por Alberto López Girondo | Abr 1, 2016 | Sin categoría
El presidente del Banco Credicoop y diputado nacional del Partido Solidario por la Ciudad de Buenos Aires pasa revista a la situación política y económica del país. A más de cien días de la asunción de Mauricio Macri, Carlos Heller destaca, para empezar, que no hay demasiados motivos para sorprenderse. «Tengo algunas notas y entrevistas que me hicieron antes de las elecciones donde anticipo qué podía pasar si ganaba Cambiemos y creo que es lo que está pasando –señala–. Más allá de algunos giros demagógicos de los últimos días de la campaña, uno podría decir que lo que está haciendo Macri es lo que anunció. Por un lado, lo que ellos llaman ´entrar en el mundo´, que es abandonar la política de relaciones regionales como eje principal de nuestro posicionamiento internacional y cambiarlo por algo que no llamarán ´relaciones carnales´ pero que se trata de eso, de relaciones privilegiadas con Estados Unidos y Europa. Macri dijo todo el tiempo que creía en el mercado y que había que desregular, liberar el tipo de cambio, que había que abrir la economía al comercio mundial, que había que eliminar las restricciones que, según ellos, ahogaban a la economía, y habló de eliminar y bajar las retenciones; también dijo que había que pagarles a los buitres al contado y ´normalizar´ las relaciones con el FMI. Hizo casi todo lo que dijo que iba a hacer».
–En el gobierno decían que luego de las primeras medidas iba a aparecer una lluvia de dólares para mover la economía y nada de eso sucedió. ¿Diría que hay un plan económico o van a los tumbos?
–Cuando se leen las cosas que se dijeron en la época de la dictadura con José Alfredo Martínez de Hoz, lo que se dijo en los 90, uno ve que se repiten los eslóganes acerca de lo que quieren corregir y las bondades de lo que va a venir, con alguna adecuación a los cambios de lenguaje y de época. Todos ellos hablaron de achicar el Estado y agrandar la nación, todos han hablado de que el principal problema es la inflación y de que se la combate con políticas monetarias. No sé si hay un plan o van a los tumbos, lo que sí sé es que los ejes hacia donde van están establecidos. Después plantean lo que para mí son antinomias falsas, como eso de shock o gradualismo. Como dicen los chicos, si esto es gradualismo, el shock dónde está… En definitiva, creo que están cumpliendo con los ejes de lo que plantearon, desde un gobierno armado con ejecutivos de las corporaciones. En el ultimo coloquio de idea, Macri, aún candidato, dijo: «El año que viene, si gano, vamos a estar acá todos juntos porque vamos a estar tomando decisiones compartidas».
–Aparte del sistema de alianzas empresarias hay también un sistema de alianzas políticas con sectores del peronismo, y el grueso del fpv aparece como verdadera oposición. ¿Lo ve así?
–Tengo claro que se ha conformado una gran coalición aunque no se la ha explicitado así. Una coalición que comparte los ejes centrales de este proyecto, más allá de los discursos. Lo vimos en el debate por el pago a los fondos buitre, cuando algunos decían «los buitres son carroñeros, se negoció mal, es un acuerdo horrible, estamos pagando más de lo que se debe pagar, pero es necesario, hay que asumirlo y no hay más remedio». Desde luego que los legisladores oficialistas no pueden decir lo mismo, pero el que no está en el gobierno se cuida para decir algún día «yo no estuve de acuerdo, yo fui alternativa a eso».
–¿Por dónde pasarían entonces las grandes líneas divisorias?
–Creo que más allá de los sellos, el gran agrupamiento tiene que ver con esos ejes: alineamiento internacional, rol del Estado, política de derechos humanos, rol del mercado interno, política de distribución del ingreso. Con eso uno puede determinar dónde están alineadas las fuerzas políticas, lo demás es follaje. Cuando alguien dice que hay que votar esta ley porque así van a venir los capitales que estamos necesitando, que así vendrá la lluvia de dólares, el bienestar y se van a generar puestos de trabajo, yo digo que es lo mismo que se viene diciendo desde 1976, con la única interrupción de los primeros años de Raúl Alfonsín. Esto es algo que recordaba estos días al revisar las Memorias del banco de 1979 a la fecha. Es notable cómo se repiten estos discursos, excepto cuando asumió Alfonsín, que dijo lo mismo que decimos nosotros sobre una política independiente, revisar la deuda externa, suspender el pago de la deuda, discutir nuestras relaciones con el fmi. Me acuerdo cuando el entonces ministro de Economía, Bernardo Grinspun, enfrentó al FMI, pero después todo se vino abajo con el Plan Austral.
–Los gobiernos populares de la región sufren furiosos ataques. ¿Cuál es su análisis de esta situación?
–No es casual la judicialización de la política en la Argentina, Brasil, incluso Venezuela. Hay un eje común y está claro que estamos en presencia de una contraofensiva destinada a romper una alianza regional que había avanzado muchísimo. Esa política no ha tenido posibilidad de consolidación debido a muchos factores internos y también por la pérdida de líderes, que eso también juega. Y porque, además, como dice Álvaro García Linera, es una idealización creer que los proyectos son siempre positivos y siempre se trata de ganar y ganar, porque eso es suponer que del otro lado no hay nada.
