La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) investiga sobreprecios en la compra del software Pegasus durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Lo curioso es que el titular de la UIF, Santiago Nieto, está hurgando en una trama por la que en algún rincón de la burocracia mexicana se habría esfumado parte de los 32 millones de dólares del contrato, pero nada indica que alguien se haya dedicado a averiguar los pormenores de lo que sin dudas es un escándalo internacional por el espionaje a dirigentes políticos, trabajadores de prensa y activistas de varios países del mundo. De hecho, el mandatario francés, Emmanuel Macron, y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, habrían sido víctimas de un artilugio para vigilancia elaborado por la firma israelí NSO que viene siendo cuestionado en distintas instancias al menos desde 2017. El último gran estrépito mediático se produjo el fin de semana, cuando salió a la luz un extenso informe de las organizaciones Forbiden Stories y Amesty Internacional, que en Gran Bretaña publicó el diario The Guardian, en Francia Le Monde, en EEUU The Washington Post y en Israel el Haaretz.
FS, una ONG periodística con sede en París, y AI, basada en Londres, obtuvieron una lista de más de 50.000 números de teléfonos inteligentes. Luego de un trabajo de meses con 80 periodistas de varios medios internacionales, se centraron en un puñado en los que se detectó actividad de un malware espía. Hay que decir que la mayoría de los teléfonos invadidos eran iPhone.
El software en cuestión había sido desarrollado por NSO Group, una firma especializada en vigilancia que, consultada para que diera su versión de los hechos, asegura que solo vende Pegasus a gobiernos y con el único propósito de seguimiento y vigilancia sobre crimen organizado. Se desentendió de cualquier otra implicancia con la información detectada.
En la lista de espiados hay contactos que fueron identificados por los periodistas y que corresponden a más de 1000 personas de 50 países de cuatro continentes. Entre ellos, además de Macrón y AMLO, figuran varios miembros de la familia real árabe, al menos 65 empresarios y ejecutivos, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 dirigentes políticos y funcionarios gubernamentales, incluidos ministros del gabinete, diplomáticos y oficiales militares y de seguridad, 10 primeros ministros, tres presidentes y un rey.
Como para mostrar el tamaño de las acciones que podrían haberse cometido con Pegasus baste decir que hay una sospecha con cierto fundamento de que el celular de la pareja de Jamal Kashoggi fue atacado con ese programita antes de la desaparición del periodista saudita en la sede del consulado de Arabia Saudita en Estambul, en octubre de 2018. Y que el sospechoso de instigar el crimen del periodista disidente, el príncipe Mohamed bin Salman fue responsable de haber ordenado la compra de Pegasus para el gobierno de Ryad. También el hijo de Khashoggi, Abdullah, había sido víctima de una invasión informática.
NSO Group es un sofisticado desarrollador de tecnología de vigilancia que afirma que sus productos son para rastrear criminales y terroristas. Entre sus clientes, sostiene oficialmente, hay 560 instituciones públicas de 40 países. Jura que hay otros 55 países interesados a los que no les vende “porque tienen antecedentes de no respetar los derechos humanos”.
En informe de FS y AI indica que hay periodistas vigilados de Azerbaiyán, Arabia Saudita, Marruecos, Ruanda, Hungría, Emiratos Árabes, la India, pero también Francia y México. En este último país, que ostenta el tenebroso récord de ser uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo -hay un promedio de un trabajador de prensa asesinado por mes desde hace años- ya se había denunciado la incursión de Pegasus en 2017, cuando aún gobernaba Peña Nieto.
Aquel escándalo que reveló el The New York Times no alteró demasiado el amperímetro de los derechos humanos y la libertad de prensa. En diciembre pasado, otra investigación de la Universidad de Toronto mostraba que el programa -que había sido inicialmente creado por la empresa Circles Cloud, que fue absorbida por NSO Group en 2014- se había extendido a 25 países, entre ellos los latinoamericanos Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador.
