No es la primera vez que Bolivia vive una situación de acefalía en su historia, pero tal esta termine convirtiendo en la más dramática. Porque literalmente el país está a la deriva en manos de bandas neofascistas que lograron la renuncia de toda la cadena de sucesión tras la renuncia del presidente Evo Morales y el vice Álvaro García Linera. A esto se suma en las últimas horas la del comandante de la Policía Boliviana, el general Yuri Calderón, uno de los protagonistas del golpe.
«El Estado Mayor de la policía le ha pedido la renuncia a Calderón y el comandante ha renunciado, ahora se aguarda la designación de un nuevo jefe interino, mientras tanto comienzan a normalizarse los servicios», dijo a reporteros el director de comunicación de la policía, Ruddy Uría.
El autoacuartelamiento de los policías dio vía libre a la violencia desplegadas por los grupos que responden a Luis Camacho, el líder cruceño -mitad poderoso empresario y mitad fanático religioso- que entró al palacio de Gobierno con la renuncia que pretendía le firmara Morales y una Biblia. Ahora queda más claro que la rebelión policial no era solo contra el presidente constitucional y que él también estaba en la lista.
Por lo pronto, a la dimisión de la cúpula del Ejecutivo se sumaron la presidenta y el vicepresidente del Senado, Adriana Salvatierra y Rubén Medinacelli; y el titular de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. La sensación en los corrillos políticos bolivianos es que “nadie quiere agarrar esa papa caliente”.
Sin embargo, la segunda vicepresidenta del Senado, la opositora Jeanine Añez, sacó chapa reivindicando su derecho a asumir la presidencia. «Ocupo la segunda vicepresidencia y en el orden constitucional me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones», afirmó en una entrevista televisiva.
Según el portal www.paginasiete.bo, cercano a Mesa, la senadora Jeanine Añez ya se encuentra La Paz, «camino a plaza Murillo». Informa que partió en la mañana de la ciudad de Trinidad y que, del Aeropuerto de El Alto fue trasladada en un helicóptero militar.
Al arribar señaló: «Con la bendición de Dios estamos acá porque lo que queremos es lo mejor para todos los bolivianos (…) tenemos ya un calendario electoral, la población grita porque el 22 de enero tengamos un presidente electo y vamos a hacer los esfuerzos para eso se consolide».
Unas horas antes había puesto reservas. «Si tengo las condiciones, asumiré la Presidencia, lo haré por el país y por todos los bolivianos, pero si se decide otro camino que decidan los movimientos que llevaron adelante todo esto, también lo aceptaré», dejando en claro que no hay quién gobierna, pero si quiénes tienen el poder.
Es que técnicamente, la renuncia de Morales y García Linera debería ser tratada por el congreso, que no se reunió y para dar aval constitucional a la movida debe contar con los legisladores del oficialismo, que son la abrumadora mayoría. «La Asamblea Legislativa tendrá la tarea histórica de elegir al transitorio nuevo presidente”, dijo a la agencia Xinhua el constitucionalista y politólogo Franklin Gutiérrez.
El académico señaló que se debe convocar a una sesión conjunta de senadores y diputados que deben aceptar la sucesión de renuncias, y designar un gobierno transitorio que convoque a elecciones en 90 días. Pero además deben nombrar a un nuevo Tribunal Supremo Electoral y luego a los vocales de los tribunales departamentales electorales, quienes administrarán el futuro proceso electoral.
«Es una situación sin precedentes en la que el partido derrocado tiene la clave de la solución institucional, porque otra vía de sucesión sería simplemente inconstitucional», dijo a la agencia Sputnik el analista Vicente Guardia, sociólogo del centro privado de formación e investigación política Comunidad Cívica.
El experto deslizó que esa salida institucional depende de un acuerdo parlamentario pero también de la posición del movimiento cívico nacional, el grupo ultraderechista que encabezó tres semanas de protestas ciudadanas que siguieron a las elecciones del 20 de octubre.
El caos que siguió al pedido de renuncia del jefe del Ejército y el ahora renunciante titular de la policía, llevó a que Camacho asegurara que había un pedido de captura contra Morales, que el renunciante mandatario denunció en las redes sociales.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General impartió órdenes de detención contra la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, y a otros responsables de ese órgano, que apareció cuestionado por irregularidades en el comicio, detectadas en el informe de la OEA. «Al momento tenemos 25 aprehendidos» entre miembros del Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales regionales, por órdenes emitidas por la fiscalía, indicó a agencia AFP el general Calderón poco antes de su dimisión.
