La cruzada de Francisco por transparentar los manejos oscuros de las finanzas vaticanas provocó un nuevo cimbronazo en la Santa Sede cuando las autoridades judiciales eclesiásticas allanaron dependencias y suspendieron a cinco funcionarios. La investigación, sobre compras ilegales de inmuebles en Londres, podría derivar en nuevos procedimientos contra algunos obispos y cardenales presuntamente implicados en una operatoria millonaria de la que habrían participado prelados y empresas de origen británico.
La noticia fue publicada originalmente en la revista L´Espresso por el periodista Emiliano Fittipaldi, un especialista en corrupción dentro de la Iglesia Católica que alcanzó fama y prestigio tras publicar Avaricia y Lujuria, dos libros no casualmente titulados con algunos de los pecados capitales en los que reveló escándalos sexuales y financieros dentro la iglesia en todo el mundo.
Luego el dato fue confirmado por la oficina de prensa del Vaticano. Oficialmente, se informó que por orden del Fiscal General Gian Piero Milano se había incautado documentos y dispositivos electrónicos en oficinas de la Secretaría de Estado y de la Autoridad de Información Financiera (AIF), una entidad independiente creada en tiempos del papa Benedicto XVI en el marco de otros escándalos financieros dentro del Instituto de Obra Religiosa (IOR), el banco del Vaticano.
Fittipaldi sostuvo que este caso deja más tela para cortar y podría involucrar incluso a los fondos del Óbolo de San Pedro, que son las donaciones que cada año se recolectan de los fieles en todo el mundo y que el año pasado sumaron 400 millones de euros y que se venían investigando desde 2015.
En la lista de sospechosos, preventivamente suspendidos de sus cargos y con prohibición de ingreso al área del Vaticano, figuran Tommaso Di Ruzza, director de la AIF, Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi y una funcionaria de la administración, Caterina Sansone.
Pero el más alto en la escala eclesiástica es monseñor Mauro Carlino, de la oficina de información y documentación de la Secretaría de Estado, que está a cargo de un hombre de confianza de Jorge Bergoglio, el cardenal italiano Pietro Parolin, número dos del Vaticano y hasta la asunción del papa argentino, nuncio apostólico en Venezuela y contacto con el gobierno bolivariano desde 2009.
Carlino llegó a ese puesto hace algunas semanas en reemplazo de Monseñor Alberto Perlasca, nombrado promotor de Justicia para la Corte de la Signatura Apostólica. Hasta entonces, había sido secretario general del cardenal Angelo Becciu, designado prefecto para la Congregación de las Causas de los Santos y en la practica el número tres de la Curia. Sucede que una de las oficinas allanadas es la que ocupaba Becciu en la Secretaría de Estado. Por eso muchas miradas están puestas ahora sobre él.
Salvo Carlino, que vive en la Casa de Santa Marta, donde reside Francisco, el resto de los implicados en este affaire solo pueden pasar los controles de la Gendarmería a laspuertas del Vaticano para atenderse por problemas de salud en el centro asistencial.
El periodista cuenta en su artículo que la investigación partió del mismo papa, que recibió información sobre maniobras irregulares del IOR y del Revisor General, el encargado de auditar la administración de la Santa Sede, a principios del verano boreal, y pidió ir hasta las últimas consecuencias.
Bergoglio fue ungido e marzo de 2013, tras la renuncia del alemán Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Llegó en un momento crítico para la iglesia católica, en medio de denuncias en todo el mundo por abusos sexuales. Pero los escándalos financieros también fueron un tema que preocupaba en el Vaticano.
El IOR fue creado para la administración de los fondos vaticanos y reemplazó en ese sentido al Banco Ambrosiano, que se hundió escandalosamente en 1982 dejando un tendal de víctimas de prácticas mafiosas, como el que fuera su director, Roberto Calvi, ligado a la Logia P2, que en los años 70 brindó apoyo a los gobiernos represores de América del Sur.
