por Alberto López Girondo | Mar 31, 2014 | Sin categoría
El 20 de marzo de 2003 una coalición formada a las apuradas por el entonces presidente George W. Bush cumplía el sueño que había desvelado a su progenitor: invadir Irak. El argumento para la avanzada contra el líder Saddam Hussein era «desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, poner fin al apoyo brindado por Hussein al terrorismo y lograr la “libertad” del pueblo iraquí», razones expuestas en una asamblea de la ONU donde se buscó el apoyo internacional a la intervención por el secretario de Estado, Colin Powell, el general de cuatro estrellas que en 1991 había dirigido la Operación Tormenta del Desierto, el primer intento estadounidense de apropiarse de las reservas petrolíferas del país, en 1991.
George W. encontró la excusa –para convencer a un puñado de gobiernos amigos y neutralizar las quejas de los ciudadanos bienpensantes– en la paranoia desatada por los ataques del 11 de setiembre de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York. Irak aparecía en este contexto como un capítulo necesario en la batalla contra «el eje del mal». El primero había sido Afganistán, año y medio antes. La alianza invasora, que logró anuencia en la ONU, fue secundada por un exultante Tony Blair, a la sazón primer ministro británico y un no menos entusiasmado José María Aznar, presidente del gobierno español y furibundo representante del ala más neoliberal dentro de la dirigencia europea, a la vez que impulsor de ese ideario en el resto del planeta. La historia viene a cuento en estos días en que el clima prebélico se enseñorea en Ucrania y las campañas destituyentes buscan un objetivo similar en Venezuela. No es casual que el dúo Aznar-Bush haya también protagonizado el golpe contra Hugo Chávez en abril de 2002 y fueran los únicos en reconocer al efímero gobierno surgido de esa intentona. Irak, en tanto, se convirtió para Estados Unidos en la representación de un fracaso que atormenta a la dirigencia política, que ahora no encuentra la forma de justificar otra invasión ante el temor de que las cosas se le vayan de madre, como ocurrió en esas últimas incursiones armadas. Esto se hizo evidente en la respuesta del presidente Barack Obama ante el parate al que lo obligó el ruso Vladimir Putin el año pasado sobre una posible intervención en Siria; una debilidad que ya había mostrado en la secundaria participación que Washington tuvo en el derrocamiento de Muammar Khadafi en 2011.
Para España, Irak también es una piedra en el zapato, aunque, por otro lado, ofrece oportunidades de negocios que, en el marco de la colosal crisis económica de la península, son unas de las pocas salidas para algunas de sus empresas golpeadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.
Periodistas go home
Grupos de periodistas de todo el mundo se habían afincado en Bagdad a poco de la invasión para cubrir en vivo y en directo el acontecimiento, pero Estados Unidos había aprendido del fracaso de Vietnam, y el Pentágono no tenía entre sus planes dejar que los periodistas estuvieran metiendo las narices en donde podían resultar molestos. Porque una cosa es la «libertad de prensa» como estrategia de marketing político y otra es revelar los bárbaros procedimientos usuales en toda guerra que escandalizarían a cualquier ciudadano que se precie de civilizado.
El 8 de abril de 2003, un carro de combate se acercó peligrosamente al Hotel Palestine, de Bagdad, que alojaba a numerosos periodistas de todo el mundo. Según el informe oficial, una compañía del comando de la 3ª División de Infantería del Ejército estadounidense repelía un ataque desde la otra orilla del río Tigris, justo en la misma línea del hotel. Un tanque M1 Abrams disparó su cañón, que impactó directamente en el edificio. Hubo tres bajas por demás elocuentes hoy día: un periodista ucraniano, Taras Protsyuk; un jordano, Tarek Ayub; y un español, el camarógrafo José Couso Permuy.
Después saldrían a la luz algunos datos impactantes. El primero y más perturbador, que no había armas de destrucción masiva en Irak. Luego, que el ataque al hotel fue una provocación que dio resultados: no hubo muchos periodistas más hurgando entre las tropas invasoras. Finalmente, que Couso era un trabajador que estaba en Irak con un contrato basura del canal Telecinco. Y finalmente –a través de una filtración de WikiLeaks–, que el embajador de Estados Unidos en España, el cubano anticastrista Eduardo Aguirre, presionó al gobierno para que parara toda investigación. Sin embargo, la causa terminó en manos de un juez, Santiago Pedraz, quien desafió el «orden establecido» y ya en 2007 procesó a los tres tanquistas –el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Woldrford y el teniente coronel Philip de Camp– por un delito contra la comunidad internacional. Tres años más tarde ordenó la detención de los militares acusados de crímenes de guerra, por lo tanto imprescriptibles. Ese exhorto fue dictado bajo la jurisdicción universal para combatir delitos contra la humanidad; una legislación que le había permitido al juez Baltasar Garzón perseguir crímenes cometidos por las dictaduras de Argentina y Chile.
