«Fue un trabajo arduo» coinciden los compiladores. «Porque Cristina Fernández no tenía los discursos escritos, de manera que fue necesario desgrabar muchas horas». A favor, anotan que cada alocución de la ex presidenta tiene una coherencia y una lógica que ahorró mucho trabajo de edición. El trabajo está listo y a pocas semanas de que en la Feria del Libro se presentara el boom editorial del año, Sinceramente, se presenta el segundo libro, Una política exterior soberana, publicado por Colihue. Es un material que como señaló la ex diputada Carmen Alarcón, una de las coordinadoras, «servirá para analizar en el futuro una política de Estado en torno a la integración regional y el multilateralismo» y que mientras tanto será llevado a casas de estudio e instituciones de todo el país para divulgar otra forma de inserción en el mundo.
En esta primera presentación, que se hizo ante un grupo de periodistas en el Instituto Patria, Oscar Parrilli resaltó la importancia de este material para también comprender los lineamientos de una gestión diametralmente opuesta a la del actual gobierno. «(Mauricio) Macri se dedicó a destruir todo lo que habíamos hecho en todos los órdenes, y en el ámbito de la política exterior, especialmente lo hicieron con la integración regional».
Se trata de discursos de Cristina Fernández en distintas ocasiones tanto en el país como en el exterior, ya sea en las Asambleas de la ONU en las que le tocó participar como en los encuentros del G20 o de las organizaciones latinoamericanas. Las tareas de recopilación estuvieron a cargo de un equipo de la Comisión de Integración Regional y Asuntos Internacionales del Instituto Patria, que conforman, entre otros, la ya mencionada Alarcón -autora de la idea del libro-, Carlos Raimundi, Ariel Basteiro, Eduardo Sigal, Nicolás Canosa y Natalia TIni.
Entre los discursos más recordados de los 26 que se publican, figuran el que Cristina hizo en Mar del Plata cuando recibió a la Fragata Libertad, en 2013, luego del embargo pedido por un fondo buitreen Ghana. O el que dejó en la 8ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Flacso de 2018, cuando ya no era mandataria y que hablaba de «recuperar el concepto de pueblo».
Los títulos de los capítulos hablan por si solos del punto de partida para esto que, como destacó también Raimundi, es una suerte de manual de relaciones internacionales.
«El amor a la Patria y la defensa integral de la Nación como sustento de una política exterior soberana». «La imperiosa necesidad de la conformación de un bloque regional». «La asociación estratégica con la República Popular China». «La geopolítica y el problema del anarco capitalismo financiero». «Nuevas arquitecturas de poder a escala regional y mundial». Estos son en síntesis algunos de los temas que se desarrollaron a lo largo de la presidencia de Fernández de Kirchner.
Parrilli, si bien puntualizó que muchos de los conceptos que iba deslizar no implicaban de ninguna manera un programa de gobierno del candidato Alberto Fernández, si dijo que el mundo con que una nueva gestión se va a encontrar es bien diferente al que dejaron en 2015. «Y nosotros somos pragmáticos, no somos dogmáticos ni locos. Sabemos cuáles son los límites en esta nueva realidad» en la que a los avances de la derecha a nivelmundial se suma un país como Argentina, otra vez embretada en una deuda colosal.
Ya más en tono de política actual, y ante una pregunta sobre la respuesta de mercados e inversores ante un triunfo en octubre de la fórmula F-F, dijo que «las inversiones nunca dejaron de venir durante los 12 años que estuvimos». Como muestra, trajo a colación a las empresas estadounidenses que instalaron fábricas de productos para mascotas, que antes eran importados. «Es que en es ápoca comían las mascotas pero también los argentinos», deslizó, acotando que los inversores se preocupan por ponde dinero donde saben que pueden ganar dinero, lo que no ocurre en estos días.
En cuanto a la convivencia con gobiernos inclinados a la derecha y con una fuerte impronta pro-Departamento de Estado, recordó que cuando se construyó la Unasur, convivieron los colombianos Álvaro Uribe y luego Juan Manuel Santos con Sebastián Piñera, Evo Morales, Hugo Chávez y Lula da Silva. «Tampoco tuvimos enfrentamientos con Estados Unidos y hasta tuvimos déficit comercial con ellos, todo es cuestión de manejarse con respeto mutuo».