El tema de las maniobras financieras en el IOR se hizo público una vez que Francisco se puso en movimiento en Roma. Para el 2014 la información oficial era que el banco Vaticano estaba en quiebra. Sin embargo, a poco de hurgar en sus cuentas, el cardenal australiano George Pelli, designado prefecto de la Secretaría de Economía, que había sido creada unos meses antes, descubrió que había no menos de 3000 cuentas sospechosas entre las que se ocultaban cientos de millones de euros del Vaticano.
Este nuevo escándalo se registra a pocos días de que comience en Roma un encuentro de obispos para debatir el tema Amazonia: Nuevos caminos para la Iglesia uy la Ecología, lo que sin dudas habrá de generar un fuerte contrapunto con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, negacionista del cambio climático y de fe pentecostal.
En esta era, en la que en lugar de periodismo de investigación prima el de filtración, la difusión de un audio del dueño de Facebook generó una controversia con la senadora demócrata Elizabeth Warren, quién en el marco de las internas para la renovación presidencial de 2020, si no ganó adeptos al menos logró publicitar su imagen como ningún otro golpe publicitario lo había hecho hasta ahora.
El audio de la trifulca fue tomado de una charla de Mark Zuckerberg con empleados de la empresa en la que el fundador de esa red social se refirió en términos amenazantes a una pregunta sobre riesgos para FB ante la posibilidad de que Warren llegara a la Casa Blanca.
La legisladora, enrolada en el ala izquierda del Partido Demócrata, representa al estado de Massachusetts y a los 70 años tiene un largo historial como luchadora por los derechos de las minorías y de los consumidores, por lo que los sectores más conservadores de la dirigencia estadounidense la consideran como “populista de izquierda”. Una especie de Bernie Sanders con polleras.
Es una de las aspirantes, junto con su colega Sanders, para competir en las presidenciales del año que viene contra Donald Trump, que ya anunció que piensa en la reelección y casi seguramente no encontrará oposición dentro de los republicanos.
Precisamente en su rol de defensora de los consumidores y de la sana competencia, había dicho que en caso de resultar elegida como la primera mujer en llegar al Salón Oval -como mandataria- impulsaría leyes para “evitar que esta generación de grandes compañías tecnológicas use su poder político para moldear las reglas a su favor y emplee su poder económico para eliminar o comprar a todos los competidores potenciales”.
(Foto: AFP)(Foto: AFP)
El antecedente que tiene en mente es el proceso antimonopólico contra la Standard Opil Compañy, la mayor petrolera del país, que en 1911 fue desmembrada por orden de la Corte Suprema, que entendió que violaba los términos de la Ley Sherman Antitrust, de 1890. El holding se dividió en 34 empresas independientes, una de ellas la Standard Oil de Nueva Jersey, luego Esso y finalmente Exxon; otra fue la Standard Oil Company de Nueva York, que se transformaría en Mobil.
De allí la respuesta de Zuckerberg. «Si Warren sale elegida presidenta, apostaría a que tendremos una batalla legal y apostaría a que la ganaremos. ¿Eso sigue siendo malo para nosotros? Sí, no quiero tener que poner una gran demanda a nuestro propio gobierno. Pero si alguien te amenaza con algo tan existencial, solamente se subes al ring y peleas», transcribe la revista tecnológica The Verge.
Resulta dificil de creer que a Zuckerberg se le haya escapado la grabación, y mucho más que no se trató de una puesta en escena para deslizar una amenaza sobre cualquier candidato que piense en algo parecido a un control sobre un monopolio.
(Foto: AFP)
Los casos más recientes de aplicación de la Ley Sherman Antitrust datan de 1982, cuando la telefónica American Telephone & Telegraph AT&T, heredera de la Bell Telephone original, en 2000 fue desmembrada en siete empresas, entre ellas la Bellsouth, que llegó a pugnar por una parte de la estatal argentina Entel sin éxito, y la Bell Atlantic.
