por Alberto López Girondo | Jul 8, 2018 | Sin categoría
Para algunos malpensados, era casi un trabajo de marketing de la prensa británica para calentar motores antes de la semifinal de la Copa del Mundo que finalmente no fue por la pericia de los croatas a la hora de los penales. En una línea similar se expresa Ludwig Watzal, un analista político alemán, cuando señala que el nuevo caso de envenenamiento con el agente nervioso Novichok que denuncia el gobierno de TheresaMay sirve para ocultar que el desarrollo del certamen Rusia 2018 es un éxito organizativo que no esperaban. Wantzal incluso sostiene que a los medios alemanes el caso les viene bien para no tener que hurgar en el fiasco del equipo dirigido por Joachim Löw, que se volvió en la primera ronda. Incluso se especula en las implicancias que puede tener la cumbre de la OTAN, que se desarrollará la semana entrante en Bruselas, y el posterior encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin.
El caso es que el sábado pasado dos súbditos del Reino Unido fueron internados de urgencia en el hospital del distrito de Salisbury con un cuadro que parecía de sobredosis de droga. Recién el martes, el titular de la organización de contraterrorismo británica, Neil Basu, indicó ante las cámaras de televisión que dos personas habían sido encontradas inconscientes en una residencia de Amesbury y no descartó que seguramente habían sido expuestos al mismo tóxico que el 4 de marzo pasado había llevado al borde de la muerte al ex doble agente de inteligencia ruso Sergei Skripal y a su hija Yulia.
Ese dato alcanzó al ministro de Interior, Savid Javid, para señalar que «ha llegado el momento de que el Estado ruso dé un paso adelante y explique exactamente qué pasó». María Zajarova, vocera de la cancillería, respondió a nombre de su gobierno. «Llamamos a las fuerzas del orden británicas a no dejarse llevar por el juego político sucio iniciado por determinadas fuerzas en Londres» , dijo.
El caso tiene mucho de juego de intrigas y las pocas certezas no hacen sino profundizar las desconfianzas. Los paramédicos acudieron a un llamado de una vivienda de Muggleton Road, en Amesbury. Una mujer de 44 años, Dawn Sturgess, se había descompensado y escupía espuma por la boca. Horas después debieron volver por el anfitrión, Charlie Rowley, de 45.
Sturgess vivía en una residencia para sin techo de Salisbury, cerca de la pizzería Zizzi y según la familia, es una adicta a la heroína que se desmoronó luego de su tercer parto, perdiendo un trabajo como docente y cayendo en lo más hondo desde entonces. Las primeras informaciones sobre Rowley lo ponen en una situación parecida.
Según cuenta Sam Hobson, el amigo que llamó a las autoridades para pedir socorro estuvo con ellos el viernes a la noche. Dijo que llegaban de Salisbury, donde al parecer encontraron un frasco atractivo entre la basura.
En Salisbury vivía Serguei Skripal. El espía y su hija fueron encontrados en estado inconsciente frente a Zizzi. Salisbury, una ciudad de unos 45 mil habitantes, está a 15 kilómetros de Amesbury. A medio camino está el Laboratorio Científico y Tecnológico de Defensa de Porton Down, donde desde la Primera Guerra Mundial se estudia –y potencialmente desarrolla– todo tipo de tóxicos.
Si hay alguien en Gran Bretaña que sabe cómo se hace y qué efectos produce el Novichok son los expertos de Porton Down. Un equipo de ellos habían detectado que el envenenamiento de los Skripal fue a través de la piel en el pomo de la puerta de entrada a la casa.
¿Qué ocurrió realmente con Sturgess y Rowley? ¿Algún descuidado dejó un tarro con restos del veneno cerca de Zizzi con tan mala suerte que ellos lo encontraron? ¿Qué tan letal es el Novichok, que en marzo tenía cerca de la tumba a los Skripal pero que ya están dados de alta aunque totalmente aislados de la prensa, como para nadie haga preguntas incómodas? «
Trump en el laberinto
Miles de personas se manifestaron contra la cumbre de la OTAN que se iniciará el próximo viernes y la presencia de Donald Trump en Bruselas. El estadounidense viene fogoneando desde que llegó a la Casa Blanca la idea de que los europeos tienen que poner más dinero para sostener la organización de defensa creada durante la Guerra Fría para oponerse a la Unión Soviética y el bloque socialista. Trump tiene luego otro encuentro clave, con Vladimir Putin, el 16 de julio en Helsinki, la capital finlandesa que fue centro de encuentros de los líderes soviéticos con Ronald Reagan hace casi 40 años.
