por Alberto López Girondo | Jul 8, 2018 | Sin categoría
A la 0 hora de este viernes se inició formalmente la guerra comercial que Donald Trump había anunciado contra los productos chinos. En el primer minuto del 6 de julio –hora de Washington– se puso en marcha un sistema de aranceles de hasta 25% por un total de 34 mil millones de dólares en mercadería. El gobierno de Xi Jinping informó que se sentía «obligado» a responder con medidas similares sobre productos importados de EE UU, como soja, trigo, cerdo, pistachos, automóviles y hasta botellas de Jack Daniel’s, y denunció la ofensiva estadounidense ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Rusia también se sumó al combate con tarifas suplementarias de entre 25 y 40% a productos estadounidenses, en represalia a los aranceles al acero y aluminio que adoptó la administración Trump.
La guerra tiene como fachada el impresionante déficit comercial en favor del gigante asiático (unos 373 mil millones de dólares en 2017) pero hay temas más de fondo. Entre ellos, la pelea por las nuevas tecnologías y algo más tradicional como el control de los mercados, que para EE UU están en riesgo en la medida en que China avanza en la reconstrucción de la Ruta de la Seda.
Es así que Trump le pidió expresamente a Robert Lighthizer, jefe de la Oficina del Representante de Comercio de EE UU (USTR por sus siglas en inglés, la agencia encargada de elaborar políticas de comercio internacional) que presente un listado de otros bienes importados de China para sumarles otro 10% de aranceles en el futuro cercano. El objetivo final es identificar el robo de propiedad intelectual y la copia de desarrollo tecnológico.
De hecho, en la última semana, forzó el bloqueo al ingreso de la principal proveedora de telefonía celular, China Mobile, con más de 900 millones de abonados, que venía pidiendo pista desde 2011. Semanas antes había multado a otro gigante, ZTE, fabricante de aparatos de telefonía, y al mismo tiempo prohibió que empresas de EE UU le vendieran insumos básicos, poniendo a la firma a las puertas de la quiebra. En este caso la excusa fue que ZTE vendía equipos en Corea del Norte e Irán, dos naciones sancionadas de la lista de enemigos de Estados Unidos, aunque luego hubo un acercamiento entre Trump y el líder norcoreano que cambiaría las reglas de juego.
De todas maneras, estos son los primeros escarceos en una política que pretende recomponer el comercio internacional en beneficio de Estados Unidos con la estrategia de patear el tablero. De aquí en más habrá que seguir día a día las incidencias de una situación que, mal que le pese al gobierno nacional, también habrá de incumbir a la Argentina.
Tiempo Argentino, 8 de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jun 17, 2018 | Sin categoría
Los republicanos -que en el 2010 aprovecharon a fondo la ventaja electoral en varios estados clave para reformular los distritos según el censo de ese año y así ganar bancas aunque pierdan en las urnas- lograron un nuevo espaldarazo tras un fallo de la Corte Suprema que permite “limpiar” los padrones para impedir la votación a quienes no hayan sufragado en años anteriores. En la práctica eso limita la posibilidad de elegir a miles de ciudadanos que, como suele ocurrir en un país donde el voto no es obligatorio, se saltearon comicios y quisieran ir ahora para, por ejemplo, castigar al oficialismo.
Por una mayoría mínima de 5 a 4, el máximo tribunal estadounidense autorizó nuevos obstáculos para que los ciudadanos ejerzan sus derechos. Los que protestaron por esta decisión fueron los demócratas, que la perciben como una tentativa por recortar apoyos en circuitos electorales normalmente sostienen a ese partido.
Lo republicanos, en tanto, la justifican en que “son necesarias para combatir el fraude electoral”, según argumentos sin pruebas.
El caso llegó a la Corte por la demanda de un veterano de la Marina de Guerra de Akron, Ohio, que votó en 2004 y 2008 pero no en 2012 porque dijo que ningún candidato le resultaba atractivo. Sin embargo en 2015 sí quiso hacerse presente en una iniciativa para legalizar la marihuana y observó con estupor que no figuraba en el padrón. Desde las oficinas electorales respondieron que le habían mandado avisos a su casa reclamándole que dijera si quería seguir votando y que él no respondió.