Evo Morales, mientras tanto, sigue uniendo en la conspiración para derrocarlo a Carlos Mesa, el segundo en la elección del 20-O con Camacho.
Luego denunció los ataques sufridos por miles de simpatizantes del MAS y contra su propiedad, un asalto que recuerda al que sufrió en 1930 el presidente argentino Hipólito Yrigoyen de una turba fascista que había tomado el poder.
A Karol Aída Cariola se la conoció públicamente cuando, junto a Camila Vallejo y otros dirigentes juveniles compartió el liderazgo de los movimientos estudiantiles en Chile de principios de esta década. Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, perteneció a la Juventud Comunista y desde 2013 es diputada por la Nueva Mayoría. Además es «matrona», como en Chile se conoce a las obstetras, todo un símbolo de su militancia. Tiene 32 años y bajó a Buenos Aires para la reunión del Grupo de Puebla, en un alto de su participación en este «despertar del pueblo chileno, este proceso de transformación», como lo llama en el diálogo con Tiempo.
–Veo lo que está pasando en Chile como una gran oportunidad. El momento político más importante desde que recuperamos la democracia tras la instalación de un modelo neoliberal a sangre y fuego. Fueron muchas las expresiones de los movimientos sociales que se han venido dando, la perspectiva medio ambiental, la inexistencia de un sistema de seguridad social, la privatización de las pensiones y la salud, el sistema de educación. Movimientos sociales vienen a poner sobre la mesa, las contradicciones del modelo neoliberal. Todos convergen en un mismo punto que pone en evidencia a un gobierno que lejos de querer resolver estas contradicciones, las profundiza. Que ante cualquier pedido te dice más AFJP. O que responde con mayor concentración de los recursos, con una reforma tributaria les devolvió más 800 millones de dólares a los más ricos. Por eso el pueblo chileno dijo basta. Un país que aspira a tener democracia, tras 40 años, tuvo esa respuesta que pone en cuestionamiento la institucionalidad.
–¿Es Piñera o el poder real?
–No sólo pasa por el gobierno de turno y el Parlamento sino por distintos poderes del Estado o los carabineros y las fuerzas de represión. Todas las instituciones se vieron puestas en cuestión. Pasa porque hay problemas muy de fondo.
–¿El pueblo no había advertido antes el problema de fondo?
–El chileno era un pueblo que estaba completamente coptado y subyugado por el modelo. El cerco está corrido. Ahora los jóvenes miran y piden otra cosa de lo que veíamos nosotros. Ahora piden nueva Constitución: por eso pensamos que la de Pinochet tiene mucha menos vida. La correlación de fuerzas nunca fue la suficiente para modificarla: Pinochet dejó este candado tan bien amarrado. Los quórum son tan altos que se requiere de los votos de la derecha, que viene de la dictadura, que se acomodó al modelo, que es su guardiana. Este despertar del pueblo chileno, este proceso de transformación, el descontento se fue acumulando con cada uno de los procesos. Surge a partir de los estudiantes saltando las vallas del metro sin tener la necesidad de hacerlo: no eran los principales afectados sino sus padres, abuelos, tíos. Fue algo que nadie se lo esperaba. Ni nosotros, ni Piñera. No tienen el temor de otras generaciones.
–Lo mismo se decía en las marchas de 2011.
–Nosotros dimos un primer impulso importante que permitió mover una primera barrera y generó una primera fisura en la hegemonía cultural del modelo neoliberal. El pueblo estaba convencido de que era la única forma de vivir, de existir. Cuando salimos y le decíamos que pagar la educación no correspondía, nos decían que siempre había sido así… Diez años después, en el Parlamento no sólo hablamos de gratuidad en la educación sino que hablamos de que hay 4000 jóvenes que estudian gratis. Decir que no hubo un cambio es un error. Se produjo al punto que hoy tenemos cabildos autoconvocados con una ciudadanía diciendo que quiere nueva dirigencia y asamblea constituyente. Ese cambio tiene que ver con la fisura del modelo. Y no la produjeron sólo los jóvenes que saltaron las vallas. Ellos son producto de generaciones anteriores que también nos atrevimos. Ahora algunos somos parlamentarios y decimos que esta institucionalidad hay que cambiarla, transformarla completa. Incluso dando un paso al costado nosotros. Hay que partir de cero: estamos en un proceso de refundación de la democracia en Chile. El único poder soberano debe ser el poder del pueblo.