Putin viene siendo demonizado en los países occidentales desde que decidió enfrentar el avance europeo sobre países que pertenecieron a la Unión Soviética. Cualquier incidente que tense la cuerda entre la UE y Rusia sirve a los intereses de la alianza militar. Al mismo tiempo, le hace más difícil a Trump cualquier intento de acercamiento con Moscú. Bastante tiene ya con las acusaciones en su país de que recibió ayuda del Kremlin para ganar la elección de 2016.
Tiempo Argentino, 8 de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jul 8, 2018 | Sin categoría
A la 0 hora de este viernes se inició formalmente la guerra comercial que Donald Trump había anunciado contra los productos chinos. En el primer minuto del 6 de julio –hora de Washington– se puso en marcha un sistema de aranceles de hasta 25% por un total de 34 mil millones de dólares en mercadería. El gobierno de Xi Jinping informó que se sentía «obligado» a responder con medidas similares sobre productos importados de EE UU, como soja, trigo, cerdo, pistachos, automóviles y hasta botellas de Jack Daniel’s, y denunció la ofensiva estadounidense ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Rusia también se sumó al combate con tarifas suplementarias de entre 25 y 40% a productos estadounidenses, en represalia a los aranceles al acero y aluminio que adoptó la administración Trump.
La guerra tiene como fachada el impresionante déficit comercial en favor del gigante asiático (unos 373 mil millones de dólares en 2017) pero hay temas más de fondo. Entre ellos, la pelea por las nuevas tecnologías y algo más tradicional como el control de los mercados, que para EE UU están en riesgo en la medida en que China avanza en la reconstrucción de la Ruta de la Seda.
Es así que Trump le pidió expresamente a Robert Lighthizer, jefe de la Oficina del Representante de Comercio de EE UU (USTR por sus siglas en inglés, la agencia encargada de elaborar políticas de comercio internacional) que presente un listado de otros bienes importados de China para sumarles otro 10% de aranceles en el futuro cercano. El objetivo final es identificar el robo de propiedad intelectual y la copia de desarrollo tecnológico.
De hecho, en la última semana, forzó el bloqueo al ingreso de la principal proveedora de telefonía celular, China Mobile, con más de 900 millones de abonados, que venía pidiendo pista desde 2011. Semanas antes había multado a otro gigante, ZTE, fabricante de aparatos de telefonía, y al mismo tiempo prohibió que empresas de EE UU le vendieran insumos básicos, poniendo a la firma a las puertas de la quiebra. En este caso la excusa fue que ZTE vendía equipos en Corea del Norte e Irán, dos naciones sancionadas de la lista de enemigos de Estados Unidos, aunque luego hubo un acercamiento entre Trump y el líder norcoreano que cambiaría las reglas de juego.
De todas maneras, estos son los primeros escarceos en una política que pretende recomponer el comercio internacional en beneficio de Estados Unidos con la estrategia de patear el tablero. De aquí en más habrá que seguir día a día las incidencias de una situación que, mal que le pese al gobierno nacional, también habrá de incumbir a la Argentina.
Tiempo Argentino, 8 de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jul 3, 2018 | Sin categoría
El gobierno Donald Trump intensifica la guerra comercial con China y recomendó impedir el desembarco en ese mercado de la mayor proveedora del mundo de telefonía celular bajo el argumento de que puede atentar contra la seguridad nacional. No se sabe aún cuál será la respuesta de las autoridades asiáticas, que ante las primeras amenazas de imponer aranceles a los productos chinos respondieron con una proporción similar de impuesto a los importados de Estados Unidos. Pero de palabra alertaron sobre lo que consideran «un retorno a los argumentos de la Guerra Fría».
China Mobile tiene nada menos que 900 millones de usuarios, en su mayoría dentro del territorio chino, pero cuenta con filiales en Pakistán y Myanmar. Es un desprendimiento de China Telecom, que era la telefónica más grande de ese país. Fue en los años 90, en plena explosión tecnológica, que el gobierno decidió subirse el tren y abrió el juego para tres compañías que encabezarían el despegue chino en el área de comunicaciones: la celular sería China Mobile, la satelital China Satcom. La telefonía fija sigue como China Telecom.
El 70 % del mercado chino está en manos de CMCC (China Mobile Communiations Corporation), donde tiene casi medio millón de empleados y un valor bursátil que supera los 230 mil millones de dólares.