La aprobación de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos que, entre otras cuestiones, permite el aporte de empresas privadas a las campañas electorales y reduce el tiempo que los medios de comunicación deben destinar a publicidad gratuita de los partidos políticos, plantea nuevas reglas de juego para los comicios nacionales de agosto y de octubre, más noviembre en caso de ser necesario un balotaje. Con esa normativa, que echa por tierra una limitación introducida en 2009, no solo se blanquea la intervención de los grupos concentrados en la política nacional, sino, como temen tanto desde el kirchnerismo como desde las agrupaciones de izquierda, se legitima el apoyo a un modelo económico ligado al mercado. Si es verdad que «billetera mata galán», el candidato que más dinero recaude tendrá más posibilidades de llegar al votante con su mensaje. Más aún en el marco de una ley que, además de reducir los espacios audiovisuales gratuitos, también impide el aporte de sindicatos o colegios profesionales. Los críticos de la ley señalan que entre los motivos que tuvo el oficialismo para impulsar la iniciativa estaba el escándalo de los aportes «truchos» para las campañas de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y de la capital argentina, un caso que se diluyó entre los vericuetos del Poder Judicial sin pena ni gloria, para beneficio del Gobierno. Para la izquierda, la ley «busca avalar los negociados con la política», según declaró Mónica Schlotthauer, del FIT, ya que el que pone dinero espera a cambio recibir alguna recompensa futura. En tanto, desde el Partido Solidario la propuesta había sido, desde que se comenzó a debatir esta norma, avanzar hacia la financiación del total de la actividad política por parte del Estado, como una forma de contribuir «a la revalorización de la militancia, al mayor ejercicio de la política en los espacios públicos y a un mayor contacto de los dirigentes con la sociedad, en desmedro del marketing político», como puntualizó el dirigente Carlos Heller en una columna en el diario Tiempo Argentino. En esta tesitura coincidieron los peronistas Felipe Solá y Agustín Rossi.
Sombras de la Justicia Desde la Casa Rosada, Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, celebró «que se haya alcanzado el consenso para avanzar en aquellos puntos clave que aseguren para las elecciones de este año un financiamiento de campañas más transparente, equitativo y bajo el escrutinio efectivo de la Justicia electoral». Pero precisamente el Poder Judicial es el que aparece cuestionado como nunca desde la recuperación de la democracia. La forma en que la denuncia de los aportes ilegales en la campaña bonaerense de Cambiemos en 2015 cayó en el vacío, cuando había pruebas contundentes de la forma en que ciudadanos comunes aparecían aportando dinero para el oficialismo provincial sin haber sido informados, fue otro paso en falso de un sistema que viene perdiendo terreno en la consideración pública por el modo en que resuelve sobre cuestiones que afectan al poder real en cada momento de la historia. Este sayo les cabe también a las denuncias contra la expresidenta Cristina Fernández y algunos de quienes la secundaron en el gobierno. Las defensas de Fernández y de los acusados en la causa por la obra pública en la provincia de Santa Cruz venían reclamando la sustanciación de mayores pruebas para avanzar en el juicio oral y público. Los recursos de queja por presunta «denegación de justicia» llegaron a la Corte Suprema, pero recién seis días antes de la primera audiencia, esta solicitó al tribunal oral el expediente para analizar los reclamos. Fue tal la presión mediática y política sobre el máximo tribunal que, a las apuradas, los supremos salieron a aclarar que no impedían la continuación del juicio. Los que buscaban la foto de Cristina en el banquillo de los acusados respiraron tranquilos por unos días.
Candidato. Fernández jura como jefe de Gabinete en 2007. Ahora va por la presidencia. (MARCELO OCHOA/TÉLAM)
Es que el sábado 18 de mayo, sorpresivamente, en un video difundido en las redes sociales, Cristina Fernández anunció la fórmula presidencial encabezada por Alberto Fernández, con la que aspira a construir un gran frente para derrotar al macrismo. La expresidenta se propone como vicepresidenta de Alberto Fernández en unas PASO a las que espera que vayan todos los sectores de la diáspora peronista. El argumento para postular a quien fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y de sus primeros dos años de gestión fue que es un hombre de consensos. Ciertamente, la movida causó estupor en la dirigencia política y en los medios que apoyan el proyecto de Cambiemos y obligó a recalcular estrategias. En el radicalismo, que se preparaba para una nueva convención partidaria, y en el macrismo más cerrado, que cree que crece a medida que contrasta con Cristina Fernández. Y pone en el tapete como tema central la corrupción en el gobierno anterior. Pero también impacta en la llamada Alternativa Federal, que nuclea sectores peronistas más cercanos a Balcarce 50, como el gobernador cordobés, Juan Schiaretti; el senador nacional, Miguel Pichetto; y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Schiaretti venía de revalidar abrumadoramente títulos en su provincia, donde el kirchnerismo se corrió de la disputa en lo que parecía un guiño para el mandatario mediterráneo. Pronto, el que fue viceministro de Domingo Cavallo mostró su distancia con cualquier opción que incluyera a Cristina Fernández.