El otro caso fue el de Microsoft, llevada a los tribunales por sus competidores en el año 1999 a raíz de la utilización monopólica de un sistema operativo y un buscador en sus computadoras de mesa. El juez Thomas Penfield Jackson concluyó que la empresa de Bill Gates diseñanaba un modelo de negocios de “cebo y anzuelo” del que los usuarios normalmente no podían escapar, eliminando toda posible competencia.
El 3 de abril de ese año dictaminó que Microsoft debía dividirse en dos empresas independientes, una dedicada a crear el sistema operativo y la otra a los diferentes programas. Pero a la llegada de George W. Bush al poder, el clima de negocios cambió y en noviembre de 2001 el Departamento de Justicia laudó a favor del gigante con el simple expediente de obligarlo a compartir la interfaz de programación de aplicaciones. Y santo remedio.
La publicación de The Verge despertó un vendaval de críticas contra el polémico Zuckerberg, que ya conoce el manejo de los tribunales por haber tenido que defenderse en un proceso por la propiedad de las acciones de la empresa con el judicialmente reconocido como cofundador de Facebook, el brasileño Eduardo Saverin, quien denunció que le había birlado una fortuna con un traspaso de documentos de propiedad.
Zuckerberg, que ahora tiene 35 años, no se amilanó. «La trascripción de una de mis preguntas y respuestas hace unos meses se acaba de publicar online, y aunque estaba destinada a ser interna en lugar de pública, ahora que está disponible, pueden consultarla si están interesados en ver una versión sin filtro de lo que estoy pensando sobre temas como la responsabilidad social, la ruptura de las compañías tecnológicas, las interfaces de computación neuronal», dijo.
Zuckerberg también es fuertemente cuestionado por denuncias de que a través de esa plataforma se espiaron los perfiles de millones de usuarios para manipular elecciones a traves de la consultora británica Cambridge Analytica y para otros usos no menos oscuros por agencias de vigilancia estadounidenses.
Warren, en tanto, va desplegando los ejes de su campaña la presidencia en uan red del pajarito. Allí sostiene la necesidad de terminar con el sistema de prisiones privadas, un negocio sobre la libertad de millones de ciudadanos. Y le respondió al dueño de FB en un tuit.
«Tenemos que arreglar un sistema corrupto que permite que compañías gigantes como Facebook se involucren en prácticas anticompetitivas ilegales, pisoteen los derechos de privacidad del consumidor y pierdan en repetidas ocasiones su responsabilidad de proteger nuestra democracia. #BreakUpBigTech», anotó. Y linkeó al artículo en cuestión.
Y de pronto Perú amaneció con dos presidentes, en una suerte de parodia de la Asamblea Nacional venezolana, el peruano Martín Vizcarra fue suspendido en sus funciones acusado de “incapacidad moral”, y en su lugar los legisladores fujimoristas y del APRA designaron a la vicepresidenta Mercedes Aráoz. Pero nada indica que la situación se resolverá por esa vía y las Fuerzas Armadas y policiales se apresuraron a mantener su fidelidad al mandatario que desde julio de 2018 ocupa un despacho en la Casa de Pizarro. La pulseada muestra piruetas impensadas y entre los sectores más extremistas del arco político llegaron a afirmar que Vizcarra, un ingeniero civil que fue llamado de urgencia a ocupar el cargo a la renuncia del empresario Pedro Pablo Kuczynski, en marzo del año pasado, es una avanzada de la izquierda latinoamericana.
La descomposición del sistema político peruano se arrastra desde hace décadas y no es ajeno a este proceso el periodo de Alberto Fujimori, que llego a la presidencia en 1990, tras derrotar en segunda vuelta al escritor Mario Vargas Llosa. En plena ola neoliberal, en 1992 Fujimori disolvió el Congreso y reformó la Constitución a su gusto. Así se mantuvo en el poder hasta el año 2000, cuando los vientos se le pusieron en contra al cabo de varios procesos judiciales por corrupción y violaciones reiteradas a los derechos humanos durante su gestión. Literalmente escapó a Japón tras una gira presidencial. Fue extraditado a Perú en 2005, durante un viaje a Chile. Condenado a 25 años de prisión en 2009, de una manera imprevista, con los años sus hijos se convirtieron en los árbitros de la política peruana.