El marine la siguió en los estrados y un tribunal de Apelaciones le dio la razón acusando a las autoridades de haber violado una ley electoral de 1993. El caso terminó en la Corte porque Ohio no es de quedarse dormido. Ese estado es uno de los más agresivos en eliminar de la lista a quienes faltaron a una elección.
Desde hace décadas Ohio es considerado un estado clave ya que el que gana la elección allí termina siendo presidente. Es uno de los primeros, entonces, en ser computado sin que importe mucho que aporte apenas 18 votos para el colegio electoral, sino porque marca tendencia.
Pero como a la tendencia conviene ayudarla, en 2010 hubo una modificación sustancial en las fronteras electorales. El método es conocido desde el siglo XIX como “gerrymandering”, por un gobernador de Massachusetts, Elbridge Gerry, que dibujó un distrito favorable para no perder más elecciones que tenía forma de salamandra.
Con unir mayorías opositora en un lado y minorías oficialistas en otro se logra el milagro de tener más representantes de los que corresponderían por la suma de sufragios per se.
Los republicanos se alzaron entonces con triunfos seguidos desde ese año en territorios como Michigan, Wisconsin y Maryland. El cinturón industrial fue determinante en el triunfo de Trump en 2016. Pero ahora en Ohio habrá una reforma a ese diseño endiablado. El Congreso acordó el mes pasado redibujar las “fronteras” electorales pero recién para el 2021, con el censo del 2020 en la mano. Mientras tanto, la limpieza de padrones puede ayudar a que todo quede como está.«
Internet sin control y en manos de los proveedores
La pelea por la neutralidad de la red de Internet entró en una etapa decisiva esta semana al ponerse en vigencia la derogación de las protecciones que venían de la época de Barack Obama. Desde la llegada de Donald Trump al poder, en enero de 2017, el empresario se propuso modificar esa “molesta” regulación para las grandes proveedoras de conexiones y puso en un puesto clave, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), a Ajit Pai, encendido libertario en ese rubro.
La FCC, con mayoría republicana, votó en diciembre por eliminar las normas que ahora, seis meses más tarde, fueron revocadas efectivamente tras la aprobación de la Oficina de Administración y Presupuesto de ese ente.
La medida, sin embargo, es rechazada por académicos, usuarios y las ONG en la medida de que afecta a la libertad de emitir y recibir información, pero también encuentra oposición entre empresas y elaboradores de contenidos que temen, y con razón, que los proveedores tendrán todo el control sobre lo que circula y a qué velocidad lo hace, un dato no menor en esos menesteres en términos de libre competencia.
Defensores de la neutralidad de la red iniciaron una serie de acciones para visibilizar el problema y dos decenas de estados presentaron demandas para bloquear la derogación. Esto genera debates jurídicos ya que por más que Estados Unidos sea un país federal, no son pocos los que plantean la supuesta ilegalidad de que cada distrito tenga su propia política en cuanto a Internet.
La regulación fue adoptada durante la gestión Obama bajo el criterio de que nadie tiene derecho a censurar, impedir o ralentizar determinados contenidos o cobrar por hacerlos más veloces o visibles.
En mayo el tema llegó al Senado, que por 52 votos a favor y 47 en contra aprobaron un proyecto para proteger la neutralidad de la red, pero la iniciativa todavía tiene que pasar por la Cámara de Representantes. Mientras tanto, los proveedores –AT&T, Comcast y Verizon están en la mira- ya tienen vía libre para abrir una nueva etapa en la vida de la red global.
