por Alberto López Girondo | Jul 8, 2018 | Sin categoría
A la 0 hora de este viernes se inició formalmente la guerra comercial que Donald Trump había anunciado contra los productos chinos. En el primer minuto del 6 de julio –hora de Washington– se puso en marcha un sistema de aranceles de hasta 25% por un total de 34 mil millones de dólares en mercadería. El gobierno de Xi Jinping informó que se sentía «obligado» a responder con medidas similares sobre productos importados de EE UU, como soja, trigo, cerdo, pistachos, automóviles y hasta botellas de Jack Daniel’s, y denunció la ofensiva estadounidense ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Rusia también se sumó al combate con tarifas suplementarias de entre 25 y 40% a productos estadounidenses, en represalia a los aranceles al acero y aluminio que adoptó la administración Trump.
La guerra tiene como fachada el impresionante déficit comercial en favor del gigante asiático (unos 373 mil millones de dólares en 2017) pero hay temas más de fondo. Entre ellos, la pelea por las nuevas tecnologías y algo más tradicional como el control de los mercados, que para EE UU están en riesgo en la medida en que China avanza en la reconstrucción de la Ruta de la Seda.
Es así que Trump le pidió expresamente a Robert Lighthizer, jefe de la Oficina del Representante de Comercio de EE UU (USTR por sus siglas en inglés, la agencia encargada de elaborar políticas de comercio internacional) que presente un listado de otros bienes importados de China para sumarles otro 10% de aranceles en el futuro cercano. El objetivo final es identificar el robo de propiedad intelectual y la copia de desarrollo tecnológico.
De hecho, en la última semana, forzó el bloqueo al ingreso de la principal proveedora de telefonía celular, China Mobile, con más de 900 millones de abonados, que venía pidiendo pista desde 2011. Semanas antes había multado a otro gigante, ZTE, fabricante de aparatos de telefonía, y al mismo tiempo prohibió que empresas de EE UU le vendieran insumos básicos, poniendo a la firma a las puertas de la quiebra. En este caso la excusa fue que ZTE vendía equipos en Corea del Norte e Irán, dos naciones sancionadas de la lista de enemigos de Estados Unidos, aunque luego hubo un acercamiento entre Trump y el líder norcoreano que cambiaría las reglas de juego.
De todas maneras, estos son los primeros escarceos en una política que pretende recomponer el comercio internacional en beneficio de Estados Unidos con la estrategia de patear el tablero. De aquí en más habrá que seguir día a día las incidencias de una situación que, mal que le pese al gobierno nacional, también habrá de incumbir a la Argentina.
Tiempo Argentino, 8 de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jul 3, 2018 | Sin categoría
El gobierno Donald Trump intensifica la guerra comercial con China y recomendó impedir el desembarco en ese mercado de la mayor proveedora del mundo de telefonía celular bajo el argumento de que puede atentar contra la seguridad nacional. No se sabe aún cuál será la respuesta de las autoridades asiáticas, que ante las primeras amenazas de imponer aranceles a los productos chinos respondieron con una proporción similar de impuesto a los importados de Estados Unidos. Pero de palabra alertaron sobre lo que consideran «un retorno a los argumentos de la Guerra Fría».
China Mobile tiene nada menos que 900 millones de usuarios, en su mayoría dentro del territorio chino, pero cuenta con filiales en Pakistán y Myanmar. Es un desprendimiento de China Telecom, que era la telefónica más grande de ese país. Fue en los años 90, en plena explosión tecnológica, que el gobierno decidió subirse el tren y abrió el juego para tres compañías que encabezarían el despegue chino en el área de comunicaciones: la celular sería China Mobile, la satelital China Satcom. La telefonía fija sigue como China Telecom.
El 70 % del mercado chino está en manos de CMCC (China Mobile Communiations Corporation), donde tiene casi medio millón de empleados y un valor bursátil que supera los 230 mil millones de dólares.
El crecimiento de CMCC fue vertiginoso desde que comenzó a rodar, en 1999, en gran medida porque apostó a cubrir el área rural, que no contaba con otros servicios telefónicos y no tardó casi nada en incorporarse a la comunicación como un emblema de progreso. Lo mismo ocurrió en el resto del planeta, pero China tiene 1300 millones de habitantes, algo más de la mitad de ellos viviendo en el campo.
