenta el plan del gobierno contra el sistema educativo.
El nuevo ministro de Educación, Abraham Weintraub –quien reemplazó el 8 de abril a Ricardo Vélez Rodríguez– llegó a declarar que la autonomía no es soberanía, y que la policía tiene derecho a entrar en las sedes universitarias. Además, anunció el bloqueo de las cuentas de las instituciones que se opongan al gobierno. «Las universidades que, en lugar de tratar de lograr la mejor forma académica, sólo están haciendo un caos, tendrán su recortes presupuestarios», señaló. Desde las calles, las pancartas respondían «el gobierno hace caos. Las universidades públicas hacen ciencia». Pero también se escuchaba: «La educación no es mercancía».
Otros frentes
El otro frente abierto contra Bolsonaro es a través de uno de sus hijos. Los Bolsonaro son una suerte de clan, cada cual más agresivo y brutal, sobre todo en las redes sociales. Flavio es senador por Río y aparece involucrado en maniobras de lavado de dinero a través de cuentas de su chofer, Fabricio Queiroz. Pero también por esta vía resulta relacionado con los asesinos de la concejal carioca Marielle Franco y de Anderson Pedro Gomes en marzo del año pasado.
La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Flavio Bolsonaro, de Queiroz y de otros 80 exfuncionarios ligados al senador para que puedan ser investigados en una causa por evasión. De allí podrían surgir otras relaciones de tipo criminal. Bolsonaro Jr dijo que no lo iban a intimidar y calificó la medida como maniobras para debilitar a su padre. El presidente afirmó que no lo iban a poder «agarrar» por ese lado.
Otro decreto que levantó polvareda fue el que Bolsonaro autoriza a que los brasileños puedan portar armas en espacios públicos. Para un juez de la Corte Suprema, hay allí un «abuso del poder regulatorio», que contradice normativas de 2003 dictadas por Lula, precisamente para limitar el armamentismo individual.
Mourão, en tanto, viajó a China, donde tendrá un encuentro con el presidente Xi Jinping y asistirá a un plenario de la Comisión Sino-Brasileña de Alto Nivel de Concertación y Cooperación (Cosban). Como parte del grupo BRICS, Brasil es un socio estratégico de China. Pero el alineamiento de Bolsonaro y Trump pone en jaque la relación en el contexto de la guerra comercial declarada por Washington.
De gira por Dallas, Texas, el titular del Ejecutivo brasileño dijo admirar a EE UU. Fue allí donde se permitió analizar la situación política argentina. «Con problemas estructurales en el país, mi amigo (Mauricio) Macri enfrenta dificultades y ve crecer la posibilidad de que vuelva la anterior presidenta, una amiga del Partido de los Trabajadores de Brasil, de (Hugo) Chávez, (Nicolás) Maduro y Fidel Castro». «
En Argentina, también se protesta
Fueron miles, el jueves, en diversas ciudades argentinas, a pocas horas de las protestas en Brasil. La Marcha Nacional Educativa fue convocada por las federaciones de docentes universitarios que negocian la paritaria, hasta ahora sin resultados positivos.
La crisis política que arreció en Uruguay desde que se reveló que el Tribunal de Honor había absuelto a un ex represor, José Nino Gavazzo, quien confesó haber tirado al río el cuerpo de un tupamaro muerto en un cuartel, en 1973, todavía no cesó. El emergente es un general al que ya se define como el Bolsonaro uruguayo. El mismo que comenzó a destapar el caldero en septiembre, cuando protestó por una reforma a la ley previsional de los uniformados y a pesar de ser el comandante del Ejército, fue sancionado con un mes de arresto por el presidente Tabaré Vázquez. Desde entonces, la figura de Guido Manini Ríos Stratta fue elevándose y tras expresar públicamente su rechazo a los juicios civiles contra militares por su participación en la represión de los años de plomo, fue exonerado hace un mes.
Pero dejó una bomba que estalló el 30 de marzo, cuando Vázquez echó a la cúpula militar y del Ministerio de Defensa. Manini Ríos, en tanto, lanzó su candidatura presidencial en un partido formado a su medida, Cabildo Abierto. Promete mano dura para «terminar con el malandraje», se entrevistó con el actual presidente brasileño y dice que Vázquez, del Frente Amplio, se comportó de manera «canallesca» en todo este entuerto.
