Como cada año, el 31 de octubre la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votará el reclamo de Cuba en contra del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos en 1962. Como viene sucediendo desde hace 26 años, se descuenta que habrá un apoyo prácticamente unánime en favor del gobierno de la isla, pero desde el cambio de administración en Washington, ese pequeño faro de esperanza que dejó Barack Obama, antes de irse de la Casa Blanca con la reapertura de relaciones diplomáticas, se fue apagando. Y, como recalcó el embajador cubano en Buenos Aires, Orestes Pérez, lo más grave de esta situación es que no se trata de un tema bilateral sino que el conflicto excede las diferencias que pueda haber entre las dos naciones. «Estados Unidos aplica sus leyes en forma extraterritorial», destaca Pérez.
A tal punto esto es así que, por ejemplo, Havanatur no puede hacer cobros por sus servicios en Argentina a través de Pago Fácil desde junio de 2017 y Todo Pago desde el 21 de mayo pasado. ¿Por qué razón? Porque son filiales de firmas basadas en EEUU y por lo tanto les caben las sanciones de la OFAC. ¿Qué es la OFAC? Es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, por sus siglas en inglés, una institución perteneciente al Departamento del Tesoro de EE.UU. que administra y ejecuta sanciones económicas y comerciales (confecciona una «lista negra») contra gobiernos extranjeros, terroristas, narcotraficantes y personas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva, según las funciones para las cuales fue creada.
Como dato anecdótico, en 1974 el presidente Juan Domingo Perón autorizó la exportación de automóviles fabricados en el país a pesar del bloqueo argumentando que las empresas Ford. Chrysler y General Motors estaban trabajando en Argentina bajo leyes argentinas. En ese entonces, el rechazo a la decisión del gobierno nacional no vino desde el gobierno de Richard Nixon, sino desde la dictadura brasileña, que protestó porque consideró que el país violaba decisiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), que había expulsado a Cuba también en 1962. Pero Argentina ya había reanudado relaciones con La Habana y el entonces presidente Osvaldo Dorticós había sido uno de los invitados a la asunción de Héctor Cámpora.
El informe que elaboró ahora la cancillería cubana señala que, en esa misma línea, la OFAC prohibió una donación de medicamentos a la ONG “Caritas en Cuba”, debido a que el barco que transportaba la carga pertenecía a la compañía estadounidense Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. El gobierno cubano también está impedido de comprar en el mercado estadounidense un producto esencial para el tratamiento de la crisis hipertensión pulmonar aguda como es el óxido nítrico. «Se debe comprar en otros países lo que ancerece innecesariamente elproducto», dijo el funcionario diplomático en una rueda de prensa.
En diciembre de 2014 Obama dio la sorpresa al anunciar el descongelamiento de relaciones tras una conversación telefónica con el entonces primer mandatario cubano, Raúl Castro. Hubo avances, se reabrieron las embajadas en ambas capitales y se reiniciaron los vuelos comerciales regulares, pero el bloqueo permaneció incólume. La llegada de Donald Trump no fue un buen augurio para la Revolución y desde ese día comenzaron retrocesos que, según los cubanos, se pueden justipreciar entre otras medidas en una mayor restricción al derecho de los estadounidenses a viajar a Cuba, la imposición de trabas adicionales al sector empresarial, mayores obstáculos a las relaciones económicas y comerciales y además se intensificaron las persecuciones a las transacciones financieras y las operaciones bancarias y crediticias con Cuba a escala global.
Cuba estima que los daños acumulados por el bloqueo desde 1962 alcanzan los 933.678.000.000 de dólares, tomando en cuenta la depreciación de la divisa estadounidense, o 134.499.800.000 a precios corrientes. Solo entre abril de 2017 y marzo de este año, el daño se calcula en 4.321.200.000 dólares, una cifra que no difiere de la que se registró entre 2016 y 2017. El impacto de esta medida en el crecimiento cubano se refleja en que el costo anual del bloqueo representa el doble de lo que necesita el país para su desarrollo económico, que se estima en unos 2.500 millones de dólares en inversión extranjera directa por año.
Desde el año 1992, cuando se realizó la primera votación en la ONU contra el bloqueo, el apoyo a la posición cubana fue creciendo de manera abrumadora. El primer año el No a las sanciones de EEUU logró 59 votos a favor, 3 en contra y 71 abstenciones. El 2015 se alcanzaron los 191 votos favorables, sin abstenciones y con solo dos en contra. el propio Estados Unidos e Israel, que siempre apoya a libro cerrado la postura de Washington.