Así fue que en diciembre de 2017, cuando el gobierno de Kuczynski trastabillaba por denuncias de corrupción en el marco de la investigación contra la empresa brasileña Odebrecht, Kenji Fujimori le ofreció interceder para lograr un voto de confianza en el Congreso a cambio del indulto a su padre.
Kuczynski había ganado la presidencia contra Keiko Fujimori, la hija mayor, pero el parlamento quedó muy dividido aunque con mayoría fujimorista. Keiko se mostró contraria al “favor” de Kenji y la suerte de PPK quedó echada tres meses más tarde. De nada le sirvió el «perdón» a Fujimori padre cuando los legisladores de su bancada revelaron filmaciones de las negociaciones del presidente con Kenji y otros dirigentes partidarios.
En ese contexto, la solución fue nombrar como reemplazante a uno de los vicepresidentes del renunciante PPK, Vizcarra, que en ese momento ocupaba la embajada peruana en Canadá. Era una especie de exilio dorado para el hombre que había sido Ministro de Transportes y tuvo que renunciar tras denuncias por contratos irregulares para la construcción de un aeropuerto.
Sorpresivamente, Vizcarra era el salvador de la dirigencia política, pero con muy poco poder real. Se calzó la banda presidencial y , para ganar apoyos populares, comenzó una cruzada anticorrupción, con una fuerte reforma al sistema político que sometió al escrutinio público en un referéndum que ganó ampliamente al final del 2018.
Keiko Fujimori, en tanto, también acusada en la causa Odebrecht, fue condenada a tres años por lavado de activos. No era la primera vez que aparecía implicada en causas judiciales, ya que fue procesada en 2010 por la presunta financiación de sus estudios en la Universidad de Columbia, EEUU, con fondos estatales cuando su padre era mandatario.
Más allá de que en esta comedia de enredos nadie está lo suficientemente limpio como para arrojar la primera piedra, Keiko tiene un bloque parlamentario de 73 legisladores, sobre un total de la Cámara de 130, que ganó en elecciones libres. Con los 5 escaños del partido Aprista, Fuerza Popular viene acorralando a todos los que se sentaron en el sillón presidencial desde 2011. Puede decirse que a pesar de haber ganado el referéndum, Vizcarra no tenía muchas salidas, como acuerdan los analistas de los medios peruanos.
La semana pasada, el primer ministro Salvador del Solar, un dandy que fue actor de telenovelas, pidió un voto de confianza para modificar el mecanismo de nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, que le fue rechazado. El sistema judicial peruano está no menos teñido de corrupción que el político y en setiembre de 2018 César Hinostroza, juez de la Corte Suprema, fue suspendido luego de un escándalo por la manipulación de causas a cambio de dinero. Hinostroza huyó a España, de donde se anunció hace una semana que será extraditado.
El rechazo a la moción de confianza implicó la renuncia de Del Solar, pero para Vizcarra era la gota que colmó el vaso y confirmó lo que venía anunciando entre susurros. Este lunes disolvió el Congreso y convocó a elecciones parlamentarias para enero del 2020, un año antes del plazo constitucional para el recambio. El inmediato antecedente de disolución es el de Fujimori padre, en 1992, y en 1912, de Guillermo Billinghurst.
Los legisladores afines a esta movida presidencial se retiraron del edificio, pero los fujimoristas y apristas continuaron en la sala. Votaron la suspensión del presidente y nominaron a la otra vicepresidenta, Mercedes Aráoz, una economista formada en EEUU. La cúpula militar y policial informó de inmediato que acataba a quien considera el presidente constitucional. Desde los sectores más conservadores, interpretan que Vizcarra pretende gobernar con el apoyo de la izquierda y exageran incluso que será desde ahora obediente a Cuba y Venezuela.
