por Alberto López Girondo | Mar 10, 2016 | Sin categoría
Las primeras semanas de marzo mostraron una serie de eventos coincidentes y recurrentes que enmarcaron el inicio de un ciclo parlamentario con características inéditas. Por lo pronto, el mismo día que el presidente Mauricio Macri daba su discurso inaugural ante el Congreso Nacional, el ex espía Antonio Jaime Stiuso aceleraba –tras una declaración de más de 10 horas– el cambio de fuero en la causa por la muerte el fiscal Alberto Nisman. Otra circunstancia que no debería ser tomada como casual se produjo mientras el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, exponía en la Cámara Baja la necesidad del gobierno de arreglar el pago a los fondos buitres: la televisión mostraba al ex presidente de Brasil, Lula da Silva, llevado a declarar ante el juez Sergio Moro por corrupción en Petrobrás. Para cerrar el círculo, la ex presidenta Cristina Fernández fue llamada a declarar por el juez Claudio Bonadío el 13 de abril en la causa por la venta de dólares a futuro. Nueva casualidad: el juez neoyorquino Thomas Griesa había fijado como plazo para aceptar el acuerdo con los ahora llamados holdouts para un día después. Mientras los medios hegemónicos destacaron el rol del Poder Judicial en una cruzada continental similar al «mani pulite» de la Italia de los 90 –que, bueno es recordar, dejó como emergente de la crisis a Silvio Berlusconi–, desde los sectores progresistas se definió a esta serie de eventos como prueba de que los países de la región están sumidos en un ataque de baja intensidad contra los gobiernos populares. El argumento es que no resulta casual que tras el triunfo de Macri y la aplastante derrota del chavismo en Venezuela, hubieran surgido denuncias de corrupción contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia, que culminaron con su derrota electoral en el referendo del 25 de febrero. Además, el desprestigio comenzó a corroer a Michelle Bachelet, presidenta chilena, por denuncias de corrupción contra su propio hijo cuando ensaya los cambios más profundos al sistema político y económico desde el pinochetismo. En ese contexto, la visita del presidente estadounidense Barack Obama, justo el día en que se cumplen 40 años del último golpe de Estado en Argentina puede leerse como una provocación, y así lo entendieron los colectivos de defensa de los derechos humanos.
El espejo
Mucho se dijo sobre los debates internos en Cambiemos acerca del cariz del discurso que debía pronunciar Macri en la apertura de sesiones del Congreso. Trascendió que el asesor Jaime Durán Barba recomendaba hablar del futuro y dejar de lado, o al menos morigerar, las alusiones al pasado reciente. Su propuesta era que Macri debería contribuir a «la pacificación» del país, a «cerrar la grieta» en la sociedad con la que tanto insistió durante la campaña que lo llevó a la presidencia.
Sin embargo los popes del ala política del macrismo –en la que se incluye al jefe de Gabinete, Marcos Peña– al igual que los analistas mediáticos más cercanos al oficialismo pidieron ir con todo contra la «pesada herencia» recibida. El argumento era que ningún gobierno puede sustentarse si no es con un relato propio y un oponente al que contrastar. Cristina Fernández bien que lo tenía, en contra del neoliberalismo y en favor de un Estado benefactor. Faltaba que Macri abonara su propia interpretación del mundo, sobre la que el resto de sus políticas encontraría fundamento. No es osado decir que si el kirchnerismo necesitó del macrismo como el espejo donde no mirarse, ahora el macrismo devuelve el gesto y lo coloca en el lugar del enemigo.
Para completar el panorama, Stiuso, el espía más nombrado en el largo año que va desde su expulsión de la Secretaría de Inteligencia en diciembre de 2014 a su intempestivo regreso a las lides a fines de febrero pasado, se había convertido en una amenaza para el anterior gobierno. Para los medios concentrados, era el personaje que más sabía sobre la presunta responsabilidad del kirchnerismo en la muerte de Nisman. Con este giro, el relato macrista cierra en teoría perfecto. El enemigo es no solo todo lo que enrostró Macri en su discurso sino, además, responsable de un magnicidio.
Por lo pronto, los diputados que dejaron el bloque del Frente para la Victoria y algunos senadores que ya mostraron su acercamiento a la Casa Rosada parecen jugar a favor de los planes del oficialismo, que además mantiene presión sobre las provincias por el giro de fondos federales, jugando una carta fuerte en la negociación política para lograr respaldo a sus proyectos legislativos.
En virtud de esa necesidad de seducción de distintos sectores del justicialismo, llamó la atención que el discurso inaugural de las sesiones manifestara las deficiencias atribuidas a la gestión precedente con cierta virulencia. El clima en el FPV no fue el mejor y sus legisladores lo mostraron exhibiendo ante el presidente carteles con críticas por el alza de los precios y el vendaval de despidos.