–Y lo que está del otro lado…
–Claro, lo que está del otro lado es lo hegemónico, lo que domina. Creo que no hay que vivir estas situaciones como derrotas sino como parte de ese proceso en el que probablemente haya retrocesos, pero también es cierto que nuestros pueblos han hecho una experiencia concreta en estos años y han asumido derechos. Para mucha gente, a esos derechos no se los puede tocar nadie y quizás cuando comprueben que sí se los pueden tocar, modifiquen sus posicionamientos políticos. Los gobiernos de derecha no vienen a generar bienestar ni pleno empleo ni pobreza cero. En una campaña no hay que discutir los qué sino los cómo, porque nadie te va a decir «vengo a aumentar el desempleo, a incrementar la pobreza, a destruir la salud y la educación».
–Muchos de los ataques se basan en denuncias por corrupción. ¿Cómo impacta esa circunstancia en estos proyectos políticos?
–Yo diría que no hay una corrupción de izquierda y una de derecha. Es un fenómeno en sí mismo, pero las corporaciones mediáticas no tratan igual a los fenómenos de corrupción de España que a los de Brasil. No tengo ninguna duda de que todo lo que sea ilegal debe ser sancionado con severidad, venga de donde venga. Jamás diría que estoy a favor de nada que sea ilegal o corrupto, lo que pasa es que soy prudente, reacio a comprar todo lo que me dicen. Cuando algún ilusionista mediático pone una pick up con bolsas de consorcio negras y me dice «ahí va el dinero de los Kirchner», lo que hay es ilusionismo. Ahora, digo yo: se habla muy poco de los negociados de los amigos del poder, parece que no fueran tan graves. Pareciera que para determinados formadores de opinión, el tratamiento de la corrupción tiene una vara distinta, se mide de una forma bastante diferente. Hay que ser cuidadoso, a mí que se investigue la corrupción me parece bien, ahora que el que investiga sea un juez que va a las marchas contra el gobierno, como sucedió con Lula da Silva en Brasil, me parece inaceptable. A nuestro gobierno le parece mal que haya funcionarios que sean militantes políticos y sin embargo no le parece mal que haya jueces militantes, siempre y cuando militen para ellos.
–Al descontento en Brasil con el PT se suma que en Bolivia el gobierno perdió un referendo y en la Argentina ganó la derecha.
–Creo que son situaciones distintas. Evo no perdió una elección sino la posibilidad de volver a presentarse. Esto no quiere decir que si se presentara no sería votado. Aquí, Daniel Scioli perdió pero no estoy seguro de que Cristina hubiera perdido si era candidata, lo digo aceptando las reglas de juego que establece la Constitución Nacional. Además, el impacto de lo mediático es de una importancia notable. La construcción de sentido común que realizan los medios hegemónicos es fenomenal. Todo termina entrando en una lógica terrible donde el imaginario popular colectivo consume determinadas cosas que aunque la gente sepa que se las están exagerando, piensa que todo no puede ser mentira. También creo que hay cosas que en la Argentina se podrían haber hecho mejor y que habrían evitado la irritación de muchos sectores.
–¿Cosas como cuáles?
–El impuesto a las ganancias. Mediante un decreto se liberó del pago a todos los que ganaban menos de 15.000 pesos a agosto de 2013 y dejó afuera a un 10% de los trabajadores registrados en relación de dependencia y a los que entraron después de ese día. Para esos trabajadores lo que quedó estaba lleno de arbitrariedades. Eso se pudo haber resuelto sin un costo fiscal importante, lo que habría evitado el mal humor de ese 10%, de ese millón de personas. Cuando uno mira el resultado electoral puede pensar que eso tuvo un peso importante. También se pudo haber resuelto mejor el tema de las economías regionales. El problema de la producción de frutas del valle de Río Negro o las aceitunas de La Rioja o la vitivinicultura se podía haber resuelto con una política diferenciada. Hay herramientas que no requieren afectar a toda la economía con una devaluación del 60% y que permiten resolver situaciones concretas. Eso habría generado seguramente mejor humor en mucha gente que estoy seguro de que votó contra sus intereses y que, con el paso del tiempo, irá tomando conciencia de ello.
–¿Cómo ve el futuro cercano, con las paritarias en ciernes, en medio de inflación y desempleo crecientes?
–Las devaluaciones tienen como objetivo cambiar los precios relativos principalmente para que uno de esos precios, que es el del trabajo, se atrase con respecto a los otros. Para que sea exitosa, la devaluación tiene que generar atraso salarial, por eso ellos ponen metas de inflación y dicen que los salarios se van a ajustar hacia adelante según una banda de entre 20% y 25%. Esto sería una enorme pérdida de poder adquisitivo del salario y es lo contrario de lo que se hizo en los doce años anteriores, donde a través de paritarias libres se recompuso con creces el valor del salario. Por otro lado, hay que preguntarse por qué hay inflación.
–¿Usted se refiere a las causas?