–Decías que no vieron venir esta situación. ¿Por qué se dio ahora?
–Una nunca sabe cuándo el pueblo va a reaccionar. No hay partido ni organización en particular que pueda atribuirse esta explosión. No se supo leer que llegaría. Cuando Piñera responde a la movilización de la forma represiva y brutal en que lo hizo, el pueblo reacciona de una forma conmovedora. Un movimiento que nació inorgánico. Es un despertar muy trasversal.
–¿Surgen nuevos liderazgos?
–Empiezan a emerger desde las bases y los territorios, con la lógica de los cabildos. Hay nuevas formas de expresión. No así desde la política tradicional. La oposición política está muy desarticulada. Nosotros nos pusimos a disposición del pueblo. El movimiento está muy transversalizado y eso es positivo. Es el momento de ceder poder al pueblo mediante procesos vinculantes de decisión, si no, no vamos a recomponer la confianza. Este proceso debe ir en dirección hacia una nueva Constitución. Es que este proceso dejó muchas víctimas y muchas denuncias de violaciones de Derechos Humanos. El presidente no los reconoce: habla de excesos. La primera mecha la encendieron los estudiantes, la segunda el presidente. Ahora convoca al COSENA, en un acto de provocación. Cuando abdicó el poder político al poder militar perdió completamente el control del país. El riesgo que lo puedan tomar los militares es una permanente amenaza.
–No quiere ser el que acabe con la Constitución de Pinochet.
–Sí, y no quiere dar el brazo a torcer respecto del modelo neoliberal. La derecha política quiere medidas más radicales. Cuando la derecha fascista se siente amenazada en sus intereses, es capaz de cualquier cosa. Piñera no debe seguir siendo un obstáculo: con sus decisiones ya nos tiene con 23 muertes.
El domingo 8 de julio de 2018, el juez Rogerio Favreto ordenó la liberación de Lula da Silva ante un planteo de la defensa del expresidente, detenido tres meses antes en el edificio de la Policía Federal de Curitiba.
Desde Lisboa, donde hacía turismo, Sergio Moro, juez emblema de la lucha contra la corrupción, llamó al jefe de la PF para avisarle que no lo podía dejar en libertad. Otro juez, Joao Pedro Gerán Neto, ratificó a las apuradas la orden de Moro.
Este jueves, tras más de un año de reclamos y de haber demorado una decisión sobre la inconstitucionalidad de detenciones sin sentencia firme, el Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5,aceptó el reclamo del ex dirigente metalúrgico. El viernes, el juez Danilo Pereira Júnior impartió la orden de dejarlo libre y la PF cumplió aceleradamente. Sergio Moro, ministro de Justicia, esta vez no pudo hacer nada.
¿Qué viento sopla ahora, contra el pesimismo de muchos que suponíamos que el bolsolarismo conservaba poder de fuego como para impedir la libertad del recluso más incómodo de Brasil?
Entre otras cosas, pasó que el establishment pensó que al sacar a Lula de la presidencial un candidato de derecha del sistema podría resultar electo en octubre pasado. Pero el emergente de esa crisis generada con el impeachment a Dilma fue un extremista como Jair Bolsonaro, peligroso hasta para quienes se beneficiaron de la caída del PT.
No es que esas fuerzas sean democráticas, pero el excapitán del Ejército preocupa incluso a sus pares de esa fuerza, de la que fue expulsado por desobedecer a las jerarquías. No tranquiliza siquiera que su vicepresidente y la mayoría de su Gabinete sea gente de uniforme.
Pasó, también, que el portal The Intercept Brasil reveló comunicaciones entre Moro y el equipo de fiscales donde se comprueba cómo se manipuló la causa para dejar a Lula en prisión y sacarlo de la elección. Y si fue difícil de explicar cómo el juez responsable de esa causa terminó siendo ministro del mandatario que se favoreció con sus fallos, cuánto más irritó a los miembros del poder judicial conocer las maneras oscuras en que se utilizó el sistema jurídico para perseguir a un dirigente político.