No obstante, ocurre que esta España que votó al Partido Popular de Aznar y depositó en el gobierno a Mariano Rajoy, decidió que no quiere más problemas con aliados poderosos por hacer justicia donde quiera que se hubiesen cometido tropelías contra el género humano. Así, este 15 de marzo entró en vigor una ley que limita la aplicación de la justicia universal, motivada por la respuesta del gobierno chino contra un magistrado que aceptó la denuncia de un ciudadano de Tíbet contra ex mandatarios de China a los que imputa de genocidio. El único juez que desafió, hasta ahora, ese verdadero aval a la impunidad, es precisamente Pedraz, que sigue sin aceptar que el caso Couso se pierda en el olvido.
El infierno de cada día
En diciembre de 2011, el presidente Obama cumplió a su manera con una de sus promesas electorales y evacuó a los últimos soldados estadounidenses que quedaban en Irak, aunque dejó contingentes de «contratistas» privados que abultan el plantel de la embajada en Bagdad hasta una cifra que ronda los 18.000. Así como Vietnam fue un baldón en la historia bélica de Estados Unidos para las generaciones anteriores, Irak es una afrenta para la sociedad actual. Obama llegó al gobierno montado en la irritación que aún hoy provoca esa incursión que, además, fue hecha sobre una mentira.
Según el sitio www.costofwar.com, en la aventura iraquí murieron 4.801 soldados regulares de Estados Unidos y 1.455.590 nativos del país asiático, mientras que la cifra de desplazados por la violencia trepa hasta los 2 millones en un país de 33 millones de habitantes.
La incursión estadounidense profundizó las diferencias en un territorio pergeñado por el imperio británico en torno a tres comunidades poco propensas a formar una unidad: una mayoría musulmana chiíta (60%), una minoría sunnita (20%) y una región que corresponde a parte de la mayor nación sin territorio propio del mundo, los kurdos. Saddam era sunnita y durante su mandato ese sector tenía una influencia decisiva. Los estrategas de Washington buscaron una salida «democrática», haciendo aprobar una Constitución y armando elecciones para conformar un gobierno parlamentarista, con un primer ministro y un presidente como símbolo de la unidad, a la manera de un rey europeo. Hoy, ese cargo lo ocupa el kurdo Yalal Talabani. Los sunnitas nunca aceptaron ir a las urnas y protestan por ser discriminados, además de que el antiguo partido oficialista, el Baath, tiene prohibido ocupar cargos públicos.
Desde entonces se mantiene una guerra civil larvada, con atentados casi cotidianos que dejan un tendal de víctimas, que las autoridades atribuyen a sunnitas y que los medios internacionales ya casi ni registran. Según cálculos de la ONU, 8.868 personas murieron en 2013, víctimas de este tipo de ataques, de las que 7.818 eran civiles, en lo que constituye la mayor cifra de víctimas en cinco años, y sólo este año unas 140.000 personas tuvieron que dejar sus casas en la provincia de Al Anbar, acosados por la violencia.
La ONU también alerta sobre la vecina Siria, donde fuerzas rebeldes apoyadas por Occidente intentan derrocar al gobierno «baathista» de Bashar al Assad a un costo en vidas humanas que supera en tres años los 144.000 . Una comisión de ese organismo computó cientos de grupos extremistas en Siria; entre ellos, el Estado Islámico de Irak y del Levante (EIIL), acusado de cometer las mayores atrocidades.
Dentro de Irak las cosas no son mejores, y miembros de una de la agencias de seguridad que ofrecen mercenarios –la ex Blackwater, actual Adcademi– fueron acusados de utilizar a niños para saciar las apetencias sexuales de sus «contratistas». Por estas semanas se debatía la «ley Jaafari», que retrotrae los derechos de la mujer y permite que un hombre pueda tener de esposa a niñas de hasta 9 años. En Estados Unidos, mientras tanto, el gobierno federal dio su aval a un estudio de la Universidad de Arizona sobre el uso de la marihuana para tratar el trastorno de estrés postraumático en ex combatientes. La Administración de Asuntos de Veteranos de Guerra estima que sufre ese mal entre un 10% y un 20% de los soldados que vuelven de Irak y Afganistán.
Pero aparte del petróleo que fluye a raudales desde sus entrañas, Irak es una fuente de oportunidades única. «El país ha salido de una guerra civil salvaje y necesita importarlo todo», señalaron hace no mucho empresarios españoles, emocionados con la posibilidad de reconstruir todo lo que la guerra viene destruyendo desde hace casi 11 años. Un programa de inversiones de aquí a 2017, aprobado por el gobierno del primer ministro Nuri al Maliki, proyecta destinar más de 356.000 millones de dólares para rubros como la construcción, los servicios, la agricultura, la educación, el transporte y la energía. Ninguno de los viejos aliados se quiere perder el negocio.