–Yo siempre digo que la inflación es a la economía lo que la fiebre a una persona. Vos no te enfermás de fiebre, tenés fiebre y el médico te diagnostica para darte el remedio. Con la inflación pasa lo mismo, no se la puede atacar sin decidir cuál es el diagnóstico. Para los monetaristas, para los defensores del mercado, la inflación es producto del exceso de demanda y del exceso de liquidez y moneda. Para nosotros es fundamentalmente producto de la puja distributiva. Tenés políticas públicas de recomposición del salario y no tenés políticas suficientemente eficaces para impedir que todo vuelva a los precios, entonces los precios recuperan parte de lo que mejoró el salario de la gente. Este gobierno puede tener éxito en reducir la inflación, como pasó en los 90. Porque si el poder adquisitivo se achica, en un punto los precios tienen que dejar de aumentar porque cae el consumo. Ya la rentabilidad se incrementó vía devaluación, entonces puede darse que la inflación comience a disminuir, lo que puede no ser una buena noticia para la ciudadanía. Porque puede haber una economía con poca inflación y un poder adquisitivo reducido, menos posibilidades de comprarse cosas y además con mucha más gente sin trabajo. Es cierto que la inflación tiene toda la mala prensa del mundo, y yo digo ahora que puede ser que tengan éxito con la política antiinflacionaria, pero el costo va a ser altísimo en términos de políticas de distribución, en pérdida de puestos de trabajo y en achicamiento del producto bruto, pero si todo se achica también se achica el ingreso fiscal. En un país donde el 70% del presupuesto es gasto social, ¿a dónde van a ir a recortar? A las jubilaciones, a los servicios sociales. Ya hay señales en tal sentido.
–En el marco del sistema de alianzas del que hablaba antes, ¿cómo ve a la oposición real al gobierno?
–Es prematuro decirlo. Insisto en que se ha armado una gran coalición superestructural de fuerzas que no aceptaron hacer una gran paso, pero no fue por cuestiones ideológicas. Podrían haber estado en el mismo combo tranquilamente, por lo tanto no veo grandes diferencias entre ellos. El resto va estar representado por los que creemos que el rumbo anterior era bueno y eso va a ir conformándose. Probablemente todavía estemos viviendo una etapa en que los gobernadores son chantajeados y a su vez presionan a los legisladores. Creo que se trata de un proceso de reacomodamiento que hay que ver cómo termina. Me parece que el espacio de lo que es el Frente para la Victoria y sus aliados, aun con alguna merma que pueda darse en estos reacomodamientos, será la referencia de quienes creemos que el proyecto kirchnerista era un proyecto bueno y positivo, lo cual no quiere decir que fuera perfecto. Quiere decir que el rumbo era el correcto.
Revista Acción
Abril 1 de 2016
La foto es de Jorge Aloy
por Alberto López Girondo | Mar 10, 2016 | Sin categoría
Las primeras semanas de marzo mostraron una serie de eventos coincidentes y recurrentes que enmarcaron el inicio de un ciclo parlamentario con características inéditas. Por lo pronto, el mismo día que el presidente Mauricio Macri daba su discurso inaugural ante el Congreso Nacional, el ex espía Antonio Jaime Stiuso aceleraba –tras una declaración de más de 10 horas– el cambio de fuero en la causa por la muerte el fiscal Alberto Nisman. Otra circunstancia que no debería ser tomada como casual se produjo mientras el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, exponía en la Cámara Baja la necesidad del gobierno de arreglar el pago a los fondos buitres: la televisión mostraba al ex presidente de Brasil, Lula da Silva, llevado a declarar ante el juez Sergio Moro por corrupción en Petrobrás. Para cerrar el círculo, la ex presidenta Cristina Fernández fue llamada a declarar por el juez Claudio Bonadío el 13 de abril en la causa por la venta de dólares a futuro. Nueva casualidad: el juez neoyorquino Thomas Griesa había fijado como plazo para aceptar el acuerdo con los ahora llamados holdouts para un día después. Mientras los medios hegemónicos destacaron el rol del Poder Judicial en una cruzada continental similar al «mani pulite» de la Italia de los 90 –que, bueno es recordar, dejó como emergente de la crisis a Silvio Berlusconi–, desde los sectores progresistas se definió a esta serie de eventos como prueba de que los países de la región están sumidos en un ataque de baja intensidad contra los gobiernos populares. El argumento es que no resulta casual que tras el triunfo de Macri y la aplastante derrota del chavismo en Venezuela, hubieran surgido denuncias de corrupción contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia, que culminaron con su derrota electoral en el referendo del 25 de febrero. Además, el desprestigio comenzó a corroer a Michelle Bachelet, presidenta chilena, por denuncias de corrupción contra su propio hijo cuando ensaya los cambios más profundos al sistema político y económico desde el pinochetismo. En ese contexto, la visita del presidente estadounidense Barack Obama, justo el día en que se cumplen 40 años del último golpe de Estado en Argentina puede leerse como una provocación, y así lo entendieron los colectivos de defensa de los derechos humanos.
El espejo
Mucho se dijo sobre los debates internos en Cambiemos acerca del cariz del discurso que debía pronunciar Macri en la apertura de sesiones del Congreso. Trascendió que el asesor Jaime Durán Barba recomendaba hablar del futuro y dejar de lado, o al menos morigerar, las alusiones al pasado reciente. Su propuesta era que Macri debería contribuir a «la pacificación» del país, a «cerrar la grieta» en la sociedad con la que tanto insistió durante la campaña que lo llevó a la presidencia.
