La dirigencia sindical francesa prepara con gusto a triunfo una enorme manifestación para este martes en una nueva jornada de huelga contra la reforma previsional del gobierno de Emmanuel Macron. Porque si bien las medidas de fuerza ya llevan una docena de jornadas y no ceden, esta vez tiene un aliciente adicional que abona la tesis de que la modificación al sistema de jubilaciones que promueve el oficialismo era un plan de negocios y no una necesidad de poner en caja las cuentas públicas. Este lunes tuvo que renunciar el artífice de ese proyecto, el asesor del gabinete Jean-Paul Delevoye, luego de que se revelaran públicamente sus relaciones económicas con las empresas aseguradoras y la estatal ferroviaria, y que cobraba unos 5000 euros al mes de una firma de formación.
Lo más escandaloso de la cuestión, si cabe, es que el buen hombre, un viejo dirigente conservador que acompañó la gestión de Jacques Chirac y fue sostén de la candidatura de Macron, argumentó que no había declarado esos conflictos de interés por un olvido. Y que en realidad dejaba al gobierno porque ya no generaba confianza como para continuar hasta el final con la reforma.
Más allá de la desmemoria selectiva de Delevoye, el caso salió a la luz cuando la asociación anticorrupción Anticor reclamó a la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida (HATVP por sus siglas en francés) el ente autárquico de la administración pública francesa para vigilar por al transparencia en los actos de gobierno y de sus integrantes. Con apenas 6 años de existencia, es la oficina encargada de la lucha contra la corrupción en la burocracia estatal de esa nación.
El requerimiento de Anticor del 10 de diciembre, basado en una denuncia anónima, reveló que Delevoye solo había anotado en su historial tres posibles conflictos de intereses, pero tenía 13. Un olvido colosal ya que entre esos cargos figuraban sus remuneraciones como presidente de un instituto de investigaciones sobre educación, Parallaxe que le otorgaba un jugoso ingreso extra al que cobraba como Alto Comisionado para las Pensiones, el puesto con rango ministerial que le había dado Macron ni bien llegó al Elíseo.
A pesar de que sus acciones están estrictamente reguladas por las normas administrativas del estado francés, el resto de los ministros salió a defenderlo diciendo que había actuado de buena fe.
La oficina de prensa de Macron se limitó a indicar que había aceptado la renuncia de Delevoye y que le está buscando un reemplazante en forma urgente. “El presidente elogia su compromiso personal y su trabajo en la reforma pensional. Su renuncia permite aclarar la situación», dijo el comunicado.
La huelga contra la reforma previsional paralizó a Francia a principios de mes por la adhesión masiva de los trabajadores del transporte (ver acá). De hecho, hace 12 días que viajar en París se ha convertido en un caos. Las quejas de los usuarios se dirigen a las autoridades y no, como podrían considerar algunos medios hegemónicos, a los trabajadores.
Es que el cambio de régimen de jubilaciones habrá de afectar en mayor o menor medida a cada uno de los ciudadanos con trabajo registrado. La normativa, que aún no llegó a tratamiento parlamentario, contempla unificar 42 diferentes regímenes en un sistema único por puntos que, además, plantea incrementar los años de aportes y la edad de retiro.
Los paros habían producido este lunes más de 600 kilómetros de embotellamiento en los accesos a la capital gala. A la huelga ferroviaria se sumaron bloqueos producidos por los camioneros.
Delevoye, en tanto, señaló en una carta publica que tenía que irse porque “la confianza se debilita bajo los ataques violentos y las acusaciones falsas” destinadas, según su particular interpretación, a “socavar un proyecto esencial para Francia”. Y añadió que su única culpa había sido “la ligereza” en su declaración ante la oficina anticorrupción francesa.
La semana pasada, cuando el caso comenzaba a crecer en la opinión publica, Delevoye le había dicho a Liberation, el diario fundado por Jean Paul Sartre en 1973, que estaba pensando en renunciar y que se sentía afectado porque es “alguien cuya reputación depende de preocuparse por la transparencia y los principio”.