Piratas petroleros en Libia
Desde el asesinato de Muammar Khadafi, en octubre de 2011, Libia es una tierra en llamas. Al igual que Irak, el país africano era un mosaico que sólo el liderazgo del líder podía mantener unido. Por supuesto que entre los objetivos de la coalición europeo-estadounidense no estaba mantener la paz ni la unidad territorial. Por eso, desde hace tres años, Libia es un polvorín, lo que se pudo percibir en setiembre de 2012, cuando el embajador de Estados Unidos, Christopher Stevens, moría en un ataque en Benghazi, la capital de Cirenaica. La región, rica en petróleo, había sido clave para desestabilizar a Khadafi y ahora busca independizarse para no tener que compartir sus ingresos con el resto del territorio. El 10 de marzo último, el Parlamento de Libia –un órgano legislativo provisional, como lo es aún todo el gobierno de ese país– destituyó al primer ministro, Ali Zeidán, y designó en su lugar al titular de Defensa, Abdullaa Al Zani. Las razones muestran en profundidad el estado de la nación.
Unos días antes, un buque cisterna, el Morning Glory, partía del puerto de Sirte cargado de petróleo que no había sido declarado al gobierno central. El premier acusó a secesionistas de Cirenaica de pretender burlar el control del estado central y también al gobierno de Corea del Norte de apoyar a los «rebeldes» a los que ahora vincula con el «antiguo régimen». Pero el resto de los parlamentarios lo acusó a él de no tener capacidad de liderazgo para mantener la unidad del país. Esperan que su sucesor pueda hacerlo a punta de pistola, sólo que los rebeldes también tienen armas y entre sus planes no figura entregarlas. Comandos de la Marina de Guerra estadounidense tomaron el control del petrolero una semana más tarde. Norcorea negó que ese buque estuviera bajo su bandera, como se dijo al principio y, por lo que declararon los captores, la nave circulaba «sin nacionalidad conocida». Todavía nadie dijo para qué empresa era la carga, que en realidad es lo que importaría.
Revista Acción, 31 de Marzo de 2014
por Alberto López Girondo | Jul 12, 2013 | Sin categoría
No fue el primero y seguramente no será el último, pero la sorpresiva revelación de Edward Snowden, ex consultor del gobierno de los Estados Unidos puso, negro sobre blanco, algo que hasta no hace tanto era un secreto a voces, que circulaba en ambientes marginales o grupos de iniciados en el gusto por las conspiraciones: Estados Unidos vigila al resto del planeta con las técnicas más avanzadas. Lo peor es que lo hace con un grado más o menos importante de consenso de la sociedad y de la dirigencia política de los dos partidos mayoritarios. Y amparado, según argumenta el propio Gobierno y las empresas que colaboran con él en la misión de inmiscuirse en la vida de los ciudadanos, por las leyes estadounidenses.
El joven Snowden tiene 29 años y era empleado de una consultora del gobierno de Estados Unidos en Hawai. A principios de junio, dijo (confesó) que estaba harto de una tarea que iba contra sus convicciones y escapó a Hong Kong para contarle lo que estaba ocurriendo al mundo a través de algunos contactos con la prensa. «Yo no quiero vivir en una sociedad que hace cosas como estas», explicó en un video. «Estados Unidos está aumentando su poder para controlar a la sociedad. En unos años, va a ser peor. Se convertirá en una tiranía», detalla, tranquilo y preciso, con ese rostro de nerd que recuerda al de Bradley Manning, el todavía más joven analista militar que filtró a WikiLeaks miles de documentos sobre las atrocidades cometidas por tropas de su país en Irak y que ahora está siendo juzgado por «ayuda al enemigo y violación de la ley de Espionaje».
Snowden hizo lo propio ante el diario británico The Guardian y el estadounidense The Washington Post. Destapó otra olla maloliente en una época complicada del gobierno de Barack Obama, cuando venía de recibir críticas por haberse conocido que empleados de la agencia impositiva habían escrutado de un modo especialmente insidioso a miembros del Tea Party, el núcleo más abiertamente derechista del partido Republicano. Y que también pinchaba teléfonos de periodistas de la agencia The Associated Press, una de las más grandes del mundo. Al tiempo que 166 presos de Guantánamo –sin juicio y sin sentencia por años– continuaban con medidas de fuerza que incluyen huelgas de hambre para protestar contra condiciones de detención rechazadas por organismos de todo el mundo, comenzando por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Escándalo mediático
A través de Snowden, la opinión pública internacional se encontró con la «novedad» de que el gobierno había solicitado información a la telefónica Verizon sobre mensajes de sus clientes y que algo parecido había sucedido con Google y Facebook. Las aclaraciones vendrían posteriormente a través del director de Inteligencia, James Clapper. A Verizon no se le pidieron contenidos de los mensajes, sino «metadata», es decir, datos sobre quién habló con quién, desde dónde, a qué hora fue la llamada y cuánto tiempo duró, dijo seráficamente. La otra sorpresa para la mayoría es que todo se hacía, en apariencia, gracias a dos leyes aprobadas por el Congreso y que la Suprema Corte declaró constitucionales. Una, más conocida, es la Patriot Act (PA), que logró aprobar George W. Bush después de los atentados a las Torres Gemelas en 2001. La otra, de 1978, fue votada durante la gestión de James Carter y crea un tribunal especial para juzgar delitos contra la seguridad nacional. Un tribunal secreto que actúa en las sombras, pero que es perfectamente admisible para la Corte.
