Como ocurrió a fines de 2013, cuando policías de 20 provincias se levantaron contra las autoridades por reclamos salariales, el conflicto con la Policía Bonaerense potenció los debates por la sindicalización de los agentes de las fuerza de seguridad. En un artículo publicado en octubre pasado, Sabina Frederic recordaba que Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y los países de la Unión Europea cuentan con sindicatos policiales. “También Uruguay, el único en América Latina, pues Brasil solo lo reconoce a la Policía Federal. Ninguno cuenta con derecho a huelga”, resumía la actual Ministra de Seguridad de la Nación, para luego indicar que aquellas discusiones de hace casi 7 años se estrellaron contra un fallo de la Corte Suprema que denegó el derecho de agremiación de los uniformados.
La cuestión, en el mundo, sigue candente, sin embargo, al punto que diversos estudios académicos e incluso la experiencia de estos últimos meses en Estados Unidos señalan que los sindicatos policiales suelen servir más que para garantizar las negociaciones por salarios y condiciones laborales, para cubrir a agentes acusados de graves violaciones de los derechos humanos. Lo que en Argentina podría ser catalogado como “gatillo fácil”, y que en América del Norte es más bien “gatillo racial”, con las consecuencias que se vieron desde el bárbaro asesinato de George Floyd en Minnesota el 25 de mayo pasado.
Esta defensa fue particularmente fuerte cuando desde legislaturas locales se intentó algún tipo de reformas policiales para evitar nuevas matanzas.
En un hilo de tuits muy oportunos, la periodista María Clara Albisu destaca un par de estudios de la Universidad de Oxford y de la de Chicago.
Un trabajo publicado por el Newyorker revela que según una investigación de Oxford de 2018, en las 100 ciudades más grandes de EEUU los gremios habían utilizado su poder de fuego -nunca mejor utilizada la metáfora- para impedir cambios en los contratos policiales con el objetivo de amparar a colegas acusados de violencia o abusos contra los ciudadanos.
Reconocer un sindicato implica admitir que el policía pasa a ser un trabajador. La Corte argentina no aceptó esa calificación –los considera funcionarios públicos- y por eso negó el reconocimiento a asociaciones gremiales. Dicho esto, si la tarea policial es un trabajo, debe haber contratos laborales que reglamenten ese ejercicio.
Un trabajo de 2017 de Reade Levinson determinó que esos contratos son aplicados para proteger a los agentes de anomalías y actos de indisciplina. Hay casos hasta de que las autoridades políticas pueden negociar salarios a cambio de borrar malos antecedentes de los registros policiales que impedirían ascensos o directamente deberían significar la expulsión del implicado.
El caso más sugestivo sucedió en 2014 en San Antonio, Texas, cuando la alcaldesa Sheryl Sculley intentó quitar la cláusula de eliminación de quejas de mala conducta de los registros y aumentar la participación ciudadana en el proceso de calificación de los agentes.
La respuesta de la Asociación de Oficiales de Policía de ese distrito costó dinero pero lograron el objetivo de voltear la medida. Con una campaña publicitaria de un millón de dólares a página entera en los periódicos locales instalaron que las tasas de criminalidad habían aumentado porque la alcaldesa rechazó cubrir las vacantes policiales.
Hace unos días, hubo un cruce entre el líder del gremio policial de Nueva York y el alcalde Bill Di Blasio. El mandatario demócrata había cuestionado al presidente Donald Trump por amenazar con recortes presupuestarios para ciudades donde “reine la anarquía”. Esto es, donde no haya policías reprimiendo manifestaciones contra la violencia policial.
“¿Qué necesitábamos escuchar esta semana? Planes para luchar contra COVID-19 y hacer que los estadounidenses vuelvan a trabajar. ¿Qué escuchamos? Mentiras sobre la ciudad más grande del mundo y uno de los lugares más diversos de la Tierra. Porque @realDonaldTrump tiene miedo a la diversidad. Tiene miedo de la verdadera grandeza”, escribió Di Blasio en su cuenta de Twitter.
La brutal respuesta -destituyente en términos nacionales- vino de parte de la Asociación Mutual de Suboficiales Nueva York (SBA por sus siglas en inglés), una gremial creada en 1889.