Devaluación y después
El tema de la devaluación, otro de los ejes de la campaña, ahora es una estocada contra los responsables del área económica del kirchnerismo. El juez Claudio Bonadío, uno de los más cuestionados del Poder Judicial, tomó una denuncia de legisladores de Cambiemos por las operaciones de venta de dólares a futuro realizadas por el Banco Central poco antes del cambio de gobierno. Según los denunciantes, sería un negocio para un puñado de personas que obtendrían ganancias desmesuradas al haber apostado por un dólar a poco más de 10 pesos cuando la cotización –que no para de subir– ya está en torno de los 16. La operatoria forma parte de las medidas que se adoptan en el marco de una política económica y la diferencia surgió tras la abrupta devaluación decidida por el actual gobierno.
Lo que importará, en todo caso, será la foto de la ex presidenta entrando o saliendo del edificio de Comodoro Py. Esa misma foto que los medios brasileños buscaron con el allanamiento del departamento y la violenta comparencia que el juez Moro ordenó contra el exlíder metalúrgico y el presidente que más hizo por las clases desposeídas en Brasil. La humillación de Lula fue evidente en el discurso posterior, cuando ante una multitud de simpatizantes del Partido de los Trabajadores dijo que «si querían matar a la yarará, no la golpearon en la cabeza. Le dieron en el rabo y la serpiente está viva, como siempre ha estado». Una forma de decir que se presentará en 2018 para suceder a Dilma Rousseff.
Desde este lado de la frontera, la mediática comparencia forzosa sonó como alarma tanto en el oficialismo como en la oposición. Si bien es un buen dato para el proyecto de extirpar el «populismo» de la región que encarna Macri, también, como dijo la canciller Susana Malcorra, «si Brasil estornuda, a Argentina le agarra neumonía», ya que es el principal socio comercial y de la esperanza de su recuperación depende la buena salud de la economía local. Y por lo tanto, del macrismo.
Pero el golpe también dio de lleno en la oposición kirchnerista. El juez brasileño, con estudios de posgrado en Estados Unidos, avanza contra el PT buscando la ruta de presuntos cobros de coimas a través de la petrolera estatal pero no contra los partidos de la derecha. Aquí, Bonadío llegó al juzgado con el menemismo y fueron ostensibles sus relaciones con los órganos de espionaje durante el paso por la ex SIDE de Miguel Ángel Toma, uno de sus mentores. Y, según el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, figuraba en la servilleta de jueces menemistas que cubrieron los desaguisados y la corrupción de las privatizaciones de los 90.
Todos estos temas alcanzan relevancia en el momento en que el presidente Obama encara lo que sería su última gira por América Latina antes de dejar el gobierno, en enero del año que viene. Luego del acercamiento con Cuba, tras la gestión del papa Francisco, el avance en las relaciones bilaterales lo llevó a La Habana el 21 y 22 de marzo, para de allí viajar a Buenos Aires el 23. La Casa Blanca suele diseñar con mucha antelación y precisión la agenda presidencial. Por lo tanto, no puede creerse que se les haya escapado que su paso por la Argentina coincidirá con el 40º aniversario del golpe genocida que, tras la desclasificación de documentos secretos, se sabe que fue pergeñado a través de la Secretaría de Estado a manos entonces de Henry Kissinger. ¿Vendrá Obama en tren de reconciliación, pedirá disculpas oficiales como hace no tanto hizo el papa en su gira por la región por el genocidio de a la población indígena a la llegada de los europeos?
Macri considera que necesita una mano de Obama para que «los mercados» confíen en Argentina. Por eso también quiere apurar el pago a los buitres. Está convencido de que de este modo podrá conseguir fondos externos. Solo así cerraría su proyecto político. El duro mensaje en el Congreso suena tanto a una amenaza como a una propuesta. «Voten el acuerdo con los holdouts y volveremos a hablar en otros términos», sería el mensaje.
El ataque a locales partidarios de sectores kirchneristas, como en Mar del Plata contra La Cámpora, y en el barrio porteño de Villa Crespo contra Nuevo Encuentro, no parece ir en el camino de la reconciliación. El caso es quién es el que está jugando con fuego y para qué.
