por Alberto López Girondo | Ene 1, 2019 | Sin categoría
Hay una suerte de eslogan que se fue popularizando entre los sectores peronistas menos amigables con el oficialismo. «Hay 2019», dicen, en referencia a la posibilidad de triunfar en las presidenciales de octubre. Ese 2019 electoral está a la vuelta de la esquina, porque siguiendo ya tradicionales estrategias, habrá elecciones provinciales a lo largo del país a partir de febrero, cuando se lleven adelante las primarias en La Pampa.
En concreto, 17 provincias ya decidieron adelantar comicios para gobernadores, intendentes y legisladores locales, pero otros distritos, entre los cuales están los territorios en manos de Cambiemos, como Jujuy, la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires, todavía no tomaron una decisión. Formosa y Salta es muy probable, aunque no definitivo, que convoquen el mismo día que se elige primer mandatario y legisladores nacionales. El jujeño Gerardo Morales, que irá por su reelección, analiza la mejor jugada para quedarse cuatro años más y no descartó ir por separado. En CABA y La Plata, el panorama depende de las pujas internas y de las encuestas. Horacio Rodríguez Larreta tiene el aval de la Legislatura porteña para unificar comicios mientras que del otro lado de la avenida General Paz todo es más incierto. Sucede que María Eugenia Vidal debería modificar varias leyes para desdoblar de acuerdo a las expectativas más favorables para el triunfo cambiemita, que sería someterse a la voluntad popular antes de junio.
Mano dura
El actual no es el mejor momento político para el gobierno. Los indicadores económicos continúan empeorando. La inflación y la desocupación están al tope y el cierre de pymes se cruza con los casos judiciales que golpean no solo a la principal figura de la oposición, Cristina Fernández, sino a los más grandes empresarios nacionales.
De tal manera que el gobierno debió suspender su principal apuesta para una recuperación económica en tiempo de campañas electorales, como el ambicioso Programa de Participación Público Privada (PPP), que hubiese desplegado obras por más de 20.000 millones de dólares pero que con más de 800 puntos de riesgo país, amenaza de default y empresarios desfilando por los Tribunales, no consiguió financiación externa.
En Brasil, el principal socio comercial argentino, asume la presidencia un exmilitar que ganó con Lula da Silva preso y proscripto, pero también bajo la promesa de combatir el delito con mano dura. Aquí, el gobierno de Macri había tomado una línea agresiva contra el conflicto social desde que, a días de asumir, reprimió brutalmente una protesta de trabajadores de Cresta Roja. Después vendría la «doctrina Chocobar», un aval presidencial para el gatillo fácil y el nuevo protocolo de seguridad que, entre otras acciones, permite a los policías federales disparar sin dar la voz de alto. Pero el dato que salió a relucir tras la Cumbre del G20 fue que la imagen de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era la única en el gobierno que había crecido. Influyó que el encuentro de los mayores líderes políticos del mundo se haya desarrollado en forma relativamente calma, bien que al precio de una ciudad sitiada.
El ejemplo brasileño elevó el predicamento de los sectores más extremos del espectro político, mucho más cercanos a la violencia institucional que al debate democrático, Bullrich representa esa tendencia y aparece como posible acompañante de Macri en una fórmula para la continuidad oficialista. En ese contexto, los estrategas del macrismo buscan instalar a las políticas de seguridad como uno de los ejes de la campaña.
Extraordinarias
El cierre del año político no fue el mejor para el gobierno. En las sesiones extraordinarias no pudo imponer ninguno de los proyectos que presentó: la ley de barras bravas y el proyecto para la financiación de las campañas políticas. En cambio, uno que nació de dos diputados de la diáspora peronista, Diego Bossio y Marco Lavagna, para reformar la ley de Papel Prensa, salió airoso del debate parlamentario, con los votos del sector impulsor y del macrismo.
La suerte corrida por las iniciativas gubernamentales es una señal de que otros son los tiempos que se vienen en el Congreso. La ley que se presentó como de «transparencia» de los aportes de empresas quedó trabada en el Senado aunque, ya en Diputados, Elisa Carrió se había diferenciado. Las críticas más enconadas consideran que ese «sinceramiento» consolidaría la inequidad de fondos entre los candidatos. No son pocos los que lo ven incluso como una maniobra para diluir el escándalo de los aportes en las campañas de Cambiemos en CABA y Buenos Aires.