“Necesitamos escuchar su RENUNCIA como alcalde de Nueva York. Estamos esperando. Solo quedan unas pocas horas para la puesta del sol. Dale un regalo a 8 millones de personas y renuncia. Arruinó la ciudad de Nueva York, salva la ciudad y dimita”, gritaron. Algo así como el “renuncie montonero Di Blasio” de Capusotto.
El sindicato más importante de Estados Unidos es la Orden Fraternal de la Policía (FOP, según sus siglas en ingles) En cifras es el gremio policial más grande del mundo, con más de 355.000 afiliados en más de 2100 regionales. “Somos la voz de quienes dedican sus vidas a proteger y servir a nuestras comunidades -dicen en su sitio web– Estamos comprometidos a mejorar las condiciones de trabajo de los agentes del orden y la seguridad de aquellos a quienes servimos a través de la educación, la legislación, la información, la participación comunitaria y la representación de los empleados”. Hace unos días el sindicato apoyó explícitamente a Donald Trump para la reelección, informó a portavoz, Jessica Cahill.
Quien piense que esos enfrentamientos con el poder político son privativos de Estados Unidos, se equivoca. Este miércoles en España el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, recibió un revés cuando la Justicia rechazó un castigo contra 9 agentes policiales que fueron a protestar, de civil, frente a la casa que ocupan el líder de Podemos y su esposa Irene Montero en Galapagar, en las afueras de Madrid. El sindicato Jupol, uno de los más activos entre el puñado de asociaciones gremiales españolas de fuerzas de seguridad, celebró la decisión judicial, en momentos en que allá también reclaman recomposición salarial.
Jupol también presentó una querella contra funcionarios de Madrid y del Estado español por “atentar contra los derechos de los trabajadores y de prevaricación, por no haber proporcionado material de protección adecuado frente al Covid-19 y haber permitido concentraciones como las del 8-M que pusieron en riesgo a los policías que debieron controlarlas”.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), a su turno, fue la fuente de información para un artículo del diario El Mundo en el que se aseguraba que el delito en Casa de Campo, un parque de la capital española, había crecido un 611% entre junio de 2019 y junio de 2020. El SUP atribuyó el crecimiento a la llegada a esa zona de los MENA. Así se llama en España a Menores Extranjeros No Acompañados. Niños y adolescentes de menos de 18 años sin la atención o cuidado de ningún adulto.
Cuando las grandes ligas de los deportes más difundidos de Estados Unidos pensaban que la maquinaria comenzaría a generar dinero nuevamente tras al parate por la pandemia (ver La huelga de deportistas en EE UU…), el racismo y la violencia policial volvieron a mostrar su peor rostro. Las imágenes de la celebración del 57 aniversario del famoso discurso de Martin Luther King en Washington y las del adolescente de 17 años que mató a dos manifestantes con un fusil de combate AR-15 probaron que lejos de haberse cumplido el sueño del pastor protestante asesinado en 1968, la xenofobia es una característica esencial de esa nación.
Poca credibilidad despertó el show montado por el Partido Republicano para la nominación al actual presidente para la reelección de noviembre en la que el mandatario se calificó, sin rubores, como el que más hizo por la comunidad afrodescendiente desde Abraham Lincoln, “el primer presidente republicano en la historia de nuestro país”. Quizás el único dato cierto de toda su alocución.
Podría decirse que el senador Tim Scott, de Carolina del Sur, hizo de partenaire de un acto en que Trump se mostró como no racista porque tiene un amigo negro. Esa comunidad, a la que espera seducir con gestos como ese, normalmente es clave para el triunfo de los demócratas. En esa misma estrategia, Trump indultó a Jon Ponder, un ex presidiario también negro que al recuperar la libertad creo una ONG para ayudar a la reinserción social de los ex detenidos.
La misma estrategia usó al conceder la nacionalidad estadounidense a personas de diversos orígenes que, dijo, “cumplieron las reglas” de ingreso legal a EEUU. La otra homenajeada fue Nikky Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, exembajadora ante la ONU y fundamentalmente, hija de inmigrantes de la India.
En las calles de todo el país, mientras tanto, el ánimo de protesta se cruzaba con al temor por el crecimiento de los grupos supremacistas violentos que, arma en mano, se toman la atribución de combatir las manifestaciones y hacer el trabajo sucio que la policía le resulta cada día más difícil.