Pero después de esta declaración se conocieron más “olvidos” y ya no tuvo espacio para mantenerse en el puesto sin comprometer seriamente la reforma. Que de todas maneras queda muy golpeada porque los intereses del funcionario reformista están íntimamente ligados con empresas de seguros, que serían las beneficiarias de un proyecto que a largo plazo tiende al privatizar el modelo de pensiones francés.
La CGT mantuvo la convocatoria a la huelga y manifestación de este martes.
Mientras tanto, Actazone, un proyecto de comunicción alternativo de izquierda no partidario ue produce videos para difundir noticas que no salen en los medios concentrados, llamó a un “que se vayan todos” así, en castellano.
De manera lenta pero inexorable Brasil está a las puertas un choque entre el Supremo Tribunal Federal (STF) y el presidente Jair Bolsonaro en el que Lula da Silva aparece como el empecinado disparador. La situación del líder popular, encarcelado desde abril de 2018 en Curitiba, es cada vez más incómoda para el sistema institucional brasileño. La revelación de las maniobras del exjuez Sergio Moro y los fiscales para condenarlo y sacarlo de las elecciones del año pasado generaron un tembladeral en la estructura que llevó al palacio del Planalto al excapitán del Ejército. Y si hubo dudas en algunos magistrados para aceptar el esquema procesal de Moro, luego designado ministro de Justicia, la publicación del portal The Intercept terminó por desnudar todas las sospechas.
En ese camino tortuoso por salvar la ropa ante el descrédito, la semana que pasó se sucedieron dos hechos que dan muestra de este cambio de viento. Habida cuenta de que no pudieron negar la veracidad de los mensajes en la red Telegram entre Moro y el equipo acusador comandado por el fiscal Deltan Dallagnol, primero sostuvieron que hubo un hacker que violó su privacidad y ahora son muchos los que están tratando de esquivar las consecuencias para sus propias carreras.
Dentro del STF, el juez Gilmar Mendes, que fue ungido por Fernando Henrique Cardoso pero tuvo cintura política como para no desentonar con el PT en el gobierno, es el más proclive a validar las publicaciones del portal del periodista Glenn Greenwald, una serie de filtraciones conocidas como Vaza Jato, para oponerse al Lava Jato, la investigación que dio con los huesos de Lula y de otros dirigentes políticos y empresarios en la cárcel.
La Corte ya dio muestras de cómo cambiaron los vientos en relación a la «Madre» de todas las causas anticorrupción iniciadas por Moro, y el miércoles, por seis votos contra cinco, anularon la sentencia contra Marcio de Almeida Ferreira, exgerente de la petrolera estatal Petrobras. El argumento para este cambio es que fue sentenciado mediante un vicio de procedimiento que sus abogados venían denunciando sin ser escuchados: Ferreira había sido condenado por testimonios de arrepentidos que fueron incorporados luego de que él presentara su descargo. Esto viola el principio de legítima defensa ya que no pudo responder a esos testimonios. Los abogados de Lula vienen pidiendo desde antes de su detención que se anule la sentencia en su contra porque Moro y Dallagnol hicieron lo mismo contra él.
A esto se suma toda una retahíla de maniobras que los letrados venían denunciando y que quedan en claro en los mensajes de Vaza Jato. Este jueves, los cortesanos debían debatir el caso Lula en relación con el caso Ferreira y con toda la causa Lava Jato, pero decidieron patear la decisión para noviembre.
Bolsonaro no se quedó callado y declaró este viernes que los mensajes de The Intercept no deberían ser tomados en cuenta y que, arguye, fueron obtenidos ilegalmente. «El que es criminal, es criminal. Respete la ley –le dice a Mendes–. Si siguió la ley, todo bien. Si no la siguió, está equivocado», masculló ante un grupo de periodistas al dejar el Palacio del Planalto.
Según informa Folha de São Paulo, Mendes está tratando de impulsar un pedido del STF para que la Procuraduría General de la República verifique la autenticidad del material aportado por The Intercept, un primer paso a tomarlo como válido. De este modo, toda la causa Lava Jato se caería en pedazos.
Algo de esto sospechan los fiscales, que temen por 32 sentencias que afectan a 143 de los 162 condenados. Por eso enviaron un escrito considerando que como Lula cumplió un sexto de su sentencia –que quedó en ocho años y diez meses– y tuvo buena conducta, está en condiciones de ingresar en un régimen semiabierto que le permite salir de día para realizar tareas particulares y volver a la noche a dormir en prisión.