Pasó, además, que algunos de los medios que apoyaron a Bolsonaro ahora publican las oscuras relaciones entre la familia presidencial con casos de corrupción y con el asesinato de la concejal Marielle Franco.
Influye, por supuesto, el triunfo de Alberto Fernández y su postura en favor de Lula Libre, lo que ya generó una crisis en el Mercosur. Pero ese bloque regional ya venía golpeado por el plan del gobierno brasileño para liberalizar el comercio exterior común bajando aranceles a niveles mínimos.
Bolsonaro, hoy día, no tiene freno institucional dentro de Brasil. Muchos de los que facilitaron su llegada al Planalto ahora se agarran la cabeza y Lula aparece como el único capaz de marcar la cancha.
Esta semana llega a Buenos Aires una delegación de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), la cámara empresarial más poderosa de América Latina. Se supone que para tratar de poner paños fríos entre Argentina-Brasil, ya que los canales diplomáticos parecen rotos. ¿O vienen a pedirle que cumpla el mismo papel que Lula a nivel político en Brasil, pero en defensa de las industrias locales?
«Unasur no era sólo un mecanismo, era un espíritu de integración», afirma Ernesto Samper, expresidente colombiano y el último secretario general de esa organización regional. «Ahí donde había problemas como la amenaza a la continuidad democrática que ocurre hoy en Bolivia; ahí donde había estallidos sociales como los de Chile, que requirieran medidas incluyentes; ahí estaba Unasur», repite.
Samper -hermano de Daniel, periodista y autor de libros de humor junto con Jorge Maronna, uno de los miembros de Les Luthiers– es abogado y economista, fue presidente entre 1994 y 1998, padeció lo que ahora se conoce como lawfare y define el rol que cumplen en su país los exmandatarios como el de «esas señoras gordas que ponían en las fiestas de quinceañeras para cuidar a las niñas. Todo el mundo las saludaba con mucho respeto pero nadie las sacaba a bailar». Tal vez ahí esté su explicación para haberse involucrado en la Unasur, que dirigió entre 2014 y 2017. Se fue cuando no hubo acuerdo para elegirle un sucesor.
–¿Qué agenda hubiera tenido Unasur hoy?
–Unasur fue clave en Bolivia en ese brote secesionista en 2009 en Santa Cruz de la Sierra. La intervención de la presidenta Michelle Bachelet y la respuesta muy rápida de todos los presidentes de la región fueron clave. Lo mismo ocurrió cuando el intento de golpe a (Hugo) Chávez en Venezuela, o el intento de golpe policial a (Rafael) Correa en Ecuador. En este momento se está viendo la ausencia de un mecanismo regional y vemos con mucha preocupación lo que pasa en Bolivia. La OEA no jugó allí un papel constructivo: primero avaló los resultados, luego señaló irregularidades. De alguna manera enturbió el ambiente. La Unasur hoy podría resolver esa crisis.
–¿Qué llevó a esta situación actual?
–Ideologizaron la relación dentro de Unasur. Mientras fui secretario general nunca hubo confrontación de tipo ideológico al interior de la organización. Había una norma que obligaba al consenso, que podía generar dificultades para avanzar pero tenía el mérito de que debían estar todos de acuerdo para tomar decisiones fundamentales. Cuando estos gobiernos de derecha tuvieron una mayoría llevaron el tema de Venezuela a Unasur en términos ideológicos y no políticos. Esto precipitó la crisis. Ideologizaron tanto que terminaron armando una especie de sindicato de gobiernos de derecha, Prosur, que es más bien Pronorte.
–¿Cómo actuaría hoy la Unasur en Venezuela?
–Nosotros hicimos un gran esfuerzo durante dos o tres años para institucionalizar el diálogo en Venezuela. Creo que fue la etapa en que se produjeron los mayores resultados. En noviembre de 2016 habíamos logrado con un delegado del Papa acordar reformas al Consejo Nacional Electoral, que era un reclamo válido de la oposición; se implementaron cuestiones relacionadas con la unificación cambiaria; sobre una Comisión de la Verdad que yo mismo instalé. Nunca habíamos llegado tan lejos, pero se hizo muy difícil implementar esos acuerdos por parte del gobierno y de la oposición. Y cuando se lanzó la Asamblea Constituyente yo marqué distancias porque consideré que estábamos trabajando en mecanismos extraconstitucionales. Pero sigo siendo un firme convencido de que la única salida debe ser pacífica y democrática.