Hace seis meses Manini Ríos expresó el malestar militar por una ley de jubilaciones que afectaba a los militares. El general de cuatro estrellas cumplió su arresto pero siguió con frases molestas para el poder político, como que «seguir pidiéndole cuentas al Ejército por lo que pasó hace 40 años es casi lo mismo que pedir cuentas por lo que hicimos en la Guerra de Paraguay». En Twitter publicó: «No hay organización, no hay institución más popular en Uruguay que el Ejército Nacional» o «Esa pequeña bandera con un sol y 9 franjas en el brazo izquierdo de nuestros soldados, hoy significa solidaridad y esperanza para los más frágiles, dentro y fuera de fronteras».
Manini Ríos es heredero de una rica familia uruguaya con participación clave en la política desde hace más de un siglo: su abuelo fue ministro del Interior de José Battle y Ordóñez a principios del siglo XX y luego canciller de la dictadura de Gabriel Terra (1933), un proceso político coincidente con el golpe contra Hipólito Yrigoyen. Nació en 1958; ingresó a la carrera militar en 1973, pero pronto, siguiendo la tradición familiar adhirió a los sectores más conservadores ultracatólicos, nucleados en la Logia de los Tenientes de Artigas, fundada en 1964, que clave en la dictadura militar que se inició en 1973. Manini Ríos también se formó en inteligencia militar y antiterrorismo en EE UU y en 2010 obtuvo la licenciatura en Historia en la Universidad Católica.
En marzo criticó a la justicia civil porque adujo que había condenado a militares sin pruebas. Tabaré, ahora si, le pidió la renuncia. Ya había entregado el informe del tribunal de honor contra José Gavazzo, jefe del Plan Cóndor que persiguió a uruguayos en el porteño centro clandestino Orletti. Cuando salió a la luz la absolución de Gavazzo y otros dos ex represores, el gobierno descabezó a las FF AA y al Ministerio de Defensa. Vázquez dijo que no había sido informado debidamente. De campaña por barrios y poblados del interior, Manini Ríos, como militar que es –serio, adusto, voz firme y convencida–, dice que él mismo entregó la documentación donde «no faltaba ni una coma de lo tratado en el Tribunal» y que Tabaré lo leyó. «Me sorprende que quiera eludir su responsabilidad y me duele mucho la actitud canallesca con que fue cesado del Ministro de Defensa». Se sabía que Jorge Menéndez estaba gravemente enfermo. Murió este jueves. «
Honras fúnebres
Militante del Partido Socialista, igual que el presidente, Jorge Edgardo Menéndez estaba al frente de la cartera de Defensa desde 2016.Desde 2008 estuvo como viceministro. El tema militar y de las violaciones a los DD HH es muy controvertido en Uruguay. La Ley de Autoamnistía (Caducidad de la Prevención Punitiva del Estado) no fue derogada porque la ciudadanía votó por el No en una consulta popular. Cuando Vázquez descabezó la cúpula militar, Menéndez estaba de licencia por enfermedad. El presidente salió a salvar la ropa en medio del escándalo por el fallo del Tribunal militar que él había homologado días antes. En la volteada cayó Menéndez. Odontólogo de 67 años, Menéndez murió el jueves. La familia se negó a que recibiera las honras fúnebres como ministro de Estado.
A 55 años del golpe militar que tumbó al gobierno de João Goulart, Brasil da una vuelta de campana y por instrucciones de Jair Bolsonaro, las Fuerzas Armadas festejan aquella movida que, consideran, obedeció al «clamor popular» y no fue ni un golpe, ni una dictadura, ni desplegó una feroz represión con miles de torturados, desaparecidos y asesinados. Para el presidente, esos apenas fueron «unos problemitas» y no un modelo criminal.
«El 31 de marzo de 1964 se inserta en el ambiente de Guerra Fría que se reflejaba en el mundo y penetraba en nuestro país. Las familias en Brasil estaban alarmadas y se pusieron en marcha. Frente a un escenario de grandes convulsiones, fue interrumpida la escalada hacia el totalitarismo», dice un mensaje del general Fernando Azevedo e Silva, ministro de Defensa, refrendado por la cúpula de las tres fuerzas.
Este regreso al pasado, ahora se da mediante el mecanismo eleccionario, pero guarda muchos componentes de aquella dictadura que se extendió de 1964 a 1985. El actual vicepresidente, el general Antônio Hamilton Martins Mourão, de estirpe militar, es sobrino nieto del general Olímpio Mourão Filho, que comandaba la 4ª Región Militar y junto con Carlos Luis Guedes iniciaron la Operación Popeye (así le decían a Olímpio), el pistoletazo de partida para la destitución de Goulart.