El lanzamiento de la empresa le dio cauce para aprovechar ese nicho como no lo pudo hacer ninguna otra compañía. Por otro lado, recién en 2005 hubo una apertura a proveedoras de otros países, aunque siempre con la condición que estipula la ley de inversiones extranjeras de esa nación, de que deban asociarse con firmar locales.
El paquete accionario de CMCC pertenece mayoritariamente al gobierno chino aunque un porcentaje cercano al 20% está en manos de accionistas particulares. El gigante de las comunicaciones cotiza en la bolsa de Hong Kong y el pedido de autorización para ingresar al mercado estadounidense fue presentado en 2011. Desde entonces estuvo a la espera de una resolución.
Con la llegada de Trump al gobierno, fue creciendo el enfrentamiento comercial con China. Y al anuncio de aranceles a productos elaborados en el gigante asiático -con el argumento de equilibrar la balanza comercial- se sumó la denegación de permisos vender insumos esenciales a empresas ubicadas del otro lado del Pacífico por razones políticas.
Hace un mes, Washington multó a ZTE, otro enorme conglomerado industrial chino, por haber dado falsas declaraciones para ocultar ventas ilegales a Irán y Corea del Norte. El castigo consistió en una fuerte multa de 1200 millones de dólares y la prohibición de que empresas estadounidenses puedan vender piezas claves y componentes de software por 7 años. ZTE reconoció su falta y aceptó pagar la multa, pero todavía su caso está en estudio.
La última batalla de esta confrontación, que a decir verdad había dado comienzo en la era Barack Obama al demorar el permiso, es este bloqueo que con mucho gusto presidencial se acaba de dar a conocer.
David Redl, titular de Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) de la Secretaría de Comercio de EEUU, dice que hubo reuniones con directivos de CMCC para tratar de “las preocupaciones sobre riesgos mayores a los intereses del orden público y de seguridad nacional de Estados Unidos”, que no se pudieron resolver.
El paso posterior de Redl fue recomendar que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), dominada por los republicanos, deniegue la solicitud para ofrecer sus servicios en Estados Unidos.
Según la NTIA, el rechazo se basa en un profundo análisis de las actividades comerciales de la operadora telefónica y «en gran parte en el historial de actividades de inteligencia y espionaje económico de China contra Estados Unidos, así como el tamaño y los recursos técnicos y financieros de China Mobile».
El dato llamativo es que luego de siete años de estudio, llegan a la conclusión de que la empresa está «sujeta a explotación, influencia y control por el Gobierno chino», algo que podrían haber averiguado en la presentación de la firma a las bolsas. En todo caso, ese descubrimiento sirve para hablar de los»riesgos sustanciales e inaceptables a la seguridad nacional y al imperio de la ley en el ámbito actual».
Ahora resta esperar la respuesta de la FCC.
Tiempo Argentino, 3 de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jun 27, 2018 | Sin categoría
La Corte Suprema de Estados Unidos, con mayoría conservadora, le dio otro gusto a Donald Trump al emitir un fallo en que considera que los aportes gremiales obligatorios son inconstitucionales. Si bien el caso afecta directamente a los colectivos de empleados públicos, la decisión implica jurisprudencia hacia el resto de las organizaciones gremiales. El caso en realidad falla sobre el derecho de los sindicatos a cobrar una cuota a los afiliados cuando se realiza una negociación salarial.
Trump celebró la medida porque, chicaneó desde un tuit, la decisión del tribunal es «a favor de los trabajadores no sindicalizados que ahora, por ejemplo, pueden apoyar a un candidato de su elección sin que los que controlan el gremio decidan por ellos», lo que para el presidente, es una «¡Gran pérdida para la caja de los Demócratas!». Sin embargo, los más directos perjudicados son los sindicatos, que de golpe pierden, según un estudio independiente publicado por la cadena NBC News, 726.000 miembros aportantes.
Así lo indicó Randy Clover en declaraciones a The New York Times en que puntualiza que la intención de los demandantes es «destruir a los sindicatos y la protección que brindan a sus miembros». Lo destacable de Clover es que no se trata de un dirigente demócrata, sino de un líder republicano que votó a Doland Trump en la última elección.
El fallo obedece a reclamos de grupos libertarios de los que se hizo eco el gobernador de Illinois, el republicano Bruce Rauner en su propio estado. El mandatario no fue aceptado en la demanda, pero sí un trabajador público, Mark Janus, que dijo que el requisito de pagar las cuotas era violatorio de su libertad de asociación.