Desinteligencias
Que Antonio Jaime Stiuso volvería para torcer el rumbo de la investigación sobre la muerte del fiscal de la causa AMIA era un secreto a voces. Solo faltaba definir cuándo. Lo que llamó la atención fue no tanto lo que dijo sino la celeridad con que la jueza Fabiana Palmaghini, que hasta un días antes decía que no había elementos para decir si Alberto Nisman se suicidó o lo mataron, se declaró incompetente y dejó la causa en el fuero federal, el que reclamaban los abogados de las hijas y la madre del funcionario judicial y por el que pugnaba su ex esposa, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
Según Stiuso, el crimen fue perpetrado por agentes ligados con el gobierno anterior, que ya le habían pedido que dejara de investigar a Irán por el atentado a la Amia en 1994. Pero el propio abogado del espía dijo que en realidad su cliente no tenía pruebas, solo presunciones. Para colmo, la fiscal Viviana Fein salió a protestar porque no solo le habían sacado la causa sino que además Palmaghini ordenó investigarla por no haber puesto en el acta de la declaración de Stiuso en 2015 la supuesta manifestación que hizo en el sentido de que estaban ante un homicidio. «Él no es un lego ni su abogado lo es. El acta les fue leída y la firmaron ambos», precisó la fiscal, que cuenta con una carrera judicial sin mácula. Además, dijo que la corrieron justo cuando estaba por pedir que declarara un grupo de agentes de inteligencia que sospechosamente intercambiaron llamados de celular como nunca en su carrera, horas antes de que se supiera que Nisman estaba muerto.
Para agregarle una cuota más de suspenso, Gustavo Vera, titular de la fundación La Alameda, presentó sendas denuncias penales contra Stiuso y un grupo de agentes que volvieron a la ahora AFI, y la segunda de esa institución, la exdiputada del PRO Silvia Majdalani, por lavado de dinero y creación de empresas fantasma para nebulosas operaciones. Entre los denunciados están Darío Richarte, ex vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y vicepresidente tercero de Boca Juniors, y el secretario de Finanzas de la AFI, Juan José Gallea, ligado al ahora desmantelado Grupo 23. Vera es muy cercano al papa Francisco desde que era el obispo Jorge Bergoglio. Investigó y denunció a los talleres clandestinos y ahora va contra los espías. La fría recepción que Francisco le dio a Macri en Roma puede tener este origen.
Revista Acción
Marzo 15 de 2016
por Alberto López Girondo | Feb 29, 2016 | Sin categoría
A una semana del primer comicio que perdió Evo Morales desde que llegó al poder en Bolivia, en enero de 2006, los dos temas de debate en el país del altiplano son, en ese orden, el embate de los medios y de la derecha, que presagian el final abrupto del proceso revolucionario y la existencia de un hijo ilegítimo del mandatario con una mujer que actualmente es gerenta de una empresa china.
El resultado del referéndum con el que Morales esperaba reformar la constitución del Estado Plurinacional por él promovida, en 2009, fue lo suficientemente ajustado como para no hablar de una derrota fulminante, 51,27 a 48,73 por ciento. Fue casi un empate bien lejos del estrepitoso golpe del chavismo en las parlamentarias de diciembre pasado. Pero en un escenario continental donde la derecha antipopulista viene ganando elecciones, era obvio que este traspié fuera leído desde el establishment y desde sus medios dominantes como un nuevo avance para revertir esta década larga de gobiernos progresistas. Y justo en el corazón de América Latina y ante el proceso, junto al venezolano, que más había logrado reconvertir las instituciones en beneficio de los desposeídos.
Es cierto que el gobernante MAS no había perdido ninguna elección desde entonces y de hecho siempre ganó con un promedio de 60% de los votos. Pero no es verdad que Morales se haya mantenido invicto hasta el domingo pasado. En realidad, ya había perdido las presidenciales de 2002 a manos de Gonzalo Sánchez de Lozada -el dirigente criado en Estados Unidos que habla castellano con notable acento «gringo»- quien duraría en el cargo lo que un suspiro tras las políticas ultra-neoliberales que aplicó.
Más allá de estos detalles, es bueno recordar que el propio Hugo Chávez Frías perdió un referéndum para reformar la constitución por él creada para poder ser reelecto, en 2007. Y que luego de ese único tropiezo ganó todos los comicios posteriores, incluso el que le permitió un nuevo período presidencial, en 2012. De allí las palabras de Morales tras reconocer el resultado adverso: «Se perdió una batalla, pero no la guerra».
La importancia de esta consulta popular, que se adelanta en tres años a las futuras presidenciales, que serán en 2919, radica en que precisamente por ser un país rodeado de naciones ahora envueltas en sus propias problemáticas -en Brasil con el acoso de la oposición conservadora y en la Argentina, con el triunfo de Mauricio Macri- debía dar señales de previsibilidad.