Sin embargo los popes del ala política del macrismo –en la que se incluye al jefe de Gabinete, Marcos Peña– al igual que los analistas mediáticos más cercanos al oficialismo pidieron ir con todo contra la «pesada herencia» recibida. El argumento era que ningún gobierno puede sustentarse si no es con un relato propio y un oponente al que contrastar. Cristina Fernández bien que lo tenía, en contra del neoliberalismo y en favor de un Estado benefactor. Faltaba que Macri abonara su propia interpretación del mundo, sobre la que el resto de sus políticas encontraría fundamento. No es osado decir que si el kirchnerismo necesitó del macrismo como el espejo donde no mirarse, ahora el macrismo devuelve el gesto y lo coloca en el lugar del enemigo.
Para completar el panorama, Stiuso, el espía más nombrado en el largo año que va desde su expulsión de la Secretaría de Inteligencia en diciembre de 2014 a su intempestivo regreso a las lides a fines de febrero pasado, se había convertido en una amenaza para el anterior gobierno. Para los medios concentrados, era el personaje que más sabía sobre la presunta responsabilidad del kirchnerismo en la muerte de Nisman. Con este giro, el relato macrista cierra en teoría perfecto. El enemigo es no solo todo lo que enrostró Macri en su discurso sino, además, responsable de un magnicidio.
Por lo pronto, los diputados que dejaron el bloque del Frente para la Victoria y algunos senadores que ya mostraron su acercamiento a la Casa Rosada parecen jugar a favor de los planes del oficialismo, que además mantiene presión sobre las provincias por el giro de fondos federales, jugando una carta fuerte en la negociación política para lograr respaldo a sus proyectos legislativos.
En virtud de esa necesidad de seducción de distintos sectores del justicialismo, llamó la atención que el discurso inaugural de las sesiones manifestara las deficiencias atribuidas a la gestión precedente con cierta virulencia. El clima en el FPV no fue el mejor y sus legisladores lo mostraron exhibiendo ante el presidente carteles con críticas por el alza de los precios y el vendaval de despidos.
Devaluación y después
El tema de la devaluación, otro de los ejes de la campaña, ahora es una estocada contra los responsables del área económica del kirchnerismo. El juez Claudio Bonadío, uno de los más cuestionados del Poder Judicial, tomó una denuncia de legisladores de Cambiemos por las operaciones de venta de dólares a futuro realizadas por el Banco Central poco antes del cambio de gobierno. Según los denunciantes, sería un negocio para un puñado de personas que obtendrían ganancias desmesuradas al haber apostado por un dólar a poco más de 10 pesos cuando la cotización –que no para de subir– ya está en torno de los 16. La operatoria forma parte de las medidas que se adoptan en el marco de una política económica y la diferencia surgió tras la abrupta devaluación decidida por el actual gobierno.
Lo que importará, en todo caso, será la foto de la ex presidenta entrando o saliendo del edificio de Comodoro Py. Esa misma foto que los medios brasileños buscaron con el allanamiento del departamento y la violenta comparencia que el juez Moro ordenó contra el exlíder metalúrgico y el presidente que más hizo por las clases desposeídas en Brasil. La humillación de Lula fue evidente en el discurso posterior, cuando ante una multitud de simpatizantes del Partido de los Trabajadores dijo que «si querían matar a la yarará, no la golpearon en la cabeza. Le dieron en el rabo y la serpiente está viva, como siempre ha estado». Una forma de decir que se presentará en 2018 para suceder a Dilma Rousseff.
Desde este lado de la frontera, la mediática comparencia forzosa sonó como alarma tanto en el oficialismo como en la oposición. Si bien es un buen dato para el proyecto de extirpar el «populismo» de la región que encarna Macri, también, como dijo la canciller Susana Malcorra, «si Brasil estornuda, a Argentina le agarra neumonía», ya que es el principal socio comercial y de la esperanza de su recuperación depende la buena salud de la economía local. Y por lo tanto, del macrismo.
Pero el golpe también dio de lleno en la oposición kirchnerista. El juez brasileño, con estudios de posgrado en Estados Unidos, avanza contra el PT buscando la ruta de presuntos cobros de coimas a través de la petrolera estatal pero no contra los partidos de la derecha. Aquí, Bonadío llegó al juzgado con el menemismo y fueron ostensibles sus relaciones con los órganos de espionaje durante el paso por la ex SIDE de Miguel Ángel Toma, uno de sus mentores. Y, según el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, figuraba en la servilleta de jueces menemistas que cubrieron los desaguisados y la corrupción de las privatizaciones de los 90.
Todos estos temas alcanzan relevancia en el momento en que el presidente Obama encara lo que sería su última gira por América Latina antes de dejar el gobierno, en enero del año que viene. Luego del acercamiento con Cuba, tras la gestión del papa Francisco, el avance en las relaciones bilaterales lo llevó a La Habana el 21 y 22 de marzo, para de allí viajar a Buenos Aires el 23. La Casa Blanca suele diseñar con mucha antelación y precisión la agenda presidencial. Por lo tanto, no puede creerse que se les haya escapado que su paso por la Argentina coincidirá con el 40º aniversario del golpe genocida que, tras la desclasificación de documentos secretos, se sabe que fue pergeñado a través de la Secretaría de Estado a manos entonces de Henry Kissinger. ¿Vendrá Obama en tren de reconciliación, pedirá disculpas oficiales como hace no tanto hizo el papa en su gira por la región por el genocidio de a la población indígena a la llegada de los europeos?