Esto es tan así que en 2016, luego de la distención diplomática iniciada por Obama, tanto Washington como Tel Aviv se abstuvieron. Rara situación esa de abstenerse contra el resto de la humanidad por una medida que depende de uno de los votantes.
Al año, ya con Trump en el poder, la historia volvió a repetirse: 191 en contra de EEUU, dos a favor y ninguna abstención. Para el embajador Orestes Pérez, el nuevo presidente norteamericano volvió a una vieja política «genocida encaminada a destruir la Revolución». Pero confía en que esa situación no puede eternizarse. “Las nuevas generaciones de cubanos y estadounidense tienen una mirada diferente de la relación bilateral que ya no está marcada por la confrontación que tuvieron las generaciones anteriores. Ellos sin dudas favorecerán que se termine esa política injerencista” , dijo.
Por lo pronto, la durísima embajadora de EEUU en la ONU, Nikki Haley, renunció el martes pasado, sin mayores explicaciones políticas. Se limitó a decir que había sufrido un fuerte trabajo en los últimos ocho años, cuando fue gobernadora de Carolina del Sur y luego representante permanente de Washington en la ONU, lugar desde el que llevó adelante el avasallante impulso de Trump contra Irán, Venezuela, Corea del Norte y Cuba.
Para Pérez, no hay relación de esa dimisión con la pronta votación sobre el bloqueo, aunque se sabe que Haley estaba maniobrando para torcer el rumbo que parece inevitable y es que se repita la votación del año pasado. Todos sostienen que es un voto consolidado y no habría razones para que alguno de los que están con Cuba cambien de parecer. El verdadero cambio pasaría porque Estados Unidos, finalmente, acepte la voluntad prácticamente unánime del resto del mundo y levante el bloqueo que ya cumplió 56 años y, como había reconocido Obama, no había logrado sus objetivos.
Como en una vieja película de Hollywood, el protagonista debe enfrentarse con un pasado equívoco y del que parecía haberse desprendido hace años. Podría decirse incluso que Brett Michael Kavanaugh escupió contra el viento y ahora no halla la forma de esquivar el salivazo. De pronto, incluso, el hombre de 53 años que Donald Trump quiere colocar en la Suprema Corte para garantizar un tribunal ultraconservador, teme que no sólo peligre su nominación, sino que si prospera la investigación del FBI por abuso sexual cometido en una fiesta de graduación en 1982, podría perder su cargo como juez en la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia. Si no es digno para sentarse en el estrado máximo del Poder Judicial de Estados Unidos tampoco debería serlo para ocupar un tribunal de Apelaciones, se plantean los analistas.
Como sea, los dados están echados y en una áspera sesión ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, tuvo que responder un cuestionario similar al que en 1999 había armado como asesor de la bancada republicana para interpelar a Bill Clinton en el impeachment por las relaciones «impropias» del entonces presidente con la pasante Monica Lewinski.
El jueves, en otra sesión tensa y punzante que duró unas cuatro horas, Christine Blasey Ford, una profesora de Psicología de la Universidad de Palo Alto de 50 años, respondió a una catarata de preguntas sobre lo que ocurrió en una fiesta estudiantil en una vivienda de Chevy Chase, en Maryland, cuando tenía 15 años.
Ford dijo que en un momento de la noche fue al baño de la casa donde se realizaba la reunión de chicos adolescentes, entre los que identificó a Kavanaugh, que según parece, tenía cierta fama entre sus pares. «La gente estaba bebiendo cerveza –recordó– en un pequeño living del primer piso».
Ford dijo que tuvo que cruzar un pasillo cuando «fui empujada desde atrás hacia un dormitorio». Afirmó que no pudo recordar quién la atropelló pero sí que Kavanaugh y un amigo, Mark Judge, la ingresaron al cuarto, visiblemente ebrios, y trabaron la puerta.
«Fui lanzada hacia la cama y Brett se tiró arriba mío. Comenzó a manosearme todo el cuerpo y a frotar su cadera sobre mí. Grité tratando de que alguien me oiga escaleras abajo, y traté de sacármelo de encima, pero era demasiado pesado».
Luego, dice la mujer, «Brett me tocó y trató de sacarme la ropa. Le costaba porque estaba muy borracho y porque yo tenía ropa interior de una pieza. Creí que iba a violarme».