Hace unos meses Morales hizo una gira por Europa para buscar inversiones. Bolivia creció y consolidó un modelo económico exitoso como nunca había ocurrido en los 180 años de independencia, conducido por el primer presidente de raíz indígena. Pero el entorno regional y la crisis mundial, debido a la baja de sus principales productos de exportación, como son los hidrocarburos y los recursos mineros, ponen en jaque esa misma espiral creciente.
Hasta los medios y los analistas más derechosos reconocen el éxito en la gestión del MAS. Es que a pesar de haber expropiado algunas de sus empresas de servicios durante este gobierno, los inversores cuentan con horizontes de crecimiento y ganancias que los mercados agradecen: un estado fuerte y bien administrado, una sociedad con expectativas de crecimiento pero sobre todo sin conflictos sociales.
En esa gira, y tras un encuentro con la líder alemana Angela Merkel -desde 2005 jefa de gobierno alemán y aspira a lograr su cuarto mandato en 2017, algo que en Europa no llama la atención- Morales se preguntó por qué si en el viejo continente los dirigentes no tienen límite para su gestión él no podría hacer lo propio en Bolivia. Desde el punto de vista retórico, el argumento es cierto, pero en la práctica hay algunas diferencias entre los gobiernos parlamentarios a la usanza europea y los presidencialistas calcados del modelo estadounidense que pululan en nuestra región. Los americanos, sin distinciones, no aceptamos las monarquías, salvo en los cuentos infantiles o para la festividad del 6 de enero.
El primer ministro con poder ejecutivo y un parlamento detrás, bajo la sombra de un monarca o un presidente que garantice la institucionalidad en caso de crisis, es una respuesta europea a los problemas europeos. Un sistema que en Argentina alguna ver propuso el presidente Raúl Alfonsín y que suele alentar el ex juez supremo Raúl Zaffaroni.
Quizás entre las razones para que más de la mitad de los bolivianos hayan dicho NO a una nueva reelección de Morales esté el hastío por liderazgos de largo aliento, aún a pesar de que todos reconocen el avance que los ciudadanos lograron desde la llegada de Morales al Palacio Quemado. Sobre esta percepción es que se montó una furiosa campaña en los medios concentrados de información acerca de las bondades de la alternancia en el poder. Algo que la realidad desmiente: sólo basta mirar la encrucijada en que se sumergió España con la ruptura del bipartidismo el 20D de 2015.
Morales y sus partidarios se mostraron particularmente afectados por el embate furioso de los medios. Pero es bueno recordar que alguna vez Juan Domingo Perón se burló del rol de los medios en la política al decir que «en 1955, con toda la prensa a favor, nos echaron. En 1973, con toda la prensa y los medios en contra, volvimos». De todas maneras, habrá que admitir que influyen.
Aquí viene a cuento mencionar el viejo recurso de socavar la credibilidad de un líder político ventilando trapitos personales al sol en medio de un comicio. Gabriela Zapata, quien fue pareja del presidente entre 2005 y 2007, habría tenido un hijo con él del que hasta ahora no se tenía noticia. Entre otras razones porque según informó el presidente, el niño habría muerto al nacer. El caso salió a la luz a través de un periodista, Carlos Valverde, sindicato como agente de inteligencia de gobiernos de derecha. Y salió justo tan oportunamente como para enchastrar al mandatario unos días antes del referéndum del 21F. Morales es soltero y tiene otros tres hijos reconocidos con dos mujeres distintas. El tema de debate ahora es que la familia de Zapata, detenida por la justicia porque la denuncia original habla de tráfico de influencias, asegura que el pequeño no murió. Evo asegura que a él le dijeron que había muerto. Las dos cosas pueden ser ciertas.
Los hijos no reconocidos de presidentes no son algo extraño en la política del todo el mundo. Y sino que lo diga Anne Pingeot, que tuvo una hija con el ex presidente francés François Mitterrand de la que se supo recién cuando el líder socialista dejó el cargo, en 1995. En Paraguay, las primeras acusaciones contra Fernando Lugo ni bien llegó al poder es que tenía varios hijos no reconocidos con sendas mujeres. Lugo, de tendencia centroizquierdista, había sido obispo en la región de San Pedro y el hecho daba para hablar de la hipocresía de un representante de la iglesia que prometía cambiar el orden socioeconómico en ese empobrecido país. Pero el caso fue ventilado por los que se niegan a perder prebendas centenarias que incluyen, en muchos casos, el medieval «derecho de pernada».
En Brasil, Lula perdió la segunda vuelta de 1989 ante un personaje construido por O Globo con técnicas sutiles de marketing electoral , Fernando Collor de Mello, quien tuvo que renunciar dos años más tarde por corrupción. Días antes del balotaje, la cadena O Globo invitó a Miriam Cordero, una enfermera con la que Lula había tenido una relación antes de su segundo casamiento y con la que había tenido un hijo. Ante las cámaras, Cordero aseguró que el dirigente metalúrgico le había pedido que abortara. Un escándalo en el país católico más grande del mundo.