A partir del informe de FS y AI, el escándalo creció un poco más y alteró los nervios de muchos dirigentes en el viejo continente al punto de tener que fijar algún tipo de posición. Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el hecho “es completamente inaceptable y va en contra de cualquier tipo de regla que tengamos en la Unión Europea en lo que respecta a la libertad de los medios de comunicación. La libertad de prensa es uno de los valores centrales de la Unión Europea. Es completamente inaceptable”, insistió, aunque luego diluyó un tanto la protesta con un diplomático “si este fuera el caso”.
En México, mientras tanto, la investigación se centra con contratos entre los proveedores del sistema, las empresas Balam Seguridad Privada y Grupo Tech Bull. “Se presumen actos de corrupción entre 2012 y 2018″, dijo el director de la UIF. Los contratos terminaron el 31 de diciembre de2018 y no fueron renovados por AMLO, que había asumido el 1 de diciembre.
El presidente Emmanuel Macrón está decidido a enterrar el pasado colonial de Francia y a disculpar el oscuro papel que cumplió la nación gala en su historia reciente, aunque desde una visión edulcorada de algunos de esos momentos. En una histórica visita a Kigali, dijo que reconocía “las responsabilidades” en el genocidio registrado en 1994 en Ruanda, un hecho de barbarie en el que interpretó que el Estado francés “no fue cómplice”, por más que “dejó demasiado tiempo que el silencio prevaleciera sobre el examen de la verdad”.
Recibió el agradecimiento del presidente ruandés, Paul Kagame, que tildó ese acto de “inmensa valentía” pero el titular de una organización de sobrevivientes de aquella matanza, que dejó más de 800.000 muertos, masacrados entre abril y junio de 1994, Egide Nkuranga, destacó que Macron no presentó verdaderas disculpas. “Ni siquiera pidió perdón”, lamentó Nkuranga.
“Solo aquellos que cruzaron la noche pueden perdonar, darnos el regalo de perdón”, dijo en tono vaticano el mandatario francés. Lo esencial de ese discurso en la capital ruandesa los subió luego a su cuenta de twitter.
Con este acto, Macron restableció relaciones entre ambas naciones y se comprometió a nombrar en brece un embajador. Ibuka, de la ONG Ibuka, crítico del tibio acercamiento del inquilino del Elíseo, admitió sin embargo que “ha intentado realmente explicar el genocidio y la responsabilidad de Francia. Es muy importante, demuestra que nos entiende”.
Macron se suma al pedido de perdón del papa Francisco, que en marzo de 2017 -él sí- pidió “el perdón de Dios por los pecados y faltas de la Iglesia y de sus miembros, entre ellos sacerdotes, religiosos y religiosas, que cedieron al odio y a la violencia, traicionando su misión evangélica”.Francisco pide perdón
Los que nunca asumieron las culpas por la matanza de la mayoría de la población Hutu sobre la minoría Tutsi fueron los medios de comunicación y periodistas, que exacerbaron el odio sin medir sus consecuencias. Un informe “Los medios y el genocidio”, publicado por el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de Canadá en 2007 bajo la edición de Allan Thomspon, recuerda al que fuera secretario general de la ONU, Kofi Annan, cuando señaló que “los medios de comunicación fueron usados en Ruanda para diseminar odio, para deshumanizar a la gente, y más aún, para guiar a los genocidas hacia sus víctimas”. El tenebroso papel de los medios
Una investigación realizada por historiadores franceses al mando de Vincent Duclert, demostró con evidencias eso que siempre se mencionó sobre el papel de los países europeos en esa tragedia”. “Francia tuvo responsabilidades pesadas y abrumadores”, puntualiza el dossier. “El (entonces) presidente (socialista) François Mitterrand y su entorno estaban cegados ante la deriva racista y genocida del gobierno hutu, que París apoyaba entonces”, destaca a continuación.