Desde Caracas, el canciller Jorge Arreaza dijo que su gobierno brindará todo el apoyo a los connacionales residentes en Perú. Una ola xenófoba contra los venezolanos viene creciendo desde principios de año y se han registrado casos de violencia callejera.
Otros interpretan que lo de Vizcarra es parte de la maldición de los presidentes peruanos. Fujimori (1990-2000) está preso. Lo mismo ocurre con Alejandro Toledo (2001-2006), detenido en Estados Unidos y a la espera de la extradición; Ollanta Humala (2011-2016) está en libertad vigilada y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) cumple arresto domiciliario. Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó cuando una cuadrilla policial lo iba a buscar para detenerlo. También estaba acusado en la causa Odebrecht.
El Tribunal Supremo de Justicia de España quitó el que podría ser el último clavo en el ataúd del dictador Francisco Franco al despejar todas las trabas para finalmente y permitir la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos para ser enterrados en el cementerio El Pardo-Mingorrubio. El dictamen unánime representa un triunfo para el actual jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, del PSOE, de cara a las elecciones del 10 de noviembre en las que espera consolidar un fuerte respaldo que le permita finalmente ser ungido en su cargo con todas las de la ley.
La Corte de ese país ya había autorizado la exhumación el 24 de setiembre pasado, contra la voluntad de los sectores franquistas de la sociedad, que no son pocos y están enquistados en cada rincón de las instituciones del reino. Es así que a familia del dictador y diversas organizaciones particulares intentaron bloquear el traslado, que ya se había ordenado el año pasado ni bien Sánchez llegó a La Moncloa tras una arremetida en el parlamento contra el conservador Mariano Rajoy, del PP.
Pero las trabas judiciales fueron cayendo una a una. La última de estas partió del juez José Justy, quién consideró que como para retirar el cuerpo había que levantar losa que cubre el monumento en su honor erigido en 1975, a su muerte, por el gobierno que continuó hasta el inicio del actual período democrático, se necesitaba de una licencia municipal.
Lo que el TSJ hizo ahora fue no solo dar vía libre a la voluntad de las autoridades sino aclarar que para hacerlo no se necesita de ningún permiso de los mandatarios locales.
El monumento del Valle de los Caídos lo hizo construir el mismo dictador en lo que imaginó como una forma de ser homenajeado al término de sus días, junto a otros protagonistas de la guerra civil (1936-1939), que él provocó contra la Segunda República y que dejó más de un millón de muertos y alrededor de 100 mil desaparecidos, una herida aún abierta para familiares de esas víctimas de la brutalidad franquista.
El juez que intentó frenar la exhumación es miembro de una familia militar ultraconservadora que ya en 2007 polemizó con el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también del PSOE, quien había impulsado la Ley de Memoria Histórica para reconocer a las víctimas de esa tragedia.
Los restos del dictador están a los pies del altar mayor de la basílica de ese monumento, ubicado en cercanías de Madrid, bajo una lápida de mármol de 1,5 toneladas, junto a los restos del fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. Ahora, por orden de la corte, deberá ir a un cementerio donde está el cuerpo de su esposa, Carmen Polo de Franco, quien murió en 1988.
Los nietos del dictador pedían que fuera llevado a la catedral de Almudena, en el centro histórico de la capital española. Pero los magistrados sostienen que por cuestiones de seguridad y motivos históricos lo que corresponde es que esté en El Pardo.
“Al fin y al cabo se trata de levantar una sola, extraer los restos y reponer el solado original, revirtiendo el pavimento de la basílica”, minimizó el TSJ en su fallo, dejando sin sustento al reclamo de los familiares de Franco, que alegaron razones administrativas y arbitrariedad del gobierno nacional como último recurso para demorar a la espera de tiempos políticos mejores el traslado.