Tiempo Argentino, 17 de Junio de 2018
por Alberto López Girondo | Ago 29, 2014 | Sin categoría
Paul Craig Roberts es un viejo conocido de esta columna. El hombre, que ya pasa los 75 años, es un liberal de los que ya casi no quedan. Es decir, es de derechas, pero cree firmemente en las libertades individuales. Vale la pena leer las reflexiones de este republicano que formó parte de la administración de Ronald Reagan como subsecretario del Tesoro y algunos lo consideran como uno de los creadores de la desregulación a ultranza de la economía, lo que se llamaría «reaganomics». Porque allí despliega su recelo sobre la tendencia que Estados Unidos mantiene en la última década, más precisamente desde los atentados a las Torres Gemelas, de cercenar derechos que para los «padres fundadores» de la nación eran sacrosantos. Sin dejar de ser un anticomunista convencido por ello.
Por eso Roberts titula el más reciente artículo en su sitio web http://www.paulcraigroberts.org/ como «Los leninistas en la Casa Blanca», en referencia al líder de la revolución soviética Vladimir Illich Lenin, quien instauró la dictadura del proletariado –mediante «el uso ilimitado de la fuerza y sin regla alguna», considera– en la Rusia zarista hace casi un siglo. Pero en el fondo no es sino una forma irónica de dar cuenta de la realidad actual de este Estados Unidos que Barack Obama gobierna desde 2009.
La última manifestación de este «leninismo», para Roberts, sería «el anuncio de Washington de que no ha planeado coordinar los ataques de EE UU al grupo yihadista en territorio sirio con el gobierno de Damasco: Washington reconoce no tener limitaciones para el uso de la fuerza, y que la soberanía de los países no le provoca inhibiciones». Y añade que en Washington «la coerción ha suplantado las reglas de la ley».
Los ejemplos que anota el economista son conocidos para cualquiera que lea lo que ocurre en el cercano Oriente con cierta asiduidad. La invención del ahora llamado Estado Islámico (EI) es obra de Estados Unidos, que armó a grupos extremistas islámicos para combatir contra el gobierno de Bachar al Assad y ahora, según su interpretación, se le dieron vuelta. A esta altura de Obama en el Salón Oval, es difícil creer que se trata de errores en continuado como los que habrían cometido en su momento sus antecesores cuando apoyaron a los talibanes contra los soviéticos en Afganistán y luego tuvieron que elevar el cuco de Al Qaeda a la categoría del mayor mal para la civilización occidental.
Ese es el mismo lugar que ahora ocupan los yihadistas de Siria e Irak, en una jugada geopolítica que convierte en accesible a una región hasta no hace tanto vedada a las aspiraciones intervencionistas del Pentágono por la fuerte resistencia de Vladimir Putin a abandonar a su socio estratégico. Pero que ahora encontró la excusa ideal en las brutalidades que los extremistas muestran en los medios. Pero hay al menos tres preguntas por hacerse: ¿antes no eran tan brutales?, ¿no será que fueron entrenados para serlo?, ¿quién puede constatar fehacientemente qué tan inhumanos son?
Cierto, hace unos días se reveló un video que exhibe de un modo especialmente horroroso la decapitación del periodista estadounidense James Foley. El gobierno de Al Assad salió a decir que Foley, que desde 2012 estaba en manos de los grupos islámicos que combatían inicialmente en su contra, había sido asesinado el año pasado. El periodista era un free lance, o sea que trabajaba por las suyas, aunque antes de ese menester había colaborado con organizaciones no gubernamentales, entre ellas Teach For América y la conocida USAID. Pero también había colaborado con publicaciones militares.
Foley podría haber proporcionado al resto del mundo información de primera mano sobre lo que ocurría en ese andurrial del mundo que ahora preocupa a los líderes de Europa y de Estados Unidos. Su muerte podría interpretarse entonces como una pérdida para tener buena información, que es lo que no abunda en ninguna de las nuevas guerras imperiales. ¿Por qué creer a los informes oficiales, que hasta no hace tanto hablaban loas de los «luchadores por la libertad» que peleaban por la democracia conculcada por Al Assad y que repentinamente se convirtieron en la encarnación del diablo?