En marzo pasado, Macron abrió los archivos clasificados sobre la guerra de Argelia, el proceso de liberación del país árabe, colonia francesa en el norte de África desde 1830. Las matanzas y el modelo de represión centralizado del ejército francés, que no pudo impedir la independencia argelina, fue utilizado por los represores argentinos en la época de la dictadura bajo la instrucción y en algunos casos supervisión de “expertos” franceses que ya habían estado en Vietnam y habían tenido que huir en 1954 tras la derrota en Dien Bien Phu.
Una semana después de haber recibido a los nietos de Ali Boumendjel y reconocer que el líder nacionalista argelino había sido torturado y asesinado por tropas francesas durante la guerra por la independencia del país africano, el presidente Emmanuel Macron dio un paso más trascendente al anunciar la apertura de los archivos clasificados sobre ese tramo de la historia gala que aún es un baldón para la autopercepción de esa nación como un faro en defensa de las libertades y los Derechos Humanos.
Este paso, que ningún gobierno había querido dar hasta ahora desde que Charles de Gaulle reconoció la independencia de Argelia, luego de algo más de siete años de una guerra atroz, en marzo de 1962, forma parte de una estrategia diseñada por el historiador Benjamin Stora, que intenta recomponer relaciones entre Argel y París y blanquear el pasado de esa nación.
Ya en 2018, Macrón -que no es de izquierda precisamente- había reconocido la responsabilidad de Francia en la muerte de Maurice Audín, también bárbaramente torturado. Boumedjel era un abogado que encabezó las luchas por la independencia de Argelia, ocupada desde 1830, cuando el rey Luis Felipe de Orleans quiso estrenar monarquía ocupando el territorio del que se estaba retirando el imperio otomano.
“En el centro de la batalla de Argel, Boumedjel fue detenido por el ejército francés, llevado a un lugar secreto, torturado y después asesinado el 23 de marzo de 1957”, admite el Elíseo en un comunicado que desmiente la versión oficial hasta entonces, de que se había suicidado en prisión.
Es más, asumió -algo que se supo desde siempre- que la orden para eliminar al dirigente argelino había partido de Paul Aussaresses, responsable de los servicios secretos. Un ultraderechista que murió en 2013 y había inaugurado sus métodos criminales en Vietnam. En los años 60 entrenó a oficiales argentinos y brasileños en tortura y desaparición de personas.
La guerra de Argelia es una parte de la historia que los franceses preferirían ignorar, lo mismo que la de Vietnam, la nación asiática de la que debieron huir en 1954 tras la derrota en la batalla de Dien Bien Phu a manos del Ejército Popular, al mando del general Vo Nguyen Giap. No solo porque son dos hechos en los que tuvieron que arriar la bandera gala, sino porque antes de hacerlo desarrollaron verdaderas acciones genocidas.
Entre inmigrantes, hijos, nietos, Pieds-Noir (nacidos en Argelia), judíos argelinos, harkis reclutas que fueron a la guerra- y trabajadores humanitarios, uno de cada diez franceses tiene raíces argelinas. Sin ir tan lejos, el crack del seleccionado francés que ganó la Copa del Mundo de Fútbol de 1998, Zinedine Zidane, es hijo de padre argelino.
Los archivos -parcialmente liberados, por cierto- comprenden medio siglo hasta 1970. En rigor de verdad, el gobierno aprobó una nueva modalidad para acceder a los archivos que facilita la tarea de los investigadores. Pero no todo el material estará disponible. Permanecerán fuera del escrutinio público los documentos relacionados con los ensayos nucleares que se realizaron en el Sáhara argelino. La periodista y cineasta Marie-Monique Robin logró introducirse en los círculos de la extrema derecha francesa y algunos de los personajes más siniestros de la dictadura militar argentina. Así consiguió testimonios que de otra manera hubiesen quedado en secretos pliegues de la historia.
El maestro de los militares de la dictadura argentina
Uno de esos personajes, el general Paul Aussaresses, tenía colgadas algunas medallas por su participación en la II Guerra Mundial en contra de los nazis. Pero copió lo peor de sus enemigos de entonces para combatir contra los vietcong y los nacionalistas argelinos, entre 1950 y 1962. Luego, se jactó de haber entrenado a militares latinoamericanos en la “lucha antisubversiva”. Un eufemismo para perseguir, torturar y desaparecer a miles de personas en todo el continente. Sus alumnos argentinos continuaron el ejemplo a partir de 1976, y no lo ocultan en el documental, que se puede ver en youtube.