–Desde entonces la sensación es que más que crisis hubo un vaciamiento de Unasur.
–Hubo responsabilidad de muchos países. Hubo resistencia de gobiernos progresistas a que se designara un sucesor mío que no fuera de sus simpatías. Lo que hay es un choque entre dos visiones sobre lo que es la integración. Para muchos de estos gobiernos la integración son solamente acuerdos de libre comercio y un relacionamiento económico: inversión, comercio, algo de propiedad intelectual y punto. Para nosotros la integración tiene que ver con infraestructura, conectividad, programas conjuntos. Es un concepto mucho más complejo. Unasur tenía que ver con la preservación de la región como una zona de paz que llevó a la creación del Consejo Suramericano de Defensa, que cumplió un rol muy importante como el de las bases militares entre Colombia y Venezuela. Hacia adentro había 23 grupos entre consejos sectoriales y de temas especiales en los que se concertaban agendas en temas de salud, educación. Era un modelo bastante parecido al de la Unión Europea, que lamentablemente se abandonó.
–Llama la atención con qué facilidad se lo pudo hacer.
–Con el tiempo, los países que precipitaron su salida de Unasur se han encontrado con que en términos formales no era tan sencillo, porque había un tratado constitutivo con la firma del Ejecutivo y la ratificación del Congreso. El retiro debería tener los mismos trámites y eso no ha ocurrido en Argentina, Brasil, Chile. También había programas en marcha que resultó costoso abandonar. Como el permiso temporal de trabajo que permite a cualquier ciudadano sudamericano trabajar en otro país de la región. Más de 3 millones están con ese permiso temporal, que quedó en el limbo. Otro caso: el Instituto de Salud de Unasur, que estaba en Río de Janeiro, contrataba las vacunas consolidando la oferta. Fue liquidado. La gente de derecha es muy rápida y efectiva en destruir y poco eficaz en construir. No descarto la posibilidad de que cuando asuma el presidente Fernández se reviva un canal para mantener el espíritu y los programas básicos de Unasur.
–En Ecuador, al edificio ya se le dio otro destino, sacaron la estatua de Néstor Kirchner…
–La estatua está bien protegida, se lo puedo asegurar. Está a buen resguardo.
–¿Dónde está?
–Es un secreto de Estado (ríe). Fue oportunamente desmontada por los equipos que trabajaron conmigo en Unasur.
–En algún momento habrá que preguntarle entonces dónde está para volver a colocarla.
«Tal vez Néstor Kirchner quisiera volver a Argentina a partir del 10 de diciembre», culmina, con una mirada cómplice.
Aloizio Mercadante fue uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT) junto con Lula da Silva en 1980. En el gobierno del metalúrgico, fue ministro de Educación y titular de la Casa Civil, la Jefatura de Gabinete. Es uno de los colaboradores más cercanos al expresidente brasileño y se lo podría definir como un eximio operador político. Fue, desde ese lugar, uno de los iniciadores del Grupo de Puebla junto con el chileno Marco Enríquez Ominami y el futuro presidente argentino Alberto Fernández.
Por eso importan algunas definiciones que dio desde el lobby del hotel Emperador mientras llegaba la noticia de que Lula estaba saliendo de la prisión de Curitiba, donde pasó los últimos 580 días de su vida.
En tal sentido, considera que la liberación del exmandatario es un triunfo para la postura constitucionalista que mantuvieron los abogados defensores. «Jurídicamente, es clarísimo en la Constitución brasileña sobre lo que corresponde hacer en un caso de segunda instancia. Ese es un principio fundamental para un ciudadano: tiene que esperar el fallo final en libertad, porque sigue siendo inocente».
Ante la pregunta de si hubo un cambio de voto decisivo para que el resultado en el Supremo Tribunal Federal fuera 6 a 5 a favor de la libertad de Lula, Mercadante hizo un par de acotaciones. Por un lado, dijo que hubo una sola modificación sobre planteos anteriores que resultaron adversos a Lula. Se trató de la jueza Rosa Weber, quien en abril del año pasado cambió su propia jurisprudencia y negó un hábeas corpus preventivo presentado por los defensores de Lula cuando quedó detenido. «Ahora volvió a su posición histórica», destacó Mercadante, no sin insistir en que esa es la posición jurídicamente correcta.