En estas semanas, el pueblo de Ferguson se levantó contra un caso de gatillo fácil racial de un policía blanco en contra de un chico de 18 años, Michael Brown. Luego de medio siglo de aplicación de las leyes antidiscriminatorias y de la elección del primer presidente de origen afro en Estados Unidos, no es mucho lo que se avanzó en ese tan sensible tema. De hecho, en los años ’60 Ferguson, un suburbio de Saint Louis, Missouri, tenía más de un 70% de población negra. Pero ante el cambio de paradigma, hubo emigraciones masivas para no compartir los mismos colegios y establecimientos sanitarios. Ahora la proporción se invirtió con el agregado de que ese casi 70% de negros debe convivir con policías que en abrumadora mayoría son blancos.
Los negros en ese país pueblan las cárceles y resultan víctimas de más procesos judiciales que cualquier blanco. Además, tienen menores oportunidades de trabajo y cuando lo consiguen suelen ganar menos. Los latinoamericanos se están convirtiendo en la minoría étnica más populosa y padecen muchos de esos mismos problemas o más aún. Pero además, suelen ser inmigrantes ilegales, con lo cual sus padecimientos se incrementan.
El ya mencionado Roberts aporta datos espeluznantes sobre el funcionamiento de la justicia estadounidense. Sólo el 4% de los casos de delitos llegan a juicio, señala el economista. La razón es que el 96% de los imputados prefiere negociar un arreglo con la fiscalía para no llegar al estrado judicial. Lo que los convierte en los culpables adecuados cuando su único delito es la portación de piel. «Una vez que se le provee de un abogado, el acusado aprende que su letrado no tiene la menor intención de defenderlo ante un jury. El abogado sabe que las chances de que el tribunal lo encuentre inocente van de escasas a nulas. Y los fiscales, con el consentimiento de los jueces, inducen a los testigos a dar falso testimonio, tienen permitido pagar con dinero y dejar caer pruebas contra los reales criminales y extravían evidencia favorable al acusado.» ¿Las razones? Hay una burocracia judicial que necesita funcionar con rapidez y mostrar una eficiencia que tranquilice a la población. La solución fiscal apura resultados –más allá de la verdad verdadera– y al fin del día cada delito encuentra un culpable. Por otro lado, los fiscales, que son cargos electivos, pueden ostentar records que a la hora de los votos, «garpan».
La maquinaria legal tiene otra pata no menos siniestra: las cárceles privadas, que necesitan estar llenas para ser rentables. Como será de brutal ese sistema penal-judicial-empresarial que en febrero de 2009 dos jueces de Pensilvania, Mark A. Ciavarella Jr. y Michael T. Conahan, fueron encontrados culpables de haber recibido 2,6 millones de dólares en sobornos para enviar a prisión casi 5000 niños que, en la mayoría de los casos, reveló entonces la periodista Amy Goodman, nunca habían tenido acceso a un abogado. «El caso ofrece una mirada extraordinaria a la vergonzosa industria de las cárceles privadas que está floreciendo en Estados Unidos», escribió entonces Goodman, conductora del programa Democracy now!
David Stockman, otro ex miembro del gabinete Reagan, trajo a colación días pasados en su sitio Contracorner que «hace exactamente un año, Obama propuso darle una paliza a Al Assad porque supuestamente había desencadenado un feroz ataque químico sobre sus propios ciudadanos». Ahora, señala el ex director de la Oficina de Presupuesto de los republicanos, «la Casa Blanca está amenazando nuevamente con bombardear Siria, pero esta vez el objetivo de «cambio de régimen» se amplió e incluye «a ambos lados», esto es, al gobierno y a los yihadistas. Días pares uno, días impares otro, ironiza.
La maquinaria del horror necesita alimentarse de sangre. Y así como las camas de una prisión deben estar ocupadas para hacer rentable al negocio, la industria de la guerra no puede detenerse para que Estados Unidos no caiga en la recesión.
Ese es el país excepcional con el que Obama intenta justificar las intervenciones bélicas y las acciones judiciales. Y esas son las instituciones por las que en la Argentina muchos dirigentes y medios de comunicación suspiran embelesados.
