El gobierno de Cuba denunció una maniobra de Estados Unidos en la ONU para justificar el bloqueo cuando se avecinaba una nueva votación -que siguiendo la tradición de las últimas sesiones, será casi unánime- de la Asamblea en contra de esa medida tomada en 1962 y que afecta a la economía de la isla.
Este miércoles, como sucede desde 1991, se iba a realizar la votación sobre el reclamo cubano, que en los últimos años había llevado a 191 apoyos a la posición de La Habana y solo dos en contra, el del propio EEUU y el de Israel.
Solo hubo un cambio den 2015, luego de que el entonces presidente Barack Obama reanudó relaciones con el gobierno de la Revolución. En esa ocasión, tanto EE.UU. como Israel se abstuvieron, pero los votos favorables a Cuba permanecieron incólumes: todo el resto del mundo, nada menos, se opone al bloqueo económico, financiero y comercial que en casi 60 años provocó daños estimados en 933.678 millones de dólares en el intento de sofocar la experiencia socialista.
Los perjuicios causados son más sensibles en los sectores de mayor impacto social, como la alimentación, salud, educación, derecho al desarrollo, y daños en el comercio exterior y las finanzas, según los informes oficiales.
Desde que asumió Donald Trump, recrudeció una política que Obama había reconocido como equivocada y el nuevo mandatario echó para atrás muchas de las medidas de alivio y de recuperación del relaciones encaradas por la gestión del demócrata. Por eso en 2016 se repitió el esquema en la ONU: 191 votos contra el bloqueo y dos a favor de Washington.
Ante el nuevo escenario, hace unas semanas la embajadora de EEUU en ese organismo, Nikky Halley, presentó su renuncia alegando cansancio tras cuatro años como gobernadora de Dakota del Sur y dos como representante diplomática.
Pero curiosamente también argumentó que había que saber «cuándo dar un paso al costado». El traslado de la embajada estadounidense en Israel a Jerusalén y el bloqueo a Cuba son dos cuestiones controvertidas que Halley tuvo que defender a capa y espada.
Ahora, cuando todavía Trump no designó al reemplazante, la representación estadounidense se dio empuje para presentar, en consonancia con el endurecimiento de las relaciones, una serie de ocho enmiendas al documento presentado por la delegación cubana.Esto implica aque deberán votarse primero esas enmiendas y luego la demanda cubana.
Para el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, se trata de «crear un pretexto para endurecer el bloqueo y tratar de presentar la ilusión de que hay apoyo internacional a esa política. EEUU busca disturbar, consumir tiempo, crear confusión y dificultar la adopción de la resolución que pide el fin del bloqueo contra Cuba», declaró a la prensa.
En un tuit, el nuevo presidente cubano, Miguel Díaz Canel, escribió que la Casa Blanca intenta «manipular a la opinión pública, a los Estados y debilitar el apoyo de la comunidad internacional a la Resolución contra el bloqueo».
«El año pasado, revertimos la política de Obama sobre Cuba en la ONU, que no defendía a Estados Unidos cuando Cuba nos condena», se justificó ante la agencia AFP un diplomático estadounidense que pidió mantener el anonimato. «Este año, damos un paso más, usando enmiendas para ilustrar por qué nuestra posición contra la dictadura cubana aún existe», agregó.
Para tener en cuenta de qué vienen esas enmiendas que propone el gobierno de Trump, una de ellas habla de poner fin a las restricciones a la libertad de prensa, otra señala que La Habana viola las metas de desarrollo sostenible de la ONU por la «ausencia de mujeres en los órganos de tomas de decisiones más altos». También señala la falta de independencia judicial y la prohibición del derecho a huelga.
A días de la elección de médio término, crucial para que Trump pueda mantener el control de ambas cámaras legislativas, esta chicana parece un intento por seducir a los grupos anticubanos que todavía pululan en Miami y a los votantes más extremistas.
Hace diez años estallaba con toda su virulencia la crisis financiera mundial más grande desde 1929. No fue una sorpresa. Porque desde hacía más de un año las señales de la caída eran cada día más visibles, pero como suele ocurrir en estos casos, los responsables de administrar la economía de las principales potencias prefirieron mirar para otro lado y rezar.
Sin embargo, en medio del incendio, el domingo 7 de setiembre de 2008 el gobierno de Estados Unidos, por entonces bajo la administración George W. Bush, tomó el control de dos gigantes del mercado hipotecario en bancarrota, los popularmente conocidos como Fannie Mae y Freddie Mac. La tradición decía que eran “demasiado grandes para caer” y sin embargo, se desmoronaron como castillos de naipes.