En una carta manuscrita, el líder metalúrgico respondió que no acepta el convite, al que entiende como una trampa. «No cambio mi dignidad por mi libertad», dice. «No voy a regatear mis derechos», agrega. «Ya he demostrado que las acusaciones son falsas. Son ellos, y no yo, los que están presos de las mentiras que contaron a Brasil y al mundo».
El jueves Lula fue declarado Ciudadano de Honor por la alcaldía de París por «su compromiso para reducir la desigualdad económica y social y sacar a 30 millones de brasileños de la pobreza extrema».
El caso del exmandatario y fundador del Partido de los Trabajadores se hizo carne en dirigentes políticos y sociales de todo el planeta, que reclaman por la forma en que fue sometido a juicio. Francia, además, a través de su presidente Emmanuel Macron, tiene un enfrentamiento personal con Bolsonaro por la defensa del medio ambiente y la respuesta institucional de las actuales autoridades brasileñas ante los incendios en Amazonas.
La gira de Alberto Fernández por Europa resultó exitosa en lo formal. Recibió el espaldarazo de tres líderes de peso en los organismos internacionales: la alemana Ángela Merkel, el francés Emmanuel Macron y el español Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con el papa Francisco y con la responsable del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva. Jorge Bergoglio insistió en un discurso que enarbola desde que fue ungido obispo de Roma: «Las personas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas abrumadoras y recortes en los servicios sociales, a medida que sus Gobiernos pagan deudas contraídas insensible e insosteniblemente. De hecho, la deuda pública puede constituirse en un factor que daña y perjudica el tejido social». En forma simultánea, Fernández obtuvo un mensaje, que sus voceros difundieron como favorable, del presidente Donald Trump. Fue cuando el designado embajador en Washington, Jorge Argüello, le presentó las cartas credenciales. «Dígale al presidente Fernández que puede contar con este presidente», dijo Trump. Los más desconfiados se preguntan cuál sería el precio para que ese apoyo se traduzca en una quita o una refinanciación de la deuda con el FMI, donde EE.UU. tiene la acción de oro, y con los privados, que tienen bonos bajo el paraguas de las leyes estadounidenses, que siempre jugaron en contra de los intereses argentinos. Fue bastante claro que Trump usó el poder determinante de Washington dentro del FMI para forzar la aprobación de créditos por casi el 66% de la cartera de la entidad para beneficiar a un gobierno como el de Mauricio Macri, que fue un sólido apoyo político para el embate contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos tiene el 16% de los votos del Fondo, pero cualquier decisión de la entidad necesita el 85% de votos-cuota. El argumento de Fernández fue, desde su campaña, que los créditos a Macri se aprobaron sin respetar el estatuto del FMI, que impide entregar dinero que podría ser utilizado para la fuga de divisas, y sin pasar por el Congreso Argentino, que debe aprobar el endeudamiento externo. El fracaso de la política económica del macrismo arrastró a Macri, pero está calando en el propio FMI. Con un dejo de astucia, Christine Lagarde se había ido de Nueva York a Fránkfurt, sede del banco Central Europeo, en septiembre pasado. Ahora fue el turno de su número 2, David Lipton, el otro gran responsable de haber aprobado el acuerdo por 57.000 millones de dólares. El problema de la deuda, principal factor que preocupa al Gobierno, es un campo minado. El resultado de la negociación que llevó a cabo la provincia de Buenos Aires fue un buen test de lo que le espera al ministro de Economía, Martín Guzmán. Axel Kicillof tensó la cuerda al máximo intentando posponer un pago de 250 millones de dólares, pero finalmente –al borde de un default y luego de haber colocado 9.300 millones de pesos en letras del Tesoro provincial para solventar parte de ese pago de 15.000 millones– cumplió con el compromiso.
