por Alberto López Girondo | Oct 3, 2018 | Sin categoría
Los últimos directores del Fondo Monetario Internacional (FMI) no pueden ser presentados como un modelo de transparencia e integridad. La actual, Christine Lagarde, fue declarada culpable en diciembre de 2016 de negligencia en el marco de una causa por desvío de dinero público en el sospechoso pago de una indemnización a un empresario cuando era ministra de Economía de Francia. El anterior, Dominique Strauss Khan, cayó por un escándalo sexual y había sido condenado por proxenetismo en junio de ese mismo año. Ahora se confirmó en el tribunal de última instancia judicial la condena a cuatro años y medio de prisión contra Rodrigo Rato por apropiación indebida de bienes.
Rato fue director del FMI entre junio del 2004 y octubre del 2007. Fue el hombre que negoció con el gobierno de Néstor Kirchner la salida del default de 2001. La última vez que pisó Buenos Aires fue a hurtadillas, para evitar el rechazo popular, y por apenas 10 horas. Quería que Kirchner y el ministro Roberto Lavagna aceptaran una propuesta para un arreglo con los bonistas según sus términos. No tuvo suerte y en enero de 2006 el gobierno canceló toda la deuda con el FMI para iniciar un período de políticas económicas sin interferencias del organismo internacional.
Los caminos de Rato prosiguieron vinculados al Partido Popular, del que ya había sido vicepresidente de Gobierno y Ministro de Economía en tiempos de José María Aznar en el Palacio de La Moncloa. Dirigió en 2010, a pedido de Mariano Rajoy, el grupo financiero Bankia, que había caído en bancarrota durante la crisis del 2008. Una crisis, como indican sus críticos, se fue gestando mientras él era director del FMI y no fue capaz de ver.
Tampoco tuvo suerte en esta nueva actividad pública, o más bien, le ganó la tentación. Y terminó procesado por varios delitos económicos . El más escandaloso fue la utilización de tarjetas de crédito sin límite para uso personal, las llamadas «tarjetas black». El menos visible para el vulgo ocurrió durante su gestión en Bankia, que según los informes que presentó en 2011 tenía 309 millones de euros de beneficios, pero al retirarse, resultaron en 3000 millones de quebrantos. La revista económica Bloomberg lo puso en la lista de los peores CEOs del mundo en 2012. Ni siquiera entonces sobresalió, estaba en el quinto puesto.
En abril de 2015, Rato fue detenido por los delitos de fraude, ocultamiento de bienes y blanqueo de capitales. Salió a las pocas horas en libertad mientras se sustanciaba el proceso judicial. En 2017 fue sentenciado en la Audiencia Nacional de España a cuatro años y medio de prisión por el caso de las tarjetas black. Este miércoles, el Tribunal Supremo ratificó la condena y Rato tendrá diez días para presentarse espontáneamente para cumplir la sentencia, caso contrario la corte fijará la fecha para capturarlo.
Rato había sido el último director General del FMI en pisar suelo argentino hasta Christine Lagarde. La actual mandamás del organismo de crédito también fue ministro de Economía, en su caso en la Francia del conservador Nicolas Sarkozy, entre 2007 y 2011. Era el fatídico año de 2008 cuando en plena crisis internacional, designó un tribunal arbitral para laudar en un intrincado caso que le venía de rebote.
En 1993 Bernard Tapie era socio mayoritario de Adidas cuando el presidente socialista François Mitterrand lo convocó para formar parte del Gabinete como ministro de Ciudades. Su paso fue efímero y no trascendió sino porque para adherir tuvo que desprenderse de sus acciones en la empresa fabricante de ropa deportiva. El banco Crédit Lyonnais le compró su participación en 315,5 millones de euros, pero al año las vendió por 701 millones. A Tapie le saltó la térmica y denunció que había sido estafado.
No es que el hombre fuera un improvisado. En 1993, siendo propietario del Olimpique de Marsella, protagonizó otro escándalo cuando arregló un partido contra el Valenciennes en un encuentro previo a la final de la Champions Ligue que implicó una fuerte sanción: la pérdida del título de campeón francés, el inmediato descenso a la categoría B y la prohibición de jugar en competencias internacionales por un año.