Noticias pampeanas Cuando aún los ecos del anuncio de la fórmula Fernández-Fernández atronaban el ambiente, los pampeanos mostraron en las urnas su fidelidad al peronismo local, asestando la novena derrota consecutiva en lo que va del año para la alianza macrista y, por si fuera poco, en Santa Rosa, un candidato de La Cámpora derrotó a un intendente radical. El gobernador electo Sergio Ziliotto obtuvo el 52% de sufragios a nivel provincial, contra el 32% de Daniel Kronenberg; mientras que en la capital Luciano Di Nápoli cosechó casi el 52% de sufragios, contra el 27% del radical Leandro Altolaguirre. Ziliotto, quien sucederá al caudillo provincial Carlos Verna, de inmediato mostró su apoyo a la fórmula anunciada horas antes en las redes sociales. Coincidió con otros gobernadores como Rosana Bertone, de Tierra del Fuego; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Domingo Peppo, de Chaco; y Juan Manzur, de Tucumán. Alberto Fernández es conocido por su capacidad de diálogo y en el poco tiempo que en los días agitados del anuncio le dejaron libre los medios –que buscaban la exclusiva con el flamante precandidato– gastó el teléfono para hablar con todos los dirigentes que pueden aportar territorio y votos al proyecto. Pero también es recordado su paso al costado en 2008, cuando se fue del Gobierno tras el conflicto con los productores agropecuarios para ponerse en un lugar muy crítico de la gestión de Cristina. Ese es un dato que él espera que juegue a su favor, ya que le sirve para bloquear la acusación de que en caso de ganar sería un títere de la vicepresidenta. Aunque también es cierto que le resta simpatías entre los votantes más identificados con el kirchnerismo duro, ya que estuvo en la vereda de enfrente cuando se discutieron temas trascendentales, como la eliminación de las AFJP, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la estatización de YPF y Aerolíneas Argentinas, entre otras. Su misión, en síntesis, será la de tejer una coalición para terminar con el fallido interregno de la alianza radical-macrista, pero, básicamente, para hacerse cargo de armar un proyecto de país que contenga a las mayorías populares, recupere la producción y el consumo interno y negocie la bomba de la deuda externa con el FMI. Una coalición que pueda disputar la batalla que se viene: quién y cómo pagarán los platos rotos en estos cuatro años.
Hay una suerte de eslogan que se fue popularizando entre los sectores peronistas menos amigables con el oficialismo. «Hay 2019», dicen, en referencia a la posibilidad de triunfar en las presidenciales de octubre. Ese 2019 electoral está a la vuelta de la esquina, porque siguiendo ya tradicionales estrategias, habrá elecciones provinciales a lo largo del país a partir de febrero, cuando se lleven adelante las primarias en La Pampa. En concreto, 17 provincias ya decidieron adelantar comicios para gobernadores, intendentes y legisladores locales, pero otros distritos, entre los cuales están los territorios en manos de Cambiemos, como Jujuy, la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires, todavía no tomaron una decisión. Formosa y Salta es muy probable, aunque no definitivo, que convoquen el mismo día que se elige primer mandatario y legisladores nacionales. El jujeño Gerardo Morales, que irá por su reelección, analiza la mejor jugada para quedarse cuatro años más y no descartó ir por separado. En CABA y La Plata, el panorama depende de las pujas internas y de las encuestas. Horacio Rodríguez Larreta tiene el aval de la Legislatura porteña para unificar comicios mientras que del otro lado de la avenida General Paz todo es más incierto. Sucede que María Eugenia Vidal debería modificar varias leyes para desdoblar de acuerdo a las expectativas más favorables para el triunfo cambiemita, que sería someterse a la voluntad popular antes de junio.