Tampoco pasó el filtro del Congreso la ley contra la violencia en el fútbol, una iniciativa del mandatario ahora sorprendido por la existencia de los barras, aunque presidió Boca Juniors entre 1995 y 2008 y sigue siendo el hombre fuerte de esa institución. La normativa volvió a comisión en Diputados a pedido de Martín Lousteau, aliado de Cambiemos.
Desde el bloque oficialista echaron culpas de esta doble frustración a chicanas del Frente para la Victoria.
La ley que sí pasó, y casi sin debate, fue la que elimina el precio único del insumo básico para la impresión de los diarios. Conforman el paquete accionario de Papel Prensa el Estado Nacional, Clarín y La Nación. Pero hay un acuerdo de sindicatura entre los dos privados. Los medios más chicos del país y los cooperativos serán los principales afectados por la ley que beneficia al multimedios, que podrá dictar el costo del papel a voluntad.
Revista Acción, primera quincena de Enero de 2019
por Alberto López Girondo | May 16, 2018 | Sin categoría
En un escueto mensaje de televisión, el presidente Mauricio Macri confirmó los trascendidos que habían comenzado a circular días antes, mientras el dólar trepaba en su cotización aun con las tasas del 40% que fijó el Banco Central: Argentina vuelve a buscar financiamiento en el Fondo Monetario Internacional. En el breve discurso, el presidente culpó de la situación al «desastre» que dijo haber heredado del gobierno de Cristina Fernández, pese a que transcurrieron ya dos años y medio de su llegada a la Casa Rosada, y dijo que se había «metido» en la política «para que cada argentino pueda vivir mejor». Macri reconoció que Argentina es uno de los países que «más dependemos del financiamiento externo», y que las condiciones exteriores habían cambiado de un modo contraproducente para conseguir más crédito en un escenario en que Argentina no maneja ninguna variable económica. Y dijo que el apoyo del FMI será aplicado «de manera preventiva» y para «fortalecer el programa de crecimiento y desarrollo».
Analistas de todas las tendencias venían advirtiendo a las autoridades que el país se encaminaba a una encrucijada por el aumento del precio del petróleo y de las tasas que fija el Tesoro de Estados Unidos, que más temprano que tarde iba a causar que una política basada en el endeudamiento se quedara sin el combustible que la venía alimentando desde el 10 de diciembre de 2015.
Además, el clima social venía complicado luego de la reforma previsional, con la secuela de represión y un impensado –hasta no hace mucho tiempo– acercamiento entre los distintos sectores de la diáspora peronista. Todo se aceleró al ponerse en marcha los aumentos desenfrenados de las tarifas de los servicios públicos y los transportes.
En ese contexto, el gobierno impidió una sesión en Diputados para tratar alguna medida que le pusiera un tope a los precios de los servicios, lo que no hizo sino agigantar el rechazo entre los no votantes de Cambiemos y entre esos sectores de la sociedad que le habían dado un cheque en blanco para poner fin al ciclo kirchnerista. Incluso medios amigos y dirigentes del radicalismo pidieron moderar ese brutal zarpazo que afecta sobre todo a los bolsillos de las familias más humildes y a las pymes.
Como un juego entre un gato y un ratón, a medida que las señales políticas indicaban que el Congreso iba a poner algún techo en las aspiraciones de las empresas energéticas y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguraba que el presidente vetaría cualquier iniciativa para moderar las tarifas, la corrida cambiaria generó el clima que se asocia tradicionalmente a los planes de ajuste más feroces.
Lejos quedó aquel 28 de diciembre cuando desde una mesa compartida por Marcos Peña; los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne y de Finanzas, Luis Caputo; y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, se anunció una meta de inflación para este año de 15%, casi el doble del piso de la banda estipulada anteriormente, de entre 8 y 12%. El marketing de Jaime Durán Barba dictaba que, para aventar los fantasmas que se estaban despertando en la economía nacional, convenía presentar a todo el equipo del área trabajando al unísono con Sturzenegger, mientras el presidente Mauricio Macri seguía insistiendo en que el crecimiento, aunque invisible, estaba a la vuelta de la esquina.