Con el tema Adidas le fue mejor: el tribunal que nombró Lagarde le otorgó una indemnización de 404 millones de euros a pagar por el Estado. De allí la investigación contra la ministra por «negligencia», ya que no defendió como debía los intereses del ciudadano francés. En 2015 la justicia civil anuló la sentencia arbitral por considerarla fraudulenta y ordenó que Tapie devolviera el dinero.
«El riesgo de fraude se me escapó totalmente», se justificó la mujer que ahora comanda literalmente la Economía argentina y negoció los últimos créditos pedidos por el gobierno de Mauricio Macri. La condena de hace dos años -le hicieron precio, podría decirse- se conoció cuando hacía cinco años que era directora gerente del FMI. Una de las argumentaciones del tribunal para eximirla de pena -el epíteto de negligencia no representa sanción- fue precisamente la «reputación internacional» de Lagarde en ese momento y a que en cuando ocurrieron los hechos había una crisis financiera internacional.
Lagarde había sido elegida para su cargo en el FMI en noviembre de 2011, luego de un interregno de casi dos meses desde la renuncia obligada de su connacional Dominique Strauss-Kahn. En los organismos de crédito internacional es tradición que los directores sean nombrados por consenso entre Estados Unidos y la Unión Europea, que son los socios más fuertes y con derecho de veto, como quien dice. Y normalmente un estadounidense comanda el Banco Mundial y un europeo –preferentemente han sido franceses- el FMI.
También ministro de Economía, durante el gobierno de Mitterrand, este docente de la Universidad de Nancy y militante del Partido Socialista Francés fue en 2007 la opción que en el Fondo consideraron más adecuada para cambiarle la cara a una institución que venía desprestigiada luego del derrumbe de los tigres asiáticos de fines del siglo XX, la caída de Argentina en 2001 y la tremenda crisis del 2008 tras la quiebra del Lehman Brothers. Estallidos que le estallaron a Rodrigo Rato.
El francés, que aspiraba a la presidencia de su país, era alguien que desde la socialdemocracia prometía remover viejas estructuras del FMI anquilosadas en soluciones ortodoxas a problemas económicos que habían llevado regularmente al fracaso. De triunfar, esas mismas soluciones hubiesen servido para aplicar en la Europa. Y ya había tomado partido por el uso de Derechos Especiales de Giro (DEG) como moneda de cambio y reserva internacional en lugar del dólar.
La propuesta de DSK, como se lo conoció en los medios, era revolucionaria para lo que son esos organismos y lo enfrentaba fuertemente con Estados Unidos, que no quería perder la hegemonía de su moneda. Pero resultó víctima de sus instintos desenfrenados. Todo se desmoronó cuando el 14 de mayo de 2011 una mujer que trabajaba en un hotel de Nueva York denunció que había intentado violarla cuando fue a limpiar su habitación.
El 18, DSK renunció a su cargo y también a la posibilidad de presentarse en la interna del PSF. Después saldría a la luz que eran famosas sus participaciones en fiestas íntimas y donde incluso contrataban a prostitutas. Por esa razón fue condenado en junio de 2016 a pagar una multa en concepto de daños y perjuicios a una ONG de lucha contra la prostitución, bajo la figura de proxenetismo. Fue absuelto del mismo cargo en relación a las orgías de las que intervino durante su paso por el FMI porque para los jueces su comportamiento fue de cliente y no de facilitador.
Tiempo Argentino, 3 de Octubre de 2018
por Alberto López Girondo | Ago 1, 2018 | Sin categoría
La foto es de Juan Carlos Quiles
El director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, adscripto a la presidencia del Banco Credicoop, exdiputado nacional y secretario general del Partido Solidario, analiza –en diálogo con Acción– la coyuntura política y económica y las perspectivas para la conformación de un frente de unidad de las fuerzas que se oponen al modelo neoliberal.
–¿Cómo define la actual situación política y económica de la Argentina?
