El FMI metió la cuchara en las elecciones bolivianas con un aporte de fondos de campaña en favor del gobierno de facto que bien puede servir para condicionar a cualquiera que gane als elecciones del domingo que viene. Mientras tanto, se hay preguntas que se encadenan de un modo perturbador: ¿gana el MAS IPSP en primera vuelta como preanuncian las encuestas? En este caso ¿la derecha que tumbó a Evo Morales en noviembre pasado aceptará dejar el poder? Si se invierte el cuestionario el resultado es aún más inquietante. ¿Cómo se garantiza que esa derecha que se jactó de haber expulsado a la wiphala de la Casa de Gobierno no haga fraude?
Los últimos sondeos, realizados por Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) -que el año pasado fue uno de los pocos que acertaron con el resultado de las PASO y de las generales en Argentina- le da un 44,4% de intención de voto a la fórmula Luis Arce- David Choquehuanca y 34% a Carlos Mesa. Tercero se ubica Fernando Camacho, con 15,2%, el líder neofascista de Santa Cruz de la Sierra que llevó la Biblia como reivindicación del golpe del 10 N al Palacio Quemado. Gana el que obtenga más de 40% y 10 puntos de diferencia sobre el segundo. La diferencia es exigua pero ilustrativa: se parecen mucho a los guarismos que dio la presidencial del año pasado denunciada como fraudulenta por un ambiguo informe de la OEA y por los golpistas.
La gran batalla de los conservadores es por destronar al MAS IPSP. De allí que Camacho apunte los cañones contra el más cercano aspirante, que compite por la voluntad de los sectores medios urbanos. “Mesa apuesta por una coalición para zanjar crisis en Bolivia ¿Qué van a decir aquellos que exigían ‘voto útil’? ¿Voto útil para negociar y pactar con el MAS?”, dice, indignado.
Mesa, que fue presidente tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, le entregó el poder a Morales en 2005 y desde entonces alternó fallidas candidaturas contra el líder indígena con su colaboración en una comisión oficial por la reivindicación de la salida al mar en el Tribunal de La Haya. Ahora, pide el voto para que no vuelva lo que llama “dictadura” masista.
La titular de facto del Ejecutivo, Jenine Añez, a su vez, también se encarama en acusaciones de totalitarismo contra el gobierno de Morales y aprovechó el recordatorio del asesinato del Che Guevara para homenajear a los soldados que capturaron al guerrillero argentino el 8 de octubre de 1967. Ni qué decir que en este homenaje se sumaron Camacho, furioso antimarxista, y el ministro de Defensa, Luis Fernando López.
El otro líder neofascista boliviano, Branko Marinkovic, que se exilió luego del intento secesionista de 2008 y hace dos meses integra el gabinete de Añez, articuló estrategias con el FMI. Este viernes anunció como un triunfo el financiamiento por 330 millones de dólares anunciado en abril para el pago de salarios, ponerse al día con el servicio de salud y en la lucha contra los incendios en el Chaco boliviano y en la Amazonía. Nunca en la era Evo se había necesitado apoyo externo para esos menesteres.
El detalle es que como la Asamblea Legislativa-que ostenta la potestad constitucional para contraer deuda externa y tiene mayoría el masismo-no quiso aprobar el crédito, el FMI disfrazó el giro como “intercambio de divisas”. El mismo perro pero con un collar que no necesita aprobación parlamentaria.
Mientras tanto, el law fare está a pleno. Y el objetivo demuestra en nivel de preocupación del establishment. El procurador general, Alberto Morales, informó justo este jueves que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) «evidencia movimientos económicos anómalos e irregulares y sin justificación legítima en las cuentas del exministro Arce y su familia».
Arce, gestor del milagro económico boliviano entre 2006 y 2019, respondió en una carta pública rechazando la denuncia. «Recurren a la mentira, a la persecución política, a la violencia, a la criminalización y a la represión», dijo.