«El FISC (Foreign Inteligence Surveillance Court, Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) es una corte semisecreta integrada por 11 jueces federales que nadie sabe quiénes son», cuenta Enrique Chaparro, un experto en seguridad informática, matemático y criptógrafo que vuelca sus saberes en ONG que defienden las libertades civiles y el derecho a la información en la Web. La normativa que le dio origen es la FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act o Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) que sancionó el Congreso antes del surgimiento de la Web, pero cuando ya estaba funcionando Arpanet, una red militar para el transporte de datos creada por el Departamento de Defensa. Arpanet fue la base sobre la que pocos años más tarde se desarrollaría Internet. Es fácil deducir que cuando se votó la FISA, los impulsores ya preveían el potencial que tendrían las redes de este tipo para la circulación –e intercepción– de información en todo el planeta.
Precisamente, a partir de la revelación de Snowden, gobiernos de todo el mundo salieron a cuestionar que sus ciudadanos hayan sido espiados sin autorización alguna por el gobierno estadounidense. Y se lo hicieron saber a Obama en forma directa. Lo que el paquete FISA-Patriot Act indica es que se pueden vigilar acciones de extranjeros dentro de territorio estadounidense. La realidad es que más de la mitad de la información que circula en la Tierra pasa por Estados Unidos, porque allí están alojados los mayores servidores de Internet. De hecho, por lo que se pudo saber, sólo durante el mes de marzo pasado la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), que está detrás de todo este procedimiento, recogió 97.000 millones de registros.
«Lo interesante es que 3.000 millones provienen de EE.UU.», señala Chaparro. Esto es: se vigiló a extranjeros pero también a ciudadanos locales. Algo que normalmente debería soliviantar los espíritus más liberales. Sin embargo, de acuerdo con las últimas encuestas, más de la mitad de los estadounidenses considera «aceptables» estas prácticas de espionaje para «proteger la seguridad nacional», aunque deban resignar a cambio algunas de sus libertades. El analista político Gabriel Puricelli, presidente del Laboratorio de Políticas Públicas, es un conocedor de la idiosincrasia de ese país y suele asistir allí a mítines partidarios. «Todo esto sucede dentro de una cultura política que desde la época de la Guerra Fría está signada por una idea básica, que a pesar de los discursos libertarios que siguen circulando por izquierda y por derecha, entiende que la libertad individual tiene el límite de la seguridad nacional. Y esto es un consenso tanto en la elite política como en la sociedad». Lo grave para los ciudadanos de otros países es que los consensos en Estados Unidos –resalta Puricelli– «suelen ser pétreos». Solo así se explica que una ley instaurada en tiempos del «libertario» Carter, sumada a otra del reaccionario George W. Bush, hayan sido refrendadas varias veces para seguir en vigencia. Porque sucede que tanto la FISA como la Patriot Act, por la trascendencia de las cuestiones sobre la que legislan, deben ser reautorizadas permanentemente. Las últimas «extensiones» de la FISA fueron en 2008, 2011 y en diciembre pasado se la volvió a homologar hasta 2017. La PA fue renovada en marzo de 2011 por cuatro años más, en plena administración del Premio Nobel de la Paz Obama.
Libertades en la mira
El secretismo de esta legislación hace que, para los críticos de las sociedades vigiladas, desde hace décadas se haya instaurado en Estados Unidos una suerte de «omertá» que la Suprema Corte autoriza en aras de la seguridad nacional y que obliga a proveedores de servicios telefónicos o de Internet a cumplir con la ley o terminar juzgados por complicidad con el enemigo, tal como le ocurre a Manning y le puede pasar a Snowden. Beatriz Busaniche es miembro de la Fundación Vía Libre, que promueve el debate sobre las libertades y la defensa de la privacidad en la Web. Desde ese lugar, sostiene que las revelaciones de Snowden ponen el dedo en la llaga sobre un tema crucial: las prácticas de las empresas de tecnología, que normalmente intentan detectar hábitos de consumo para ofrecer productos de acuerdo con el gusto del usuario. Ahora algunas de ellas aparecieron en el centro de otro debate más espinoso, como lo es el del espionaje militar por orden del FBI y la Secretaría de Inteligencia.
Busaniche indicó a Acción que de acuerdo con las normas en vigencia, el gobierno puede pedir determinados registros en secreto y las proveedoras lo tienen que entregar también en forma secreta. «Google salió a ampararse en que tiene muy claramente detallado en el Transparency Report todas las solicitudes que reciben del Estado. Una jugada de los abogados fue pedir al gobierno que les permita revelar esa información, porque a Google esto le significa mucho en términos de imagen pública», aclara Busaniche. También Facebook y Microsoft salieron a hacer público un pedido para que las autoridades las absolvieran de cargos si revelaban el número de solicitudes. De hecho existe una llamativa similitud en los textos con que los representantes de las proveedoras justificaron su papel en el espionaje. «Nosotros no damos acceso directo ni entregamos datos masivamente». En todos los casos resaltan que se sometieron a la ley. «No dicen que el acceso sea indirecto ni que entreguen datos a pedido», desliza maliciosamente Chaparro. Tampoco dicen si alguna vez protestaron mediante alguna National Security Letter, como se llama a la carta de requerimiento. Una política bien distinta de la que tienen esas mismas proveedoras en China, donde negociaron un acuerdo para la limitación de ciertos servicios. También el gobierno estadounidense muestra sus contradicciones en esta materia, ya que ha presentado quejas formales por las restricciones al uso de Internet impuestas por Beijing, mientras en su propio territorio, en nombre de la seguridad nacional, avanza sobre el derecho a la privacidad de sus ciudadanos.