Mano dura El actual no es el mejor momento político para el gobierno. Los indicadores económicos continúan empeorando. La inflación y la desocupación están al tope y el cierre de pymes se cruza con los casos judiciales que golpean no solo a la principal figura de la oposición, Cristina Fernández, sino a los más grandes empresarios nacionales. De tal manera que el gobierno debió suspender su principal apuesta para una recuperación económica en tiempo de campañas electorales, como el ambicioso Programa de Participación Público Privada (PPP), que hubiese desplegado obras por más de 20.000 millones de dólares pero que con más de 800 puntos de riesgo país, amenaza de default y empresarios desfilando por los Tribunales, no consiguió financiación externa. En Brasil, el principal socio comercial argentino, asume la presidencia un exmilitar que ganó con Lula da Silva preso y proscripto, pero también bajo la promesa de combatir el delito con mano dura. Aquí, el gobierno de Macri había tomado una línea agresiva contra el conflicto social desde que, a días de asumir, reprimió brutalmente una protesta de trabajadores de Cresta Roja. Después vendría la «doctrina Chocobar», un aval presidencial para el gatillo fácil y el nuevo protocolo de seguridad que, entre otras acciones, permite a los policías federales disparar sin dar la voz de alto. Pero el dato que salió a relucir tras la Cumbre del G20 fue que la imagen de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era la única en el gobierno que había crecido. Influyó que el encuentro de los mayores líderes políticos del mundo se haya desarrollado en forma relativamente calma, bien que al precio de una ciudad sitiada. El ejemplo brasileño elevó el predicamento de los sectores más extremos del espectro político, mucho más cercanos a la violencia institucional que al debate democrático, Bullrich representa esa tendencia y aparece como posible acompañante de Macri en una fórmula para la continuidad oficialista. En ese contexto, los estrategas del macrismo buscan instalar a las políticas de seguridad como uno de los ejes de la campaña.
Extraordinarias El cierre del año político no fue el mejor para el gobierno. En las sesiones extraordinarias no pudo imponer ninguno de los proyectos que presentó: la ley de barras bravas y el proyecto para la financiación de las campañas políticas. En cambio, uno que nació de dos diputados de la diáspora peronista, Diego Bossio y Marco Lavagna, para reformar la ley de Papel Prensa, salió airoso del debate parlamentario, con los votos del sector impulsor y del macrismo. La suerte corrida por las iniciativas gubernamentales es una señal de que otros son los tiempos que se vienen en el Congreso. La ley que se presentó como de «transparencia» de los aportes de empresas quedó trabada en el Senado aunque, ya en Diputados, Elisa Carrió se había diferenciado. Las críticas más enconadas consideran que ese «sinceramiento» consolidaría la inequidad de fondos entre los candidatos. No son pocos los que lo ven incluso como una maniobra para diluir el escándalo de los aportes en las campañas de Cambiemos en CABA y Buenos Aires. Tampoco pasó el filtro del Congreso la ley contra la violencia en el fútbol, una iniciativa del mandatario ahora sorprendido por la existencia de los barras, aunque presidió Boca Juniors entre 1995 y 2008 y sigue siendo el hombre fuerte de esa institución. La normativa volvió a comisión en Diputados a pedido de Martín Lousteau, aliado de Cambiemos. Desde el bloque oficialista echaron culpas de esta doble frustración a chicanas del Frente para la Victoria. La ley que sí pasó, y casi sin debate, fue la que elimina el precio único del insumo básico para la impresión de los diarios. Conforman el paquete accionario de Papel Prensa el Estado Nacional, Clarín y La Nación. Pero hay un acuerdo de sindicatura entre los dos privados. Los medios más chicos del país y los cooperativos serán los principales afectados por la ley que beneficia al multimedios, que podrá dictar el costo del papel a voluntad.