–En 2015, hubo una derrota importante del kirchnerismo, que yo hago extensiva al campo popular. Fruto de esa derrota y de la implantación de políticas neoliberales irrestrictas, venimos atravesando las consecuencias de ese modelo. Porque allí está el problema: es el modelo neoliberal en el marco de un proyecto político de derecha. Los matices sobre el gradualismo que pueden existir son absolutamente secundarios, porque ambos caminos no son más que una cuestión de ritmo que conducen a la Nación y al pueblo hacia un abismo. Hubo un triunfo legítimo del macrismo en términos electorales, pero discrepo de quienes creen que la derecha es democrática. Triunfó en los comicios, pero la derecha no es democrática. Y no lo puede ser porque así lo demuestra la historia argentina. Representa intereses económicos, culturales y políticos que en esencia van contra los intereses generales de las mayorías. Y a poco de andar, inevitablemente, tiene que renegar del espíritu democrático que plantearon en la campaña. Este gobierno quiso poner ministros de la Corte Suprema de Justicia sin tratamiento parlamentario, vetó leyes y presentó un sistema de político cada vez más coercitivo para administrar la cosa pública y las reacciones populares. En 2017, hubo reacciones populares muy importantes…
–Pero esas movilizaciones no alcanzaron a torcer el rumbo, y finalmente el gobierno volvió al FMI.
–Es cierto que no lograron consolidarse y que fueron espasmódicas, pero esa visión me parece un tanto lineal. Suele decirse que la calle entra por los ventanales del Congreso Nacional, y fue así. En diciembre, se generó un viraje político y en la opinión pública por la reacción social en la calle contra la autodenominada «reforma jubilatoria». En ese momento, se quebró la alianza entre la oposición que pactó con el gobierno leyes transcendentes, como el pago a los fondos buitre y la reparación histórica. Ellos son los que avalaron la estrategia del gobierno, porque desde allí suponían que iba a venir la lluvia de inversiones. Pero hubo un cambio en la relación de fuerzas políticas. A posteriori, el plan económico del gobierno fue fracasando dentro de su propia lógica. Uno se tendría que preguntar: ¿Quieren o no quieren que el dólar esté alto? Por un lado, sí, quieren, porque son devaluacionistas. Y este no es un tema solamente doctrinario, es de intereses económicos, de intereses de clase. Los sectores exportadores y, en primer lugar, los de la Sociedad Rural son el histórico partido devaluacionista. Por otro lado, las variables económicas se le van complicando al gobierno. En el medio, ocurrió el triunfo de 2017, que todavía tiene un plafón electoral de cierta importancia. Digo «cierta» porque acepto que el gobierno se consolidó entonces, pero la lectura triunfalista era exagerada. No hay consultor que no diga que una parte importante de votantes de este gobierno se le fue en diciembre y no volvió. Eso no implica que se haya ido a opciones opositoras kirchneristas, pero no volvió.
–Habría que preguntarse si el gobierno cometió errores o si su plan siempre fue ir al FMI y aplicar un fuerte ajuste.
–Nuestra visión es que no se trata de errores ni de tormentas. Es el modelo económico social y el proyecto político de Mauricio Macri, que está enrolado en una estrategia continental diseñada por Estados Unidos para consolidar gobiernos neoliberales y conservadores y revertir los proyectos latinoamericanistas. Claro que hay torpezas, idas y venidas y contradicciones flagrantes. Pero lo central no es eso, y las explicaciones meteorológicas son mecanismos de marketing que desmerecen al presidente. El gobierno enfrenta una fisura en la opinión pública, la oposición comienza lentamente a rearticularse; pero, sobre todo, aparece nuevamente el protagonismo de las calles. La movilización social en la Argentina juega un papel muy importante para dinamizar la lucha política e, incluso, para influir en esa rearticulación opositora. Hubo dos grandes marchas: el 25 de mayo y el 9 de julio. Y, además, la gran movilización de las mujeres es un acontecimiento social y cultural histórico, por el protagonismo de un sujeto social que estaba subestimado. Allí se recuperó un espíritu de rebeldía, porque no hay futuro para un país sin esa rebeldía contra un gobierno tan injusto y arbitrario como este. Estamos ante un gobierno que ha perdido la iniciativa y empieza a estar a la defensiva.
–¿Cree que hay un resquebrajamiento de la alianza de poder real que sustenta al gobierno de Cambiemos?