Una semana más tarde, se declaraba en quiebra el banco de inversión Lehman Brothers. No era tan grande, pero luego de meses de indicadores de que “todo lo sólido se estaba desvaneciendo en el aire”, fue el dato que faltaba para que los gobiernos de Europa y de Estados Unidos terminaran por reconocer que estaban en medio de una tormenta de imprevisibles consecuencias. Una tormenta, como todas las que ocurren en la economía capitalista, que fue autoinfringida por los mismos responsables de haberla previsto.
Las culpas por esta situación vienen de épocas anteriores y hay coincidencia en que la desregulación de los mecanismos financieros que se extendió como reguero de pólvora en los 90 generó negocios muy lucrativos para pequeños grupos de aventureros que al principio parecieron exitosos colocadores de deuda y por lo tanto incluso fueron premiados desde las instituciones para las que trabajaban.
Todo eso en el marco de una baja sustancial de las tasas bancarias promovidas desde el Tesoro de EEUU, por entonces en manos de alguien al que se consideraba un genio, Ben Bernanke, y que por poco resulta ser el culpable de todo, aunque para cuando estalló la burbuja que le atribuyen haber contribuido a inflar, ya se había retirado.
Así fue que términos poco convencionales como burbuja, titulización, hipoteca subprime, bonos basura o tóxicos formaron parte por unos dramáticos meses de las primeras planas de todos los medios de comunicación.
Un economista español con exquisito sentido del humor graficó entonces cómo se había originado esa situación, en la que España, aunque no lo parecía, tenía mucho que ver. Para Leopoldo Abadía, que ahora tiene 84 años y lleva casi un cuarto de siglo retirado de la docencia, se trató de una “crisis ninja”.
Esto es: hubo clientes de bancos que confiaron su dinero a instituciones que, sin que ellos lo supieran, lo habían colocado en hipotecas a clientes sin ingresos, sin trabajo fijo y sin bienes (No Income, No Jobs, No Assets). Cuando del otro lado del Atlántico todo se fue por los aires y el que no tenía empleo dejó de pagar, la cadena se cortó dejando a los pequeños inversores con las partes al aire y mirando al oeste.
Los primeros síntomas de la crisis comenzaron a sentirse a fines del 2006, cuando algunos gurúes advirtieron que había riesgo de impagos creciente en las hipotecas en Estados Unidos. Por entonces no era fácil determinar qué deudas eran cobrables y cuáles habían pasado a la categoría de irrecuperables o tóxicas.
Para agosto de 2007 los bancos centrales decidieron intervenir para que no se cortara el flujo de créditos y se frenara la actividad económica. A principios del 2008, en febrero, el Banco de Inglaterra nacionalizó el Northern Rock y en marzo la Reserva Federal acudió al rescate del banco de inversión Bear Stearns, finalmente absorbido por el JP Morgan a precio de ganga.
A fines de setiembre era evidente que Bush hijo iba a hacer algo para que no le explotaran los bancos semioficiales y durante un nervioso fin de semana –que hizo recordar a lo que ocurrió en estos días en Argentina- terminó con un salvataje multimillonario para dos joyas de la corona, una de ellas nacida en tiempos de la crisis del 30 y la otra en los 70.
Fannie Mae es como la creatividad popular bautizó al Federal National Mortgage Association (FNMA) (Asociación Federal Nacional Hipotecaria), creado en 1938 por la administración de Franklin Roosevelt dentro del New Deal para reactivar la economía a través de la construcción de viviendas mediante créditos oficiales blandos.
El nombre Freddie Mac obedece a los mismos parámetros que su hermana mayor. Nacido en 1970, el Federal Home Loan Mortgage Corporation, (Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios), tenía como objetivo expandir el mercado secundario de hipotecas.
La intervención en Fannie Mae y Freddie Mac aceleró la caída del Lehman Brothers, una semana más tarde. Fundado en Alabama en 1850 por dos hermanos, como su nombre lo indica, había acumulado una deuda de 613 mil millones de dólares y a esta atura ya no había nadie dispuesto a comprarlo. Como dijo Abadía en el video, ninguno sabía cuánta «basura» tenían nadie y era mejor no quemarse con leche. El Lehman fue desguazado entre varios bancos y de lo que quedó a ser distribuido entre sus acreedores, solo pudieron salvar 65 mil millones. La décima parte.
Bush puso para salvar a los bancos unos 700 mil millones de dólares. Fue muy cuestionado por los demócratas tanto por no haber previsto la crisis como por haber acudido en su rescate con fondos públicos. Sobre ese eje hizo su campaña Barack Obama, quien ganó la elección de noviembre de 2008. Pero Obama terminaría acusado por Donald Trump, ocho años después, de haber sido personero de Wall Street, al igual que la candidata a sucederlo.