Sin límites
Hay cuatro elementos de información secretos que salieron a la luz y, según entiende Chaparro, no es posible saber si son revelaciones de la misma fuente o de alguna otra que no dio la cara aún. El caso de Verizon, recuerda, es el primero «y quizás el más grave allá, porque intercepta comunicaciones de ciudadanos de Estados Unidos». La segunda revelación es el programa PRISM, que, según informaron The Guardian y The Washington Post, permite a la NSA y al FBI recabar datos directamente de los servidores de nueve grandes empresas de Internet: Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube y Apple.
Una tercera revelación en esta iniciación a la secretísima secta de la vigilancia global es la existencia del sistema Boundless Informant (informante sin límites), «una especie de tablero de mando para saber qué información se recolecta y de dónde». Este sistema mostró que la mayor cantidad de registros tomados por la NSA provienen –como era de esperarse– de Irán, Pakistán, Jordania, India, pero no muy lejos está Alemania, lo que levantó fuertes rechazos en ese país.
La cuarta revelación es la «Directiva presidencial número 20», que establece las hipótesis de conflicto para una ciberguerra. No se trata, más que de lo que cualquier planeador militar haría, como establecer estrategias de guerra y determinar blancos de ciberataques ofensivos. Por un lado, dice Chaparro, es interesante para analizar la postura de Washington sobre la ciberguerra. Como se sabe, en cualquier país democrático la declaración de guerra debe ser refrendada por el Poder Legislativo. Lo temerario de este asunto es que «como este tipo de acciones no son guerras en el mundo físico en principio no necesitarían autorización del Congreso para desatarse».
Razones y sinrazones
¿Por qué Snowden puede haber decidido «prender el ventilador»? La primera explicación, la más sencilla, sería que efectivamente es un joven idealista que se cansó de hacer operaciones que iban contra su concepción de la libertad y la democracia. Con ese mismo argumento Breadley Manning filtró miles de archivos a WikiLeaks hasta 2010 y en el lejano 1971 otro analista que trabajaba para una consultora privada –la Rand Corporation– entregó al The New York Times los «Papeles del Pentágono», donde se mostraba la realidad sobre lo que estaba ocurriendo en la guerra de Vietnam. Daniel Ellsberg, que de él se trata, tiene hoy 81 años y fue uno de los primeros en aplaudir la decisión de Snowden. Incluso llegó a decir que el material hecho público por el joven refugiado en Hong Kong es la acción más importante en la historia. Mucho más que la de sus archivos de hace 42 años.
Cierto es que sobre la intencionalidad de Snowden podrían hacerse lecturas de lo más variadas. Por ejemplo, operaciones políticas que atienden a la interna en el establishment estadounidense. Eso que Puricelli llama «la poliarquía gobernante» de la que forma parte la comunidad de inteligencia.
Pero también en el imaginario estadounidense es muy fuerte el puritanismo, nacido de los primeros pobladores de lo que hoy es Estados Unidos, con una gran impronta religiosa. Una concepción de que estaban construyendo una sociedad basada en los ideales y que debía llevar al mundo su mensaje a favor de los mayores valores de la humanidad es la que en su momento impulsó la ley Seca y luego el prohibicionismo contra el uso de drogas. Esto se manifiesta, en el plano ideológico, en la idea de que la misión de Estados Unidos es llevar la democracia y la libertad a todos los confines del planeta. En las redes de comunicación, este puritanismo de base sagrada se expresa como cierto libertarianismo que sin dudas choca con la realidad de quienes trabajan en agencias de seguridad y vigilancia, que en el día a día ven que su tarea tiene fines bastante más oscuros.
Como sea, por lo pronto Snowden le quitó la espoleta a una granada que dejó bastantes secuelas en la opinión pública mundial, aunque no se sabe si eso bastará para que algo cambie en el corto plazo. Busaniche dice que las organizaciones como las que ella integra se alinearon con instituciones colegas firmando petitorios «y siguiendo la línea de Frank La Rue, el relator especial de la ONU sobre Libertad de Expresión», quien el 17 de abril de este año publicó un informe lapidario sobre privacidad, monitoreo de comunicaciones y libertad de expresión tomando en cuenta instrumentos como la legislación FISA.