Objetivo final
Cuatro meses más tarde, las señales fueron diametralmente opuestas. Dujovne y Caputo fijaron recortes en el presupuesto y desde la «ventanilla» del BCra, Sturzenegger anunció tasas astronómicas para intentar detener la corrida bancaria que en pocos días se había llevado cerca de 7.000 millones de dólares (ver página 18).
El gobierno y los periodistas y medios afines, en tanto, se unieron para culpar del mal momento a la oposición en su conjunto, dejando de lado las abismales diferencias que existen entre los distintos sectores que no comulgan con el macrismo, e incluyendo en la descalificación a aquellos que fueron muchas veces funcionales a las iniciativas del oficialismo. Funcionarios de primera línea del gobierno calificaron de «irresponsables» y demagógicas a las bancadas opositoras, y el propio Macri insistió en esta calificación en su mensaje del 8 de mayo, en el que sugirió que si no fuera por los «palos en la rueda» todo estaría mucho mejor.
Desde algunos sectores de la oposición se criticó al gobierno argumentando que no había generado herramientas para contener la fuga de capitales y defender la economía local de los ataques especulativos. Para el dirigente cooperativista Carlos Heller, en cambio, «el gobierno no está cometiendo errores, sino que está cumpliendo con sus objetivos», entre los que destaca la baja del salario real en dólares y el cierre de paritarias al 15% y sin cláusula gatillo, a lo que se suma la enorme transferencia de ingresos hacia las grandes empresas de servicios públicos.
El llamado al FMI, que pretende ser un alivio para el gobierno, no augura buenas noticias para los argentinos. La relación del país con el organismo comenzó en 1956, tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón, y su primera etapa puede decirse que terminó el 3 de enero de 2006, cuando Néstor Kirchner ordenó transferir 9.810 millones de dólares para liquidar de una sola vez toda la deuda con el FMI. Era la forma, para el patagónico, de liberarse de una institución a la que acusó de exigir a cambio de préstamos, «políticas que perjudican el crecimiento». Fue una decisión concertada con el entonces presidente brasileño, Lula da Silva, quien había pagado cada dólar que su país debía al Fondo pocas semanas antes.
En años que van de 1956 a 2006, el organismo forzó sucesivos planes de ajuste. Fue también promotor de las privatizaciones en la década del 90 y quedó muy desprestigiado internacionalmente con la caída de la convertibilidad. El 2001 había comenzado con el anuncio de un blindaje del FMI para apuntalar al gobierno de Fernando de la Rúa. El final es conocido.
Revista Acción, segunda quincena de Mayo de 2018
por Alberto López Girondo | Mar 1, 2018 | Sin categoría
Más allá del clima de tranquilidad que, tras la multitudinaria marcha del 21F, quisieron transmitir la Casa Rosada y la prensa oficialista, el tercer período legislativo de Mauricio Macri está signado por la sensación de que el gobierno comienza a acusar los golpes propios de la gestión.
El oficialismo confiaba en poder aislar al líder camionero y personalizar en la defensa de su figura como único motivo de una movilización que auguraban de escasa relevancia. Pero la cantidad de gente, el cariz de los discursos y la variedad de sectores sindicales, sociales y políticos representados barrieron con la presunción de soledad y el ninguneo al contundente hecho político consumado en la avenida 9 de Julio.
De poco sirvieron los argumentos acerca de que la marcha era en defensa de Moyano, acosado por causas judiciales. Tampoco caló el mensaje de que detrás de esa manifestación estaba la mano de Cristina Fernández.
Así, la posibilidad de un incipiente realineamiento opositor, una suerte de continuidad del frente esbozado en el debate por la reforma previsional, se suma a una larga lista de malas nuevas para el gobierno.