La sentencia establece que, como la medida original parte de una acordada del Consejo de Ministros -lo que sería algo así como un decreto gubernamental-, la exhumación no necesita el visto bueno urbanístico de San Lorenzo del Escorial, el municipio de la Comunidad de Madrid donde se encuentra el faraónico complejo construido por el franquismo y donde el dictador fue enterrado con todos los honores en 1975.
Para Sánchez, es un triunfo político con el que espera recuperar votos de la izquierda que le den el último envión para ser nombrado presidente del gobierno -algo que no logró en los comicios de abril pasado- para gobernar en soledad o al menos con la fuerza suficiente como para obtener el visto bueno de la oposición. En el oficialismo suponen también que podrán mermar los votos de Unidas-Podemos liderado por Pablo Iglesias, y los de Más Madrid, un desprendimiento de ese sector que sostiene a Iñigo Errejon y a Manuela Carmena, ex alcaldesa de Madrid, con lo que el PSOE superaría los 123 escaños de abril. Para formar gobierno necesita 176 votos.
Pero todavía no está el camino totalmente despejado para la exhumación, ya que los familiares prometieron nuevas presentaciones para evitar el traslado o al menos impedir que se haga a El Pardo. Pretenden que la figura de Franco mantenga ese viso de heroísmo que mantuvo de manera simbólica desde El Escorial.
Donald Trump calificó como una «guerra» al intento de los demócratas de someterlo a juicio político por sus presiones contra el mandatario ucraniano para que investiguen en aquel país al hijo del ex vicepresidente, Joe Biden, precandidato con fuertes posibilidades de ser el aspirante por la oposición a la Casa Blanca en 2020. «Estamos en guerra. Estas personas están enfermas», se lo ve decir en un video que publicó la agencia Bloomberg. Pero se trata de una guerra entre tahúres, ya que Hunter Biden aparece ocupando un cargo muy bien remunerado en una compañía energética ucraniana tras el golpe contra el prorruso Viktor Yanukovich, en 2014. Más aun, Biden padre habría forzado a la renuncia del anterior fiscal general de Ucrania porque estaba investigando las andanzas del párvulo en otros negociados en esa nación, devastada por un conflicto armado en la región oriental, más cercana a Moscú, y que luego perdió el control sobre Crimea a partir de esos avatares geopolíticos.
El escándalo salió a la luz a partir de un testigo oculto –whistleblower, como se los denomina en inglés– que filtró a congresistas demócratas las medidas inusuales que el entorno del presidente tomó luego de una charla con el jefe de estado de Ucrania, el comediante Volodymyr Zelensky. Lo habitual es que todo lo que se dice en el Salón Oval sea grabado y el informante notó una especial preocupación acerca de las transcripciones de la conversación del 25 de julio pasado.
Cuando consiguió una copia, su preocupación fue mayor. «Quiero que me hagas un favor», le pide el empresario al humorista, sorpresivamente elegido presidente de Ucrania en mayo. «Se está hablando mucho del hijo de Biden, y de que Biden detuvo una acusación, y mucha gente quiere saber de eso, así que cualquier cosa que pudiera hacer con el fiscal general (de EE UU) sería maravilloso», agrega, para avisar luego que su abogado, el exalcalde neoyorquino Rudolf Giuliani, se pondría en contacto para arreglar los detalles.
Fomentar una investigación contra un posible oponente en la elección suena grave. Mucho más porque Trump sugiere que la ayuda podría aceitar el otorgamiento de 400 millones de dólares fondos para la compra de armamento y pertrechos estadounidenses, muy útiles para Kiev en el contexto de su guerra en el este. Los voceros demócratas, con la jefa de la Cámara Baja, la experimentada Nancy Pelosi, mostraron su inmediata indignación.
Los archivos periodísticos muestran la otra cara del caso. Las agencias de inteligencia y el Departamento de Estado fueron los responsables del golpe contra Yanukovich durante la presidencia de Barack Obama y con Biden como coequiper. Uno de los amigos del derrocado presidente ucraniano fue el fundador de Burisma Holding, la petrolera que se convirtió en una presa para el hijo del ex vicepresidente, que a la sazón se llama Robert Hunter. Roberto Cazador, en inglés.