Pero ahora se conoció un escándalo mucho más grande y duradero que salpica al ex presidente Fernando Henrique Cardoso, quien tuvo una relación extramatrimonial con la periodista de O Globo –cuándo no- Mariam Dutra. La mujer denunció que el viejo líder político que reclama la renuncia de Dilma Rousseff por casos de corrupción que publican los medios y se muestra como hombre venerable y digno no solo le hizo abortar en dos ocasiones sino que cuando nació su hijo, hace 25 años, se las arregló para que madre e hijo viajaran a Europa, lejos de los focos de la prensa, y armó una estructura ilegal para financiar los gastos de ambos.
La protección mediática que tuvo Mitterrand mientras tuvo poder es comparable a la de Cardoso en un cuarto de siglo. Los ataques mediáticos que sufrió Lula desde que quiso ser presidente trocaron ahora a presuntos casos de corrupción en los que se implica a uno de sus hijos. Ni que decir los ataques contra Evo cuando era simplemente un dirigente cocalero. Son los mismos ahora que quiere un nuevo mandato para garantizar continuidad a un proyecto político revolucionario. Y que sufrirá su hija Evaliz, si verdaderamente se ofrece como garante de ese proceso en 2019.
Tiempo Argentino
Especial 29 de febrero de 2016
por Alberto López Girondo | Dic 6, 2013 | Sin categoría
El 30 de septiembre de 2010, el presidente ecuatoriano Rafael Correa permaneció casi todo un día a merced de policías amotinados por demandas salariales y gremiales. En junio de 2012, el gobierno de Evo Morales y representantes de policías de baja graduación refrendaron un acuerdo para solucionar un conflicto que llevaba varias semanas en torno de demandas similares y por el régimen disciplinario en la fuerza de seguridad boliviana. Unos meses más tarde, gendarmes argentinos daban la nota con un autoacuartelamiento que dio mucha tela para cortar a los medios y los dirigentes opositores.
Desde que las democracias institucionales se fueron recuperando en América Latina, y tras el período más oscuro para la región, con los golpes criminales encabezados por militares entrenados en la temible Escuela de las Américas, las Fuerzas Armadas prácticamente dejaron de ser un factor desestabilizante en casi todos los países latinoamericanos. Un poco porque aprendieron la lección en vista de juicios como los que se sustanciaron en la Argentina por delitos de lesa humanidad, y otro poco por la condena social donde lograron esquivar a la justicia. Pero en gran medida, porque el desprestigio de los uniformes verde oliva es tan alto que ya no tientan a ningún golpista.
Desde entonces, sin embargo, la opción desestabilizadora corre por cuenta de policías y de estamentos varios dentro del sistema judicial. Como bien recuerdan los especialistas en la cuestión, son los «azules» la parte de cualquier Estado más cercana al hombre común. Por tanto los que más pueden servir en caso de necesidad para crear condiciones o prevenir situaciones de conflicto.
Había una escena de la excelente película argentina Tiempo de valientes, de Damián Szifrón, en la que uno de los personajes, el psicoanalista que interpretaba Diego Peretti, en discusión permanente con un policía bastante desencantado como Luis Luque, le cuestionaba que los reclamos de esa fuerza siempre resultaban complicados para la sociedad, aun cuando en verdad son agentes estatales como un maestro o un médico. «El detalle es que nosotros estamos armados», era la respuesta cínica, dura, pero condenadamente cierta del personaje.
El experto en seguridad Marcelo Saín explicó, en un trabajo donde proponía medidas para democratizar a esa fuerza en América Latina, que el llamado «policiamiento regulatorio del delito» estableció «un circuito estable de autofinanciamiento ilegal de la policía, originado en un conjunto de dádivas y fondos provenientes de diversas actividades irregulares o delictivas permitidas, protegidas o llevadas a cabo por los propios agentes policiales». El detalle de esas formas irregulares de financiación caben perfectamente en el listado de delitos que se atribuyen a las cúpulas destituidas en Córdoba y en Santa Fe estas semanas, desde el «peaje» por el robo de autos, la prostitución o cualquier actividad ilegal hasta el tráfico de narcóticos.
Esta podría ser una respuesta para que tomara en cuenta el gobernador cordobés José Manuel de la Sota, que terminó cerrando un acuerdo salarial literalmente con una pistola en la nuca. Luego de varias horas de descontrol en la capital, asolada por bandas que «casualmente» se dedicaron a saquear con la tranquilidad de saber que tenían zona liberada.