No es claro cuánto dinero puso la Unión Europea para salvar a los bancos del continente y tal vez sea la misma cantidad. En el caso de España, el número ronda los 60 mil millones y hace un año reconoció que no pudo recuperar el 75% de esa cifra. Al mismo tiempo perdieron sus viviendas como consecuencia de esa crisis y quedaron literalmente en la calle cerca de 180 mil personas. Para ellos no hubo rescate que valga y además, por las medievales leyes de ese país, siguen endeudados a pesar de haber perdido sus viviendas.
El juez Leonard P. Stark puede ser el émulo del recordado Thomas Griesa en su ofensiva contra gobiernos populares de América Latina. Y mientras el fallecido magistrado del distrito de Nueva York tuvo un rol determinante en sostener los argumentos de los fondos buitres contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Stark, un juez de Delaware que pasó por el bufete de abogados más poderoso de Wall Street, ahora tiene contra las cuerdas al principal activo de PDVSA, la petrolera venezolana, como es CITGO, con tres refinerías, 48 terminales de almacenamiento y más de 6000 estaciones de servicio en territorio estadounidense. Y todo, aunque suene a ironía, por una mina de oro, Las Cristinas, la mayor de Venezuela.
CITGO tiene más de 100 años de historia. Creada por un empresario de Oklahoma en 1910, pasó de manos varias veces hasta que en 1990 fue adquirida por PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela. Hoy día refina 749.000 barriles por día y tiene 9 ductos entre Texas y Maine. Es en la práctica, y todavía, el principal ingreso en moneda dura del país caribeño proveniente directamente de Estados Unidos.
Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999, Venezuela se convirtió en una piedra en el zapato para el Departamento de Estado, que en 2002, durante la administración de George W. Bush, intentó derrocar al presidente constitucional y desde 2015, con Barack Obama en la Casa Blanca, impuso sanciones al país por considerarlo “una amenaza” para los Estados Unidos. Esas sanciones fueron acrecentadas con Donald Trump y ahora desde Washington no tienen tapujo en proponer lisa y llanamente una invasión para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Las dificultades económicas por las que atraviesa el gobernó bolivariano tras la muerte de Chávez, por la caída del precio del petróleo a niveles que no se conocían desde hace 30 años y por las sanciones de Estados Unidos, mantienen al país en situación muy comprometida y en hiperinflación. En ese contexto, en 2016 el 49,9% de las acciones de CITGO fueron cedidas a la rusa Rosneft como garantía de un préstamo de 1500 millones de dólares. El resto está en manos de tenedores de bonos 2020 de la petrolera venezolana.
Este combo preocupó a legisladores y al gobierno de EE UU, ya que eventualmente una compañía rusa podría quedarse con el procesamiento y la distribución de combustible en gran parte del país, con la posibilidad además de crecer.
En febrero pasado, incluso, inversores estadounidenses se habían lanzado a la caza del porcentaje de la empresa rusa, sabedores de que con el “America First” y el embate de medios y organismos de ese país contra Donald Trump, el gobierno podría endurecer las medidas de nacionalismo explícito que podrían complicar los negocios de Rosneft, con tal de demostrar que no es verdad su amistad con Rusia.
A fines de julio, la Casa Blanca emitió una excepción a las sanciones que afectan puntualmente a PDVSA, lo que habilitó a que tenedores de bonos puedan cobrar deudas en caso de un default de Venezuela. La apuesta de los ávidos inversores es que el país bolivariano no pueda pagar cerca de mil millones de dólares que vencen en octubre del bono PDVSA 2020 y de ese modo, tras el permiso de Trump, estén en condiciones de llevarse algún activo. Así podrían hacerse de la mitad de CITGO.
O sea, las sanciones siguen vigentes, salvo en esa parte que impide bloquear al enemigo declarado, que es el gobierno de Maduro, que ya no podrá excusarse en esas medidas para demorar cualquier pago o hasta negociar en mejores condiciones llegado el caso.
Pero acá es donde interviene Stark en el el tema Las Cristinas. En 2011 el gobierno de Hugo Chávez expropió la mina, ubicada en el estado de Bolívar. Se trata de uno de los yacimientos más grandes del mundo de oro, que inicialmente iba a explotar la canadiense Crystallex International. Al año cancelación del contrato, el gobierno firmó un acuerdo de explotación conjunta con la china Citic Group, también estatal.
Los canadienses no se quedaron de brazos cruzados y demandaron a Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y en los tribunales estadounidenses por unos 1400 millones de dólares. El Ciadi determinó en 2013 que no se había violado el Tratado Bilateral de Inversión (TBI) entre Venezuela y Canadá. Y argumentó que no hubo expropiación del yacimiento minero, sino que se trató de una rescisión de contrato. Aunque de todas maneras eso implicaba un resarcimiento.