La balacera en Kenosha, Wisconsin, que dejó a Jacob Blake quizás cuadripléjico, es el reflejo de esta realidad. En otras circunstancias, al igual de lo que ocurrió con George Floyd en mayo pasado, hechos de brutalidad policial terminaban como declaraciones cruzadas entre la versión oficial y la de las víctimas o testigos ocasionales. Pero el grito desesperado de Floyd diciendo que no podía respirar y la imagen de un policía disparando siete veces contra un hombre que estaba ingresando en su vehículo, despertaron el horror en grandes sectores de la sociedad.
Las manifestaciones que se vienen desarrollando desde el asesinato de Floyd en Minneapolis fueron al mismo tiempo revelando la participación de civiles armados en actitud amenazante contra los que reclaman bajo la consigna La vida de los negros importa (Black Lives Matter). Estos grupos, que reciben la denominación de Vigilantes Blancos (White Vigilantes, sic), son milicias que salen a patrullar en las marchas antirracistas. No se pudo determinar aún qué relación con esos grupos tiene Kyle Rittenhouse, el jovencito de 17 años oriundo de Antioch, en Illinois, que el miércoles mató a dos manifestantes e hirió a otra en una marcha en Kenosha, a 25 kilómetros de su vivienda. Pero las consignas que defendía en su página de Facebook son las mismas: Blue Lives Matter (la vida de los azules -por la policía- importa).
(Foto: AFP)
Lo interesante es que las cámaras de todos los sitios que recorrió muestran cada uno de sus movimientos antes y después de los hechos. Comenzó limpiando pintadas en las paredes de una marcha anterior y entrevistado por el Daily Caller, un portal ultraconservador que apoya y recauda fondos para la campaña de Trump, declaró que “parte de mi trabajo es ayudar a la gente. Si hay alguien herido, corro hacia el peligro, por esos tengo mi rifle, porque así puedo protegerme. Pero también tengo mi botiquín médico”.
Los videos muestran cuando dispara sobre Joseph Rosenbaum, luego contra Anthony Huber, quien había intentado reducirlo golpeándolo con su patineta. Ambos murieron. Tras herir a otro manifestante se fue tranquilamente sin que la policía hiciera nada para detenerlo. Cuando se difundieron estas escenas, recién ahí, ordenaron su captura. Pero ya había cruzado de estado.
Si algo revela la profundidad de la crisis que atraviesa EEUU, son los comentarios sobre la actitud de Rittenhouse. Hubo mucho apoyo explícito a su fervor patriótico e incluso desde las redes se desempolvaron supuestos prontuarios de las víctimas de su ataque.
Las dos caras de esa moneda está representada por los presentadores de televisión, Ticker Carlson de Fox News y Trevor Noah en el canal Comedy Central. Dijo Carlson, «¿Cuán sorprendidos estamos de que jóvenes de 17 años con rifles decidieran que tenían que mantener el orden cuando nadie más lo haría?»
“Cuando una persona va a una ciudad con armas espera disparar contra alguien. Esa es la única razón por la que la gente como él se une a estas pandillas (…) Esta no es la batalla de Yorktown, es un grupo de tipos que amenazan a la gente con armas», replicó Noah.
497 ACCIONES VIOLENTAS
realizadas por grupos de milicias armadas contra manifestaciones antirracistas este año, según el especialista Alexander Reid Ross.
SUEÑO
El viernes se cumplió el 57 aniversario del célebre discurso «Yo tengo un sueño», de Martin Luther King, en favor de los derechos de los negros. “No son manifestantes, son anarquistas, son agitadores, son alborotadores, son saqueadores», chicaneó Donald Trump.
Stephen Kevin Bannon descubrió que en estos tiempos ser políticamente incorrecto reditúa y, siendo un “paleoconservador” de los más radicalizados, no se cuida para nada de mantener las formas. Saltó a la fama internacional cuando era asesor de Donald Trump en la campaña electoral de 2016, pero tras siete meses en la Casa Blanca, el presidente lo echó. Las peleas constantes con el yerno presidencial, Jared Kushner, lo pusieron en el trance de tener que elegir. Bannon se desquitó como fuente en un libro, Fuego y furia, de Michael Wolff. Con el tiempo, la relación se fue suavizando pero ahora el primer mandatario intenta despegarse de la última hazaña de este hombre que fue tejiendo una internacional de la derecha juntando a líderes reaccionarios de todo el mundo. Steve Bannon fue detenido bajo el cargo de fraude con fondos de recaudaciones privadas para construir el muro en la frontera con México. Quedó libre tras pagar una fianza de 5 millones de dólares.
