Todos los análisis y sondeos de opinión daban un rechazo de la ciudadanía portuguesa al oficialismo, o en el mejor de los casos, un “empate técnico”, que es la manera que encontraron las consultoras de decir algo sin decir mucho cuando el resultado parece incierto. Convocadas como reacción a la negativa de las fuerzas de izquierda aliadas del Partido Socialista (PS) a respaldar el presupuesto del primer ministro Antonio Costa para el 2022 -el Bloque de Izquierdas (BI) y el Partido Comunista (PC)- las legislativas anticipadas le terminaron por dejar una suerte de carta blanca al es alcalde de Lisboa, que con el 41,7% de los votos logró 117 bancas de las 230 del Parlamento.
Por lo tanto, ahora Costa tiene las manos libres y ya no necesita de la izquierda para gobernar. La oposición de centro derecha, el Partido Socialista Democrático (PSD) obtuvo 27,8% de los sufragios y 76 curules mientras que en tercer lugar quedó la ultraderecha, del partido Chega! (Basta!), que sorprendió con más de 380.000 votos que le permiten acceder a 12 cargos legislativos, es decir, 11 más que en el comicio de 2019. Todavía puede haber algún cambio ya que se esperan los resultados de los votos emitidos en el exterior, que hace tres años le permitieron a los socialistas contar con dos diputados más.
Para cumplir con los ritos constitucionales, ahora el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, debe invitar formalmente a Costa, que ha liderado dos gobiernos en minoría desde 2015, a formar un nuevo Ejecutivo. “Las condiciones están dadas para hacer inversiones y las reformas para que Portugal sea más próspero, justo e innovador», declaró Costa, tras el escrutinio.
El caso de Portugal es destacable porque con la llegada de Costa al poder inició un camino de expansión económica, rompiendo con los modelos de austeridad dictados desde Bruselas. Con la crisis de 2008, hubo cuatro países europeos que quedaron seriamente comprometidos por la deuda publica en medio de un entorno de guerra de monedas entre el euro y el dólar. Los analistas habían aglomerado a esas cuatro naciones mediante un acrónimo altamente despectivo, PIGS , por Portugal, Italia, Grecia y España (Spain en inglés). La sigla significa «cerdos» en el idioma de Shakespeare.
Los recortes presupuestarios a que los obligaron los organismos regionales -la Troika integrada por el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y el inefable FMI- profundizaron la caída de ingresos y aumentaron la miseria en todos ellos, sobre todo el la nación helena. Portugal no fue ajena a esta brutal caída.
Hasta que en 2015, junto con la izquierda anti capitalista, Costa armó una alianza que se comprometió a terminar con el ajuste permanente. Y no le fue tan mal. Salvo en 2020, por el impacto de la pandemia, que la economía cayó abruptamente un 8,4%, siempre hubo crecimiento y el año pasado el PBI se incrementó un 4,9%, el mayor repunte desde 1990, gracias al aumento de las exportaciones y a las inversiones, y según el Instituto Nacional de Estadística (INE), impulsado por «la demanda interna (…) con una recuperación del consumo privado y de la inversión». El aumento fue superior a las previsiones del Gobierno.
Con este triunfo inapelable que le otorga una base legislativa determinante, el gobierno está en condiciones de utilizar a piacere el fondo de 16.600 millones de euros (18.700 millones de dólares) provenientes de la Unión Europea (UE), de aquí a 2026, para la recuperación post pandemia.
Si bien aún la economía no llegó a los niveles de actividad pre pandemia, la ciudadanía parece haber dado un cheque en blanco a Costa y al mismo tiempo castigó a la izquierda por haber rechazado el presupuesto del oficialismo. El BI y el PC reclamaban más gasto social y un aumento más rápido del salario mínimo interprofesional del que planteaba el PS.