Para Puricelli, el panorama es bastante complicado, porque sabe que el «consenso pétreo» bipartidista a favor de las prácticas de espionaje no será quebrado en el corto plazo más allá de la convicción de sectores absolutamente minoritarios de la izquierda. «Con los antecedentes de Eric Holder, el actual secretario de Justicia y Procurador General, uno podría pensar que iba a blanquear situaciones como esta, pero lo único que hizo desde que tomó el cargo fue encontrar el vestigio constitucional para justificarlas. Incluso justifica legalmente los asesinatos selectivos», dice el analista. Lo complicado del caso es que si hay quienes luchan con firmeza contra la intromisión del Estado en los menores intersticios de la vida del individuo, ellos son los grupos derechistas fanáticos del Partido Republicano o las milicias de algunas regiones del país. Es que de tan individualistas que son, así como rechazan ocuparse de reparar las injusticias del sistema económico por eso de que cada uno se las arregle como pueda, abominan de la vigilancia estatal y defienden el uso de armas. Porque, dicen, nadie los va a defender mejor que ellos mismos.
Futuro incierto
¿Se puede esperar algo de otras naciones del mundo? Los antecedentes no son auspiciosos. Desde fines de los 60 existe la red Echelon, un sistema global de vigilancia integrado por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia. En 2000 hubo una queja formal de los países europeos que se habían dado cuenta de que un millonario contrato para la provisión de aviones Airbus a Arabia Saudita había sido birlado por la Boeing porque alguien había interceptado comunicaciones con las autoridades árabes. La investigación del Europarlamento determinó que la maniobra contra Airbus se había hecho desde Echelon y quisieron investigar hasta dónde se había metido en la vida de los ciudadanos del continente. Pequeño detalle: esos países integran la OTAN y la respuesta oficial fue que la red es un secreto militar. Fin de la discusión.
Para Busaniche, «los padres fundadores de los Estados Unidos deben de estar revolviéndose en las tumbas cuando ven lo que se hace bajo el nombre de la defensa de las libertades». Puricelli recurre a Noam Chomsky para recordar que las leyes actuales son fruto de «la fabricación de consensos» que encontraron renovado brío luego del 11S de la mano de una paranoia masiva. Y apuesta a que pueda elaborarse otro tipo de concepción social que le ponga fin a este Gran Hermano del siglo XXI pero que venga desde sectores progresistas.
«Temo por nuestros derechos. Temo por nuestra democracia, y creo que otros también deberían hacerlo. Y no creo que en realidad estemos gobernados por gente en el Congreso, los tribunales o la Casa Blanca que tienen interés suficiente en los requisitos para mantener una democracia», dijo Ellsberg. Una síntesis inmejorable de lo que se juega en este caso.
Tiempo Argentino, 12 de Julio de 2013
por Alberto López Girondo | May 13, 2013 | Sin categoría
En un discurso en el que puso todas las cartas sobre la mesa, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que pretende una «relación más profunda» con América Latina, una región que en la última década se va mostrando cada vez menos propensa a ser el patio trasero del imperio y demuestra con hechos palpables que ya está jugando en las grandes ligas mundiales en contra de los deseos de Washington.
Biden habló en el marco de la 43ª Conferencia de las Américas, un encuentro organizado por el Departamento de Estado junto con el Council of the Americas, el think tank creado por el magnate David Rockefeller para fomentar el ultraliberalismo a nivel regional desde hace casi medio siglo y que solía convocar a ministros y altos funcionarios de los países latinoamericanos para brindarles su «bajada de línea» anual. Esta vez la ronda fue más bien escuálida, a pesar de que pomposamente se la presentó como la ocasión para el relanzamiento de las relaciones privilegiadas que la administración de Barack Obama pretende con la región. Los detalles de lo que dijo su compañero de fórmula y los anuncios muestran sin embargo que la posición de los demócratas no se mueve un ápice de la postura tradicional de Washington.
«Latinoamérica siempre nos ha importado, pero ahora aún más por el potencial existente», apuntó Biden, quien agregó que muchos países del continente, como México, disfrutan ahora de una mayoría de clase media y de un ambiente democrático estable que les permite mostrar otra importancia comercial y económica dentro del Hemisferio Occidental. «Antes nos preguntábamos qué podíamos hacer POR Latinoamérica, ahora se trata de ver qué podemos hacer CON Latinoamérica», enfatizó el vicepresidente.
Fue en esa minicumbre neoliberal que Biden anunció un próximo viaje a Colombia, Brasil y Trinidad Tobago y una inminente visita de los mandatarios de Chile y Perú a Washington. «Este es el más activo tramo de relaciones de alto nivel en mucho tiempo», dijo Biden, quien no olvidó mencionar la posición de su gobierno en torno de Venezuela. «Cualquier gobierno venezolano tiene una responsabilidad básica de permitir la libertad de expresión y asamblea, y eso no está ocurriendo en estos momentos», dijo sin inmutarse el ex senador por Delaware, el paraíso fiscal de Estados Unidos donde, sin ir más lejos, el Grupo Clarín armó un conglomerado de empresas con el objetivo de eludir impuestos, según viene denunciando este diario desde octubre de 2010. Esta quizá parezca una historia que no viene a cuento, pero hay razones para pensar que sí.