El crecimiento de CMCC fue vertiginoso desde que comenzó a rodar, en 1999, en gran medida porque apostó a cubrir el área rural, que no contaba con otros servicios telefónicos y no tardó casi nada en incorporarse a la comunicación como un emblema de progreso. Lo mismo ocurrió en el resto del planeta, pero China tiene 1300 millones de habitantes, algo más de la mitad de ellos viviendo en el campo.
El lanzamiento de la empresa le dio cauce para aprovechar ese nicho como no lo pudo hacer ninguna otra compañía. Por otro lado, recién en 2005 hubo una apertura a proveedoras de otros países, aunque siempre con la condición que estipula la ley de inversiones extranjeras de esa nación, de que deban asociarse con firmar locales.
El paquete accionario de CMCC pertenece mayoritariamente al gobierno chino aunque un porcentaje cercano al 20% está en manos de accionistas particulares. El gigante de las comunicaciones cotiza en la bolsa de Hong Kong y el pedido de autorización para ingresar al mercado estadounidense fue presentado en 2011. Desde entonces estuvo a la espera de una resolución.
Con la llegada de Trump al gobierno, fue creciendo el enfrentamiento comercial con China. Y al anuncio de aranceles a productos elaborados en el gigante asiático -con el argumento de equilibrar la balanza comercial- se sumó la denegación de permisos vender insumos esenciales a empresas ubicadas del otro lado del Pacífico por razones políticas.
Hace un mes, Washington multó a ZTE, otro enorme conglomerado industrial chino, por haber dado falsas declaraciones para ocultar ventas ilegales a Irán y Corea del Norte. El castigo consistió en una fuerte multa de 1200 millones de dólares y la prohibición de que empresas estadounidenses puedan vender piezas claves y componentes de software por 7 años. ZTE reconoció su falta y aceptó pagar la multa, pero todavía su caso está en estudio.
La última batalla de esta confrontación, que a decir verdad había dado comienzo en la era Barack Obama al demorar el permiso, es este bloqueo que con mucho gusto presidencial se acaba de dar a conocer.
David Redl, titular de Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) de la Secretaría de Comercio de EEUU, dice que hubo reuniones con directivos de CMCC para tratar de “las preocupaciones sobre riesgos mayores a los intereses del orden público y de seguridad nacional de Estados Unidos”, que no se pudieron resolver.
El paso posterior de Redl fue recomendar que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), dominada por los republicanos, deniegue la solicitud para ofrecer sus servicios en Estados Unidos.
Según la NTIA, el rechazo se basa en un profundo análisis de las actividades comerciales de la operadora telefónica y «en gran parte en el historial de actividades de inteligencia y espionaje económico de China contra Estados Unidos, así como el tamaño y los recursos técnicos y financieros de China Mobile».
El dato llamativo es que luego de siete años de estudio, llegan a la conclusión de que la empresa está «sujeta a explotación, influencia y control por el Gobierno chino», algo que podrían haber averiguado en la presentación de la firma a las bolsas. En todo caso, ese descubrimiento sirve para hablar de los»riesgos sustanciales e inaceptables a la seguridad nacional y al imperio de la ley en el ámbito actual».
Ahora resta esperar la respuesta de la FCC.
Tiempo Argentino, 3 de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jun 27, 2018 | Sin categoría
La Corte Suprema de Estados Unidos, con mayoría conservadora, le dio otro gusto a Donald Trump al emitir un fallo en que considera que los aportes gremiales obligatorios son inconstitucionales. Si bien el caso afecta directamente a los colectivos de empleados públicos, la decisión implica jurisprudencia hacia el resto de las organizaciones gremiales. El caso en realidad falla sobre el derecho de los sindicatos a cobrar una cuota a los afiliados cuando se realiza una negociación salarial.
Trump celebró la medida porque, chicaneó desde un tuit, la decisión del tribunal es «a favor de los trabajadores no sindicalizados que ahora, por ejemplo, pueden apoyar a un candidato de su elección sin que los que controlan el gremio decidan por ellos», lo que para el presidente, es una «¡Gran pérdida para la caja de los Demócratas!». Sin embargo, los más directos perjudicados son los sindicatos, que de golpe pierden, según un estudio independiente publicado por la cadena NBC News, 726.000 miembros aportantes.