En medio de los pasos decisivos en las intensas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, intentando reformular los términos que estableció el Gobierno anterior para endeudarse como nunca antes había ocurrido en el país, el Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias del Congreso desde el 1º al 28 de febrero con una agenda ambiciosa, pero con ejes acotados en algunos temas que serán seguramente de debate durante todo 2022: la reforma del Consejo de la Magistratura y el Consenso Fiscal 2021. Obligado por un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la ley aprobada en 2006 para conformar el organismo de control judicial creado por la Constitución de 1994 –y que además da un plazo perentorio para aprobar una nueva normativa en lo que no pocos juristas consideran una intromisión del Poder Judicial sobre los otros dos–, el proyecto del oficialismo propone elevar de 13 a 17 los miembros del Consejo para aumentar la representación de jueces, abogados y académicos en detrimento de integrantes del Congreso. La ley invalidada había reducido la integración del órgano encargado de seleccionar, sancionar y eventualmente remover jueces de los 20 originales y daba más participación a legisladores en proporción a los votos de mayorías y minorías.
Alineamientos y antecedentes El grave problema de la deuda con el FMI se instaló como un debate sobre el modelo e, insólitamente, sobre quiénes son los responsables del monumental préstamo del organismo de crédito al Gobierno de Mauricio Macri. El discurso de la oposición –identificada con el ajuste neoliberal– coincide punto por punto con el mensaje de los comunicadores de los medios hegemónicos, alineados casi sin fisuras en torno a un acuerdo urgente y bajo las condiciones que se establezcan en los despachos del 700 de 19th Street, N.W., en Washington D.C. Macri suele repetir como un mantra que «comenzamos a ver el fin del populismo en Argentina». Es bueno recordar lo que ocurrió en Grecia, que sigue siendo materia de estudio por las consecuencias sociales de las medidas impuestas por la «troika», ese trío letal del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI. En un intento por evitar las imposiciones del sistema financiero, el primer ministro Alexis Tsipras había llamado a un referendo en julio de 2015 y el 62% de la población rechazó los recortes al nivel de vida de los griegos que se establecían. El ministro de Economía de entonces, Yanis Varoufakis, relató la escena en que a Tsipras casi no lo dejaron ir al baño hasta que aceptara las condiciones. Debió capitular de un modo humillante. Tsipras tenía una visión del mundo muy similar a los Gobiernos progresistas latinoamericanos. Era un «populista» que incomodaba al modelo neoliberal. Cuatro años más tarde ganó la elección Kyriakos Mitsotakis, hombre del Chase Manhattan Bank. El populismo, que había hecho finalmente el ajuste, debió retirarse de escena. A ese desafío se enfrenta el gobierno de Alberto Fernández, en mejores condiciones que las que debió sufrir Grecia, según las primeras revelaciones del acuerdo alcanzado con el FMI el 28 de enero. En tanto, aquí los integrantes de la alianza opositora de derecha comparten sin fisuras el modelo de país neoliberal como objetivo, pero no pueden ocultar sus disputas internas de cara al 2023, expresadas con claridad en las causas por espionaje que los involucran, en algunos casos como espías y espiados. La llamada causa «Gestapo antisindical» avanza en manos del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak. La investigación va mostrando la responsabilidad de la exgobernadora María Eugenia Vidal y de funcionarios de la AFI y del Gobierno nacional macrista en el espionaje ilegal y el armado de causas judiciales contra «objetivos políticos» del bando contrario, pero también el fisgoneo a dirigentes de la anterior administración. Y deja ver más claramente otro alineamiento, en este caso de dirigentes políticos perjudicados por la vigilancia a que eran sometidos –algo no solo ilegal sino irritativo para socios del mismo proyecto político–, con la gestión de Mauricio Macri. Las explicaciones sobre el escándalo desatado tras la publicación del video en el que el exministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, mostraba su frustración por no contar con una organización como la Gestapo, son tan curiosas como para que fueran anotadas puntillosamente por el columnista de La Nación Carlos Pagni. «Para Macri y (Daniel) Angelici (uno de los operadores del macrismo con el Poder Judicial, el otro permanece prófugo) acaso sea satisfactorio advertir las contorsiones retóricas que deben hacer (Horacio Rodríguez) Larreta y Vidal para justificar irregularidades en cuya organización, con toda probabilidad, tuvieron poco o nada que ver. Esos trabalenguas son una demostración de quién manda en el PRO», advierte Pagni, a quien no se podrá tildar de afín al Frente de Todos aunque sí de conocedor de esos «sótanos del poder», como los suele llamar. Las preguntas que surgen son, entonces, quién filmó el video, por qué apareció justo ahora, a quiénes beneficia realmente y cuántos más hay. En ese sórdido submundo, lo que se muestra es siempre la punta de un iceberg. Y a veces el verdadero negocio es hacer creer que debajo del agua hay mucho más de lo que se muestra.