Es cierto que ese golpe se inscribe en la Guerra Fría. El Brasil que había dejado Getulio Vargas cuando se suicidó, en 1954, continuaba con el proyecto industrialista mientras iba dando cabida a otros sectores sociales en la discusión democrática. El 31 de enero de 1961, Janio Quadros recibe la banda presidencial en la recién inaugurada Brasilia.
Hombre aceptado por el establishment, pronto inicia una política alejada de los cánones que esperaban los dueños del país y Estados Unidos: estableció fuertes relaciones con la Unión Soviética y con la Cuba que comandaba Fidel Castro. Además, condecoró a Ernesto Che Guevara con la Orden de la Cruz del Sur. Demasiado para la época. El 25 de agosto de ese mismo año renunció ante las presiones militares y también civiles.
Hubo un pase de comedia porque el vicepresidente, Goulart, estaba de viaje por la China de Mao. Los militares no lo querían a Jango, como le decían los íntimos. Si bien era hijo de un rico hacendado de Río Grande do Sul, como ministro de Trabajo de Vargas había otorgado leyes que garantizaban derechos a los trabajadores. Goulart tuvo que aceptar nuevas reglas de juego. Debería gobernar en un sistema parlamentario sui generis, por el que renunciaba a poderes presidenciales y daría mayor intervención al Congreso.
Astuto, al cabo de dos años organizó un plebiscito para volver al presidencialismo. Tuvo un Gabinete de lujo, con el economista Celso Furtado en Planeamiento, Darcy Ribeiro en Educación y Ulysses Guimarães en Industria y Comercio. Profundizó el acercamiento al bloque soviético al punto de recibir en visita oficial al cosmonauta Yuri Gagarin. Su suerte quedó echada cuando anunció un impuesto a la renta y la obligación de que las multinacionales reinviertan su ganancia en Brasil.
El 13 de marzo de 1964, casi contra las cuerdas, Jango organizó una suerte de asamblea pública en la Plaza de la República, frente a la Estación Central de ferrocarriles de Río de Janeiro junto con el gobernador de Río Grande do Sul, Leonel Brizola. Frente a más de 200 mil personas, anunció la firma de dos decretos. Uno para la expropiación de las refinerías de petróleo que aún no pertenecían a Petrobras. El otro, declaraba la reforma agraria.
Los atemorizados sectores medios y altos, azuzados por una bestial campaña mediática, organizaron manifestaciones conocidas como Marcha de la Familia con Dios y por la Libertad.
Los militares, desde los cuarteles, ultimaban detalles para eliminar a ese fantasma que iba recorriendo Brasil y la asonada comenzó con el levantamiento de Mourão Filho y Guedes. Luego de un interinato, asumió el Mariscal Humberto de Alencar Castelo Branco, Goulart se exilió en Uruguay y luego pasó a la Argentina. Murió en Mercedes, Corrientes, el 6 de diciembre de 1976. Hay indicios de que fue asesinado en el marco de la Operación Cóndor.
Aquel Guedes no tiene relación familiar con el ministro de Economía de Bolsonaro. Pero es bueno recordar que Paulo Roberto Nunes Guedes, un Chicago Boy de 69 años, es un admirador de la dictadura chilena, a la que otorga como mérito haber aplicado las teorías de Milton Friedman en los ’70. Incluso a la vuelta de su doctorado en Chicago, en 1978, recaló en la Universidad de Chile, donde dio clases a principios de los ’80 en la Facultad de Economía y Negocios.
Bolsonaro, exmilitar exonerado de la fuerza hace 30 años, siempre reivindicó a los militares golpistas de ayer y en el juicio político a Dilma Rousseff, votó por su destitución recordando al coronel que la había torturado cuando ella era una joven militante de la guerrilla.
Tuvo un amplio apoyo desde los cuarteles para ganar la presidencia y en su Gabinete hay siete militares ocupando cargos clave. En 2015 Bolsonaro había afirmado que «Pinochet hizo lo que tenía que hacer… Tenía que actuar de forma violenta para recuperar a su país». Hace unos días, dijo que hace 55 años no se inició una dictadura. «¿Dónde has visto a una dictadura entregar el gobierno en forma pacífica? –interpretó–. Entonces, no fue una dictadura».