Camino bloqueado El caso generó críticas y brulotes desde la oposición, que repentinamente olvidó que la brutal deuda externa y los acuerdos con el FMI se hicieron durante el anterior gobierno. Kicillof argumentó que había ido hasta el final con el aval de Nación y que se encontró con una estrategia de asedio de un fondo de inversión, Fidelity, que logró bloquear un acuerdo para el que la provincia tenía un 50% de aceptación entre los acreedores, pero necesitaba del 75%. Para Kicillof, la actitud de Fidelity, un fondo al que se negó a calificar de buitre o agresivo, podría inscribirse en una movida que apunta a la negociación que Economía lleva adelante con el FMI y los bonistas de la Nación. Alberto Fernández no tuvo casi tiempo para celebrar su segundo mes al frente del Poder Ejecutivo cuando a poco de bajar del avión que lo traía de vuelta de su gira por Europa debió salir a enfrentar un clima de debate interno dentro del Frente de Todos que la oposición buscaba desde el día en que Cristina Fernández anunció la fórmula para enfrentar al macrismo. El jaleo en los días previos al 10 de febrero tuvo que ver con los dirigentes y exfuncionarios presos durante la gestión de Mauricio Macri. Para el presidente, hay presos detenidos arbitrariamente, pero esta definición causa escozor entre quienes buscan la libertad y una reivindicación, entre otros, de la dirigente jujeña Milagro Sala, del exvicepresidente Amado Boudou y del exministro de Obras Públicas Julio de Vido. Hasta la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, fustigó esa definición: «Me duele que quieran minimizar la situación de los detenidos por razones políticas. Es algo triste», dijo. Los que recibieron los ataques más furiosos fueron el canciller, Felipe Solá, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por plantear esa misma postura. Pero los palos, obviamente, no eran para ellos, y así lo entendió Fernández. «Me molesta que digan que tengo presos políticos», se quejó el mandatario en una entrevista radial. «Hay que decirles a los compañeros que no seamos tontos, que no caigamos en este debate porque quieren hacernos pelear y dividirnos. Todos saben lo que hizo la Justicia. El primero que lo sabe es Alberto Fernández». La que le dio más sustancia quizás al contenido de este debate fue la abogada Graciana Peñafort, defensora de Boudou como lo fue de Héctor Timerman, y actual directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación. Luego de señalar en un hilo de tuits que para ella se trata en todos los casos de presos políticos, argumenta que Fernández es «el único que no puede intervenir en este tema», porque si sostiene esa postura, quizás debería amnistiarlos, que es algo que ninguno de los detenidos quiere. «Quieren un juicio justo donde puedan demostrar que son inocentes», aseguró.
Revista Acción, segunda quincena de Febrero de 2019
Mientras Emmanuel Macron intentaba cambiar el foco de los medios con un homenaje a las víctimas del atentado contra el mercado de Navidad de Estrasburgo y la CGT salía las calles el viernes, el movimiento de los Chalecos Amarillos cumplió este sábado su quinta marcha (ver aparte) en una pulseada que nadie aventura cómo seguirá pero que ya puso en jaque al gobierno a 18 meses de haber llegado al Palacio del Elíseo. Un movimiento que desconcierta a los desprevenidos y que elevó a la categoría de protagonista a esa Francia periférica que fue creciendo al calor de la globalización y ahora explotó para hacerse visible. Con los chalecos reflectantes reglamentarios con que se vistieron en los primeros piquetes en las rutas para no ser atropellados por los automovilistas y ahora son un símbolo de rebeldía no solo en el país galo.
El caso es que si muchos se sorprendieron es porque no se habían detenido a ver las transformaciones sociales que se producían en esa nación en las últimas dos décadas. «No entiendo esa forma de hacer periodismo que veo, de no ir al lugar de los hechos y manejarse simplemente con un teléfono», se indigna desde el otro lado de la línea Sergio Coronado, ex diputado y ahora candidato en las euro legislativas de mayo por el partido Francia Insumisa, de Jean-LucMélenchon. Porque según este chileno-francés el proceso que iba creciendo y la indiferencia con que clases dirigentes y medios lo ignoraron presagiaba un inevitable choque de trenes.
Jean-Jacques Kourliandsky, investigador del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París y asesor del Partido Socialista en la Asamblea Nacional, de paso por Buenos Aires invitado por el Laboratorio de Políticas Públicas, agrega un dato: hubo alguien que lo previó pero solo recibió críticas en su momento.