Como se difundió en este medio, el clima policial en Córdoba se fue tensando en las últimas semanas, y desde un desconocido grupo Anonymous se fue alentando una operación «Juanes en Marcha», por el nombre que reciben los suboficiales del más bajo rango y la tropa rasa.
La situación se profundizó luego de que a raíz de una denuncia periodística, De la Sota tuvo que descabezar la cúpula policial e incluso al ministro de Seguridad, que para colmo es un comisario general, Alejo Paredes. En 2011, el legislador «juecista» Roberto Birri había presentado un pedido de informes para que las autoridades aclararan si Paredes había hecho un curso de adiestramiento en la International Law Enforcement Academy (ILEA) de El Salvador.
Para esa misma época, la entonces ministra Nilda Garré y el canciller Héctor Timerman planteaban sus protestas ante el gobierno porteño por haber enviado a agentes de la Policía Metropolitana a entrenarse en esa institución, a la que ambos funcionarios compararon con la conocida como «escuela de dictadores» de Panamá. «Con estas decisiones, Macri muestra que está dispuesto a ser heredero de las políticas represivas que el pueblo argentino rechazó desde 1983, cuando concluyó la dictadura», decía entonces Timerman, que aprovechaba para recordar que en 2006 Néstor Kirchner había prohibido que miembros del Ejército y la Policía Federal recibieran cursos en cualquier institución sucesora de la Escuela de las Américas.
La ILEA, Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, según su traducción al castellano, «nace con la filosofía de unir esfuerzos, entre las agencias gubernamentales, instituciones, capacitadores y estudiantes, para lograr una política externa común de aplicación internacional de la ley», según señala en sus fundamentos. En la página web reconoce, sin mencionarlo, el desprestigio de su antecesora, al admitir que «desde principios de 1997, el gobierno estadounidense comenzaba a buscar un país anfitrión para el establecimiento de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley en Latinoamérica».
La estrategia de penetración y control social, paralela entonces al Consenso de Washington en el plano económico, comenzó con la primera ILEA, en Budapest, en el año 1995. La siguieron otras en Bangkok, Tailandia; en Gaborone, Botswana; y en Roswell, en Nuevo México –el mismo centro donde presuntamente alguna vez capturaron a seres de otro planeta.
La sede de San Salvador nació en 2005 y desde entonces se dictaron allí 117 cursos a los que concurrieron 4954 participantes de la mayoría de los países latinoamericanos, incluidos argentinos. Los cursos de ILEA están dirigidos a directores policiales de nivel medio, fiscales, jueces y otros funcionarios encargados de la aplicación de la justicia criminal. «Este curso –se indica– hace enfoque en el liderazgo, administración personal y financiera, ética, regla de derecho y el manejo del proceso de investigación.» La ILEA imparte también instrucción sobre crimen organizado, cumplimiento de la ley financiera, contrabando nuclear, tráfico de estupefacientes y lavado de dinero.
El canadiense Jean-Guy Allard apunta que la ILEA es ni más ni menos que una academia para desarrollar un nuevo Plan Cóndor. Y dice que en una sede de capacitación que tienen en Perú, «se está entrenando a soldados y policías en contra-insurgencia». Allard agrega que los policías «regresan a sus respectivos países a reprimir y torturar a su pueblo».
El director por la parte salvadoreña de la academia es Andrés Alexander Ramírez Medrano; y el estadounidense, Michael Von Perkins. Como suele suceder con los funcionarios norteamericanos, Perkins no se guarda nada en su presentación. Policía de carrera oriundo de West Monroe (nombre premonitorio si los hay), el hombre escribió en su presentación que «la delincuencia no conoce fronteras» y que «la colaboración entre los organismos policiales de todo el mundo es crucial para proteger los intereses estadounidenses».
El organismo de Derechos Humanos School of Americas Watch (SOAW) también compara a la ILEA con la escuela panameña, a la que recuerda como un centro de «entrenamiento en represión, espionaje político, tortura física y psicológica, que garantizó la Doctrina de Seguridad Nacional». Y no tiene drama en tildarla de «Escuela de Asesinos».
Alguien le recordó al gobernador de la Sota el Navarrazo. En febrero de 1974, el gobernador Ricardo Obregón Cano relevó de su cargo al jefe de la policía, Antonio Domingo Navarro, porque lo consideraba «poco confiable» y sin mucho apego a la democracia. Navarro le acuarteló a 7000 efectivos y acusó de «infiltración marxista» al gobierno asumido menos de un año antes. No duraría mucho la primavera democrática cordobesa, en lo que fue un prolegómeno de lo que ocurriría en el país. Obregón Cano y su vice, Atilio López, fueron destituidos por la asonada policial.