Macri considera que necesita una mano de Obama para que «los mercados» confíen en Argentina. Por eso también quiere apurar el pago a los buitres. Está convencido de que de este modo podrá conseguir fondos externos. Solo así cerraría su proyecto político. El duro mensaje en el Congreso suena tanto a una amenaza como a una propuesta. «Voten el acuerdo con los holdouts y volveremos a hablar en otros términos», sería el mensaje.
El ataque a locales partidarios de sectores kirchneristas, como en Mar del Plata contra La Cámpora, y en el barrio porteño de Villa Crespo contra Nuevo Encuentro, no parece ir en el camino de la reconciliación. El caso es quién es el que está jugando con fuego y para qué.
Desinteligencias
Que Antonio Jaime Stiuso volvería para torcer el rumbo de la investigación sobre la muerte del fiscal de la causa AMIA era un secreto a voces. Solo faltaba definir cuándo. Lo que llamó la atención fue no tanto lo que dijo sino la celeridad con que la jueza Fabiana Palmaghini, que hasta un días antes decía que no había elementos para decir si Alberto Nisman se suicidó o lo mataron, se declaró incompetente y dejó la causa en el fuero federal, el que reclamaban los abogados de las hijas y la madre del funcionario judicial y por el que pugnaba su ex esposa, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
Según Stiuso, el crimen fue perpetrado por agentes ligados con el gobierno anterior, que ya le habían pedido que dejara de investigar a Irán por el atentado a la Amia en 1994. Pero el propio abogado del espía dijo que en realidad su cliente no tenía pruebas, solo presunciones. Para colmo, la fiscal Viviana Fein salió a protestar porque no solo le habían sacado la causa sino que además Palmaghini ordenó investigarla por no haber puesto en el acta de la declaración de Stiuso en 2015 la supuesta manifestación que hizo en el sentido de que estaban ante un homicidio. «Él no es un lego ni su abogado lo es. El acta les fue leída y la firmaron ambos», precisó la fiscal, que cuenta con una carrera judicial sin mácula. Además, dijo que la corrieron justo cuando estaba por pedir que declarara un grupo de agentes de inteligencia que sospechosamente intercambiaron llamados de celular como nunca en su carrera, horas antes de que se supiera que Nisman estaba muerto.
Para agregarle una cuota más de suspenso, Gustavo Vera, titular de la fundación La Alameda, presentó sendas denuncias penales contra Stiuso y un grupo de agentes que volvieron a la ahora AFI, y la segunda de esa institución, la exdiputada del PRO Silvia Majdalani, por lavado de dinero y creación de empresas fantasma para nebulosas operaciones. Entre los denunciados están Darío Richarte, ex vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y vicepresidente tercero de Boca Juniors, y el secretario de Finanzas de la AFI, Juan José Gallea, ligado al ahora desmantelado Grupo 23. Vera es muy cercano al papa Francisco desde que era el obispo Jorge Bergoglio. Investigó y denunció a los talleres clandestinos y ahora va contra los espías. La fría recepción que Francisco le dio a Macri en Roma puede tener este origen.
Revista Acción
Marzo 15 de 2016
por Alberto López Girondo | Feb 29, 2016 | Sin categoría
A una semana del primer comicio que perdió Evo Morales desde que llegó al poder en Bolivia, en enero de 2006, los dos temas de debate en el país del altiplano son, en ese orden, el embate de los medios y de la derecha, que presagian el final abrupto del proceso revolucionario y la existencia de un hijo ilegítimo del mandatario con una mujer que actualmente es gerenta de una empresa china.
El resultado del referéndum con el que Morales esperaba reformar la constitución del Estado Plurinacional por él promovida, en 2009, fue lo suficientemente ajustado como para no hablar de una derrota fulminante, 51,27 a 48,73 por ciento. Fue casi un empate bien lejos del estrepitoso golpe del chavismo en las parlamentarias de diciembre pasado. Pero en un escenario continental donde la derecha antipopulista viene ganando elecciones, era obvio que este traspié fuera leído desde el establishment y desde sus medios dominantes como un nuevo avance para revertir esta década larga de gobiernos progresistas. Y justo en el corazón de América Latina y ante el proceso, junto al venezolano, que más había logrado reconvertir las instituciones en beneficio de los desposeídos.
Es cierto que el gobernante MAS no había perdido ninguna elección desde entonces y de hecho siempre ganó con un promedio de 60% de los votos. Pero no es verdad que Morales se haya mantenido invicto hasta el domingo pasado. En realidad, ya había perdido las presidenciales de 2002 a manos de Gonzalo Sánchez de Lozada -el dirigente criado en Estados Unidos que habla castellano con notable acento «gringo»- quien duraría en el cargo lo que un suspiro tras las políticas ultra-neoliberales que aplicó.