–¿Ese cambio refleja la caída de la popularidad del presidente (Jair) Bolsonaro?
–No, es una respuesta constitucional. Aunque es cierto que Bolsonaro se convirtió en un desastre internacional para el Brasil. Lula representa la posibilidad de diálogo y de recuperar valores democráticos de la sociedad.
Para Mercadante, lo que sí influyó sobre la sociedad y el Poder Judicial es el «Vaza Jato», la filtración de conversaciones privadas entre el juez Moro y el fiscal Deltan Dallagnol para forzar la causa y quitar la posibilidad de que Lula fuera candidato. «Se los vio decir que no había que dejar que Lula fuera entrevistado en la prisión para no mostrar su imagen. Decían que era un peligro que ganara la elección. No podían permitir que se presentara a la elección y lo lograron. Fueron muchas violaciones de la Constitución y parcialidades. Y eso favoreció nuestros argumentos», consideró.El dirigente petista dice que el líder gremial «ahora se va a reencontrar con Brasil, creo que la sociedad tiene mucha ‘saudade’ de Lula, de su liderazgo». Pero no habla de futuros comicios, «falta mucho para 2022», destaca. Aunque no ignora que «vaya o no a ser candidato, el papel de Lula será decisivo en el país».
¿Qué tipo de papel? «Bolsonaro no sólo perdió popularidad sino credibilidad. Brasil está arruinado, su imagen muy desgastada porque nos estamos oponiendo a valores que son universales», analizó. «¿Qué respeto podemos ganar si nuestro gobierno cuestiona el calentamiento global. Hay evidencia científica comprobada, no es globalismo de izquierda: Amazonia es un patrimonio fundamental y Brasil lo tiene que preservar».
Mercadante recordó también el respeto a la institucionalidad que mantuvo el PT hasta el final. «Nos dicen que hemos sido republicanamente ingenuos, porque cuando atacaron a Dilma ella decía ‘prefiero el barullo de las impresoras criticando y no el silencio de la censura'». Advierte que los ataques de Bolsonaro y sus hijos a periodistas y medios son lo opuesto. «Yo creo que el Brasil profundo va a reaccionar ante Bolsonaro y creo que Lula representa al pueblo brasileño», indicó luego.
Mercadante se dio tiempo para agradecer a Alberto Fernández el apoyo. «Los amigos se ven en las situaciones difíciles, y fue emocionante ver a la multitud gritar Lula Libre el día de la elección argentina, que era el cumpleaños de Lula». El dirigente brasileño estaba rodeado de periodistas en el hall del hotel. Uno de ellos le pidió que hiciera la L con sus dedos, el tradicional pedido de Lula Livre. Pero Mercadante, con una exultante sonrisa bajo su bigotazo, hizo ese saludo con su mano derecha y con la izquierda la V. ¿De la victoria? «Por supuesto. De la victoria del peronismo y de Alberto Fernández. Pero también de Lula Vuelve…».
El Supremo Tribunal Federal de Brasil se tomó su tiempo y mantuvo la expectativa hasta el final. Como esos elementales conductores de programas televisivos de prime time, demoró la incógnita, con música incidental adecuada, hasta el voto de desempate del presidente de la Corte, Jose Antonio Dias Toffoli.
Por 6 votos a 5, el STF puso punto final a un debate que se había extendido demasiado en torno a la inocencia de un reo hasta que se cumplan todos los plazos procesales. Esto es, que un condenado en segunda instancia puede esperar la definición final, en ese último escalón del sistema judicial que es el STF, en libertad.
Se dijo en algún momento en estos 580 días en que se trató esta insólita situación, que era un fallo sobre más de 190 mil condenados sin sentencia firme. Luego, más ajustados a la cifra exacta, se confirmó que era sobre 4895.
En términos políticos, se trata de un solo preso, el más importante y el que puede comprometer con su sola presencia en las calles brasileñas el sistema de neoliberalismo neofascista instaurado a paso firme desde la destitución de Dilma Rousseff en agosto de 2016, pero específicamente desde el 7 de abril de 2018.