«El geógrafo, Christophe Guilluy, predijo en La Francia Periférica, un libro de 2014, la situación de esos distritos en los alrededores de las grandes ciudades que no son ni ciudad ni campo y donde fueron a vivir millones de personas».
Consecuencia directa de la globalización, se deslocalizaron fábricas y también personas. En las grandes ciudades el costo de la vivienda se disparó y muchos miembros de esa clase media baja que podían tener un buen pasar vieron que ya no había lugar para ellos. Eran familias que perdieron el trabajo o que sus ingresos se fueron deteriorando.
«Los precios no paran de subir y los salarios están congelados -dice el argentino Fernando Mordi Guerrieri, docente e investigador de la Universidad de Tours- con lo que la capacidad de ahorro disminuye paulatinamente. Eso generó mucho descontento». Ese malestar fue creciendo a medida que Macron y la élite que llegó con él al gobierno se fue mostrando como soberbia, irrespetuosa y respondió con desdén a los primeros reclamos. Lo que encontró el geógrafo es que esa clase media integrada por trabajadores y empleados asalariados, pequeños empresarios y comerciantes, al perder el ingreso se fueron pero no en lo que en Buenos Aires sería el primer cordón urbano -digamos Avellaneda o San Martín- porque al decir de Kourliandsky, esos denominados banlieues están poblados por familias de inmigrantes. «Por razones de status social esos franceses de clase media se desplazaron a 30, 40 o 50 kilómetros -a la altura de Escobar o San Vicente-a un espacio que es prácticamente un desierto»,
¿Por qué un desierto? Porque en esos sitios ya no quedan comercios de cercanía, como carnicerías o almacenes, que desaparecieron por los grandes hipermercados. Tampoco hay cines, teatros, escuelas ni transportes públicos y entre las últimas medidas de Macron figura el cierre de los tribunales locales. «Están abandonados del Estado», recalca Kourliandsky. A todo esto se suma que en este período «se apostó al transporte individual, que es el auto», acota Mordi Guerrieri.
La gota que derramó el vaso fue el anuncio de un incremento en el impuesto al combustible, con el argumento de que es para incentivar el uso de combustibles renovables. El único medio de transporte posible para ir a trabajar, llevar los chicos al colegio y salir a pasear podría llegar a insumir hasta 300 euros más al mes. Teniendo en cuenta que algunas familias necesitan dos vehículos porque hay dos personas que trabajan, que tienen salarios mínimos y que los coches que tienen son viejos y consumen más, la ecuación es letal.
De allí a juntarse mediante contactos de WhatsApp hubo un paso. Ya había broncas acumuladas con la dirigencia política que llevaron a este triunfo de Macron el año pasado por sobre la ultraderecha de Marine Le Pen. Pero el nuevo mandatario, que venía del mundo financiero, lo primero que hizo fue quitar un «impuesto solidario» a la fortunas de más de 1,3 millones de euros con la excusa de que así iban a venir inversiones y con ellas el empleo.
Para cubrir ese bache presupuestario, quitaron un subsidio de 60 euros al mes a los estudiantes y crearon un impuesto a los jubilados que cobran más de 2000 euros aduciendo que ellos no trabajan y hay muchos jóvenes que no encuentran ocupación, que es un privilegio injusto. La realidad es que ni con todos esos beneficios hubo más empleo o inversiones.
Corresponde decir que estudiantes y jubilados fueron los primeros que se sumaron a las protestas de los Chalecos Amarillos. Y que fueron bienvenidos. No así dirigentes políticos de la derecha o de la izquierda, de los que los manifestantes -que no tienen una dirigencia ni una coordinación centralizada- recelan porque si la situación es la que es, mucho tienen que ver, sostienen, las medidas que tomaron o evitaron tomar durante añares.
Macron suspendió el famoso impuesto al combustible fósil y como no logró aquietar las aguas, anunció la quita el impuesto a los jubilados y cien euros de aumento en el salario mínimo . «Pero es un subsidio a las empresas, afecta al 20% de los que cobran el mínimo y no es remunerativo, o sea que no cotiza para el retiro», puntualiza Coronado.
La CGT, la mayor central de los trabajadores francesa, había anunciado el apoyo a las manifestaciones de los Chalecos Amarillos, pero marchó para exigir un aumento de salarios en general este viernes. Un día antes.
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