Los representantes sindicales, por su parte, alegan que mantener la estructura de los gremios y hacerse cargo de negociaciones con los diferentes estamentos por aumentos salariales o condiciones laborales implica una erogación de las que se harían cargo solo los afiliados, pero cuyas ventajas disfrutan eventualmente todos los involucrados. Esta ventaja es conocida en los corrillos laboralistas como el caso de los «jinetes libres», trabajadores que reciben los beneficios de un acuerdo sindical sin pagar por él.
Para el argumento «libertario», los trabajadores no sindicalizados que estén obligados a pagar, pierden su derecho de libre expresión ya que subvencionan actividades políticas del gremio con las que no necesariamente están de acuerdo. Una respuesta podría ser, bajo la misma concepción ideológica, que en ese caso no deberían recibir los mismos incrementos que sus colegas afiliados.
Esta corte es una de las más conservadoras en la historia de Estados Unidos. La muerte de Antonin Scalia, en febrero de 2016, pudo haber cambiado la balanza porque en ese momento Barack Obama era presidente y a él le tocaba proponer un reemplazante.
Su candidato era Merrick Garlan, considerado un moderado, pero -al igual que ocurrió en Argentina en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la oposición se negó a aprobar pliegos del oficialismo en el máximo tribunal- los republicanos dijeron que correspondía esperar ya que estaban en pleno año electoral. Fue así que entre las primeras medidas de Donald Trump estuvo la designación de Neil Gorsuch, de 50 años, al que catalogan de «originalista»; esto es, que interpreta la Constitución según la intención que tuvieron quienes la redactaron.
De hecho, el caso de los aportes de no sindicalizados se arrastra desde hace dos años pero el deceso de Scalia dejó el fallo 4 a 4. El desempate lo produjo Gorsuch. El fallo revoca una decisión de 1977sobre un reclamo de un particular contra la Junta de Educación de Detroit. En ese momento, el argumento fue que si bien obligar a pagar actividades políticas de un gremio es violatorio de la primera enmienda constitucional, se aceptó que es legítimo exigir a los no miembros a colaborar en el pago de los esfuerzos de negociación colectiva y eludir de ese modo a «aprovechadores» (freeloaders)y también asegurar «la paz laboral».
El dictamen final profundiza la línea de 1977, acerca de que que exigir pagos sería violatorio de la Primera Enmienda, que establece una amplia libertad de expresión, religión y de prensa. Pero le quita el otro aditamento económico y como corolario, impide que un sindicato exija pagos por sus servicios a los no afiliados. «Obliga a los trabajadores no agremiados a respaldar mensajes que podrían estar en desacuerdo con sus creencias», dice uno de los magistrados. El del juez Samual Aito, especifica que «ni el estado ni los sindicatos pueden extraer «honorarios de agencia», como se denomina al cobro por el servicio laboral a los no agremiados.
En disidencia, la jueza Elena Kagan, señaló en cambio que una posición como la establecida por este tribunal termina con «una práctica arraigada en el derecho y la economía de la Nación por más de 40 años y en consecuencia impide al pueblo estadounidense tomar decisiones importantes sobre la gestión en el lugar de trabajo. Y lo hace extremando la primera enmienda que libera a los jueces, actuales y futuros, para intervenir en la política económica y regulatoria».Analistas como Adam Liptak, en The New York Times, opinan que es una forma de bloquear fondos para la tarea gremial aunque, señala, los trabajadores sindicalizados son apenas el 6,5% de los empleados en el sector privado , mucho menos de los que representan los trabajadores estatales, que es el colectivo directamente implicado en la sentencia.. Analistas como Adam Liptak, en The New York Times, opinan que es una forma de bloquear fondos para la tarea gremial aunque, señala, los trabajadores sindicalizados son apenas el 6,5% de los empleados en el sector privado , mucho menos de los que representan los trabajadores estatales, que es el colectivo directamente implicado en la sentencia..
Tiempo Argentino, 27 de Junio de 2018
por Alberto López Girondo | Jun 24, 2018 | Sin categoría
A punto de agotar la quinta parte del siglo XXI, parece noticia vieja recordar que el siglo no comenzó en el año 2000, como mucho se debatía por aquellos días, sino el 1° de enero de 2001. Y ese fue un año que de un modo implacable echaría sobre la mesa las cartas que se jugarían durante estos años y los que se vienen. Y si no, veamos esta cronología apurada.
La globalización, que se expandió en todo el mundo tras la caída de la Unión Soviética, en 1991, entró en crisis por el fracaso del neoliberalismo y las consecuencias catastróficas de los ajustes perpetuos para la sociedad, que se hacían palpables en las naciones periféricas y fueron exacerbado sobre todo en América Latina y particularmente en la Argentina.