Tiempo Argentino, 29 de Agosto de 2014
por Alberto López Girondo | Ago 15, 2014 | Sin categoría
El suburbio de Saint Louis, de población mayoritariamente negra pero con una policía mayoritariamente blanca, se levantó por el asesinato de un chico de 18 años a manos de un agente policial.
“La nuestra es una nación de leyes: tanto para los ciudadanos que viven bajo ellas como para los ciudadanos que las hacen cumplir, (por eso digo) a la comunidad de Ferguson que está haciendo daño y buscando respuestas, que debemos procurar un entendimiento en lugar de simplemente gritar el uno contra el otro. Debemos curar en lugar de herir a los otros».
Parece la homilía de algún obispo compungido por el levantamiento de la población negra de ese pequeño suburbio de Saint Louis, Missouri, Estados Unidos. Pero no, es una de las primeras frases que pronunció el presidente Barack Obama cuando interrumpió brevemente sus vacaciones en la isla de Martha’s Vineyard, en Massachusetts. Suspendidas en parte para dar algún tipo de respuesta a los incidentes generados por el asesinato de un adolescente negro a manos de un policía blanco en un caso difícil de catalogar de otra forma que no sea «gatillo fácil racial». Un descanso básicamente interrumpido también para resolver cuestiones logísticas en torno de la nueva incursión aérea estadounidense en Irak, pero que necesariamente debió enfocarse en ese espinoso tema.
«Nunca se puede excusar la violencia contra la policía o los que se ocultan tras esta tragedia para vandalizar o robar», abundó Obama. El centro de las quejas radica en que, siendo el primer presidente afroamericano en ocupar la Casa Blanca, poco hizo por limar las diferencias que permanecen en la sociedad entre los WASP (blanco americano sajón protestante, como se autodenomina la mayoría dirigente del país) y los afrodescendientes.
En tren de aquietar las aguas luego de varios días de protestas, saqueos y detenciones masivas, el gobierno federal decidió enviar al fiscal general, Eric Holder, también el primer afroamericano en ocupar un cargo semejante. El gobernador del estado de Missouri, el demócrata Jay Nixon –sin parentesco alguno con el protagonista del Watergate, el republicano Richard Nixon– pidió la intervención de la Guardia Nacional, la milicia estatal conformada por voluntarios que suele movilizarse en catástrofes naturales y también para afrontar situaciones de desorden público.
Pero hay coincidencia en organismos de derechos civiles acerca de que esto es más bien agregar combustible al incendio. Por si hiciera falta, el fósforo para acelerar el estallido viene de la mano de grupos supremacistas xenófobos de vieja data, como el Ku Klux Klan, que ya avisó que está juntando dinero para solventar los gastos que demande la defensa del policía implicado en el crimen.
Seis balazos
Ferguson es un distrito de la principal ciudad de Missouri, con un 67% de población negra y un 29% de blancos, pero cuya policía está integrada por 50 blancos y sólo tres negros. Las tensiones eran palpables y si ahora salieron a la luz fue porque el pueblo se rebeló contra al asesinato a mansalva de Michael Brown, de 18 años, cuando caminaba por una de las calles del poblado, Canfield Drive, el 9 de agosto pasado el mediodía junto con un amigo.
Según los datos más certeros, desde un patrullero el agente Darren Wilson le exigió al dúo que caminaran por la vereda y no por el pavimento. Una tontería irritativa en cualquier distrito del planeta con una mínima circulación de autos como ese. Lo que sigue es difícil de reconstruir, pero según una pericia encargada en forma particular por la madre de Brown, Lesley McSpadden, el chico recibió seis disparos, todos de frente. Dos de ellos fueron en la cabeza, de arriba hacia abajo, lo que indicaría que sea lo que fuera que hubiera ocurrido, el muchacho estaba arrodillado frente al autor de los disparos. Es decir, estaba literalmente entregado. Y para colmo, no tenía armas en su poder.