Lo que sí viene a cuento es el nuevo rol regional del diario español El País, que desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en ese reino viene en picada en el plano de su economía. El grupo, que supo ser cabecera de playa de inversiones españolas en Latinoamérica y se extendió en proyectos propios en todo el hemisferio, no puede escapar a una deuda de más de 3000 millones de euros y gran parte de su paquete accionario está en manos de un fondo de inversiones oriundo de Estados Unidos.
Cuando la enfermedad de Hugo Chávez, el diario español cumplió un papel destacado como difusor de la oposición, incluso publicando una foto falsa. Desde fines de marzo, la edición internacional –que incluye el material online– se elabora desde México DF y Washington. El editor es el corresponsal del diario en la capital estadounidense, Antonio Caño. En su edición de ayer, mientras el presidente Nicolás Maduro viajaba de Buenos Aires a Brasilia en el marco de su gira por el Mercosur, publicaba un extenso reportaje al opositor Henrique Capriles. En titulares catástrofe decía: «Maduro se hunde cada día más porque su Gobierno es ilegítimo». La edición que recibieron los españoles en papel era un poco más medida y no ocupaba la tapa del diario sino un recuadro secundario: «Me han robado la victoria electoral», decía Capriles.
El vicepresidente de Obama quiere acercar lazos con Colombia y Brasil. El primero forma parte de la llamada Alianza del Pacífico, junto con México y los futuros invitados de la Casa Blanca, Chile y Perú. Ningún dirigente estadounidense que ande de gira por la región puede ignorar a Brasil, los otros acercamientos son reveladores de la estrategia que a pie juntillas siguen las derechas latinoamericanas. Algo que fue evidente este lunes en Lima, cuando el Congreso peruano aprobó una moción para retirar al embajador en Venezuela Luis Raygada por su apoyo explícito al gobierno de Maduro como representante legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Raygada, incluso, recomendó a sus detractores «tomar una pastilla de tranquilizante». Dos días más tarde se vio obligado a presentar su renuncia.
El discurso de Biden y la diatriba de El País se cruzaron con la designación de un brasileño al frente de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la entidad con sede en Ginebra que tiene como rol fijar las condiciones y los acuerdos para el intercambio de productos entre los 159 países miembro. El dato no es menor si se tiene en cuenta que Roberto Azevêdo fue votado para suceder al francés Pascual Lamy en un final cabeza a cabeza con el mexicano Herminio Blanco.
Los entretelones de esta elección son por demás reveladores de los cambios que se registraron en el mundo en lo que va del siglo XXI. Roberto Carvalho de Azevêdo, de 55 años, es un ingeniero electricista que luego devino en diplomático tras pasar por el Instituto Rio Branco, que es la escuela de Itamaraty. Cierto que luego se doctoró en Economía en la «monetarista» Universidad de Chicago, pero hizo toda su carrera como hombre de la ágil e inquieta cancillería brasileña y es uno de los que más sabe de comercio internacional en ese organismo, donde es hasta ahora el embajador brasileño. Brasil precisamente es acusado de encabezar una suerte de boicot a los avances en la Ronda de Doha, el capítulo agrícola de la OMC.
El representante mexicano, en cambio, es un fiel exponente del libre comercio a ultranza. Herminio Blanco Mendoza, de 62 años, también pasó por Chicago pero siguió sus enseñanzas al pie de la letra al punto de que es considerado el arquitecto de la alianza comercial de su país con Estados Unidos y Canadá en el NAFTA y de la firma de 34 acuerdos de libre comercio.
Estados Unidos, los 27 países de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur fogonearon al mexicano cuando se dieron cuenta de que entre los nueve postulantes que se anotaban en diciembre pasado no había nadie que les pudiera resolver el problema principal, que era el de seguir manejando la entidad como lo vienen haciendo desde su fundación. Es interesante resaltar que, de cualquier modo, el elegido sería un latinoamericano, aunque representaran dos caras visiblemente opuestas de la forma de encarar la economía y la distribución de los poderes en el mundo.
«La competencia para suceder a Lamy, el francés que ha presidido la OMC desde 2005, también había sido vista por algunos como un sustituto de batallas comerciales más amplias entre los mundos desarrollado y en desarrollo», describe James Politi en el británico Financial Times. «Antes de la votación final, los funcionarios mexicanos reclamaron el apoyo de Japón y Corea del Sur, mientras que las autoridades brasileñas dijeron que China estaba de su lado», destaca el Financial Times.
Azêvedo logró el apoyo de los países sudamericanos y del Caribe, los de África y parte de Asia. Itamaraty en pleno explicó a representantes de todos los países del mundo las ventajas de destronar la tradicional alianza de la OTAN del comercio a favor de un miembro de los países emergentes como Brasil. La designación del Papa Francisco parece haber tenido un trasfondo similar en torno de soluciones a problemas globales de otra institución sagrada como la Iglesia Católica, pero este sí es otro cantar.