Los tiempos no son los mismos y ya no hay lugar para otro Navarrazo. Pero la forma en que De la Sota cree haber solucionado la rebelión es un antecedente peligroso para la democracia del país. Convendría haber mirado un poco hacia lo que ocurre en otros países de la región y no aislarse del mundo intentando tirar culpas para otro lado, cuando el trasfondo de sus cuitas puede estar en cuestiones que escapan incluso a los que plantearon la protesta, que quedaron inmersos en una operación en la que no es tanto lo que al fin del día pueden ganar. Los gobiernos amenazados nunca terminan bien. Los amenazadores, tampoco.
Tiempo Argentino, 6 de Diciembre de 2013
por Alberto López Girondo | Sep 27, 2013 | Sin categoría
En una Asamblea de la ONU que, como viene sucediendo en las últimas ediciones, encuentra un bloque sudamericano unido en torno de discursos y visiones comunes –y sobre todo expresiones repletas de una sustancia que la diplomacia suele esquivar en los pliegues de las «buenas costumbres»–, Dilma Rousseff, Evo Morales, José Mujica, Cristina y en menor medida Ollanta Humala patearon el tablero internacional una vez más. Todos, con sus variantes, hicieron un efusivo reclamo para cambiar las reglas de juego en un nuevo escenario que ya no tolera la prepotencia de una nación-imperio cuya dirigencia es tan pagada de sí misma que no acepta otra versión sobre su rol en la historia que la de faro de la civilización, a pesar de que dentro de las fronteras estadounidenses se suman voces que se oponen a esta percepción egocéntrica de la historia.
Dilma, como era de prever, enfatizó que Estados Unidos había quebrado todas las reglas de juego y protestó por la violación a la soberanía brasileña al haber espiado no sólo sus secretos personales sino los de millones de compatriotas y de la empresa petrolera de bandera. Cristina volvió a hacer eje en que «no hay guerra justa, lo único justo es la paz» y pidió una solución negociada al conflicto sirio. El uruguayo, en ese tono campechano que acostumbra, dijo que cargaba sobre sus espaldas «con el deber de luchar por una patria para todos».
El más encendido fue Evo Morales, que habló un día después. El presidente boliviano pidió directamente un «Tribunal de los Pueblos» para juzgar al gobierno de Barack Obama por delitos de lesa humanidad, terrorismo de Estado e intervencionismo mercantilista, palabras más palabras menos. Y señaló la necesidad de trasladar la sede de la ONU a un país que respete, en primer lugar, las disposiciones que el organismo emite. «Estados Unidos no respeta las resoluciones de la ONU, no firma convenios importantes», especificó.
Luego de un Obama que insistió en la «excepcionalidad» de Estados Unidos «porque defiende nuestros intereses y los de otros», la voz de Evo sonó como la diametralmente más opuesta en el auditorio de la ONU en Nueva York. Sus razones tiene, ya que le tocó sufrir en persona, y siendo presidente, las mayores humillaciones que un dirigente político puede sufrir sin perder la compostura, como el desvío del avión que lo traía de Moscú, algo que el ex dirigente cocalero se encargó de recordar en el foro internacional. Por bastante menos que eso un caballero que se cuadre debe arrojar el guante a la cara del impertinente. Algo que Evo a todas luces no hizo. «No puede haber dueño del mundo, se equivocan», agregó Morales.
Paul Craig Roberts fue subsecretario del Tesoro del gobierno de Ronald Reagan y editor en el Wall Street Journal. Con una sólida carrera como economista, a los 74 años es uno de los líderes más respetados entre los llamados «paleoconservadores» estadounidenses, una corriente de pensamiento ultraliberal que apuesta a un individualismo extremo y desdeña al Estado. Por eso, entre otras cosas, rechazan aumentos impositivos y están en contra de la Ley de Salud que logró aprobar el actual presidente demócrata.
O sea, Roberts es lo más alejado de concepciones políticas como las que sostiene el MAS boliviano o el PT brasileño. De allí lo simbólico de un artículo que escribió en su sitio web , «La tiranía de Washington». Roberts dice en ese texto que «el Hubris (ops, parece que se puso de moda el término) y la arrogancia se han escapado (junto) con el ‘superpoder’. (Y entonces) los Estados Unidos son denostados por todo el mundo. (…) La presidenta de Brasil denunció al régimen de Obama por la ‘violación del derecho internacional’ que reveló el escándalo de espionaje y el presidente boliviano está presentando una demanda contra el gobierno de Obama por crímenes contra la humanidad.»