–Resquebrajamiento no hay, sí veo un incremento de las tensiones entre radicales y el Pro, por las malas perspectivas que se perfilan ante la sociedad. Pero siguen detrás de un proyecto conservador único. Más allá de eso, el establishment tiene diversas fracciones de poder económico y político. Hay una fracción altamente beneficiada por estas políticas, como la Sociedad Rural, los sectores exportadores del campo, lo sectores financieros y los grandes bancos. Los que están más ligados al mercado interno tienen dificultades crecientes, y las pymes están sufriendo muchísimo debido a una apertura descabellada que no realiza ningún país de la tierra. Pero la crema del establishment sigue apoyando a este gobierno. Ninguna consultora registró menos del 70% de rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario, y el gobierno fue derrotado en la discusión por las tarifas tanto en las calles como en el parlamento, por lo que se vio obligado al veto. En ese momento, se expidieron públicamente la Asociación Empresaria Argentina y todas las grandes organizaciones del poder económico, como la de los banqueros, el Foro de Convergencia; es decir, la crema del establishment salió a respaldar al gobierno. Y lo siguen apoyando, porque este es su gobierno contra lo que ellos denigran que es el populismo, el latinoamericanismo.
–¿Qué rol están jugando los medios hegemónicos en este contexto? Por primera vez desde 2015, comienzan a escucharse ciertas voces muy cercanas al oficialismo que toman distancia de algunas medidas oficiales.
–A los medios les caben las generales de la ley en relación con el establishment. Siguen estando con el gobierno porque este es su gobierno; pero desde su pragmatismo empresario, desde la necesidad de responder a sus lectores, al rating, toman cierta distancia, hacen señalamientos que antes ocultaban y aparecen matices propios de la fisura que sufre el gobierno. Dentro del periodismo, una profesión tan noble y tan digna y sufrida en todo el mundo, hay una parte que se adscribió en forma irrestricta al proyecto de Macri y de los dueños de los medios. Pero la mayoría no es así, y ahí sí acepto el reto de la pregunta: existen sectores del periodismo que creyeron sinceramente que podía haber una expectativa con este gobierno, porque les disgustaba el anterior, y, entre ellos, se nota ahora una postura mucho más crítica y más permeable a expresiones opositoras.
–¿Qué perspectivas tiene el armado de un frente opositor contra el modelo neoliberal en 2019?
–Eso requiere de algo básico y obvio que es la unión, algo que siempre fue difícil para los espacios democráticos y populares. No es un problema de época o circunstancia, porque por algo estamos en fuerzas políticas diferentes. A diferencia de la derecha, no tenemos el pragmatismo del dinero y del poder, sino visiones relacionadas con nuestros ideales, nuestros principios, con el futuro de la patria; y eso le genera complejidad al asunto. Pero estoy muy esperanzado, creo que se va a ir logrando articular la oposición política y así conformar una gran propuesta para la sociedad, con expectativas de derrotar al modelo conservador y volver a abrir un cauce que recupere a la Nación. Estamos todos en eso, creo que va creciendo la conciencia de que es imprescindible tener posiciones de grandeza para ir logrando la unidad. Un punto central para la unidad es la idea y el programa. Para nosotros, es imprescindible ofrecerle a la sociedad una propuesta y una promesa clara, que sea un compromiso de gobierno para el futuro. Y no me refiero ni a 100 puntos ni a 50, sino a cuestiones centrales que definan el rumbo que ese frente le debería ofrecer a la sociedad. Ese sería el mejor camino para transitar el proceso tan complejo y contradictorio de la unidad de las fuerzas populares. Soy optimista, reitero, porque creo que va a haber más calle, más reacción social, más protesta, no solo de los trabajadores, sino también de las diversas expresiones de las clases medias y de la cultura. Ese protagonismo de la sociedad va a influir desde abajo hacia arriba en el reclamo de que haya una unidad y de que haya un contenido ideológico y político avanzado, progresista y transformador.
–En este contexto de movilización creciente, ¿se vislumbra mayor represión por parte del gobierno?
–Por su sentido de clase económica y cultural, los gobiernos conservadores traen un rasgo coercitivo y eventualmente represivo. Por eso creo que ese peligro existe. Coerción ya hay: contra todos los medios de comunicación popular, los periodistas populares, los luchadores, los estudiantes secundarios y universitarios, la represión al pueblo mapuche. No quisiera dejar de reclamar justicia por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel. Rafael fue asesinado por la espalda, todo el mundo lo sabe y no se avanzó para que se haga justicia. Hay una parte del Poder Judicial que sigue el modelo que viene de los grandes centros del poder mundial, como pasa en los otros países del continente. Dentro de ese esquema, creo que el gobierno se puede desplazar hacia posiciones más coercitivas y más represivas. De todas maneras, en la sociedad hay un fuerte espíritu de defensa de la democracia. Somos los principales interesados en que haya una democracia plena y extendida. La democracia es un logro histórico de los trabajadores y de los sectores populares; no es un regalo. Los sectores populares necesitamos que haya más espacios democráticos para poder desplegar nuestra lucha por cambiar la sociedad. Porque la derecha tiene el poder de facto, tiene el poder real.