El fallido intento de aprobar la Ley de Presupuesto despertó las más variadas críticas tanto dentro del oficialismo como de la oposición, que en apariencia había logrado un triunfo político al bloquear la llamada Ley de leyes que envió el ministro de Economía, Martín Guzmán. No es un tema menor dejar a un Gobierno sin la normativa que estipula cuánto se gasta y, fundamentalmente, en qué se gasta. Por eso el debate posterior sirvió para mostrar el alcance y la profundidad de lo que se discute no solo en la Argentina actual sino en todo el mundo: los impuestos y cómo se construyen sociedades menos desiguales. La firma del Consenso Fiscal fue un segundo capítulo en esta saga por los recursos en la que los gobernadores, incluso de origen radical, pudieron corregir aquel desliz de mediados de diciembre –que en verdad los perjudicaba– y aprobaron la iniciativa presentada por el presidente Alberto Fernández.
El gran debate con el pacto firmado por 23 provincias fue, otra vez, el compromiso que habían asumido algunos dirigentes opositores de no aumentar impuestos. La estrategia de los «libertarios» locales y el ala más dura dentro de Juntos por el Cambio recuerda al movimiento Tea Party en el Partido Republicano de los Estados Unidos, cuyo fin desde su origen es reducir el pago de impuestos a su mínima expresión. De hecho, el nombre de ese grupo hace referencia a un acto fundacional, la rebelión de 1773 en Boston contra un impuesto al té establecido por la corona. Y a la manera del Tea Party, el ala más dura de la coalición opositora arrastra al resto a extremar las tensiones con el oficialismo, pero básicamente a esmerilar la gobernabilidad.
Los platos rotos «Estamos dando un paso en favor de garantizar un crecimiento equilibrado en toda la Argentina», dijo el presidente tras la firma del Consenso, rodeado por los mandatarios provinciales en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada. En octubre pasado, los legisladores de JxC habían jurado no votar aumentos de impuestos. A ese entendimiento interno se aferraron los críticos del acuerdo con el Gobierno, alegando que se incrementarán las tasas a nivel provincial. Sin embargo, el documento no contempla específicamente aumentos, aunque tampoco los impide. Tanto los diputados Martín Tetaz como Ricardo López Murphy fueron los más feroces censores de esta versión 2022 del acuerdo fiscal. Todavía malheridos por la aprobación de la reforma al impuesto a los Bienes Personales, aspiraban a mantener la asfixia sobre Hacienda en un momento clave para las negociaciones con el FMI. «El Pacto Fiscal los habilita a crear nuevos impuestos, pero también a renegociar deudas cruzadas entre la Nación y las provincias, y obliga a no hacer juicios en los conflictos que hay entre ambos», justificó el senador por Mendoza Alfredo Cornejo. El gobernador mendocino Rodolfo Suárez, el jujeño Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdés –provenientes de la UCR– se reunieron tras la firma del documento con Horacio Rodríguez Larreta para asegurar que no iban a aumentar impuestos. El alcalde porteño fue el único que no estuvo presente en el acto presidido por Fernández. Fue su forma de mostrar una imagen de liderazgo en contra de un tema tan delicado para las aspiraciones del sector ultra de la oposición. La cuestión impositiva es clave no solo por lo que implica para igualar los tantos dentro de una sociedad sino por cualquier acuerdo que se pueda lograr con el Fondo. De lo que se trata es de quién pagará los platos rotos del voluminoso préstamo que el organismo financiero le dio al Gobierno de Mauricio Macri. Aunque la pelea, a largo plazo, es por el sentido de las cargas fiscales. Cualquier ciudadano de a pie rechazaría instintivamente el pago de un impuesto y eso hasta puede resultar un incentivo para el voto hacia un candidato determinado. Pero la reducción impositiva impulsada