La docente afirma que forcejearon, que le pidió a Mark que la ayudara pero que el otro muchacho también intentó treparse a la cama. «Traté de gritar, pero Brett me tapó la boca. Esto fue lo que más me aterrorizó y tuvo el mayor impacto en mi vida posterior. Fue muy difícil para mí poder respirar, y pensé que iba a matarme accidentalmente.»
Finalmente, pudo zafarse y salió corriendo de la habitación. Dice que quedó tan conmovida y, eran otros tiempos, atemorizada, que recién en 2012 tuvo coraje para contarle la historia a su esposo.
Este viernes, el juez aspirante tuvo que enfrentar el cuestionario que había ayudado a elaborar hace 20 años. «¿Alguna vez ha rozado o frotado sus genitales contra la doctora Ford? ¿Alguna vez cubrió la boca de la doctora Ford con su mano? ¿Alguna vez ha participado en algún tipo de episodio sexual con la doctora Ford?». Las respuestas fueron siempre que no.
La comisión, bajo presiones políticas internas y de la sociedad que tenía en la mira a Kavanaugh desde que fue propuesto por el primer mandatario, aprobó con lo justo llevar su designación al plenario. Once votos de los republicanos contra diez de los demócratas. Pero como la cosa está tan espesa, el senador oficialista Jeff Flake propuso una nueva investigación sobre las denuncias de la profesora universitaria. Compungido, Flake dijo: «Este país está siendo destrozado, pero tenemos que asegurarnos de que sigamos el debido proceso en esta circunstancia». Ni bien se conoció el dictamen, el presidente Trump ordenó al FBI que abra una pesquisa sobre las denuncias.
Este tramo de la historia política estadounidense comienza el 31 de julio pasado. Ese día el juez supremo Anthony Kennedy presentó su renuncia para acogerse a la jubilación y se desató una feroz campaña para torcer el rumbo de lo que parecía inevitable, y es que a Trump le había llovido del cielo la ocasión de formatear la Suprema Corte hacia la derecha extrema, poniendo en riesgo incluso la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario, como se apresuraron a señalar los colectivos de los derechos civiles y de igualdad de género.
Es que Kavanaugh mostró desde que asumió su cargo, en 2006, cómo está tan inclinado a la derecha que se supone con razones de peso para que en su programa figurara modificar de cuajo el argumento que dio lugar al fallo Roe-Wade en que se sustenta el derecho al aborto desde 1973 para todo el país.
No es que Kennedy haya sido un progresista, más bien fue un conservador moderado que había sido designado por Ronald Reagan en 1988. Pero desde ese lugar, acompañó posiciones más liberales de la Corte y respetó el statu quo sobre el aborto, ese que ahora corre peligro, según se apuraron a ventilar a los cuatro vientos –entre otros– la senadora demócrata Elisabeth Warren. La mujer era la candidata preferida de Barack Obama para un cargo en la Corte en 2016 cuando murió Antonin Scalia, aunque luego el mandatario envió el pliego de Merrick Garland.
Esa vez los republicanos bloquearon la designación de Garland argumentando que era un año electoral y que el nuevo magistrado debería ser nominado por el ganador del comicio. En febrero de 2017 fue ungido Nail Gorsuch, un conservador. El retiro de Kennedy, a los 81 años, también se produce en un año de elecciones, aunque de medio término.
La batalla se podría haber desenvuelto sólo en términos de oportunidad para que los demócratas devolvieran la «gentileza» de hace dos años, aunque no tienen fuerza en el Senado como para bloquear a un candidato del presidente sólo por capricho.
Sin embargo, Kavanaugh tiene bastantes cuentas pendientes en su pasado y ya la sociedad toda tomó posición sobre quién es el postulante. Y no son tiempos para que pase inadvertida una ofensa sexual como la que denuncia Christine Blasey Ford.
El gobierno de Estados Unidos viene forzando al límite las reglas de un tribunal secreto para espiar y perseguir a periodistas, según documentos obtenidos tras una demanda de dos ONG dedicadas a defender la libertad de prensa. La primera lectura diría que todo esto es parte de una ofensiva del presidente Donald Trump contra uno de sus objetivos desde que llegó la Casa Blanca: los medios y el periodismo en general. Sin embargo conviene hacer dos acotaciones clave: el tribunal en cuestión fue creado hace justo 40 años durante el gobierno del demócrata Jimmy Carter a instancias de una propuesta de otro miembro de su partido, el senador Ted Kennedy, el tercer hermano de esa dinastía. Y que además, las primeras revelaciones sobre este sistema de vigilancia saltaron a la luz en 2013, durante la administración de Barack Obama. El ingrediente ahora es que estas prácticas no solo prosiguieron sino que en manos de Trump se potenciaron.