En diciembre pasado se había anunciado un principio de acuerdo por unos 1000 millones, pero en marzo la justicia de EEUU ordenó indemnizar por 1400 millones a Crystallex.
Ahora el juez Stark, de la Corte del Distrito de Wilmington, en el estado de Delaware –uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo- autorizó a confiscar acciones de CITGO por valor equivalente al reclamo de la minera. La línea argumental de Stark, un juez de 49 años que ni bien se doctoró en Oxford trabajó para el estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates, la tercera en el ranking de prestigio de la revista Forbes en EEUU, es que CITGO es “un alter ego” del gobierno.
En otra reminiscencia de Griesa. Stark ordena que antes de proceder al embargo, Crystallex y Citgo se deben reunir y negociar. Desde la sede de PDVSA, en tanto, llegó -como es de rigor- una apelación que por lo pronto demora la ejecución de la medida.
David Paravisini, coordinador de la Subcomisión de Petróleo, Gas, Energía y Agua de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), declaró ante El Universal, de Venezuela, que “es difícil afirmar la posibilidad efectiva de que ese tribunal pueda embargar a Citgo, porque existe una politización de la justicia”. El ingeniero, experto en políticas públicas energéticas y profesor universitario, indicó que en EEUU “buscan un precedente”, y aseguró que Venezuela tiene capacidad de pago tanto para responder ante la demanda como ante los vencimientos que se avecinan en octubre.
Mientras tanto, los buitres esperan algún tropiezo para lanzarse sobre la petrolera o cualquier bien relacionado con el combustible fósil, por ahora el mayor activo de Venezuela.
Lo de Alexandria Ocasio-Cortez, una joven activista de origen hispano de 28 años, fue un logro inesperado, pero también la expresión de los nuevos tiempos que se avecinan para el Partido Demócrata, luego del golpe que significó la derrota de Hillary Clinton y el aparato partidario más tradicional en manos de Donald Trump.
Porque Ocasio-Cortez, que hasta no hace tanto era mesera y preparaba cócteles en el bar Flats Fix, de Nueva York, planteó desde el vamos una agenda que despabiló las enmohecidas estructuras del partido en la «ciudad que nunca duerme». Entre los ejes de su campaña, por ejemplo, mantuvo como lema «Se supone que las mujeres como yo no nos presentamos a cargos públicos». Y no tuvo empacho en identificarse como integrante del partido DSA (Socialistas Democráticos de Estados Unidos) ni en prometer que luchará por abolir la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), encargada de expulsiones de extranjeros, o por extender el servicio de salud Medicare, un tímido legado de la era Obama que Trump está intentando desguazar.
Con casi nada de apoyo económico, en una sociedad donde cada voto se pelea con dólares, ganó en las primarias del Partido Demócrata del Bronx y parte de Queens al congresista Joseph Crawley, un viejo lobo de la política de 56 años, con un amplio bolsillo para hacer campaña y con 20 años en la Cámara de Representantes. «Al principio no tenía sino una bolsa de papel, algunos volantes y unos sujetapapeles, pero no paré de llamar a puertas y hablar con la gente», explicó la joven.
Pero se le animó a Crowley, al que acusó de confiarse en los abundantes fondos que recibe para postularse y el respaldo de una dirigencia partidaria demasiado cómoda en creer que «tiene a la clase trabajadora y a la gente de color de su lado sin importar qué desabridas sean sus propuestas».
Ocasio-Cortez –hija de una puertorriqueña que hace trabajos de limpieza y un hispano del Bronx– pudo abrirse camino y estudió Economía y Relaciones Internacionales en Boston, donde conoció al senador Ted Kennedy, con quien llegó a trabajar.
La crisis del 2008 –también la muerte de Kennedy y de su padre– la hizo volver a Nueva York y ocuparse de lo que fuera para ganarse la vida. Fue un buen entrenamiento para aprender lo que le faltaba por saber sobre ese sector de la población al que en ese país no suele calentar el sol.
Es así que en 2016 dio el primer paso al partido Demócrata, de la mano de Bernie Sanders, el senador de Vermont que representa el ala socialista dentro de esa agrupación política. Sanders mantuvo un discurso progresista que no le alcanzó para derrotar a la elite partidaria, representada por los Clinton, pero al menos para abrir el debate sobre la defensa de los derechos de los trabajadores y en contra de los privilegios.
Ocasio-Cortez ahora suma un lugar clave, Nueva York para la renovación partidaria y a su aliado Sanders. Para comentaristas «paleoconservadores» como Patrick Buchanan, es una amenaza de que la oposición de Trump dejará de lado a los más centristas blancos (y defensores del establishment, por cierto) para dejar el partido a hispanos, negros… y mujeres. Como Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren, otra crítica de su partido tanto como de Trump, o de Maxine Waters.
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