La gira de Alberto Fernández por Europa resultó exitosa en lo formal. Recibió el espaldarazo de tres líderes de peso en los organismos internacionales: la alemana Ángela Merkel, el francés Emmanuel Macron y el español Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con el papa Francisco y con la responsable del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva. Jorge Bergoglio insistió en un discurso que enarbola desde que fue ungido obispo de Roma: «Las personas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas abrumadoras y recortes en los servicios sociales, a medida que sus Gobiernos pagan deudas contraídas insensible e insosteniblemente. De hecho, la deuda pública puede constituirse en un factor que daña y perjudica el tejido social». En forma simultánea, Fernández obtuvo un mensaje, que sus voceros difundieron como favorable, del presidente Donald Trump. Fue cuando el designado embajador en Washington, Jorge Argüello, le presentó las cartas credenciales. «Dígale al presidente Fernández que puede contar con este presidente», dijo Trump. Los más desconfiados se preguntan cuál sería el precio para que ese apoyo se traduzca en una quita o una refinanciación de la deuda con el FMI, donde EE.UU. tiene la acción de oro, y con los privados, que tienen bonos bajo el paraguas de las leyes estadounidenses, que siempre jugaron en contra de los intereses argentinos. Fue bastante claro que Trump usó el poder determinante de Washington dentro del FMI para forzar la aprobación de créditos por casi el 66% de la cartera de la entidad para beneficiar a un gobierno como el de Mauricio Macri, que fue un sólido apoyo político para el embate contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos tiene el 16% de los votos del Fondo, pero cualquier decisión de la entidad necesita el 85% de votos-cuota. El argumento de Fernández fue, desde su campaña, que los créditos a Macri se aprobaron sin respetar el estatuto del FMI, que impide entregar dinero que podría ser utilizado para la fuga de divisas, y sin pasar por el Congreso Argentino, que debe aprobar el endeudamiento externo. El fracaso de la política económica del macrismo arrastró a Macri, pero está calando en el propio FMI. Con un dejo de astucia, Christine Lagarde se había ido de Nueva York a Fránkfurt, sede del banco Central Europeo, en septiembre pasado. Ahora fue el turno de su número 2, David Lipton, el otro gran responsable de haber aprobado el acuerdo por 57.000 millones de dólares. El problema de la deuda, principal factor que preocupa al Gobierno, es un campo minado. El resultado de la negociación que llevó a cabo la provincia de Buenos Aires fue un buen test de lo que le espera al ministro de Economía, Martín Guzmán. Axel Kicillof tensó la cuerda al máximo intentando posponer un pago de 250 millones de dólares, pero finalmente –al borde de un default y luego de haber colocado 9.300 millones de pesos en letras del Tesoro provincial para solventar parte de ese pago de 15.000 millones– cumplió con el compromiso.
Camino bloqueado El caso generó críticas y brulotes desde la oposición, que repentinamente olvidó que la brutal deuda externa y los acuerdos con el FMI se hicieron durante el anterior gobierno. Kicillof argumentó que había ido hasta el final con el aval de Nación y que se encontró con una estrategia de asedio de un fondo de inversión, Fidelity, que logró bloquear un acuerdo para el que la provincia tenía un 50% de aceptación entre los acreedores, pero necesitaba del 75%. Para Kicillof, la actitud de Fidelity, un fondo al que se negó a calificar de buitre o agresivo, podría inscribirse en una movida que apunta a la negociación que Economía lleva adelante con el FMI y los bonistas de la Nación. Alberto Fernández no tuvo casi tiempo para celebrar su segundo mes al frente del Poder Ejecutivo cuando a poco de bajar del avión que lo traía de vuelta de su gira por Europa debió salir a enfrentar un clima de debate interno dentro del Frente de Todos que la oposición buscaba desde el día en que Cristina Fernández anunció la fórmula para enfrentar al macrismo. El jaleo en los días previos al 10 de febrero tuvo que ver con los dirigentes y exfuncionarios presos durante la gestión de Mauricio Macri. Para el presidente, hay presos detenidos arbitrariamente, pero esta definición causa escozor entre quienes buscan la libertad y una reivindicación, entre otros, de la dirigente jujeña Milagro Sala, del exvicepresidente Amado Boudou y del exministro de Obras Públicas Julio de Vido. Hasta la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, fustigó esa definición: «Me duele que quieran minimizar la situación de los detenidos por razones políticas. Es algo triste», dijo. Los que recibieron los ataques más furiosos fueron el canciller, Felipe Solá, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por plantear esa misma postura. Pero los palos, obviamente, no eran para ellos, y así lo entendió Fernández. «Me molesta que digan que tengo presos políticos», se quejó el mandatario en una entrevista radial. «Hay que decirles a los compañeros que no seamos tontos, que no caigamos en este debate porque quieren hacernos pelear y dividirnos. Todos saben lo que hizo la Justicia. El primero que lo sabe es Alberto Fernández». La que le dio más sustancia quizás al contenido de este debate fue la abogada Graciana Peñafort, defensora de Boudou como lo fue de Héctor Timerman, y actual directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación. Luego de señalar en un hilo de tuits que para ella se trata en todos los casos de presos políticos, argumenta que Fernández es «el único que no puede intervenir en este tema», porque si sostiene esa postura, quizás debería amnistiarlos, que es algo que ninguno de los detenidos quiere. «Quieren un juicio justo donde puedan demostrar que son inocentes», aseguró.