por el neoliberalismo como la panacea para el crecimiento ha demostrado en todo el planeta que solo sirvió para enriquecer cada vez más a ese 1% que atesora tantos bienes como el 99% restante de las sociedades. Un detalle no menor es que el Consenso Fiscal establece que las provincias podrán sancionar un impuesto sobre la riqueza obtenida por herencias, legados, donaciones o anticipos de herencia. Como pocas propuestas, la sola mención de este tributo generó escozor en sectores conservadores. Para el diputado Javier Milei, representante del antiestatismo, cobrar un impuesto a la herencia «es inmoral, porque te están quitando el fruto de tu trabajo y cómo vos lo querés asignar. ¿Quién es el Estado para penalizarte porque decidís dejarlo como regalo cuando uno se muere?». Es bueno recordar que ese impuesto estuvo vigente en nuestro país desde 1923 hasta 1976, cuando fue eliminado por el ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Hoz. En la raíz de las desigualdades está la baja de los impuestos, como bien registró el economista francés Thomas Piketty. Pero también las inequidades son fomentadas por los herederos de las grandes fortunas, sus usufructuarios directos. El argumento del neoliberalismo es que las fichas cayeron de una determinada manera para cada individuo por las actitudes de sus padres. El pobre, según esta categorización, lo es porque sus ancestros no hicieron mucho para salir de una situación de pobreza. De acuerdo con Piketty, el sistema actual mantiene al heredero pobre en la pobreza por más esfuerzo que realice, mientras que el heredero rico seguirá siendo rico por más incapacidad que manifieste. A menos que se establezca algún elemento que equilibre los tantos.
Villegas y la Gestapo
29 de diciembre de 2021
Macelo Villegas es abogado especializado en Derecho Laboral, pero no se le conocen antecedentes como defensor de trabajadores. Ocupó, sí, cargos en áreas de relaciones humanas en empresas de la talla de Pérez Companc, Grupo Suez, Walmart, Jumbo y Telecom Argentina. Recaló en el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires con la gestión de María Eugenia Vidal. Se hizo famoso a fines de diciembre cuando la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) difundió un video de junio de 2017 encontrado en un disco rígido de una computadora del organismo donde se ve una reunión con el intendente de La Plata, Julio Garro, operadores judiciales, empresarios de la construcción, y un par de agentes del espionaje vernáculo. «Creeme que si yo pudiera tener –y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte–, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría», se le escucha decir a Villegas, sin que ninguno de los presentes se escandalice. La indignación no llegó a los medios hegemónicos con la misma velocidad ni ímpetu que cuando se trata de información referida a sectores afines al oficialismo. Hubo piruetas incluso para enfocar a quienes cuestionaron el hecho como una defensa del sindicalista de la UOCRA Pablo «Pata» Medina. Pero la mención a la organización criminal nazi despertó, finalmente, el rechazo público. Villegas se disculpó y deslizó que las imágenes podrían haber sido tergiversadas. Desde las fuerzas de la oposición y entidades de la comunidad judía también surgieron repudios. Pero la repulsa no se dirigió a las presiones y los acuerdos que revela el video con miembros del Poder Judicial para perseguir ilegalmente a sindicalistas. Tampoco por el hecho que desde la AFI macrista se hubiera filmado, también ilegalmente, un encuentro de un funcionario del oficialismo de esa época. Más allá de la sórdida alusión a la Gestapo, el video es un reconocimiento explícito a una operatoria político-judicial y también mediática que tanto la vicepresidenta Cristina Fernández como funcionarios de su Gobierno vienen denunciando en los tribunales con suerte bastante esquiva.