Ucrania es un tópico muy transitado en Washington en los últimos años y una muestra de las oscuras relaciones de EE UU en ese intrincado tablero de la frontera rusa. Filtraciones de llamadas entre la que fuera secretaria para asuntos de Europa del gobierno de Barack Obama, Victoria Nuland, con el embajador Geoffrey Pyatt mostraban el involucramiento directo de Biden en el golpe. Poco después, el vice de Obama brindó apoyo irrestricto al proceso de Kiev para alejarse de la influencia rusa y acercarse a Occidente.
Para esos tiempos, Trump se lanzó a la presidencia y contó con un asesor de campaña, Paul Manafort, del que pronto tuvo que desprenderse porque había sido colaborador del destituido Yanukovich. El consultor se declaró culpable de dos cargos criminales y conspiración tras un arreglo con el fiscal Robert Mueller hace un año. Mueller fue el encargado de investigar la presunta connivencia de Trump con agentes rusos para que lo ayudaran a ganar la elección de 2016. Hace dos meses declaró ante el Congreso que no hay certeza de que Trump no cometió delito, una frase ambigua que el mandatario interpretó como absolutoria.
La empresa Burisma parece haber sido un botín con el que, quienes ayudaron a los sectores antirrusos, se cobraron su colaboración para derrocar a Yanukovich y formatear la política ucraniana. El daño colateral fue la anexión de Crimea y el levantamiento de Donetsk y Luganks contra Kiev, lo que causó cerca de 4000 muertos desde abril de 2014. Junto con Biden Jr. ingresaron a la firma íntimos de la familia del secretario de Estado, John Kerry. Otra nativa de EE UU, Natalie Jaresco, quien había ocupado cargos en Washington desde que egresó de la Escuela de Gobierno John Kennedy, en 1989, apeló a su doble nacionalidad debida a sus padres para asumir como ministra de Finanzas del premier Arseniy Yatsenyuk, en marzo de 2017.
El martes, Pelosi se cargó a sus hombros la irritación de sus correligionarios, que ya le venían contando las costillas a Trump desde que llegó al poder. No les funcionó con sus denuncias sobre la injerencia rusa en los comicios del 2016 ni con los escándalos sexuales del empresario. Ahora, creen haber encontrado una fisura en el blindaje presidencial. Los antecedentes muestran que sólo dos inquilinos de la Casa Blanca pasaron por un juicio político: Andrew Jackson en 1868 y Bill Clinton en 1998. Los dos lograron zafar. Richard Nixon renunció el 9 de agosto de 1974 cuando su suerte ya estaba sellada por el caso Watergate.
No da la impresión de que prospere el enjuiciamiento de Trump. Los demócratas dominan la Cámara de Representantes, pero la Cámara Alta está en manos de los republicanos y para la expulsión necesitarían el voto de 2/3 de los senadores. Lo peor para los demócratas sería que si no lo pueden matar, lo terminen fortaleciendo. «
Raúl Castro prohibido en EE UU
En la larga historia del bloqueo a Cuba, ningún otro presidente había llegado tan lejos. Hasta que Donald Trump cruzó todo límite al anunciar sanciones contra el líder del Partido Comunista de la isla y ex presidente Raúl Castro y su familia, quien hace cinco años se reunió con Barack Obama para reanudar relaciones diplomáticas. Para Trump, el hermano de Fidel, de 88 años, «supervisa un sistema que detiene arbitrariamente a miles de cubanos y que retiene actualmente a más de 100 presos políticos», y tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos. El mismo castigo tiene Mariela Castro Espín, su hija.
En su primer discurso frente a la Asamblea General de la ONU, Jair Bolsonaro se dio maña para atacar a Cuba, Venezuela, las poblaciones originarias y ponerse el sayo de nacionalista en un intento por defender su cuestionada política ambiental. «Es una falacia decir que la Amazonia es un patrimonio de la humanidad», dijo, y no representa «los pulmones de la Tierra», afirmó.