Revista Acción, segunda quincena de Febrero de 2020
Un hombre murió este domingo en Azuay, una provincia al sur de ecuador, en el marco de las manifestaciones que se producen en todo el país contra el paquetazo de ajustes lanzado por el gobierno de Lenin Moreno como parte de sus acuerdos con el FMI. Las protestas ya produjeron al menos 14 heridos y 477 detenidos luego de que Moreno, que llegó a la presidencia como representante del partido de Rafael Correa pero luego dio un giro de 180 grados en todos los órdenes contra el proyecto progresista, dictó el viernes el estado de excepción, una suspensión de derechos y garantías constituciones que en estas tierras se conoce como estado de sitio. Como contrapartida, las comunidades originarias nucleadas en la mayoritaria Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) también declararon un «estado de excepción en todos los territorios indígenas», lo que implica que «militares y policías que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a la justicia indígena (reconocida por la Constitución)».
La primera consecuencia de esta réplica fue la detención este sábado de 50 uniformados en la comunidad Nizag, provincia de Chimborazo (centro-sur). La primera reacción del gobierno fue desconocer esa información, pero luego la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró se mantienen negociaciones para su liberación.
En cuanto a la víctima fatal, la funcionaria declaró que no hubo «ni una sola persona muerta como resultado de los enfrentamientos”. El subterfugio que utilizó fue decir que “hubo una persona que perdió su vida en el arrollamiento en la zona de Molleturo, pero no fue resultado de un enfrentamiento con la fuerza pública». Si no hubiera habido protestas ni represión policial esa persona seguiría con vida. Se trataría de un hombre de unos 35 años atropellado por un vehíoculo que intentaba evadir el bloqueo de la ruta.
La comunidad de Nizag había retenido a tres policías, 38 soldados y nueve oficiales del ejército, entre ellos el comandante de la Zona 6 de la Policía, Fernando Torres. La gobernadora de la provincia de Chimborazo, Luisa Loza, y la directora de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, intentaban llegar a acuerdos con los líderes comunitarios para lograr la liberación. “Esto no está bien, no es aceptable y no es cierto que esto sea una manera legítima de manifestarse, están cometiendo una grave falta», se quejó la ministra. El 1 de octubre el presidente Moreno anunció la eliminación del subsidio de 1.300 millones de dólares a los precios del gas oil y la nafta y una serie de recortes presupuestarios que llegan hasta una baja del 20 por ciento en los salarios de los estatales, lo que despertó la ira popular.
A medida que avanzaron los días y al clima de protesta no cesa, el mandatario convocó a las fuerzas armadas, que desplegaron sus tanques por las principales ciudades y dictó el estado de sitio, aunque al mismo tiempo convocó al diálogo con las poblaciones indígenas, que incluso en otros tiempos se llegaron a plantar ante Rafael Correa por sus proyectos de explotación petrolera y minera.»Estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. ¡Dialoguemos! sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados», dijo Moreno este domingo en cadena nacional.
El viernes el mandatario fue a Guayaquil en lo que muchos interpretaron una huida ante la posibilidad de que las manifestaciones lleguen hasta la sede del gobierno, en Quito. Esos mismos críticos ahora se preguntaban si Moreno había regresado a la capital ya que su imagen en cadena no permitía saber desde dónde se había filmado el mensaje.
Poblaciones indígenas de al menos seis provincias, especialmente de la Sierra, bloquearon carreteras para manifestar su rechazo a los ajustes de Moreno dictados por el FMI, que febrero pasado otorgó un préstamo de 4200 millones de dólares, lo que junto con otros fondos del Banco Mundial y el BID suman 10200 millones de dólares condicionados a una serie de ajustes brutales para los habitantes de esa nación.Las comunidades originarias se dirigían en forma masiva hacia Quito para una huelga general decretada por sindicatos y agrupaciones sociales. El líder de la Conaie, Jaime Vargas, descartó toda posibilidad de diálogo con el gobierno. “Aquí no estamos para negociar a espaldas del pueblo. El pueblo se ha levantado y eso es lo que se va respetar”, afirmó.Las comunidades originarias se dirigían en forma masiva hacia Quito para una huelga general decretada por sindicatos y agrupaciones sociales. El líder de la Conaie, Jaime Vargas, descartó toda posibilidad de diálogo con el gobierno. “Aquí no estamos para negociar a espaldas del pueblo. El pueblo se ha levantado y eso es lo que se va respetar”, afirmó.