Este caso ilustra un modo de entender la política aplicando armas de la peor calaña con tal de obtener resultados. Bannon, de 66 años, es un hombre determinante en el rumbo incierto de las democracias occidentales. Consejero de Trump, su participación fue clave también para el sorpresivo resultado del referéndum que terminó en el Brexit, en 2016.
Promovió alianzas con el húngaro Viktor Orban, la francesa Marine Le Pen, el italiano Matto Salvini, armó la estrategia para el triunfo de Jair Bolsonaro y para la formación de Vox en España. En Argentina, desde una plataforma que ayudó a crear, Cambridge Analytica, logró incidir en el resultado de las elecciones de 2015 con operaciones en contra del gobierno de Cristina Fernández. El año pasado se lo vio más cerca de la diputada Cynthia Hotton y el ex carapintada Juan José Gómez Centurión.
Si Trump se atrevió a basar su campaña de hace cuatro años en un discurso xenófobo, fue por el impulso de Bannon. No es que el actual ocupante de la Casa Blanca promoviera la hospitalidad humanista, pero Bannon lo convenció de que eran tiempos de una derecha “sin vergüenza”. Mal no le fue.
La campaña se centró en la promesa de construir un muro para impedir que los mexicanos siguieran “invadiendo” Estados Unidos con sus malas costumbres. Y para peor, dijo que se los iba a hacer pagar a los mexicanos. Pero la cosa no era tan sencilla y ahí Bannon vio la oportunidad para meter baza.
Junto al veterano de Irak Brian Kolfage, al inversor Andy Badolato y al ciudadano de Castle Rock, Timothy Shea, armaron la ONG We Build the Wall (Construimos el muro), para erigir un paredón con aportes de ciudadanos decididos a impedir el ingreso de inmigrantes.
Convencieron a cientos de miles que en poco tiempo aportaron unos 25 millones de dólares. Incluso Donald Trump Junior, el mayor de los hijos presidenciales, apoyó la iniciativa alegando que se trataba de “una empresa privada en su máxima expresión”. Para que no quedaran dudas, agregó que así, será “mejor, más rápido y más barato que cualquier otra cosa”. Es decir, mejor que una construcción estatal.
Pero la tentación fue grande y también los gastos del líder ideológico de la internacional ultraderechista y sus secuaces, muchos para mantener el ritmo de vida que llevaban. Así fue que una fiscalía de Manhattan abrió investigaciones sobre el colosal desvío de fondos de WBTW. Aquí entra en juego también una pelea en el establishment estadounidense.
El presidente Trump viene presionando al correo en un intento, según la oposición, de perjudicar el voto postal en noviembre. En medio de una pandemia, el sufragio por correo puede facilitar la asistencia de simpatizantes de los demócratas.
La investigación contra Bannon fue iniciada por al Servicio de Inspección Postal, una institución anterior al FBI que investiga delitos cometidos a través del correo postal. Hace dos meses, además, el procurador de Justicia de EE UU, William Barr, destituyó a Geoffrey Berman como fiscal en Nueva Jersey. Pero la investigación prosiguió y la sucesora en el cargo, Audrey Strauss, logró una orden de arresto dictada por la jueza Analisa Torres contra Bannon y sus socios de la próspera ONG.
“Mientras aseguraban repetidamente a los donantes que Brian Kolfage, el fundador y rostro público de WBTW, no recibiría ni un centavo, los acusados planearon en secreto pasar cientos de miles de dólares a Kolfage, que utilizó para financiar su lujoso estilo de vida”, dijo Strauss. El dinero sirvió para comprar un yate, un Range Rover y pagar un generoso salario que salió del aporte destinado al muro.
El jueves, agentes del USPS allanaron frente a la costa de Westbrook, en Connecticut, un yate de 150 metros de largo, el Lady May, perteneciente al empresario chino Guo Wengui, uno de los sponsors de los levantamientos que se produjeron en Hong Kong desde fines del año pasado. Bannon pasó la noche en una celda, sus compinches fueron apresados en otros procedimientos.
El CEO que viene a la Argentina a jugar el polo
El referéndum por el Brexit fue una sorpresa para todos, y principalmente para la dirigencia británica. La sospecha sobre el origen de una colosal manipulación devino en una investigación del Comité de Cultura, Medio de Comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes, que en julio de 2018 emitió un informe lapidario: Cambridge Analytica -la firma consultora que había ayudado a crear Steve Bannon y el millonario Robert Mercer- había usado datos obtenidos ilegalmente de Facebook de millones de votantes para “convencerlos” mediante fake-news de que era mejor irse de la UE.