Así lo indicó Randy Clover en declaraciones a The New York Times en que puntualiza que la intención de los demandantes es «destruir a los sindicatos y la protección que brindan a sus miembros». Lo destacable de Clover es que no se trata de un dirigente demócrata, sino de un líder republicano que votó a Doland Trump en la última elección.
El fallo obedece a reclamos de grupos libertarios de los que se hizo eco el gobernador de Illinois, el republicano Bruce Rauner en su propio estado. El mandatario no fue aceptado en la demanda, pero sí un trabajador público, Mark Janus, que dijo que el requisito de pagar las cuotas era violatorio de su libertad de asociación.
Los representantes sindicales, por su parte, alegan que mantener la estructura de los gremios y hacerse cargo de negociaciones con los diferentes estamentos por aumentos salariales o condiciones laborales implica una erogación de las que se harían cargo solo los afiliados, pero cuyas ventajas disfrutan eventualmente todos los involucrados. Esta ventaja es conocida en los corrillos laboralistas como el caso de los «jinetes libres», trabajadores que reciben los beneficios de un acuerdo sindical sin pagar por él.
Para el argumento «libertario», los trabajadores no sindicalizados que estén obligados a pagar, pierden su derecho de libre expresión ya que subvencionan actividades políticas del gremio con las que no necesariamente están de acuerdo. Una respuesta podría ser, bajo la misma concepción ideológica, que en ese caso no deberían recibir los mismos incrementos que sus colegas afiliados.
Esta corte es una de las más conservadoras en la historia de Estados Unidos. La muerte de Antonin Scalia, en febrero de 2016, pudo haber cambiado la balanza porque en ese momento Barack Obama era presidente y a él le tocaba proponer un reemplazante.
Su candidato era Merrick Garlan, considerado un moderado, pero -al igual que ocurrió en Argentina en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la oposición se negó a aprobar pliegos del oficialismo en el máximo tribunal- los republicanos dijeron que correspondía esperar ya que estaban en pleno año electoral. Fue así que entre las primeras medidas de Donald Trump estuvo la designación de Neil Gorsuch, de 50 años, al que catalogan de «originalista»; esto es, que interpreta la Constitución según la intención que tuvieron quienes la redactaron.
De hecho, el caso de los aportes de no sindicalizados se arrastra desde hace dos años pero el deceso de Scalia dejó el fallo 4 a 4. El desempate lo produjo Gorsuch. El fallo revoca una decisión de 1977sobre un reclamo de un particular contra la Junta de Educación de Detroit. En ese momento, el argumento fue que si bien obligar a pagar actividades políticas de un gremio es violatorio de la primera enmienda constitucional, se aceptó que es legítimo exigir a los no miembros a colaborar en el pago de los esfuerzos de negociación colectiva y eludir de ese modo a «aprovechadores» (freeloaders)y también asegurar «la paz laboral».
El dictamen final profundiza la línea de 1977, acerca de que que exigir pagos sería violatorio de la Primera Enmienda, que establece una amplia libertad de expresión, religión y de prensa. Pero le quita el otro aditamento económico y como corolario, impide que un sindicato exija pagos por sus servicios a los no afiliados. «Obliga a los trabajadores no agremiados a respaldar mensajes que podrían estar en desacuerdo con sus creencias», dice uno de los magistrados. El del juez Samual Aito, especifica que «ni el estado ni los sindicatos pueden extraer «honorarios de agencia», como se denomina al cobro por el servicio laboral a los no agremiados.
En disidencia, la jueza Elena Kagan, señaló en cambio que una posición como la establecida por este tribunal termina con «una práctica arraigada en el derecho y la economía de la Nación por más de 40 años y en consecuencia impide al pueblo estadounidense tomar decisiones importantes sobre la gestión en el lugar de trabajo. Y lo hace extremando la primera enmienda que libera a los jueces, actuales y futuros, para intervenir en la política económica y regulatoria».Analistas como Adam Liptak, en The New York Times, opinan que es una forma de bloquear fondos para la tarea gremial aunque, señala, los trabajadores sindicalizados son apenas el 6,5% de los empleados en el sector privado , mucho menos de los que representan los trabajadores estatales, que es el colectivo directamente implicado en la sentencia.. Analistas como Adam Liptak, en The New York Times, opinan que es una forma de bloquear fondos para la tarea gremial aunque, señala, los trabajadores sindicalizados son apenas el 6,5% de los empleados en el sector privado , mucho menos de los que representan los trabajadores estatales, que es el colectivo directamente implicado en la sentencia..
Tiempo Argentino, 27 de Junio de 2018
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