Más allá de estos detalles, es bueno recordar que el propio Hugo Chávez Frías perdió un referéndum para reformar la constitución por él creada para poder ser reelecto, en 2007. Y que luego de ese único tropiezo ganó todos los comicios posteriores, incluso el que le permitió un nuevo período presidencial, en 2012. De allí las palabras de Morales tras reconocer el resultado adverso: «Se perdió una batalla, pero no la guerra».
La importancia de esta consulta popular, que se adelanta en tres años a las futuras presidenciales, que serán en 2919, radica en que precisamente por ser un país rodeado de naciones ahora envueltas en sus propias problemáticas -en Brasil con el acoso de la oposición conservadora y en la Argentina, con el triunfo de Mauricio Macri- debía dar señales de previsibilidad.
Hace unos meses Morales hizo una gira por Europa para buscar inversiones. Bolivia creció y consolidó un modelo económico exitoso como nunca había ocurrido en los 180 años de independencia, conducido por el primer presidente de raíz indígena. Pero el entorno regional y la crisis mundial, debido a la baja de sus principales productos de exportación, como son los hidrocarburos y los recursos mineros, ponen en jaque esa misma espiral creciente.
Hasta los medios y los analistas más derechosos reconocen el éxito en la gestión del MAS. Es que a pesar de haber expropiado algunas de sus empresas de servicios durante este gobierno, los inversores cuentan con horizontes de crecimiento y ganancias que los mercados agradecen: un estado fuerte y bien administrado, una sociedad con expectativas de crecimiento pero sobre todo sin conflictos sociales.
En esa gira, y tras un encuentro con la líder alemana Angela Merkel -desde 2005 jefa de gobierno alemán y aspira a lograr su cuarto mandato en 2017, algo que en Europa no llama la atención- Morales se preguntó por qué si en el viejo continente los dirigentes no tienen límite para su gestión él no podría hacer lo propio en Bolivia. Desde el punto de vista retórico, el argumento es cierto, pero en la práctica hay algunas diferencias entre los gobiernos parlamentarios a la usanza europea y los presidencialistas calcados del modelo estadounidense que pululan en nuestra región. Los americanos, sin distinciones, no aceptamos las monarquías, salvo en los cuentos infantiles o para la festividad del 6 de enero.
El primer ministro con poder ejecutivo y un parlamento detrás, bajo la sombra de un monarca o un presidente que garantice la institucionalidad en caso de crisis, es una respuesta europea a los problemas europeos. Un sistema que en Argentina alguna ver propuso el presidente Raúl Alfonsín y que suele alentar el ex juez supremo Raúl Zaffaroni.
Quizás entre las razones para que más de la mitad de los bolivianos hayan dicho NO a una nueva reelección de Morales esté el hastío por liderazgos de largo aliento, aún a pesar de que todos reconocen el avance que los ciudadanos lograron desde la llegada de Morales al Palacio Quemado. Sobre esta percepción es que se montó una furiosa campaña en los medios concentrados de información acerca de las bondades de la alternancia en el poder. Algo que la realidad desmiente: sólo basta mirar la encrucijada en que se sumergió España con la ruptura del bipartidismo el 20D de 2015.
Morales y sus partidarios se mostraron particularmente afectados por el embate furioso de los medios. Pero es bueno recordar que alguna vez Juan Domingo Perón se burló del rol de los medios en la política al decir que «en 1955, con toda la prensa a favor, nos echaron. En 1973, con toda la prensa y los medios en contra, volvimos». De todas maneras, habrá que admitir que influyen.
Aquí viene a cuento mencionar el viejo recurso de socavar la credibilidad de un líder político ventilando trapitos personales al sol en medio de un comicio. Gabriela Zapata, quien fue pareja del presidente entre 2005 y 2007, habría tenido un hijo con él del que hasta ahora no se tenía noticia. Entre otras razones porque según informó el presidente, el niño habría muerto al nacer. El caso salió a la luz a través de un periodista, Carlos Valverde, sindicato como agente de inteligencia de gobiernos de derecha. Y salió justo tan oportunamente como para enchastrar al mandatario unos días antes del referéndum del 21F. Morales es soltero y tiene otros tres hijos reconocidos con dos mujeres distintas. El tema de debate ahora es que la familia de Zapata, detenida por la justicia porque la denuncia original habla de tráfico de influencias, asegura que el pequeño no murió. Evo asegura que a él le dijeron que había muerto. Las dos cosas pueden ser ciertas.
Los hijos no reconocidos de presidentes no son algo extraño en la política del todo el mundo. Y sino que lo diga Anne Pingeot, que tuvo una hija con el ex presidente francés François Mitterrand de la que se supo recién cuando el líder socialista dejó el cargo, en 1995. En Paraguay, las primeras acusaciones contra Fernando Lugo ni bien llegó al poder es que tenía varios hijos no reconocidos con sendas mujeres. Lugo, de tendencia centroizquierdista, había sido obispo en la región de San Pedro y el hecho daba para hablar de la hipocresía de un representante de la iglesia que prometía cambiar el orden socioeconómico en ese empobrecido país. Pero el caso fue ventilado por los que se niegan a perder prebendas centenarias que incluyen, en muchos casos, el medieval «derecho de pernada».