La gira de Alberto Fernández por Europa resultó exitosa en lo formal. Recibió el espaldarazo de tres líderes de peso en los organismos internacionales: la alemana Ángela Merkel, el francés Emmanuel Macron y el español Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con el papa Francisco y con la responsable del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva. Jorge Bergoglio insistió en un discurso que enarbola desde que fue ungido obispo de Roma: «Las personas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas abrumadoras y recortes en los servicios sociales, a medida que sus Gobiernos pagan deudas contraídas insensible e insosteniblemente. De hecho, la deuda pública puede constituirse en un factor que daña y perjudica el tejido social». En forma simultánea, Fernández obtuvo un mensaje, que sus voceros difundieron como favorable, del presidente Donald Trump. Fue cuando el designado embajador en Washington, Jorge Argüello, le presentó las cartas credenciales. «Dígale al presidente Fernández que puede contar con este presidente», dijo Trump. Los más desconfiados se preguntan cuál sería el precio para que ese apoyo se traduzca en una quita o una refinanciación de la deuda con el FMI, donde EE.UU. tiene la acción de oro, y con los privados, que tienen bonos bajo el paraguas de las leyes estadounidenses, que siempre jugaron en contra de los intereses argentinos. Fue bastante claro que Trump usó el poder determinante de Washington dentro del FMI para forzar la aprobación de créditos por casi el 66% de la cartera de la entidad para beneficiar a un gobierno como el de Mauricio Macri, que fue un sólido apoyo político para el embate contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos tiene el 16% de los votos del Fondo, pero cualquier decisión de la entidad necesita el 85% de votos-cuota. El argumento de Fernández fue, desde su campaña, que los créditos a Macri se aprobaron sin respetar el estatuto del FMI, que impide entregar dinero que podría ser utilizado para la fuga de divisas, y sin pasar por el Congreso Argentino, que debe aprobar el endeudamiento externo. El fracaso de la política económica del macrismo arrastró a Macri, pero está calando en el propio FMI. Con un dejo de astucia, Christine Lagarde se había ido de Nueva York a Fránkfurt, sede del banco Central Europeo, en septiembre pasado. Ahora fue el turno de su número 2, David Lipton, el otro gran responsable de haber aprobado el acuerdo por 57.000 millones de dólares. El problema de la deuda, principal factor que preocupa al Gobierno, es un campo minado. El resultado de la negociación que llevó a cabo la provincia de Buenos Aires fue un buen test de lo que le espera al ministro de Economía, Martín Guzmán. Axel Kicillof tensó la cuerda al máximo intentando posponer un pago de 250 millones de dólares, pero finalmente –al borde de un default y luego de haber colocado 9.300 millones de pesos en letras del Tesoro provincial para solventar parte de ese pago de 15.000 millones– cumplió con el compromiso.
Camino bloqueado El caso generó críticas y brulotes desde la oposición, que repentinamente olvidó que la brutal deuda externa y los acuerdos con el FMI se hicieron durante el anterior gobierno. Kicillof argumentó que había ido hasta el final con el aval de Nación y que se encontró con una estrategia de asedio de un fondo de inversión, Fidelity, que logró bloquear un acuerdo para el que la provincia tenía un 50% de aceptación entre los acreedores, pero necesitaba del 75%. Para Kicillof, la actitud de Fidelity, un fondo al que se negó a calificar de buitre o agresivo, podría inscribirse en una movida que apunta a la negociación que Economía lleva adelante con el FMI y los bonistas de la Nación. Alberto Fernández no tuvo casi tiempo para celebrar su segundo mes al frente del Poder Ejecutivo cuando a poco de bajar del avión que lo traía de vuelta de su gira por Europa debió salir a enfrentar un clima de debate interno dentro del Frente de Todos que la oposición buscaba desde el día en que Cristina Fernández anunció la fórmula para enfrentar al macrismo. El jaleo en los días previos al 10 de febrero tuvo que ver con los dirigentes y exfuncionarios presos durante la gestión de Mauricio Macri. Para el presidente, hay presos detenidos arbitrariamente, pero esta definición causa escozor entre quienes buscan la libertad y una reivindicación, entre otros, de la dirigente jujeña Milagro Sala, del exvicepresidente Amado Boudou y del exministro de Obras Públicas Julio de Vido. Hasta la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, fustigó esa definición: «Me duele que quieran minimizar la situación de los detenidos por razones políticas. Es algo triste», dijo. Los que recibieron los ataques más furiosos fueron el canciller, Felipe Solá, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por plantear esa misma postura. Pero los palos, obviamente, no eran para ellos, y así lo entendió Fernández. «Me molesta que digan que tengo presos políticos», se quejó el mandatario en una entrevista radial. «Hay que decirles a los compañeros que no seamos tontos, que no caigamos en este debate porque quieren hacernos pelear y dividirnos. Todos saben lo que hizo la Justicia. El primero que lo sabe es Alberto Fernández». La que le dio más sustancia quizás al contenido de este debate fue la abogada Graciana Peñafort, defensora de Boudou como lo fue de Héctor Timerman, y actual directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación. Luego de señalar en un hilo de tuits que para ella se trata en todos los casos de presos políticos, argumenta que Fernández es «el único que no puede intervenir en este tema», porque si sostiene esa postura, quizás debería amnistiarlos, que es algo que ninguno de los detenidos quiere. «Quieren un juicio justo donde puedan demostrar que son inocentes», aseguró.
Revista Acción, segunda quincena de Febrero de 2019
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