Tras las primeras manifestaciones de indignación por las calles de Ferguson, la revuelta comenzó a tomar peso en otras comunidades estadounidenses. Recién cuando habló Obama y Jay Nixon pidió la Guardia Nacional, la policía local aceptó dar el nombre del agente que había disparado. Lo hizo con una pequeña trampa: difundió al mismo tiempo un video de un local cercano donde presuntamente se demostraría que los adolescentes habían robado cigarrillos. De ser cierto, se trataría de un delito menor, pero el agente Wilson no tenía ese dato cuando interceptó a los muchachos, según atestigua un vecino que colgó en Twitter el relato de la matanza.
Al cierre de esta edición, las autoridades aún no habían difundido el resultado de la autopsia oficial al cuerpo de Brown. Y Holder –autor por otro lado de un memo que justifica constitucionalmente el asesinato selectivo de ciudadanos en cualquier parte del mundo, que se difundió a pedido de una ONG de derechos civiles tras el homicidio en Irak de un estadounidense que adhería a Al Qaeda, en 2011– dijo que comprometía al gobierno federal para realizar una investigación independiente. Enseguida los sabuesos del FBI se desplegaron sobre el terreno.
Mala imagen
El asesinato de Brown no hizo más que destapar las hondas diferencias que se mantienen entre dos poblaciones íntimamente vinculadas desde el nacimiento de la nación. Es que, como decía el actor Denzel Washington, los negros fueron el único pueblo que fue a Estados Unidos para estar peor que en sus países de origen. Fueron llevados a la fuerza para convertirse en esclavos y acrecentar así la riqueza de los WASP. Según estudios de una entidad de respeto como el Centro de Investigaciones PEW, con base en Washington, el 65% de los negros del país acusa de excesos a la policía de Ferguson, mientras que un tercio de los blancos dicen que actuó como corresponde.
Gallup, una encuestadora privada muy activa en cuestiones de imagen política, señala a su vez que entre 2012 y 2014, el 64% de los encuestados sin distinción de etnias tenían poca, muy poca o ninguna confianza en la policía, en tanto el 58% de los blancos tenían mucha o muchísima confianza en los uniformados. Un estudio previo, realizado entre 2009 y 2011, revelaba que el 61% de los negros tenían poca o ninguna confianza en la policía, mientras el 62% de los blancos tenía mucha confianza en las fuerzas de vigilancia. Lo que implica decir que desde la gestión de Obama las cosas empeoraron.
Por un lado ocurre que desde las grandes revueltas de los 60, que llevaron la firma de la Ley de Derechos Civiles dictada por Lyndon Johnson –precisamente el 2 de julio se cumplieron 50 años de ese acontecimiento– se fueron registrando cambios demográficos profundos en muchos lugares de Estados Unidos que ahora generan nuevas complicaciones, porque el racismo sigue vigente, sólo que es políticamente incorrecto mencionar ese detalle.
Ferguson es un ejemplo de estos cambios. Ubicada a unos 15 kilómetros del centro de Saint Louis, esta localidad que ahora tiene 21.000 habitantes era hasta hace medio siglo un poblado mayoritariamente blanco. Pero luego de las leyes antisegregacionistas en las escuelas, hubo un éxodo hacia otras regiones. Hacia el inicio de este siglo, los blancos dejaron de ser mayoría y desde entonces la diferencia se acrecentó hasta los niveles actuales, cuando representan un cuarto de la población total. Dice Joan Faus en un artículo del diario español El Pais que «Saint Louis es la gran urbe de EEUU que ha experimentado una mayor pérdida de población desde 1950, del 62%». Elizabeth Kneebone, de la Brookings Institution, agregó a la agencia alemana DPA que el desempleo en Ferguson pasó de menos del 5% en 2000 a más del 13% en 2012 y que además, uno de cada cuatro habitentes vive por debajo de la línea de pobreza. En este contexto de una isla de dirigencia blanca en un mar de población negra, no extraña que según datos oficiales del fiscal general de Missouri, Bob McCulloch, la policía de Ferguson haya arrestado casi dos veces más a conductores negros que a blancos en iguales circunstancias.