Amparados en la Ley de Libertad de Información estadounidense, la Freedom of the Press Foundation (FPF, Fundación para la Libertad de Prensa) y la Knight First Amendment Institute (KFAI, Instituto Knight de la Primera Enmienda, la que garantiza la libertad de prensa) de la Universidad de Columbia, obtuvieron los documentos que prueban de qué modo las autoridades siguen vigilando a periodistas mediante ordenes FISA (por Foreign Intelligence Surveillance Act o Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera). Y también de qué manera pueden abusar de esta prerrogativa, según publicó Cora Currier en el portal The Intercept.
La importancia de haber expuesto estos documentos es que, como dijo Trevor Timm, de la FPF, por primera vez el Departamento de Justicia muestra los lineamientos que aplicó para la vigilancia. Y se pregunta, preocupado. «¿Cuántas veces se han utilizado las órdenes judiciales de FISA para apuntar a periodistas? (…) ¿Cuántos periodistas han sido vigilados en total, cuántos están actualmente bajo una investigación FISA?».
Pero vayamos por partes. El FISA surgió como propuesta de Ted Kennedy , el atribulado hermano de los dos líderes demócratas asesinados en los años 60, el presidente John y el procurador general Robert. Corría el año 1977 y el tema de la libertad de prensa estaba en el candelero luego de la arremetida del republicano Richard Nixon primero contra los diarios que publicaron los Papeles del Pentágono (Pentagon Papers en el original, llevados al cine el año pasado por Steven Spielberg en The Post), y luego por la revelación del Escándalo de Watergate, que finalmente lo obligaría a renunciar, en 1974.
Esos dos temas marcarían del tal modo la política y el periodismo en el mundo que con solo agregar «Papers» a una gran filtración de documentos -en ese caso era sobre la guerra de Vietnam, expuestos ante los diarios The New York Times y Washington Post por el analista Daniel Ellsberg- los medios ya tienen un título. Pasó hace un par de años con los Panamá Papers.
El sufijo Gate habla, en tanto, de otro tipo de ilegalidades publicas, como pasa ahora con el Gloriagate o Cuadernogate. Y Watergate es apenas el nombre del edificio de oficinas de Washington DC donde espías – mandados por el presidente Nixon y bastante torpes ellos, por cierto- vigilaron una convención de los demócratas.
Ambos sucesos llevaron al debate el modo en que un gobierno puede utilizar los servicios de inteligencia para escudriñar lo que hacen sus propios ciudadanos. Porque la seguridad interior está en manos del FBI, pero ese organismo necesitaría que un juez le dé una orden escrita para intervenir teléfonos y poner el ojo sobre una persona. Y un magistrado necesita tener alguna sospecha o fundamento para autorizar esa medida.
No era así como había actuado Nixon. El debate, en plena Guerra Fría, fue qué hacer entonces cuando había sospecha de actividad de organismos extranjeros dentro del país sin que se enteren de los tienen en la mira. La propuesta de Kennedy fue crear un tribunal secreto que estudie la necesidad expresa de algún organismo estatal que lo requiera y dé la orden respectiva. Todo legal.
La ley FISA fue firmada por Carter el 25 de octubre de 1978 y establece la creación de un Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISC (por Foreign Intelligence Surveillance Court). Ese tribunal está integrado por once jueces nombrados por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Otra normativa aprobada ese año, las llamadas Cartas de Seguridad Nacional, permiten al FBI recoger información privada sobre los estadounidenses sin su consentimiento, y si bien fueron declaradas inconstitucionales por la juez estadounidense Susan Illston en 2013, siguen vigentes.
La corte secreta tomó mayor relevancia luego de los atentadas a las Torres Gemelas, el 11-S de 2001, porque de inmediato se aprobó la Patriot Act (Ley Patriota) que bajo la excusa de perseguir el terrorismo, clausuró muchas de las libertades civiles consagradas en la tradición estadounidense. La corte en las sombras comenzó a trabajar a destajo y casi no puso objeciones a lo que le reclamaban las autoridades.»Usted lo pide usted lo tiene», parece ser el mena.