–¿Qué papel desempeña el movimiento cooperativo en esta coyuntura?
–El movimiento cooperativo ha jugado siempre un papel importante al defender el sistema democrático y ofrecer un sistema de gestión social, económico y cultural distinto del capitalismo tradicional, que se basa en el lucro y la maximización de la ganancia. Hay un gran fracaso del sistema capitalista, porque el nivel de concentración es tan fenomenal que va destruyendo el tejido social y la naturaleza. El cooperativismo es una de las herramientas para evitarlo. Nosotros, en el movimiento cooperativo de crédito en la Argentina, somos una expresión viva y concreta de eso.
–El macrismo gobierna desde hace más de doce años en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no se perfila una opción opositora fuerte en el distrito?
–La gestión de esta ciudad está muy ligada con las políticas nacionales. La gestión de Mauricio Macri en la ciudad se benefició también de una mejora social enorme que provino de los gobiernos kirchneristas. No es que eso ocurrió en el Gran Buenos Aires y no ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires. Y ocurrió con las clases populares y mucho más con las capas medias. Ese fenómeno, en parte, fue funcional a la captación por parte del Pro de una parte de la sociedad. Siempre hubo acá una parte estructuralmente de derecha y otra que fue captada. Pero esta perspectiva nacional tan anti clase media y antitrabajadores del gobierno nacional también se va a expresar en la ciudad. Creo que el fenómeno Carrió no es eterno. La posición que tuvo con relación a la legalización del aborto, que en esta ciudad tiene opinión favorable mayoritaria, junto con sus posturas cada vez más agresivas la van deteriorando ante la sociedad. Estoy convencido de que tenemos un problema de carácter cultural. Los opositores debemos ir con más fuerza al debate de valores y enfrentar esa batalla cultural. Insistir en que los valores del egoísmo llevan a la segmentación y a incrementar los grados de injusticia y de violencia, que debemos apoyarnos en un espíritu democrático tradicional, con una visión de humanismo y solidaridad; y no en la visión elitista y minoritaria. Debemos avanzar hacia una cultura progresista frente a una cultura de lo espectacular, del consumismo, de valores egoístas, individuales. Si logramos encauzar un debate de altura, podemos superarnos.
Revista Acción, primera quincena de Agosto de 2018
por Alberto López Girondo | Jul 1, 2018 | Sin categoría
El fin del primer semestre del año mostró las secuelas del torbellino en que se sumió el país tras las corridas cambiarias de abril y mayo: un paro contundente, el tercero en la era Macri, los chisporroteos por el tratamiento de la ley de despenalización del aborto en el Senado y el rechazo generalizado al acuerdo con el FMI. Es así que uno de los nuevos integrantes del Gabinete salió a sincerar lo que al inicio de la gestión Cambiemos sirvió de slogan para atenuar el efecto nocivo de los primeros ajustes: ya no se habla de esperar al segundo semestre para disfrutar de «los brotes verdes». Como esbozó Dante Sica, el flamante titular de la cartera de Producción, todo irá peor hasta que en el cuarto trimestre haya un punto de inflexión y comience a percibirse una recuperación.
La huelga general del 25 de junio no fue una decisión espontánea del triunvirato que comanda la CGT, sino una imposición de las bases sindicales, sobre todo de las del interior del país, donde la crisis económica se hace sentir con mayor rigor. Y fue evidente que los más activos no forman parte de esa mesa directiva, como el camionero Hugo Moyano, el bancario Sergio Palazzo y los líderes de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli. La izquierda, por su parte, mantuvo su propuesta de ir al paro con movilización, con lo que fueron los únicos que en algunos distritos poblaban las calles, vacías por el cese de actividades. Además, se sumaron pymes y pequeños comercios, agobiados por la baja actividad y la suba de las tarifas, con un «persianazo».