En Brasil, Lula perdió la segunda vuelta de 1989 ante un personaje construido por O Globo con técnicas sutiles de marketing electoral , Fernando Collor de Mello, quien tuvo que renunciar dos años más tarde por corrupción. Días antes del balotaje, la cadena O Globo invitó a Miriam Cordero, una enfermera con la que Lula había tenido una relación antes de su segundo casamiento y con la que había tenido un hijo. Ante las cámaras, Cordero aseguró que el dirigente metalúrgico le había pedido que abortara. Un escándalo en el país católico más grande del mundo.
Pero ahora se conoció un escándalo mucho más grande y duradero que salpica al ex presidente Fernando Henrique Cardoso, quien tuvo una relación extramatrimonial con la periodista de O Globo –cuándo no- Mariam Dutra. La mujer denunció que el viejo líder político que reclama la renuncia de Dilma Rousseff por casos de corrupción que publican los medios y se muestra como hombre venerable y digno no solo le hizo abortar en dos ocasiones sino que cuando nació su hijo, hace 25 años, se las arregló para que madre e hijo viajaran a Europa, lejos de los focos de la prensa, y armó una estructura ilegal para financiar los gastos de ambos.
La protección mediática que tuvo Mitterrand mientras tuvo poder es comparable a la de Cardoso en un cuarto de siglo. Los ataques mediáticos que sufrió Lula desde que quiso ser presidente trocaron ahora a presuntos casos de corrupción en los que se implica a uno de sus hijos. Ni que decir los ataques contra Evo cuando era simplemente un dirigente cocalero. Son los mismos ahora que quiere un nuevo mandato para garantizar continuidad a un proyecto político revolucionario. Y que sufrirá su hija Evaliz, si verdaderamente se ofrece como garante de ese proceso en 2019.
Tiempo Argentino
Especial 29 de febrero de 2016
por Alberto López Girondo | Dic 6, 2013 | Sin categoría
El 30 de septiembre de 2010, el presidente ecuatoriano Rafael Correa permaneció casi todo un día a merced de policías amotinados por demandas salariales y gremiales. En junio de 2012, el gobierno de Evo Morales y representantes de policías de baja graduación refrendaron un acuerdo para solucionar un conflicto que llevaba varias semanas en torno de demandas similares y por el régimen disciplinario en la fuerza de seguridad boliviana. Unos meses más tarde, gendarmes argentinos daban la nota con un autoacuartelamiento que dio mucha tela para cortar a los medios y los dirigentes opositores.
Desde que las democracias institucionales se fueron recuperando en América Latina, y tras el período más oscuro para la región, con los golpes criminales encabezados por militares entrenados en la temible Escuela de las Américas, las Fuerzas Armadas prácticamente dejaron de ser un factor desestabilizante en casi todos los países latinoamericanos. Un poco porque aprendieron la lección en vista de juicios como los que se sustanciaron en la Argentina por delitos de lesa humanidad, y otro poco por la condena social donde lograron esquivar a la justicia. Pero en gran medida, porque el desprestigio de los uniformes verde oliva es tan alto que ya no tientan a ningún golpista.
Desde entonces, sin embargo, la opción desestabilizadora corre por cuenta de policías y de estamentos varios dentro del sistema judicial. Como bien recuerdan los especialistas en la cuestión, son los «azules» la parte de cualquier Estado más cercana al hombre común. Por tanto los que más pueden servir en caso de necesidad para crear condiciones o prevenir situaciones de conflicto.
Había una escena de la excelente película argentina Tiempo de valientes, de Damián Szifrón, en la que uno de los personajes, el psicoanalista que interpretaba Diego Peretti, en discusión permanente con un policía bastante desencantado como Luis Luque, le cuestionaba que los reclamos de esa fuerza siempre resultaban complicados para la sociedad, aun cuando en verdad son agentes estatales como un maestro o un médico. «El detalle es que nosotros estamos armados», era la respuesta cínica, dura, pero condenadamente cierta del personaje.
El experto en seguridad Marcelo Saín explicó, en un trabajo donde proponía medidas para democratizar a esa fuerza en América Latina, que el llamado «policiamiento regulatorio del delito» estableció «un circuito estable de autofinanciamiento ilegal de la policía, originado en un conjunto de dádivas y fondos provenientes de diversas actividades irregulares o delictivas permitidas, protegidas o llevadas a cabo por los propios agentes policiales». El detalle de esas formas irregulares de financiación caben perfectamente en el listado de delitos que se atribuyen a las cúpulas destituidas en Córdoba y en Santa Fe estas semanas, desde el «peaje» por el robo de autos, la prostitución o cualquier actividad ilegal hasta el tráfico de narcóticos.
Esta podría ser una respuesta para que tomara en cuenta el gobernador cordobés José Manuel de la Sota, que terminó cerrando un acuerdo salarial literalmente con una pistola en la nuca. Luego de varias horas de descontrol en la capital, asolada por bandas que «casualmente» se dedicaron a saquear con la tranquilidad de saber que tenían zona liberada.
Como se difundió en este medio, el clima policial en Córdoba se fue tensando en las últimas semanas, y desde un desconocido grupo Anonymous se fue alentando una operación «Juanes en Marcha», por el nombre que reciben los suboficiales del más bajo rango y la tropa rasa.