Fue creciendo así una corriente crítica de ese “pensamiento único”, que se cristalizó en enero de 2001 en el primer Foro Social Mundial, organizado por la Asociación Internacional para la Tasación de las Transacciones Financieras para la Ayuda al Ciudadano (ATTAC) y el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), en Porto Alegre, la ciudad de Río Grande do Sul que gobernaba el partido creado por Lula da Silva en 1980 para representar a la clase obrera en las instituciones democráticas brasileñas. Opuesto al Foro de Davos, emitió un documento bien claro sobre su objetivo. “Construimos una gran alianza para crear una nueva sociedad, distinta a la lógica actual que coloca al mercado y al dinero como la única medida de valor. Davos representa la concentración de la riqueza, la globalización de la pobreza y la destrucción de nuestra planeta. Porto Alegre representa la lucha y la esperanza de un nuevo mundo posible donde el ser humano y la naturaleza son el centro de nuestras preocupaciones”. La consigna “otro mundo es posible” se extendió como reguero de pólvora entre la víctimas del modelo de todo el planeta.
Estados Unidos, mientras tanto, planteaba una estrategia basada en lo que George Bush padre llamó “El Nuevo Orden Mundial”, regido desde Washington, con el apoyo estratégico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en esta parte del mundo, y de la Unión Europea y el poder militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sin un enemigo visible contra quien luchar desde el fin de la Guerra Fría.
Hasta que el 11 de setiembre de 2001 los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York y al edificio del Pentágono lo cambiaron todo. Estaba en el gobierno George Bush hijo, y la derecha dura estadounidense aprovechó el estupor inicial para tomar una serie de decisiones que pusieron contra las cuerdas a las libertades individuales en nombre del combate al terrorismo, al que se responsabilizó por esos golpes bestiales.
Tres meses más tarde, la Argentina estallaba en mil pedazos tras una experiencia de diez años de convertibilidad y sumisión al FMI y al recetario privatista neoliberal. Justo unos días antes de que el euro, del otro lado del océano, entrara en vigencia plena para 15 países europeos.
Años interesantes
Este contexto permite entender el proceso que siguió. Por un lado, Estados Unidos se lanzó a la invasión de Afganistán e Irak en busca de terroristas de Al Qaeda que, poco antes, habían sido entrenados por la CIA para combatir la invasión soviética de fines de los ‘70. Por el otro, fueron creciendo opciones de gobiernos comprometidos en mayor o menor medida con el lema de ese otro mundo posible.
Así surgieron en 2003 los mandatos de Lula da Silva y Néstor Kirchner en Brasil y la en Argentina, y en el Uruguay, el Frente Amplio –una alianza anti-establishment de centro izquierda nacida en los ‘70– llegaba al poder y ponía fin a más de un siglo y medio de alternancia de los partidos Blanco y Nacional. Esa ola envolvió otros inesperados cambios regionales, como la elección de Evo Morales en Bolivia , Rafael Correa en Ecuador y Fernando Lugo en Paraguay. Y prefiguró la posibilidad de que en Mar del Plata, en noviembre de 2005, se le dijera a No al ALCA, el proyecto de mercado común continental que bajo la línea del Consenso de Washington habría debido entrar en vigencia en ese momento, según lo planteado en 1994 por los gobiernos conservadores latinoamericanos y el demócrata estadounidense Bill Clinton. En ese mismo año había nacido el NAFTA, el acuerdo de libre comercio de América del Norte, que habían firmado México y Canadá con EE UU y sobre cuyo modelo se planificó el ALCA.
Podría aplicarse a esa época la frase con la que alguna vez tituló un libro sobre el siglo XXI el historiador británico Eric Hobsbawm: fueron “años interesantes”.
Tras la cumbre marplatense, Lula y Kirchner acordaron pagar toda la deuda con el Fondo Monetario para liberarse de su tutela. Las exportaciones de productos primarios como la soja y el petróleo hacían fluir ingresos que por primera vez resultaban beneficiosos en los términos de intercambio para los países productores. China era el gran protagonista de esa suba y ya mostraba los dientes de que la previsión de los analistas internacionales no era errada: luego de “un siglo de humillación”, el gigante asiático está destinado a ser lo que en rigor fue durante cuatro milenios, una potencia centra+l. Y eso va a ocurrir en esta centuria.