Fue el paro general más fuerte contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri, que a medida que viene avanzando en su gestión, acumula más razones para el rechazo de las capas sociales más bajas, tanto sea asalariados como subocupados y desocupados. Fue también el que desnudó la carencia de respuestas a la protesta social. Uno de los funcionarios que quedó mal parado fue Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda y Finanzas y negociador con el FMI. Apelando a la tradicional estrategia de todos los gobiernos ante un paro, el funcionario computó en un tuit que ese día, por la huelga, el país había perdido casi 29.000 millones de pesos y agregó que «la única manera de sacar adelante nuestro país es trabajando». El triunviro Juan Carlos Schmid, de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y hombre cercano a Moyano y a la Iglesia, respondió de inmediato: «En el último mes se han perdido 11.000 millones de dólares sin ningún paro general en la República Argentina, ¿de quién es la responsabilidad de eso?». En tanto, la filósofa y ex legisladora porteña, Diana Maffía, fue más ácida en la misma red social: «¿Vos decís @NicoDujovne que trabajemos duro hasta que ustedes confíen tanto, pero tanto, que traigan su plata del exterior y la inviertan en algo productivo en el país cuya economía dirigís?».
En una constante del actual oficialismo, los funcionarios que están al frente de las principales oficinas del Poder Ejecutivo recomiendan acciones que ellos mismos no pueden mostrar como ejemplo. La devaluación del peso perjudica a millones de argentinos, pero los funcionarios –entre los cuales se destaca el nuevo titular del Banco Central, Luis Caputo, o familiares del presidente Macri– ganan millones con cada suba del dólar porque tienen su dinero en el exterior y en moneda fuerte. El máximo exponente de esta ambigüedad, por ponerle un calificativo piadoso, es el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien había dicho en un programa radial que no repatriaba su fortuna porque no había confianza en el país.
Con todo, el gobierno ratifica cotidianamente el modelo económico, siempre asegurando que mantiene las puertas abiertas para el diálogo. En el caso del paro, es cierto que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no tiene problemas en juntarse con dirigentes cegetistas, pero de ahí a modificar el rumbo hay un trecho que nunca se cubrió hasta ahora y nadie cree que vaya a cambiar en el futuro.
Sobre tablas
El mayoritario rechazo al acuerdo con el FMI, reflejado tanto en la masiva manifestación del pasado 25 de mayo como en diversas encuestas de opinión, no pudo reflejarse en el Congreso Nacional. Allí el gobierno se anotó un triunfo al evitar una sesión donde los diputados del Frente para la Victoria y la izquierda intentaban forzar el debate sobre el stand by del Fondo. La maniobra fue sencilla: los legisladores de la diáspora peronista no kirchnerista no dieron quórum, con lo cual dejaron las manos libres al gobierno y le evitaron el costo político de tener que defender un plan antipopular. El mismo costo que tuvo que asumir con el veto a la ley que disponía una reducción a los aumentos de las tarifas de los servicios públicos.
El Senado es también la caja de resonancia del proyecto de despenalización del aborto. Allí, el envío a debate en cuatro comisiones que decidió la vicepresidenta Gabriela Michetti generó una disputa interna en Cambiemos y la airada protesta de los que impulsan la normativa, que la consideraron una chicana para demorar la aprobación, que cuenta con el apoyo del FPV y del senador peronista Miguel Ángel Pichetto.
También en el Senado se acerca un debate que se las trae. El de la aprobación del pliego de Luis Caputo como presidente del Banco Central. Los antecedentes del hombre que para el jefe de Gabinete, Marcos Peña, «es una persona que tuvo mucho más para perder que ganar por meterse en la función pública», no lo harían candidato en ningún país del mundo para manejar un área tan sensible para la economía de cualquier nación, como lo es la administración de la moneda. El nuevo presidente del Banco Central será el encargado de disponer de las remesas que el FMI aprobó enviar –el mismo día en que se recordaba la muerte de Manuel Belgrano– ad referéndum de que se cumplan con las metas acordadas con su antecesor, Federico Sturzenegger.
Revista Acción, primera quincena de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jun 10, 2018 | Sin categoría
El escocés Gerry Rice, director del Departamento de Comunicaciones del FMI, tuvo que salir a dar explicaciones sobre el rol que le cupo al organismo de crédito en la crisis desatada en Jordania estos días. Fue en el marco de su habitual informe desde la sede de Washington y ante una pregunta de Muna Shikaki, la corresponsal de la cadena Al Arabiya en la capital estadounidense. La explicación sobre el país medioriental calzó también para dar cuenta de lo que ocurre en cualquier país del mundo que «cae en la ayuda» del Fondo, como Argentina. Y fue particularmente ilustrativo sobre este levantamiento popular que en cinco días de protestas logró voltear al gobierno del premier Hani al Mulki pero sólo para poner en su lugar a un ex Banco Mundial, Omar al Razzaz, y reiniciar negociaciones para una segunda revisión del programa de ajuste aprobado en 2016.