Desde diciembre pasado, en Balcarce 50 buscan la forma de remontar el peor momento de Macri en la presidencia. Una muestra de esa preocupación es que la diputada Elisa Carrió salió al ruedo tras varias semanas de ostracismo voluntario para tildar a Moyano, desde un matutino uruguayo, de «criminal». La chaqueña, una de las fundadoras de Cambiemos, suele ponerse el sayo de referente ético y oficia de salvavidas cuando el gobierno está en aprietos. Esta vez fue más explícita al reconocer que el apoyo al primer mandatario, con quien tuvo épocas de durísimo enfrentamiento, se basa en la lucha contra el kirchnerismo. De allí su generosidad para catalogar, por caso, las cuentas offshore ocultas de funcionarios públicos como «errores nimios».
Hit veraniego
El humor social no está del lado de Cambiemos en esta etapa. La economía no da espacio para que ello ocurra, en la medida en que no parece haber techo para la inflación, el precio del dólar, el costo de las tarifas de los servicios públicos y el de los combustibles. Mientras tanto, el gobierno se empeña en recortes presupuestarios en las áreas más sensibles y en poner el pie encima de las negociaciones paritarias.
Hasta un diario normalmente circunspecto como La Nación tomó nota de la reiterada catarata de insultos dirigidos al presidente Macri en estadios de fútbol y espectáculos musicales, y bautizó a este por ahora limitado rechazo popular al macrismo como «el hit del verano».
Varios medios cercanos al gobierno y sus columnistas más encuadrados comienzan a expresar críticas, otra muestra de que ya no hay viento de cola. No es que le hayan soltado la mano, pero hay realidades que no se pueden esconder. Y pasan del apoyo irrestricto al «consejo de amigo» en el marco de esa coalición sellada para destruir todo vestigio de populismo, como recordó Carrió.
La noticia de que un funcionario de segundo rango como Valentín Díaz Gilligan, subsecretario de la presidencia, tenía una cuenta no declarada en un banco de Andorra golpeó de lleno en el gobierno. Por la oportunidad en que se conoció –cuando arreciaban las críticas contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, por haber «olvidado» declarar inversiones incompatibles con su rol en el gabinete– y porque la noticia se conoció en El País, de España. Algunos creyeron ver la mano de Telefónica, accionista del grupo Prisa, que edita el diario madrileño, en su puja para que le autoricen dar televisión digital a través de sus redes.
Lo cierto es que Díaz Gilligan, atorado por la prensa, declaró que el dinero no era suyo, sino de un representante de futbolistas uruguayo que no podía tenerla a su nombre porque estaba en la mira del ente recaudador de su país.
La renuncia pareció un modo de descomprimir la presión sobre la omisión de Caputo, cuyas cuentas aparecieron en los Paradise Papers, una investigación de periodistas de todo el mundo entre los que figuran algunos de La Nación, TN y Perfil, de Buenos Aires.
Según la documentación hallada, Caputo administró, antes de asumir, inversiones en las islas Caimán y Delaware que compraron bonos de la deuda argentina. Ahora negocia nueva deuda externa. Algo escandaloso en cualquier lugar del mundo.
Traspié en Madrid
Los últimos días de febrero fueron pródigos en controversias sobre la cuestión de las inversiones externas: por las de los funcionarios fuera del país y por la escasez de las que el gobierno necesita para la reactivación.
Fue así que estalló en las redes una entrevista pública al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, realizada en Madrid. Puesto a explicar las dificultades para reducir la inflación y atraer inversiones, tropezó con la pregunta de un docente de la Universidad Complutense, argentino de nacimiento: «¿Cómo espera que vayan las inversiones a la Argentina si usted mantiene su patrimonio offshore?», preguntó. Tras un breve titubeo, el ministro dijo que tenía todo declarado y que «los funcionarios tienen derecho a decidir que su dinero esté depositado en el exterior».
Dujovne fue a España para intentar seducir a inversores en un escenario complejo en el que el gobierno apuesta todo a un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. A pesar de que se les dio casi todo lo que pidieron las empresas europeas, los agricultores de Francia, Irlanda y Polonia no quieren liberar el mercado a la producción sudamericana.