En tiempos tan azarosos como estos a nivel internacional, el Gobierno nacional produjo dos movimientos casi simultáneos que escandalizaron a sectores ligados con intereses corporativos. Tras el anuncio de que Argentina se retiraba del llamado Grupo de Lima, el presidente Alberto Fernández tuvo un fuerte entredicho con el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, en la celebración del 30º aniversario del Mercosur. Dos gestos que contradicen el camino de alineamiento con Estados Unidos que la gestión de Mauricio Macri había iniciado y que, como colofón, se realizaron cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, negociaba en Washington la deuda con el FMI. El 24 de marzo, cuando en todo el país se recordaba el golpe cívico-militar de 1976 (ver recuadro), la cancillería anunció el retiro de ese grupo creado en 2017 con el objetivo de enterrar a la UNASUR con Venezuela en la mira, «al considerar que las acciones que ha venido impulsando, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada». Dos días más tarde, en un encuentro virtual entre presidentes del Mercosur y los mandatarios de Bolivia y de Chile como invitados, el jefe de Gobierno de Uruguay, Luis Lacalle Pou, sacó a relucir el enfrentamiento que se potenció desde el triunfo de Fernández-Fernández acerca de los aranceles comunes de la organización regional y la posibilidad de que cualquiera de sus miembros pueda hacer acuerdos comerciales sin consenso del resto. Uruguay, que además expresó la voluntad de Paraguay y especialmente Brasil, dejó un par de frases que no será fácil que pasen al recuerdo: Lacalle Pou usó las palabras «corset» y «lastre» para definir elípticamente la postura argentina en este punto. Alberto Fernández respondió que el que quiera dejar el barco, que lo haga. La oposición más dura y los medios afines salieron a cuestionar lo que se apresuraron a declarar como una «venezuelización» y un brote de aislacionismo. Si la única manera de interpretar las acciones del Gobierno es en el marco de una puja continua entre los dos integrantes de la fórmula más votada en 2019, categorizar a esos dos gestos como un avance de Cristina Fernández era casi una obviedad para esos analistas. Y si se agrega la exégesis del discurso de la vicepresidenta en un acto en Las Flores sobre Estados Unidos, no tenían otro camino que hablar también de una deriva del Gobierno. La cuestión es que siempre hay algo más cuando se observa en detalle. Macri siempre fue antichavista, incluso con el líder bolivariano vivo, y basó su política exterior en un seguidismo con la administración de Donald Trump, a tono con el resto de los Gobiernos conservadores que llegaban al poder desde 2016. Eso implicó minar a la UNASUR y un ataque continuo a Nicolás Maduro. Tal adhesión a los postulados estadounidenses le valió el acceso al extraordinario crédito del FMI cuando comenzó a trastabillar su gestión económica. Vale la pena repetir que el actual titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, reconoció que ese dinero tenía como objetivo apuntalar el camino de Macri hacia la reelección. Se sabe que el voto de EE.UU. es indispensable para lograr un acuerdo con el FMI, de modo que para quienes creen que el alineamiento a rajatabla es la única alternativa, hablar de la responsabilidad de Washington en el golpe genocida y decir que el país no tiene cómo pagar lo acordado por el Gobierno anterior resuena no solo como una herejía sino también como un error de cálculo de imprevisibles consecuencias. O en realidad, revela que la única propuesta aceptable para esos intereses es aceptar las reglas de juego ajenas. Pagar sin chistar.