Principales víctimas
«Más afroestadounidenses y latinos que estadounidenses blancos creen que la policía detiene sin causa, emplea fuerza excesiva y comete abusos verbales», corroboró a la agencia The Associated Press Ronald Weitzer, sociólogo especialista en cuestiones raciales. Los ejemplos que recuerda el periodista Jesse Holland en ese despacho de la agencia son ilustrativos: en 1992 cuatro agentes de Los Angeles fueron absueltos tras el juicio por una terrible golpiza a Rodney King que desató los más graves incidentes raciales en décadas. En 1967 hubo un caso similar con una paliza al taxista John Smith en Newark, Nueva Jersey. Seis uniformados fueron absueltos en Miami en 1980 a pesar de haberse comprobado que mataron a palos al motociclista negro Arthur McDuffie. La muerte en Cincinnati en 2001 de Timothy Thomas, de 19 años, también quedó impune.
«Nos encaminamos hacia un período de creciente protesta social», pronostica Lawrence Hamm, presidente de la Organización para el Progreso del Pueblo (POP, por sus siglas en inglés), con sede en Newark, que nuclea aproximadamente a 10.000 miembros en todo el país. Entrevistado por el periodista Chris Hedges para el sitio Truthdig (algo así como «extraer la verdad»), Hamm, que viene de aquellas luchas de hace 50 años y por lo tanto lo ha visto todo o poco menos, es muy claro sobre lo que ocurre. «El péndulo se balanceó demasiado hacia la derecha después del 11 de setiembre de 2001. El miedo y la parálisis se apoderaron del país y crearon nuestro Estado policial autoritario. Estamos superando ese miedo, la rebelión de Ferguson no fue planeada, fue espontánea. La gente dijo “basta” y estalló de la única forma que sabía. Vamos a tener otras rebeliones pero con los cambios demográficos serán en lugares donde previamente hubo incidentes».
Pero Hamm dice más. El hombre, protagonista de mil batallas, señala que «la policía es el instrumento de control social primario», pero que tras las rebeliones de los 60, Nixon –el presidente que debió renunciar en 1974– se dio cuenta de que no resultaría suficiente y comenzó entonces a responder con la Guardia Nacional y la policía estatal e incluso con las Fuerzas Armadas. Recuerda Hamm que en 1967 Richard Nixon envió a la 82ª División Aerotransportada para controlar un levantamiento en Detroit y que en 1999 tropas SWAT con pertrecho bélico de última generación intervinieron para sofocar protestas en Orange, Nueva Jersey. La manifestación, de la que participó el activista de los derechos civiles, se produjo contra la muerte en una sesión de tortura de Earl Faison. Hamm cuenta que los reprimieron «y éramos los manifestantes no violentos. Los verdaderos criminales –quienes mataron Faison– estaban dentro de las filas de la policía».
Silencio presidencial
En 2009, Obama se había corrido del protocolo de la Casa Blanca cuando afirmó que la policía había actuado «estúpidamente» al arrestar a Henry Louis Gates, un profesor negro de la Universidad de Harvard, en su propia casa al confundirlo con un ladrón. Esa vez el incidente terminó con un par de cervezas entre los protagonistas con el presidente.
En febrero de 2012 otro joven negro, Trayvon Martin, fue asesinado por George Zimmerman, quien vigilaba un suburbio de Orlando, en Florida, tras una serie de robos, lo que provocó protestas en toda Florida. En ese momento Obama declaró que se sentía muy ligado con el caso porque el muchacho le hacía acordar a él mismo 35 años antes.
Pero no abrió la boca en julio pasado, cuando George Zimmerman fue declarado «no culpable» porque un jurado determinó que había actuado en defensa propia ante un ataque –no probado– de Trayvon Martin. Salió libre tres días después del homicidio de Michael Brown.
Revista Acción, 15 de Agosto de 2014
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