Pero no era la única potencia destinada a sobresalir. Ya lo había señalado Jim O’Neill, economista de la banca Goldman Sachs cuando –también en 2001– armó un acrónimo para mencionar a los países donde valía la pena invertir pues serían los nuevos dueños del mundo: BRIC, por Brasil, India, Rusia y China. Un poco a regañadientes o tímidamente, los gobiernos de esos países vieron en 2006 la oportunidad de unirse. Cinco años más tarde invitaron a Sudáfrica. Con un pie en cada continente pero preeminencia en Asia, los BRICS comenzaron a ser una referencia geoestratégica.
Con la pelota rodando ya en Rusia, es bueno puntualizar que en la era moderna los certámenes deportivos más convocantes –los Mundiales de Fútbol, los Juegos Olímpicos– siempre han significado una vidriera enorme para mostrar una ciudad o un país. Por eso se gastan ingentes fortunas en infraestructura y en estadios que luego suelen caer de desuso, con tal de estar en el candelero de los grandes medios durante algunas semanas.
Con el de Rusia, este es el tercer campeonato consecutivo de la FIFA en un país BRICS, luego de los mundiales de Sudáfrica en 2010 y Brasil en 2014. Los últimos Juegos en Río de Janeiro se realizaron ocho años después de los de Beijing, en 2008, y a continuación de los Invierno de Sochi 2014, en Rusia.
Mientras se institucionalizaban los BRICS, en América Latina se creaban dos organismos que fueron relevantes para la defensa de valores e intereses comunes y contra los intentos de ruptura constitucional: Unasur y Celac, una para América del Sur y la otra para todo el continente y el Caribe, con la cláusula expresa de que en él no participan ni EE UU ni Canadá, pero sí Cuba.
Primavera efímera
El episodio que cambiaría todas las perspectivas fue la crisis financiera que se desató con la caída del banco Lehman Brothers, en setiembre de 2007. En pocos meses todo fue un tembladeral en los países más desarrollados. EE UU, empantanado en Irak, se debatía ante las demandas sociales por la ayuda del gobierno a los bancos y un rechazo cada vez mas fuerte a la intervención armada. En este contexto, en enero de 2009, llegó a la Casa Blanca el demócrata Barack Obama, el primer presidente negro en la historia de ese país esclavista. Con una promesa tan grande de ser una bisagra de la historia que a fines de ese mismo año le dieron el Premio Nobel de la Paz.
Pero el aire de renovación duró poco. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, siguió los lineamientos tradicionales de la política imperial y en junio de 2009 dio vía libre a un golpe institucional en Honduras, el primer ensayo de intervención estadounidense para bloquear los procesos progresistas en el “patio trasero” mediante el uso de las asambleas legislativas.
En tanto, las “primaveras árabes”, que habían entusiasmado a los sectores “bienpensantes” de Europa, pronto mostraron que llegaron a cambiar todo para que todo quedara igual. Hillary decidió dar apoyo a grupos terroristas para forzar la caída de Bashar al Assad en Siria. Y los mismos que habían promovido el Nobel a Obama no tardaron mucho en pedir que lo devolviera.
Para colmo, en 2010 aparecería Wikileaks, un sitio dirigido por el australiano Julian Assange, publicando millones de documentos secretos sobre las atrocidades cometidas por tropas estadounidenses en Irak. Descubierto el “filtrador”, el soldado Bradley Manning, la respuesta del gobierno no fue muy diferente a la que hubiera tomado cualquier gobierno WASP (por blanco, anglo-sajón y protestante). Manning fue detenido y condenado a 35 años de prisión y Assange, perseguido, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para evitar la extradición y un juicio en EE UU. Tres años más tarde, Edward Snowden, analista externo contratado por la CIA, revelaría el sistema de espionaje electrónico global que realizan los servicios de inteligencia estadounidenses. Conocedor del destino que le esperaba, se exilió en Rusia, luego de mostrar a la prensa el método aplicado para vigilar a los ciudadanos de todo el planeta. Era la culminación del proyecto de control social mundial legislado a raíz del 11S.
Obama, mientras tanto, firmaba el acuerdo 5+1 con Irán junto con China, Rusia, Gran Bretaña, Francia y Alemania, por el cual el país persa aceptaba someter su plan nuclear a las inspecciones de organismos de la ONU. Y puso a Estados Unidos en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés), un tratado de libre comercio de los países de la Cuenca del Pacífico.