Cuando se cumplió el medio siglo del golpe, en 2014, O Globo, el mayor grupo de comunicaciones de Brasil, hizo un mea culpa por su participación en el clima que llevó a la interrupción constitucional. Le daba la razón a un cántico callejero: «La verdad es dura, O Globo apoyó la dictadura» y agregaba que «las Organizaciones Globo reconocen que, a la luz de la historia, ese apoyo fue un error».
Fue crucial también el apoyo de los medios hegemónicos para la destitución de Rousseff y la llegada de Bolsonaro al Planalto. Pero al menos O Globo ya parece estar abriendo el paraguas. «En estos casi 90 días de poder, si hay un método de gobernar del presidente Jair Bolsonaro, es el del enfrentamiento que ha producido en la política algo próximo al caos», dice un editorial de este jueves en relación a los ataques del mandatario al titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.
Jair Bolsonaro y Donald Trump establecieron acuerdos en su cumbre en Washington que ya encontraron el rechazo de Venezuela y que, en cualquier momento, recibirán un repudio similar de los productores del campo argentinos. Por parte del gobierno bolivariano, la Cancillería, a cargo de Jorge Arreaza, emitió un comunicado en el que acusa al dúo ultraderechista de hacer «apología de la guerra» en violación a la Carta de las Naciones Unidas.
Desde la Casa Blanca, Trump repitió el mensaje de que «todas las opciones están sobre la mesa» para reemplazar a Nicolás Maduro por el diputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino. Bolsonaro invitó a los militares a que le retiren el apoyo al mandatario, al que definió como «un títere de Cuba» y declaró que «el ocaso del socialismo llegó al Hemisferio Occidental y en nuestro país también».
En relación con Argentina, dos puntos del convenio firmado en la capital estadounidense afectan directamente al agronegocio: el gobierno brasileño comprará 750.000 toneladas anuales de trigo estadounidense libres de aranceles y planteó condiciones más ventajosas para la exportación de carne de cerdo de EEUU al socio más grande del Mercosur.
El cambio en el comercio del cereal implicaría pérdidas para los productores locales de unos 300 millones de dólares anuales, en desmedro de los chacareros de Montana y Kansas, que ahora podrán exportar el doble de lo que venían haciendo sin pagar el 10% de arancel externo del Mercosur que protege las ventas nacionales. Los representantes corporativos ya deslizaron que peirán al gobierno que tome cartas en el asunto a nivel diplomático.
En cuanto a los cerdos, se trata de un marco más extendido que incluye la reanudación de ventas de carne bovina brasileña en EEEU, para lo cual el país del norte enviará a técnicos que auditen el sistema de inspección en Brasil. Hace dos años la policía brasileña había detectado que varios frigoríficos maquillaban la carne que vendían en el exterior para ocultar que estaba en malas condiciones. Se llamó «Operación carne podrida» y afecto al mayor faenador del país, el FBS, que estaba implicado en el pago de coimas al entonces presidente de facto Michel Temer.
El compromiso cárnico entre Bolsonaro y Trump habla de «condiciones basadas en la ciencia» tanto para porcinos como para vacunos.
Pero el tema más espinoso para la tranquilidad regional sin dudas es el relacionado con Venezuela. Tanto Trump como Bolsonaro desconocen a Maduro a partir de negar validez a la reelección en 2018 y respaldan al titular del la Asamblea Nacional, el diputado Guaidó.
En la rueda de prensa posterior al encuentro privado con el presidente de EEUU, le preguntaron a Bolsonaro si entre lo que habían hablado con Trump se mencionaba a una intervención militar como la famosa «opción sobre la mesa».
«Hay ciertas cosas que si se divulgan dejan de ser estratégicas, no se puede hacer público eso. Es una cuestión de estrategia y todo lo que se habló aquí será honrado», respondió.
La intención del ex capitán brasileño es sin dudas llevar las cosas al terreno de las armas con tal de terminar con el «monstruo socialista». Pero su vicepresidente, Hamilton Mourao, ya dijo varias veces que esa no es una opción para los camaradas de armas del polémico inquilino del Planalto.
«Ninguna alianza neofascista logrará doblegar la voluntad independiente y soberana del pueblo venezolano, ni tampoco tendrá éxito al pretender sembrar odio y estrategias guerreristas entre los países del continente», sostiene el comunicado de la cancillería bolivariana.
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