«La Amazonia no está siendo devastada ni consumida por el fuego como dice mentirosamente la prensa», continuó en el mensaje de apertura de la 74ª UNGA, por sus siglas en inglés. Manifestantes con camisetas verdes portaban afuera un cartel que decía «Bolsonaro, una amenaza para la Tierra» y gritaban «¡La Tierra está ardiendo, la Amazonia está ardiendo, Bolsonaro es un mentiroso!”.
El mandatario brasileño llegó a Nueva York con el objetivo de instalar la idea de que representa “un nuevo Brasil”, alejado de los últimos gobiernos del PT. «Es el Brasil que resurge después de estar al borde del socialismo, está siendo reconstruido a partir de los anhelos e ideales de su pueblo», dijo. Y en su red social, lo puso en negro sobre blanco.
Luego fustigó a los gobiernos de Cuba y Venezuela. “Estar junto al socialismo trajo corrupción generalizada, recesión económica, violencia y ataques ininterrumpidos a valores familiares y religiosos».Su mensaje recibió críticas de sectores como el del Partido Socialismo y Libertad, cuyo dirigente más conocido, Guilherme Boulos, replicó en un tuit.
Prosiguiendo su intento de demonización de sus opositores, destacó que el acuerdo del gobierno de Dilma Rousseff para que médicos cubanos hicieran tareas sanitarias en Brasil, el ex capitán del Ejército brasileño afirmó que los profesionales hacían “un verdadero trabajo esclavo”, por el que recibían una mínima parte de lo que se pagaba por su trabajo.
La respuesta en este caso vino de la cancillería cubana:
En una línea que viene sosteniendo desde que el 1 de enero llegó al Palacio del Planalto, dijo que el Foro de Sao Paulo, que integran partidos políticos progresistas de la región, “es una organización criminal” y comparó su tarea con la de la dictadura militar. «Vencimos aquella guerra y resguardamos nuestra libertad» y, entiende, están haciendo lo mismo ahora.De allí a atacar la ideología de género había un paso. Y Bolsonaro lo dio. Invadió nuestros hogares, intentó destruir la inocencia de nuestros niños, pervirtiendo la identidad más básica y elemental, la biológica; lo políticamente correcto expulsó la racionalidad y la sustituyó por la manipulación, la repetición de clichés y los lemas. Expulsó a Dios y la dignidad con la que él nos revistió», insistió.
En cuanto a los incendios forestales que devastaron parte de la selva amazónica, generando críticas y cuestionamientos desde todo el mundo, el mandatario señaló –sin ponerle nombres, aunque era obvio que hablaba de Emmanuel Macron, su par francés- que “un país se embarcó en las mentiras de los medios y se portó de forma irrespetuosa y con espíritu colonialista, en contra de lo que es más sagrado: nuestra soberanía». Para añadir luego que «osó sugerir aplicar sanciones a Brasil sin ni siquiera escucharnos».
Su explicación sobre la catástrofe ambiental, reconoció que muchos de los incendios son intencionales, pero culpó a las poblaciones indígenas. «Personas dentro y fuera de Brasil quieren tratar a nuestros indios como verdaderos hombres de las cavernas», criticó, al tiempo que amenazó con terminar con el «monopolio» del cacique Raoni, un líder tribal propuesto como candidato al Nobel de la Paz.
«Los que nos atacan están preocupados por las riquezas y minerales y la biodiversidad que existe en esa área”, agregó. Tan cierto como que los hacendados que lo apoyan también tienen como objetivo esas riquezas.— Brasil de Fato (@brasildefato) September 24, 2019 «Los que nos atacan están preocupados por las riquezas y minerales y la biodiversidad que existe en esa área”, agregó. Tan cierto como que los hacendados que lo apoyan también tienen como objetivo esas riquezas.
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