La situación se profundizó luego de que a raíz de una denuncia periodística, De la Sota tuvo que descabezar la cúpula policial e incluso al ministro de Seguridad, que para colmo es un comisario general, Alejo Paredes. En 2011, el legislador «juecista» Roberto Birri había presentado un pedido de informes para que las autoridades aclararan si Paredes había hecho un curso de adiestramiento en la International Law Enforcement Academy (ILEA) de El Salvador.
Para esa misma época, la entonces ministra Nilda Garré y el canciller Héctor Timerman planteaban sus protestas ante el gobierno porteño por haber enviado a agentes de la Policía Metropolitana a entrenarse en esa institución, a la que ambos funcionarios compararon con la conocida como «escuela de dictadores» de Panamá. «Con estas decisiones, Macri muestra que está dispuesto a ser heredero de las políticas represivas que el pueblo argentino rechazó desde 1983, cuando concluyó la dictadura», decía entonces Timerman, que aprovechaba para recordar que en 2006 Néstor Kirchner había prohibido que miembros del Ejército y la Policía Federal recibieran cursos en cualquier institución sucesora de la Escuela de las Américas.
La ILEA, Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, según su traducción al castellano, «nace con la filosofía de unir esfuerzos, entre las agencias gubernamentales, instituciones, capacitadores y estudiantes, para lograr una política externa común de aplicación internacional de la ley», según señala en sus fundamentos. En la página web reconoce, sin mencionarlo, el desprestigio de su antecesora, al admitir que «desde principios de 1997, el gobierno estadounidense comenzaba a buscar un país anfitrión para el establecimiento de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley en Latinoamérica».
La estrategia de penetración y control social, paralela entonces al Consenso de Washington en el plano económico, comenzó con la primera ILEA, en Budapest, en el año 1995. La siguieron otras en Bangkok, Tailandia; en Gaborone, Botswana; y en Roswell, en Nuevo México –el mismo centro donde presuntamente alguna vez capturaron a seres de otro planeta.
La sede de San Salvador nació en 2005 y desde entonces se dictaron allí 117 cursos a los que concurrieron 4954 participantes de la mayoría de los países latinoamericanos, incluidos argentinos. Los cursos de ILEA están dirigidos a directores policiales de nivel medio, fiscales, jueces y otros funcionarios encargados de la aplicación de la justicia criminal. «Este curso –se indica– hace enfoque en el liderazgo, administración personal y financiera, ética, regla de derecho y el manejo del proceso de investigación.» La ILEA imparte también instrucción sobre crimen organizado, cumplimiento de la ley financiera, contrabando nuclear, tráfico de estupefacientes y lavado de dinero.
El canadiense Jean-Guy Allard apunta que la ILEA es ni más ni menos que una academia para desarrollar un nuevo Plan Cóndor. Y dice que en una sede de capacitación que tienen en Perú, «se está entrenando a soldados y policías en contra-insurgencia». Allard agrega que los policías «regresan a sus respectivos países a reprimir y torturar a su pueblo».
El director por la parte salvadoreña de la academia es Andrés Alexander Ramírez Medrano; y el estadounidense, Michael Von Perkins. Como suele suceder con los funcionarios norteamericanos, Perkins no se guarda nada en su presentación. Policía de carrera oriundo de West Monroe (nombre premonitorio si los hay), el hombre escribió en su presentación que «la delincuencia no conoce fronteras» y que «la colaboración entre los organismos policiales de todo el mundo es crucial para proteger los intereses estadounidenses».
El organismo de Derechos Humanos School of Americas Watch (SOAW) también compara a la ILEA con la escuela panameña, a la que recuerda como un centro de «entrenamiento en represión, espionaje político, tortura física y psicológica, que garantizó la Doctrina de Seguridad Nacional». Y no tiene drama en tildarla de «Escuela de Asesinos».
Alguien le recordó al gobernador de la Sota el Navarrazo. En febrero de 1974, el gobernador Ricardo Obregón Cano relevó de su cargo al jefe de la policía, Antonio Domingo Navarro, porque lo consideraba «poco confiable» y sin mucho apego a la democracia. Navarro le acuarteló a 7000 efectivos y acusó de «infiltración marxista» al gobierno asumido menos de un año antes. No duraría mucho la primavera democrática cordobesa, en lo que fue un prolegómeno de lo que ocurriría en el país. Obregón Cano y su vice, Atilio López, fueron destituidos por la asonada policial.
Los tiempos no son los mismos y ya no hay lugar para otro Navarrazo. Pero la forma en que De la Sota cree haber solucionado la rebelión es un antecedente peligroso para la democracia del país. Convendría haber mirado un poco hacia lo que ocurre en otros países de la región y no aislarse del mundo intentando tirar culpas para otro lado, cuando el trasfondo de sus cuitas puede estar en cuestiones que escapan incluso a los que plantearon la protesta, que quedaron inmersos en una operación en la que no es tanto lo que al fin del día pueden ganar. Los gobiernos amenazados nunca terminan bien. Los amenazadores, tampoco.
Tiempo Argentino, 6 de Diciembre de 2013
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