En un escueto mensaje de televisión, el presidente Mauricio Macri confirmó los trascendidos que habían comenzado a circular días antes, mientras el dólar trepaba en su cotización aun con las tasas del 40% que fijó el Banco Central: Argentina vuelve a buscar financiamiento en el Fondo Monetario Internacional. En el breve discurso, el presidente culpó de la situación al «desastre» que dijo haber heredado del gobierno de Cristina Fernández, pese a que transcurrieron ya dos años y medio de su llegada a la Casa Rosada, y dijo que se había «metido» en la política «para que cada argentino pueda vivir mejor». Macri reconoció que Argentina es uno de los países que «más dependemos del financiamiento externo», y que las condiciones exteriores habían cambiado de un modo contraproducente para conseguir más crédito en un escenario en que Argentina no maneja ninguna variable económica. Y dijo que el apoyo del FMI será aplicado «de manera preventiva» y para «fortalecer el programa de crecimiento y desarrollo». Analistas de todas las tendencias venían advirtiendo a las autoridades que el país se encaminaba a una encrucijada por el aumento del precio del petróleo y de las tasas que fija el Tesoro de Estados Unidos, que más temprano que tarde iba a causar que una política basada en el endeudamiento se quedara sin el combustible que la venía alimentando desde el 10 de diciembre de 2015. Además, el clima social venía complicado luego de la reforma previsional, con la secuela de represión y un impensado –hasta no hace mucho tiempo– acercamiento entre los distintos sectores de la diáspora peronista. Todo se aceleró al ponerse en marcha los aumentos desenfrenados de las tarifas de los servicios públicos y los transportes. En ese contexto, el gobierno impidió una sesión en Diputados para tratar alguna medida que le pusiera un tope a los precios de los servicios, lo que no hizo sino agigantar el rechazo entre los no votantes de Cambiemos y entre esos sectores de la sociedad que le habían dado un cheque en blanco para poner fin al ciclo kirchnerista. Incluso medios amigos y dirigentes del radicalismo pidieron moderar ese brutal zarpazo que afecta sobre todo a los bolsillos de las familias más humildes y a las pymes. Como un juego entre un gato y un ratón, a medida que las señales políticas indicaban que el Congreso iba a poner algún techo en las aspiraciones de las empresas energéticas y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguraba que el presidente vetaría cualquier iniciativa para moderar las tarifas, la corrida cambiaria generó el clima que se asocia tradicionalmente a los planes de ajuste más feroces. Lejos quedó aquel 28 de diciembre cuando desde una mesa compartida por Marcos Peña; los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne y de Finanzas, Luis Caputo; y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, se anunció una meta de inflación para este año de 15%, casi el doble del piso de la banda estipulada anteriormente, de entre 8 y 12%. El marketing de Jaime Durán Barba dictaba que, para aventar los fantasmas que se estaban despertando en la economía nacional, convenía presentar a todo el equipo del área trabajando al unísono con Sturzenegger, mientras el presidente Mauricio Macri seguía insistiendo en que el crecimiento, aunque invisible, estaba a la vuelta de la esquina.
Objetivo final Cuatro meses más tarde, las señales fueron diametralmente opuestas. Dujovne y Caputo fijaron recortes en el presupuesto y desde la «ventanilla» del BCra, Sturzenegger anunció tasas astronómicas para intentar detener la corrida bancaria que en pocos días se había llevado cerca de 7.000 millones de dólares (ver página 18). El gobierno y los periodistas y medios afines, en tanto, se unieron para culpar del mal momento a la oposición en su conjunto, dejando de lado las abismales diferencias que existen entre los distintos sectores que no comulgan con el macrismo, e incluyendo en la descalificación a aquellos que fueron muchas veces funcionales a las iniciativas del oficialismo. Funcionarios de primera línea del gobierno calificaron de «irresponsables» y demagógicas a las bancadas opositoras, y el propio Macri insistió en esta calificación en su mensaje del 8 de mayo, en el que sugirió que si no fuera por los «palos en la rueda» todo estaría mucho mejor. Desde algunos sectores de la oposición se criticó al gobierno argumentando que no había generado herramientas para contener la fuga de capitales y defender la economía local de los ataques especulativos. Para el dirigente cooperativista Carlos Heller, en cambio, «el gobierno no está cometiendo errores, sino que está cumpliendo con sus objetivos», entre los que destaca la baja del salario real en dólares y el cierre de paritarias al 15% y sin cláusula gatillo, a lo que se suma la enorme transferencia de ingresos hacia las grandes empresas de servicios públicos. El llamado al FMI, que pretende ser un alivio para el gobierno, no augura buenas noticias para los argentinos. La relación del país con el organismo comenzó en 1956, tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón, y su primera etapa puede decirse que terminó el 3 de enero de 2006, cuando Néstor Kirchner ordenó transferir 9.810 millones de dólares para liquidar de una sola vez toda la deuda con el FMI. Era la forma, para el patagónico, de liberarse de una institución a la que acusó de exigir a cambio de préstamos, «políticas que perjudican el crecimiento». Fue una decisión concertada con el entonces presidente brasileño, Lula da Silva, quien había pagado cada dólar que su país debía al Fondo pocas semanas antes. En años que van de 1956 a 2006, el organismo forzó sucesivos planes de ajuste. Fue también promotor de las privatizaciones en la década del 90 y quedó muy desprestigiado internacionalmente con la caída de la convertibilidad. El 2001 había comenzado con el anuncio de un blindaje del FMI para apuntalar al gobierno de Fernando de la Rúa. El final es conocido.
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