El informe destaca que Alexander Nix, el CEO de la compañía, admitió que habían realizado acciones similares en unas 200 elecciones de todo el mundo, incluido Brasil y EEUU y México. Sobre Argentina, dijo que habían trabajado contra el gobierno de Cristina Fernández, aunque no reveló quién había pagado los gastos. Como informó este diario ese año, Nix suele visitar Argentina, donde juega polo con los hermanos Nicolás y Lucas Talamoni.
Para el presidente Donald Trump, Tik Tok es una aplicación destinada a recopilar datos privados de ciudadanos estadounidenses que luego utilizará el Partido Comunista chino para hacer maldades inconfesadas. “Así pueden rastrear ubicaciones de empleados y contratistas federales, crear expedientes de información personal para chantaje y realizar espionaje corporativo”, sostiene una orden ejecutiva firmada por Trump este jueves en la que prohibió cualquier operación con la casa matriz y pretende obligar a que una empresa “muy estadounidense” compre la red, que según cifras del gobierno tiene más de 175 millones de descargas y creció exponencialmente durante las cuarentenas. Microsoft se anotó en el primer lugar en esta carrera. Puede ser un negocio redondo para el gigante creado por Bill Gates para quedarse con un imperio como ese a precio de ganga.
Lo curioso es que al mismo tiempo que se difundió esta nueva ofensiva de Trump contra empresas informáticas chinas, a las que como Huawei, acusa de ser plataformas para el espionaje, el Wall Street Journal, quizás lo mas alejado que podría existir de simpatías con el partido comunista, publicó este viernes un informe donde se revela que una pequeña compañía creada por dos veteranos de guerra y con varios contratos con oficinas estatales de EE UU incorporó software en más de 500 aplicaciones de celulares que le permite rastrear a millones de personas en todo el mundo. Claro que a favor de Washington y no de Beijing.
Según el WSJ, Anomaly Six -vaya nombre- se jacta de ser “capaz de extraer datos de ubicación en cualquier móvil”. Para ofrecer su maravilloso producto al público “civil”, se publicita asegurando que numerosas agencias federales ya realizaron contratos con ellos para la provisión de sus servicios.
«Anomaly Six fue fundada por veteranos de contratación de defensa que trabajaron en estrecha colaboración con agencias gubernamentales durante la mayor parte de sus carreras y crearon una empresa para atender en parte a las agencias de seguridad nacio-nal, según registros judiciales y entrevistas», dice el informe del WSJ.
“Si está cansado del ruido y la falta de calidad de sus datos. Envíenos un correo electrónico a questione-verything@anomalysix.com”, propone la firma en su página de Linkedin. “Brindamos soporte analítico para evaluaciones de la cadena de suministro, evaluación del mercado inmobiliario, análisis de patrones de senderos, análisis de lugares y deportes, evaluación de la gestión de riesgos para fusiones y adquisiciones, así como asistencia humanitaria y evaluaciones internacionales”, agrega.
“La compañía también explicó sus prácticas comerciales en una sesión informativa reciente en la oficina del senador Ron Wyden, cuyo personal luego lo describió al Journal. El demócrata de Oregon ha estado realizando una investigación sobre la venta de datos de ubicación de estadounidenses” continúa la investigación del periódico de negocios neoyorquino.
Según todas las evaluaciones de los expertos consultados, lo que hace Anomaly Six no es ilegal. Pero acarrea el riesgo de que particulares o los propios gobiernos puedan utilizar la información con fines no sometidos a escrutinio público.
Anomaly Six tiene su base en el 625 de la North Washington Street, Alexandria, Virginia. A unos 22 kilómetros de la sede central de la CIA; 50 de la NSA, la agencia denunciada por Edward Snowden por espionaje global y 140 de Quantico, la academia del FBI. Y a 15 kilómetros del edificio del Departamento de Estado de EEUU. Apenas cruzando el río Potomac. Para la administración Trump, sin embargo, el peligro es Tik Tok, la aplicación creada Zhang Yiming. Para la administración Trump, sin embargo, el peligro es Tik Tok, la aplicación creada Zhang Yiming.
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