Con un adicional, no solo organismos dedicados a la vigilancia interior podrían actuar, ya que la CIA y la NSA, la agencia que espionaje electrónica, estarían en condiciones de sospechar de un periodista que tenga como fuente a un extranjero o intercambie mensajes o mails con un residente en el exterior. Hurgando en el foráneo, se meten en el local.
Si FISA nació como intento de legalizar la intervención del propio gobierno sobre sus ciudadanos en el contexto de la Guerra Fría y luego de una filtración que sirvió para cuestionar la guerra que EEUU desarrollaba en Vietnam, en estos últimos años las filtraciones y cuestionamientos a gobierno estadounidense se multiplicaron.
(Foto: AFP)
Durante el gobierno de Obama (2010-2016) Julian Assange lanzó WikiLeaks, donde en 2010 el soldado Bradley (luego Chelsea) Manning filtró millones de documentos sobre atrocidades cometidas por tropas de EEUU en Irak. Manning terminó preso y Assange esta refugiado desde 2012 en la embajada de Ecuador en Londres para no ser sometido a la ley en EEUU.
Fue durante ese gobierno que Edward Snowden filtró en 2013 desnudó la manera en que la NSA espía a todo el mundo en todo el mundo mediante todos los aparatos electrónicos que utiliza un ciudadano común.
En ese mismo año se supo que el gobierno de Obama había intervenido unas 20 líneas de la agencia de noticias Associated Press (AP) para determinar quién había filtrado información secreta sobre una operación en Yemen contra un activista de Al Qaeda. El procurador de Justicia, Eric Holder, tuvo que salir a dar explicaciones.
«El objetivo de vigilancia sobre los periodistas, especialmente cuando se trata de determinar sus fuentes, históricamente ha estado limitado por la Primera Enmienda», escribe Currier en The Intercept, para aclarar luego que «después de que surgió que el gobierno de Obama había confiscado secretamente los registros telefónicos de la AP y nombrado a un reportero de Fox News como cómplice en un caso de filtración, el ex fiscal general Eric Holder instituyó nuevas directrices que hicieron que la investigación sobre periodistas sean un «último recurso», y dijo que el Departamento de Justicia necesitaba notificar a los periodistas cuando se incautaran sus registros»
Holden reformuló la aplicación de FISA y estableció que antes de proceder a la vigilancia se debía tener la aprobación por escrito del titular de Justicia y su gabinete y que los trabajadores de prensa no podrían ser enjuiciados por actividades de recopilación de noticias.
Las filtraciones son un tema que desvela a mandatarios desde los affaires de Nixon en los 70 y de Obama entre 2010 y 2016. Ni qué decir de Trump, cuando hace unos días Bob Woodward, el mismo que saltó a la fama con la investigación de Watergate, publicó un libro con revelaciones de su gestión que solo podría conocer mediante fuentes cercanas al presidente. Y cuando el mismo día el Times publicó una columna sin firma de un funcionario suyo que no lo deja bien parado.
El actual fiscal general Jeff Sessions, dijo en una comparencia en el Congreso que hay en curso 27 investigaciones sobre filtraciones, de las que no dio precisiones. Ben Wizner, un abogado de la ONG ACLU (American Civil Liberties Union, por Unión Estadounidense para las Libertades Civiles ), se alarmó. «En toda la historia del país, solo ha habido una docena de enjuiciamientos por filtraciones», dijo el letrado, que también representa a Snowden. «Si el número 27 es real, es asombroso».
«El hecho de que (las investigaciones) se mantuvieron en secreto durante la administración de Obama es motivo de gran preocupación. Ahora, el presidente Trump ha expresado repetidamente su odio por los medios y su fiscal general Jeff Sessions ya ha triplicado la cantidad de investigaciones sobre fugas desde la era de Obama (cuando ya estaban en su punto más alto). ¿Ha utilizado la administración Trump órdenes judiciales de FISA para apuntar a periodistas con vigilancia? ¿Si es así cuando?» reclama Timm, de la Freedom Press Foundation.
Cuando el 9 de abril el presidente Donald Trump designó a John Bolton como asesor de seguridad nacional en lugar del general H.R. McMaster todos sabían que tarde o temprano el temperamento y la ideología extrema de este señor que parece salido de un dibujo animado terminará por aflorar. Trump lo había convocado para eso; para ser un halcón entre halcones en un Gabinete que con el secretario de Estado Mike Pompeo y la jefa de la CIA Gina Haspel conforma un peligroso tridente ofensivo que nadie recomendaría como garantes de la paz.