Rechazo a la globalización
Los continuos recortes presupuestarios y la pérdida de puestos de trabajo en virtud de las nuevas reglas comerciales terminaron por hastiar a las sociedades europeas y de EE UU. La crisis financiera sumió al euro en un temporal del que por momentos pareció que no iba a salir. La moda de los acrónimos incluyó a cuatro países golpeados especialmente por esa tormenta bajo el nombre de PIGS –cerdos–, por las iniciales de Portugal, Italia, Grecia y España (Spain). Sobre ellos especialmente recayeron los sofocantes programas de ajuste presupuestario pergeñados por la “troika”, la tríada integrada por el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y el FMI.
Como en una vuelta de tuerca, si al principio del siglo los movimientos de izquierda eran los únicos que se oponían a la globalización capitalista, ahora la derecha nacionalista y xenófoba fue tomando esas banderas ante la pérdida de atractivo del neoliberalismo para las mayorías populares. Ese descontento se expresó en Europa en el Frente Nacional francés (FN); el Partido por la Libertad holandés (PVV); el Partido de la Independencia británico (UKIP); Alternativa para Alemania (AfD), y la Liga del Norte italiana, entre otros. Hungría y Polonia dieron la nota con gobiernos que amenazan los valores de la UE. El Reino Unido, en tanto, votó un referéndum para dejar la Unión Europea. En Italia, tras varias idas y vueltas, asumió el gobierno una coalición de la derecha xenófoba de la Liga del Norte con el Movimiento 5 Estrellas. En España, cayó Mariano Rajoy, acorralado por la corrupción en el PP, y asumió el líder del PSOE, Pedro Sánchez. El reemplazante de Obama en la Casa Blanca, en tanto, se suma a esta corriente de nacionalismo xenófobo. Sus primeras medidas estuvieron destinadas a romper con los acuerdos que venían de anteriores gestiones. Entre ellos, el Protocolo de París, sobre medio ambiente, el de comercio TPP y el nuclear con Irán.
Al mismo tiempo que está acosado por el presunto apoyo de Rusia a su campaña electoral, Donald Trump desarrolla una política de cowboy caprichoso en el resto del mundo. Así, mientras reprende a los líderes europeos para que aporten más a su propia seguridad militar, patea el tablero en Medio Oriente al trasladar la embajada en Israel a Jerusalén y dar su apoyo irrestricto al gobierno de Benjamín Netanyahu. Plantea, además, una guerra comercial con China. Y se lanza desaforadamente al ataque contra el gobierno bolivariano de Venezuela, mientras da marcha atrás en el acercamiento de Obama a Cuba.
Para muchos, lo que parece una política errática de Trump no es más que un intento brutal de barajar y dar de nuevo. También la globalización perjudicó a los trabajadores estadounidenses, sus principales votantes. Su campaña se basó en prometer la vuelta a aquellos tiempos de supremacía de los Estados Unidos en el mundo, lo que implicaba también a la industria local. De allí la barbarie de sus ataques contra los inmigrantes latinoamericanos.
Pero el mundo ya no es el mismo y hay otros jugadores de peso. Vladimir Putin, en Rusia, y Xi Jinping, en China, saben el lugar que ocupan en este escenario. América Latina sufre el embate de las oligarquías locales –que, es justo decirlo, fueron alentadas a tomar el poder en la era Obama–, pero por esas piruetas del destino cuenta con un líder que mantiene su influencia, a pesar de que la institución que dirige atraviesa una profunda crisis. El argentino Jorge Mario Bergoglio, coronado Papa en 2013, intenta una postura diferente al pensamiento único neoliberal que retorna con fuerza en la región y que sostienen las instituciones internacionales como única opción. Desde su crítica a la devastación del medio ambiente y a la avidez financiera del sistema capitalista, Francisco encarna a su manera el rechazo humanista a la globalización.
El otro gran líder que podría ponerse ese sayo es Lula da Silva. Los años dorados de la región mucho tuvieron que ver con ese Brasil que miró a América Latina para encabezar las ansias de autonomía y puede volver a ocupar ese espacio en la elección de octubre. Pero el metalúrgico está preso, nadie garantiza que le permitan presentarse y hay que ver si el establishment quiere arriesgarse a permitir el comicio. Si no tuvieron prurito en expulsar a Dilma Rousseff con una maniobra institucional, no les temblaría la pera por tomar cualquier medida con tal de que ese otro mundo no sea posible.
Tiempo Argentino, 24 de Junio de 2018
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