Avances y retrocesos Ciertamente, como expresa la Cancillería, el Grupo de Lima no produjo ningún avance hacia una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana. Solá explicó incluso que Argentina sigue en el llamado Grupo de Contacto que integran países europeos junto con México y del que hasta el triunfo de Lacalle Pou también formaba parte Uruguay. El dato a tener en cuenta es que si Trump era una amenaza de intervención armada, no fue el grupo de Lima el que le impidió actuar. Por otro lado, Joe Biden viene demostrando que en política exterior no difiere mucho de su antecesor. Basta solo atender a los cruces con Vladimir Putin y Xi Jinping, los recientes ataques en Siria, además de sus posturas con Venezuela y Cuba. El tema más delicado es el de Mercosur, que con la llegada de Gobiernos progresistas, en el albor del siglo XXI, se convirtió en una plataforma de integración política y fue clave en el rechazo al ALCA en 2005, en sociedad con el líder bolivariano, Hugo Chávez. Pero desde entonces florecieron las diferencias, tanto políticas como económicas. Con la crisis de 2008 aparecieron destellos proteccionistas que afectaron a los socios menores y los Gobiernos de Dilma Rousseff y Cristina Fernández se fueron encerrando en sus propias dificultades internas. El ingreso de Venezuela se demoró por el rechazo del Senado paraguayo, que al mismo tiempo fue muy veloz para destituir a Fernando Lugo en 2012. Suspendido temporalmente por el resto de los miembros del Mercosur, Paraguay recién pudo regresar cuando se celebraron elecciones democráticas, pero el golpe en el corazón de la organización había sido letal. En represalia, Venezuela fue suspendida en 2017. Ya Dilma Rousseff había sido expulsada del Gobierno en un golpe parlamentario similar al paraguayo. A esa altura, el Mercosur se debatía en propuestas de salidas neoliberales para «abrirse al mundo». Incluso en Uruguay con el Frente Amplio en el poder, las voces que hablaban de «corset» iban creciendo. Lacalle Pou sabe que no está solo cuando se expresa de ese modo. Para colmo, busca seducir a magnates argentinos para que crucen el charco y así pagar menos impuestos. La irritación de Alberto Fernández tiene sus razones. El desafío de Lacalle Pou también. En Brasil, mientras tanto, este cruce no es el mayor problema que enfrenta Jair Bolsonaro, repudiado por una gestión desastrosa en lo sanitario y peligrosa en lo social. Pese a todos los inconvenientes y las diferencias, la integración regional sigue siendo tanto una esperanza como una necesidad imperiosa para los países del sur, especialmente en el contexto de una pandemia feroz, en la que los poderosos acaparan vacunas y desoyen los llamados a una atención igualitaria de la grave crisis sanitaria.
Valores solidarios para la construcción democrática
En un comunicado titulado Las asignaturas pendientes de la democracia, emitido en ocasión de conmemorarse el 45° aniversario del golpe cívico-militar de 1976, el Instituto Movilizador del Fondos Cooperativos (IMFC) sostiene que «bajo el pretexto de imponer la “reorganización nacional”», aquella dictadura «dejó el saldo doloroso de 30.000 detenidos desaparecidos, la destrucción de gran parte del aparato productivo, un endeudamiento externo condicionante e insostenible para la economía de nuestro país y profundos cambios en la cultura de la sociedad, entre otras gravísimas consecuencias». El IMFC considera que ese golpe «fue parte de un proceso destituyente de los Gobiernos elegidos democráticamente, cuyo denominador común fue el terrorismo de Estado y sometió a los pueblos de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y el argentino bajo la denominación común de Plan Cóndor» y que el objetivo final fue «profundizar el sometimiento a los grandes grupos económicos locales y transnacionales». Con ese propósito –prosigue– «los golpistas –insistimos, militares y civiles– secuestraron, asesinaron y desaparecieron para imponer el terror y aplicar un plan destinado a la concentración de la riqueza y la exclusión social». Finalmente, el IMFC puntualiza que «aún persisten muchas asignaturas pendientes para que la democracia no se limite a la elección de autoridades cada dos años. Hacen falta cambios profundos en todos los órdenes de la vida republicana, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, incluyendo los económicos, sociales y culturales». Entre los temas a resolver, la entidad cooperativa enumera: democratizar la economía y las finanzas, fortalecer la salud pública, asegurar la pluralidad de voces en materia de comunicación social, la educación pública de excelencia en todos los niveles y la adecuada remuneración a los cuerpos docentes y privilegiar la solidaridad, la ayuda mutua y el esfuerzo propio. En el marco de la batalla cultural, concluye el documento, «estos son los valores que nos han guiado siempre y continuaremos ejerciendo para contribuir a la construcción de una Argentina con más democracia y justicia social».
Comentarios recientes