Para colmo, ahora la Unión Industrial Argentina también pone condiciones. Y junto con sus pares de los otros países del Mercosur, planta bandera contra un acuerdo de libre comercio. El déficit comercial alarma cada vez más. A esta altura, la promesa aspiracional de «volver al mundo» se muestra como un eslogan vacío. De hecho, pese a todos los gestos y acciones de buena voluntad del gobierno argentino con Donald Trump, los limones y el biodiésel argentinos siguen sin poder entrar al mercado estadounidense.
Revista Acción, primera quincena de Marzo de 2018
por Alberto López Girondo | Ago 26, 2017 | Sin categoría
La foto es de Horacio Paone
La desaparición de Santiago Maldonado representa uno de los hechos más graves desde la recuperación de la democracia. Porque recuerda a lo peor de la dictadura cívico-militar de los 70, y también por la respuesta del gobierno, los medios hegemónicos de comunicación y hasta ciertos sectores sociales.
Maldonado participaba de una movilización en el Lof de Cushamen, en Chubut, una comunidad que reclama tierras que les fueron despojadas históricamente y donde hubo un operativo de Gendarmería Nacional. Durante este año la región que media de Esquel a El Bolsón estuvo en el tapete por el rechazo local a proyectos inmobiliarios, uno de ellos ligados a un empresario británico amigo del presidente de la Nación.
Al frente de los gendarmes estaba el viceministro de Seguridad, Pablo Noceti, que fue abogado de acusados en juicios por delitos de lesa humanidad. Hay testigos que sindican a los uniformados por la detención del artesano de 28 años, pero las autoridades y algunos medios de información se apresuraron a culpar a integrantes de la comunidad mapuche poco menos que de formar parte de una organización guerrillera entrenada por las FARC –que estos días entregaba las armas para integrarse a la política en Colombia– en busca de construir un Estado separado de Argentina y Chile.
Sería una desmesura acusar al gobierno de haber planificado una desaparición forzosa, pero hay testimonios de que, desde un estamento estatal, hubo un hecho que la ONU caratula como tal. La negativa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a ponerse a la cabeza de una investigación minuciosa no es una señal tranquilizadora. Más aún cuando se repiten situaciones de represión y violencia de fuerzas de seguridad en todo el país.
La responsabilidad de un dirigente político es sostener y promover políticas de Estado a largo plazo. Esas políticas deben estar por sobre las personas y si hay errores es saludable asumirlos en bien de la comunidad. Acusar a la oposición o culpabilizar a las víctimas es una señal peligrosa. Sobre todo en temas como el del respeto a la condición humana en una sociedad que apostó por celebrar una suerte de renacimiento el Día de los Derechos Humanos.
La incipiente democracia argentina, no por casualidad, comenzó un 10 de diciembre, y desde entonces los presidentes renuevan período en esa fecha que conmemora el día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Simbólicamente, se recuerda el voto de esperanza por crear un mundo mejor luego del Holocausto. En Argentina la cruenta dictadura tuvo aceptar la entrega del poder en esa fecha y lo hizo a un gobierno como el de Raúl Alfonsín, que había basado su programa electoral en el juzgamiento de los responsables de la desaparición forzada de miles de ciudadanos. Cierto que en estos años no todo fue un jardín de rosas. Están en la memoria los levantamientos militares, como el de Semana Santa. Esa vez el pleno de la dirigencia política, los medios de comunicación y la sociedad demostraron que no había vuelta atrás posible.
Con Carlos Menem vinieron las amnistías pero también se desarticularía totalmente la influencia de las Fuerzas Armadas en la política nacional. La llegada de Néstor y Cristina Kirchner significó un profundo avance en el juzgamiento de los responsables de los crímenes más horrendos. Al mismo tiempo, debieron sentarse en el banquillo de los acusados miembros del Poder Judicial y cómplices civiles de la dictadura.
La sociedad y la dirigencia acompañaron esta construcción democrática para que el Nunca Más no fuera solo una consigna vacía. Es cierto que desapareció Julio López, testigo en la causa contra el excomisario Miguel Etchecolatz, pero no se pudo atribuir el hecho a fuerzas estatales. Lo de Santiago Maldonado preocupa porque la respuesta del gobierno se parece a esconder la suciedad debajo de la alfombra.
Revista Acción
Agosto 27 de 2017
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