En su libro y básicamente en su filme Escuadrones de la Muerte. La escuela francesa, Robin consigue que Aussaresses -que usaba un parche en el ojo izquierdo, lo que le daba una imagen siniestra, aunque se trataba de un problema de cataratas- le dijera que aquellos años de lucha contrarrevolucionaria habían sido “muy divertidos”.
Murió plácidamente a los 95 años, sin haber sido juzgado por sus delitos de lesa humanidad. Y eso que los confesó a los cuatro vientos y hasta se dio el lujo de publicar sus memorias, en las que no ahorró ninguna de sus salvajadas. “La tortura se convierte en legítima cuando se impone la urgencia”, llegó a escribir en su libro Servicios especiales, Argelia 1955-1957, publicado en 2001.
La controvertida reforma previsional que el presidente Emmanuel Macron viene pretendiendo dictar en la Asamblea francesa desde fines del año pasado, finalmente fue impuesta entre gallos y medianoche a través de una suerte de DNU basado en el artículo 49-3 de la constitución gala, aprovechando que la sociedad y los gremios están con la guardia baja por la epidemia de coronavirus. Así y todo, en la semana hubo manifestaciones y se prevé que el plan de lucha que se estableció en diciembre pasado, y que consistió en paros en el transporte público y masivas movilizaciones, proseguiría en estos días.
El ataque contra el sistema de jubilaciones es algo así como la gran batalla en los gobiernos conservadores de todo el mundo y para introducir la modificación, resistida por los trabajadores porque aplana en la práctica los ingresos más altos, Macron apeló a la misma argucia legal que se había aplicado en 2016 para imponer la reforma laboral. En esa época era primero ministro Manuel Valls y Macron era titular de la cartera de Economía.
La iniciativa, que había generado en su momento una gran resistencia, ingresó al parlamento el sábado y el oficialismo logró superar las mociones de censura que hubiesen impedido la aprobación.
Para el premier Edouard Philippe la reforma significa una prueba de «justicia social» y afirmó que se hubiesen necesitado «ocho semanas», incluyendo los sábado y domingos, para estudiar todas las enmiendas propuestas. «Ustedes han fracturado el país», resalta en un cable de AFP la diputada socialista Valérie Rabault. A su turno, Jean-Luc Mélenchon, del partido populista Francia Insumisa, aseguró que se iba a descargar una «guerrilla popular y parlamentaria pacífica» para voltear el decreto.
En líneas generales, busca reducir los regímenes especiales de las distintas profesiones. Las primeras alarmas en contra del proyecto partieron de los trabajadores ferroviarios, porque verán recortados beneficios logrados al cabo de añares de luchas gremiales.
El factótum de la reforma había sido Jean-Paul Delevoye, un dirigente conservador de larga data, quien elaboró el proyecto que luego Macron presentó en el congreso en noviembre pasado. Pero la suerte de Delevoye y de la propuesta en general trastabilló luego de que a mediados de diciembre tuvo que renunciar luego de que se revelaran públicamente sus relaciones económicas con las empresas aseguradoras y la estatal ferroviaria, y que cobraba unos 5000 euros al mes de una firma de formación por cursos dados a personal.
Eso contradice la ley de ética publica pero el caso recién salió a la luz cuando una denuncia anónima llegó a la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida (HATVP por sus siglas en francés) el ente autárquico de la administración pública francesa para vigilar por al transparencia en los actos de gobierno y de sus integrantes.
El cambio de régimen de jubilaciones habrá de afectar en mayor o menor medida a cada uno de los ciudadanos con trabajo registrado. La normativa contempla unificar 42 diferentes regímenes en un sistema único por puntos que, además, plantea incrementar los años de aportes y la edad de retiro.
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