Heredero de un puesto que alguna vez tuvieron dos de los grandes estrategas de Estados Unidos, Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski, Bolton fue uno de los más activos integrantes del Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense (Project forthe New American Century, PNAC) un think tank que promueve por las vías a su alcance la fortaleza del imperio de Estados Unidos.
Este lunes protagonizó una escena con pocos antecedentes en la diplomacia internacional. No por el contenido, ya que simplemente dijo que su país no aceptará que la Corte Penal Internacional investigue crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán. Lo que si sorprendió a quienes no lo conocían fue la rudeza con que lo dijo. Enfurecido, agitando su tupido bigote y su melena blanca, amenazó con «impedir a esos jueces y fiscales la entrada a Estados Unidos. Vamos a aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadounidense y vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial».
No es casualidad que hubiese esperado esta ocasión para lanzar su furia. Faltaba poco para que la Corte de La Haya tomara la denuncia por las aberraciones perpetradas durante los últimos 15 años en ese país asiático por soldados estadounidenses en el marco de la invasión ordenada por George W. Bush, luego de los atentados a las Torres Gemelas del 11 S de 2001. Con un adicional: Bolton fue uno de los miembros del Gabinete de Bush que más hizo para oponerse a que Estados Unidos firmara y refrendara a ese tribunal, creado en 2002.
Integran la CPI y ratificaron el Tratado de Roma posterior 123 países del mundo, entre ellos Argentina, pero no Estados Unidos, China, Israel, Rusia, India ni Sudán. El gobierno de Barack Obama tampoco dio un paso adelante para aceptar la injerencia del tribunal o ser parte de él. La Corte puede intervenir porque Afganistán sí es miembro.
El historial de Bolton lo muestra consecuente con un pensamiento de derecha racista y beligerante. No es la imagen de abuelo comprensivo que se podría percibir en una foto fija. Nacido en 1948 en Baltimore, a los 16 años se sumó al comité de campaña de Barry Goldwater, un republicano ferviente anticomunista y racista que disputó la presidencia contra Lyndon Johnson pero perdió por paliza. Luego, el joven Bolton se uniría a Jesse Helms, quien haría carrera desde el Senado en todas las causas antipopulares y emprendió una cruzada especial contra Cuba.
Bolton llegó al gobierno tras un cambio de Gabinete que ensayó Trump a principios de este año y en el que colocó a lo peorcito que encontró revolviendo la caja de herramientas del partido republicano. Fue cuando Pompeo, titular de la CIA, reemplazara a Rex Tillerson en la Cancillería. La jefatura de la agencia de inteligencia exterior de EE UU fue ocupada entonces por Gina Haspel, que hasta entonces había sido la directora adjunta. Con casi tres décadas en la «compañía», Haspel estuvo el frente de operaciones encubiertas en varias partes del mundo y en Tailandia, según se reveló cuando fue nominada para el cargo, supervisó interrogatorios en los que fueron aplicadas varias técnicas de tortura.
En ese equipo, Bolton se siente a gusto porque, según el investigador norteamericano John Ricardo «Juan» Cole, fue uno de los responsables de haber promovido la invasión de Irak y ayudó a crear al grupo yihadista conocido como Estado Islámico. «En un mundo justo, Bolton estaría en juicio en La Haya por crímenes de guerra», sostiene Cole. Tal vez por eso reaccionó como lo hizo.
Juez con antecedentes
Donald Trump tenía ocasión de armar una Corte de Justicia a su paladar tras el retiro de Anthony Kennedy. La postulación de Brett Kavanaught creó inquietud entre los demócratas pero mucho más entre quienes luchan por la ampliación de derechos. Se lo considera, por sus antecedentes, partidario de revocar o limitar aun más el derecho al aborto que contempla el fallo Roe vs. Wade de 1973. Luego de semanas de chicanas de los demócratas, que alegan la necesidad de esperar la elección de noviembre antes de proponer un nuevo integrante de la corte –donde ya los conservadores son mayoría– el Senado comenzó a debatir su designación. Parecía que la cosa venía bien luego de un par de sesiones donde lo acribillaron a preguntas, cuando apareció una inesperada impugnación. Una mujer mandó una carta a los legisladores demócratas que evalúan su candidatura denunciando que hace 30 años había intentado forzarla sexualmente durante una fiesta. «Rechazo de manera categórica y sin equívoco esta acusación», dijo el aspirante en un comunicado.
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