En un concepto que puede parecer tomado no sólo de Morales sino de los mandatarios latinoamericanos que lo precedieron en el estrado de la Asamblea General, Roberts agrega que «no hay diferencia entre Washington y las dictaduras que Washington atribuye a otros países». Más lapidario aún, el ex funcionario del actor Reagan considera que «el régimen de Washington ha declarado que está por encima de la ley y la Constitución y tiene el poder para detener a ciudadanos de forma indefinida y para asesinarlos sin el debido proceso legal. Estas competencias incluyen las condiciones necesarias y suficientes para ser considerada una dictadura.»
Como ya se dijo, Roberts no es precisamente un izquierdista. Esto es, su filosofía de fondo es de tal modo liberal que termina postulando que cada uno se las arregle con sus propias posibilidades y sin esperar a que nadie, y en particular el Estado, venga en su ayuda. Pero también desde los sectores más progresistas estadounidenses hay voces en contra de la incursión imperial que, hoy por hoy, parece más asentada en los demócratas que en los conservadores.
Es el caso de Robert Greenwald, director y productor de cine y documentales de denuncia y activista político (sus últimos registros son Wal-Mart: el alto costo del bajo precio, de 2005; La guerra de Rupert Murdoch en el periodismo, de 2004; La E torcida: la verdad desnuda sobre Enron, de 2003), filmó hace más de un año una entrevista con víctimas de los ataques estadounidenses con drones durante un viaje a Pakistán. La producción consistía en una cobertura sobre el caso de Rafiq ur Tehman y sus dos hijos. La madre de Rafiq, de 67 años, fue asesinada por uno de estos aviones no tripulados. Los chicos, Nebila y Zibiar, de 9 y 13 años, resultaron heridos.
«La situación de Rafiq me conmovió profundamente», reseña Greenwald en una publicación que levanta el sitio Information Clearing House, «era claro que no se trataba de ninguna instancia abstracta de daño colateral. Como padre de cuatro hijos, estoy obsesionado por las historias de niños heridos o asesinados por ataques con drones», se sincera el hombre de 70 años que en 1997 dirigió a Russell Crowe y Salma Hayek en Breaking Up (presentado en Argentina como Un amor inconcluso).
Para no irse demasiado lejos, Greenwald dice que la historia de Rafiq era tan conmovedora que estaba seguro de que produciría un fuerte impacto –antibélico, se entiende– en el Congreso estadounidense. Fue así que solicitaron, junto con el abogado de la familia, visas para ir a Estados Unidos a contar sus padeceres con esas naves manejadas desde una oficina por expertos que hacen como si jugaran con una Wii o una Play Station.
«Reprieve, una organización internacional que lucha por la justicia en todo el mundo, ha estado trabajando incansablemente para obtener los documentos necesarios para que en los Estados Unidos podamos escuchar de primera mano a una familia cuyo ser querido fue asesinado por un ataque de drones», describe el cineasta.
El tema es que a Rafiq y los niños les dieron la visa, no así a su abogado, Shahzad Akbar. No es que la hayan negado, simplemente la demoran con chicanas administrativas. «Sin Shahzad, Rafiq podrá venir a Washington pero su historia nunca se oirá», resume Greenwald.
Luego agrega que el abogado viajaba regularmente a Estados Unidos y que incluso había sido consultor de la USAID. «No fue sino hasta 2010, cuando comenzó a representar a las víctimas de los drones y sus familias, cuando el Departamento de Estado comenzó a atender sus solicitudes de visa.» Y allí se empezó a trabar su ingreso.
Como colofón de su tarea, Greenwald da un número de teléfono de la dependencia a cargo de John Kerry (202-647-4000, por si alguien quiere…) para demandar la visa de Shahzad. Acompaña el pedido con una mención al congresista demócrata Alan Grayson avalando la solicitud. Grayson, con apoyo de votantes de origen latinoamericano, volvió al Capitolio en representación de los ciudadanos del noveno distrito de Florida. Es un firme opositor a la intervención en Siria y a su vuelta al Congreso logró que le aprobaran la formación de un equipo con hispanohablantes.
«Vamos a tener un equipo bilingüe que nos ayudará con nuestros esfuerzos a favor de nuestro distrito, especialmente a ayudarlos con sus necesidades, ya sea (en la búsqueda) de beneficios sociales, educación, ciudadanía y salud», dijo en aquella ocasión a la agencia Efe desde su domicilio en Orlando.
De donde se ve que en el mundo va creciendo una trasversalidad inusitada que cruza a gobiernos e intelectuales de izquierda o progresistas con cultores del más crudo individualismo. Habrá que hacer una buena lectura política en consecuencia y no caer en el facilismo de creer que un demócrata con discurso neokeynesiano per se es lo mejor para el resto de la humanidad.
Tiempo Argentino, 27 de Septiembre de 2013
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