El prestigioso diario económico de la City londinense agrega un clarísimo testimonio de Ed Gerwin, analista de política comercial de Third Way, un think-tank basado en Washington. «Hubo un día en que los EE UU y Europa se sentaban en una habitación a decir: ‘Este es nuestro hombre’, y nadie más tenía ni voz ni voto significativo en el proceso. Esto sin duda ha cambiado y es una buena cosa», reflexiona Gerwin, para explayarse finalmente: «Si realmente queremos someter el comercio basado en normas a todo el mundo, todo el mundo tiene que sentir que están implicados en el proceso.»
El vicepresidente chino, Li Yuanchao, llega al país en su primera gira al exterior, que incluye a Venezuela y debiera leerse como un avance estratégico hacia la consolidación de nuevos bloques de poder. Si algo saben las nuevas autoridades del gigante asiático –socio de Brasil en el grupo BRICS– es para dónde soplan los vientos.
Sería interesante que las derechas latinoamericanas también percibieran estas corrientes, porque pueden ser brisas que no amenazan con erosionarlos, pero cada vez levantan más polvareda.
Tiempo Argentino, 13 de Mayo de 2013
por Alberto López Girondo | May 5, 2013 | Sin categoría
La Unión Europea apura un Tratado de Libre Comercio con el Mercosur para poder sentarse a negociar en mejores condiciones su TLC con Estados Unidos, que según adelantó Barack Obama, quiere presentarlo en sociedad en menos de 14 meses.
Esto se desprende de la visita que un grupo de europarlamentarios hizo por la región, donde mantuvieron reuniones con legisladores y miembros de los distintos gabinetes en busca de definiciones.
En la Argentina, tras un encuentro con el canciller Héctor Timerman, el vocero del grupo –el socialista español Luis Yañez Barnuevo– explicó en una charla informal con periodistas locales, entre los que estuvo Tiempo Argentino, que el 95% de las diferencias entre ambos bloques están solucionadas. «El problema es ese 5% que nos impide terminar un acuerdo», se sinceró Yañez Barnuevo, quien cruzó el Océano junto con Jean Pierre Audy, Josefa Andrés Barea y Mario Pirillo, todos ellos miembros de la comisión del Parlamento Europeo encargada de llevar a buen puerto las conversaciones entre ambos bloques.
En lo específico, el legislador destacó la buena predisposición de Timerman, sin pasar por alto que fue desde Buenos Aires que en 2010 se dio nuevo impulso a una negociación que parecía definitivamente estancada. Buena ocasión para que este médico –que adhirió al PSOE desde que era un partido ilegal, durante el franquismo– desmintiera a publicaciones donde se afirma que la Argentina traba los acuerdos para proteger sus mercados, mientras que Brasil aparece siempre como más proclive a la firma. «No acusemos a Argentina de lo que no es culpa de Argentina», concluyó, para recordar luego que Cristina Fernández y la entonces vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, sacaron hace tres años las conversaciones del freezer. Más aun, insistió en lo obvio, que «Brasil ni quiere ni puede firmar por separado un acuerdo con la UE ni la UE tampoco lo quiere».
Por otro lado, Yañez Barnuevo fue muy claro en relación con la situación del Mercosur con la nueva incorporación de Venezuela y la suspensión de Paraguay. «La UE no tiene nada que decir al respecto, es un problema interno del Mercosur. Es como si el Mercosur intentara opinar sobre el ingreso de Turquía o Croacia a la UE. Sería algo fuera de lugar», señaló.
Por otro lado, puesto en números, el Mercosur con Venezuela representa un mercado que suma 300 millones de personas y particularmente el país bolivariano, al decir del eurodiputado, «compra de todo. Es una excelente oportunidad para comerciar». Es decir, más allá de cuestiones ideológicas, los negocios mandan.
Sin embargo, también la estrategia política tiene lo suyo por decir. Así fue que los parlamentarios no ocultaron que hay urgencias por acordar con Sudamérica para sentarse a negociar con Estados Unidos en mejores condiciones. El mensaje es que un pacto entre Bruselas y Washington implicaría la regulación de diversas normas de fabricación, que condicionarían acuerdos posteriores que fueran a firmar los 27 con un Pacto de Asunción ampliado.
Lo que no dicen –ni falta que hace– es que también fortalecería a Europa un TLC previo con el Mercosur. Por otro lado, en 2014 se renueva el Parlamento y nadie garantiza que los nuevos representantes sean afines a un acuerdo. Más bien todo lo contrario, podrían ganar influencia los euroescépticos. «El glamour de asociarse con Estados Unidos tal vez pese más», deslizó uno de los diputados.
Por eso ya no resulta tan determinante la protección del mercado agrícola y ganadero europeo y la liberalización de los sectores industrial y de servicios de Mercosur. Es así que la UE ahora está dispuesta a dar rebajas muy sensibles de tarifas a los productos agrícolas y ganaderos de Mercosur. Y acepta la importancia de que los «sureños» puedan desarrollar su industria.
Tiempo Argentino, 5 de Mayo de 2013
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