Porque ese día el único preso que importa políticamente, Luiz Inacio Lula da Silva, quedó alojado en una celda de la sede de la Policía Federal de Curitiba. Esa detención facilitó el triunfo electoral de Bolsonaro. Su libertad podría complicarle lo que le quede de mandato.
(Foto: AFP)
El reclamo de la defensa del dos veces presidente brasileño apuntaba a las consecuencias de una persecución sin cuartel del juez Sergio Moro, que lo condenó sin pruebas por corrupción y forzó su detención, contra la jurisprudencia en contrario de la corte brasileña hasta entonces.
Pero eran otros tiempos y nada ni nadie podía ir haca un año y medio contra ese juez de Paraná con imagen de incorruptible. Moro fue premiado con el Ministerio de Justicia en enero pasado y ese gesto le fue quitando esa pátina de heroísmo a sus acciones.
Para colmo, en los últimos meses fueron apareciendo mensajes de la plataforma Telegram en el portal The Intercept donde se ve descarnadamente la forma en que tanto el magistrado como el fiscal de la causa Lava Jato, Deltan Dallagnol, manipularon información y pruebas con el único objetivo de sacar a Lula de la carrera presidencial, cuando todas las encuestas aseguraban que podría ganar incluso en primera vuelta.
Los mensajes de «Lula libre» atronaron todas las redes cuando se supo el resultado final de la votación en el STF. Por costumbre, cuando hay casos de tanto impacto, la compulsa se va haciendo por tramos. Es así que ya hace quince días había se sabía que la cosa venía para empate.
Hasta este jueves, iban 4 a 3 a favor de mantener la libertad y por tanto la inocencia de un acusado hasta la última instancia. Lula fue condenado por Moro y la sentencia fue corroborada por la Cámara respectiva. Como sus abogados apelaron la condena, falta la definición de la corte. El 6 a 5 tal vez indica que no era sobre 4895 casos que debatían en el Palacio de Justicia.
(Foto: fotospublicas)
¿Qué pasará de ahora en más? La defensa del exdirigente metalúrgico ya pidió la pronta liberación del reo, siguiendo el dictamen del STF. La jueza Carolina Lebbos, de Curitiba, deberá responder ante ese reclamo. Pero por ahora no parece probable que Lula deje la celda en breve.
Y no porque no corresponde cumplir el dictamen del máximo tribunal, sino porque el sistema político armado luego del impeachment a Dilma teme por la conmoción que puede causar un líder del arraigo de Lula y de su capacidad de movilización. Conviene recordar que Bolsonaro y los Chicagos Boys que lo secundan en el gabinete están llevando adelante un proyecto neoliberal que va a contramano de los postulados del PT, pero también de sectores militares y empresariales afectados por esas medidas.
Bolsonaro ya obtuvo dos leyes que para Paulo Guedes, su gurú en la economía, son claves: la reforma laboral y la previsional. Justo este jueves comenzó la licitación de la plataforma petrolífera del Presal, una joya de la corona que convertirá a Brasil en uno de los productores de energía más grandes del mundo.
Lula libre es una consigna que desde Buenos Aires se cantará en la cumbre de líderes del Grupo de Puebla que se reúnen este fin de semana y es un canto de guerra que enturbia la relación de Bolsonaro con el futuro presidente argentino. Alberto Fernández ya dijo que sueña con que Lula sea el invitado de honor cuando asuma la presidencia, el 10 de diciembre.
(Foto: AFP)
Lula es un preso incómodo para el proyecto bolsonarista, pero al mismo tiempo, Bolsonaro es un presidente incómodo a esta altura para algunos sectores del establishment brasileño. ¿Cuál será la respuesta del sistema ante esta situación, que no debería ser inesperada para ellos? Por ahora es una incógnita. Es probable que todos traten de patear la pelota lo más lejos posible y seguir demorando definiciones con chicanas leguleyas.
Pero las presiones tanto dentro como fuera del país son muy fuertes. El de Lula es un caso testigo del lawfare regional y no todos los togados quieren quedar vinculados a resoluciones que cada día se muestran más amañadas para evitar que el presidente que sacó a 40 millones de brasileños de la pobreza vuelva a cantar presente desde las calles. Y entre sus cánticos, diga que otro mundo es posible, como decía allá por 2003 cuando llegó al gobierno por primera vez.
Comentarios recientes