La respuesta oficial, en boca de Rice, fue que el FMI estaba haciendo lo posible para ayudar a un país en problemas como el reino hashemita y pidió que se incrementen las ayudas a esa nación donde, especificó –tomando los números oficiales como válidos– hay un millón de refugiados sirios, lo que «genera un grave problema económico a Jordania en términos de seguridad, salud».
Es realmente una situación dramática la que viven los refugiados y que se extiende a toda Jordania. Un informe de Marc Daou para el canal France 24 puntualiza esta realidad y la de cientos de miles de palestinos que desde hace 70 años cruzan la frontera y actualmente componen el 65% de su población. Pero detalla que los últimos acontecimientos en el mundo árabe complicaron aún más el escenario.
Es que gran parte de la ayuda internacional con la que en la práctica se sostenía la economía del reino provenía del exterior y la posición de Jordania en el conflicto en Yemen hizo que Arabia Saudita extremara las presiones mediante la suspensión de remesas.
«Al negarse a involucrar completamente al ejército jordano en el conflicto yemení, el rey Adbullah II ha molestado al príncipe heredero Mohammed bin Salman», relató en ese artículo Hassan Barari, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Jordania en Amman. Por eso el vocero del FMI recalcó que los donantes internacionales deben hacer más para ayudar a Jordania «especialmente con subvenciones», o sea dinero no retornable.
Rice definió al programa del FMI como destinado a «que los beneficios de los costos y las reformas sean equilibrados en todos los sectores de la economía, con un mayor enfoque en aquellos que tienen una mayor capacidad de pago, mientras se protege a los más vulnerables».
Luego dijo que se iba a volver a discutir la reforma tributaria jordana y que había que tener en cuenta la «necesidad de consolidar las cuentas fiscales, estimular el empleo, las inversiones privadas, la gobernanza y la lucha contra la corrupción», que fue otro de los encendidos reclamos en la población. Gerry Price titubeó bastante al prometer que fomentarían la lucha contra la corrupción (vale la pena verlo, en el minuto 8:11 de la exposición en <http://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=5794837953001>).
La situación jordana sirvió de pivote para que el portavoz del organismo financiero diera un salto más allá. Fue cuando la incisiva periodista de Al Arabiya le recordó que la población culpó de la crisis feroz que atraviesa la sociedad a que el FMI había puesto al país en una situación extrema.
Rice argumentó que el Fondo no sólo actúa en Jordania sino en muchos otros países, y que tuvo una participación central en la transformación de los países que estaban bajo la órbita de la Unión Soviética.
«Se debe reconocer que cuando un país acude a pedir ayuda al FMI es porque tiene significativas dificultades» en su economía y su balanza de pagos. Y añadió que las políticas que el Fondo propone «son conversadas con cada país en el sentido de apoyar un camino sustentable para cada economía. Ese es el objetivo». «
Anularon los polémicos impuestos
Omar al Razzaz es un economista con años de carrera en el Banco Mundial que desde el martes es primer ministro de Jordania. Antes había ocupado la cartera de Educación. Por eso de que un buen plan de ajuste tiene que tener buenas tijeras en áreas sensibles como la salud, la previsión social y la educación.
Todos dicen que tiene buen don de gentes, no como su antecesor, Hani al Mulki, capaz de arremeter contra la multitud y agravar cualquier conflicto.
La población jordana salió a las calles contra la baja de la base imponible del impuesto a la renta (nuestro Ganancias), lo que incluyó a un 6% más de trabajadores y el incremento de impuestos a productos básicos, combustibles y electricidad. Al Mulki dijo que no iba a cambiar una coma de su proyecto de ley. Al Razzaz tuvo que empezar al revés, y suspendió la polémica iniciativa. Y abrió el juego para mantener consultas con «organizaciones sociales y políticas» con el objetivo de hacer una reforma fiscal que «no pisotee los derechos de los ciudadanos».
Tiempo Argentino, 10 de Junio de 2018
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