por Alberto López Girondo | Jul 7, 2021 | Sin categoría
El primer ministro haitiano, Claude Joseph, a cargo del poder Ejecutivo tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, decretó el Estado de Sitio para prevenir desborden en el castigado país caribeño. Joseph se escudó en el artículo 49 de la Constitución de esa nación y luego de haber convocado a un Consejo Extraordinario de ministros. “Un grupo de desconocidos, algunos de ellos de habla hispana, atacaron la residencia privada del presidente de la república e hirieron de muerte al jefe de Estado”, dijo el premier tras confirmar que la esposa del mandatario, Martine, había resultado malherida durante el ataque.
Ataque en la madrugada.
Haití, el país más empobrecido de la región, ocupa la porción occidental de la isla a la que en 1492 la expedición de Cristóbal Colón pisó por primera vez tierra americana. Su objetivo de encontrar oro a como diera lugar fue sustituido con los siglos por la extracción de cualquier tipo de riqueza de modo que la población está sumida en la miseria más profunda.
Fue el segundo país en declararse independiente en esta parte del mundo, en 1804 y, tratándose de una región habitada por colonos esclavistas, esa osadía despertó las peores reacciones en las elites americanas que buscaban la independencia de España. Desde entonces, quedaron atrapadas entre el deseo/necesidad de alejarse de la metrópoli y el temor a las bases populares, lo que quizás haya generado algunas angustias, como entendió un ex presidente argentino.
Las primeras revueltas de los afroamericanos se registraron en 1791, alentados por las noticias sobre la Revolución Francesa, que había terminado con la monarquía y encabezaba las esperanzas del surgimiento de las libertades individuales y los derechos humanos. Que además, había abolido al esclavitud.
Pero pronto vieron que las promesas que venían del otro lado del Atlántico se daban de bruces con al realidad de que aquella revolución, la de Europa, peleaba por hombres libres, pero blancos. Para los negros que siguieron a François Dominique Toussaint Louverture la historia sería diferente.
El propio Napoleón Bonaparte, que se ungió emperador enterrando los ideales de Libertad e Igualdad, también se olvidó de la Fraternidad.
Celebración en Francia.
Y si bien el Gran Corso murió en mayo de 1821, hace justo 200 años, el reconocimiento francés de la independencia de Haití habría de esperar hasta 1825 cuando el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer firmó la Real Ordenanza de Carlos X con el último rey Borbón del país galo.
Por ese acuerdo, Haití se comprometió a reducir en un 50% el arancel a las importaciones francesas y pagar una indemnización de 150.000.000 francos (unos 21.000 millones de dólares actuales), en cinco cuotas, para resarcir a los colonos que habían debido entregar sus plantaciones al gobierno democrático.
Más allá de los cataclismos naturales -como el terremoto de 2010 que arrasó gran parte del país y que mató a no menos de 200.000 personas- y de dictaduras como la de los Duvalier, que con la excusa del combate al comunismo instituyeron un régimen de terror entre 1957 y 1986 con el apoyo de los gobiernos estadounidenses- el país está sumido en una crisis de conducción a la que no es ajena la injerencia externa.
El primer presidente elegido democráticamente fue el sacerdote salesiano Jean-Bertrand Aristide, considerado un portavoz de la teología de la liberación. Ocupó el poder Ejecutivo por unos meses en 1991, hasta que fue derrocado por un golpe militar. Volvió al poder para completar el mandato, acompañado por una misión internacional, entre 1993 y 1996. Nuevamente electo, en 2001, se acercó a los gobiernos progresistas de la región, como el del venezolano Hugo Chávez. Esto le granjeó más enemigos tanto en Haití como fundamentalmente en Washington y fue derrocado por otro golpe, en 2004.
La deriva del país parece no tener fin desde entonces y Moise fue quizás el gran exponente de estos manejos discrecionales del poder para mantener a una casta enriquecida por sus lazos económicos y políticos con Estados Unidos.
El pueblo empieza a rebelarse.
El futuro del país es una incógnita, lo mismo que por ahora los responsables del asesinato del presidente.
Tiempo Argentino, 7 de Julio de 2021
por Alberto López Girondo | Jul 3, 2021 | Sin categoría
El presidente Jair Bolsonaro tiene el raro atributo de haber logrado unir a gran parte de la dirigencia política brasileña en su contra. Y, además, de haber convertido la pandemia en una batalla negacionista que finalmente, y cuando había aceptado que la solución pasaba por vacunar a la población, quedar contra las cuerdas por sobrefacturación y pedidos de coimas. Para colmo de males, la Fiscalía General de la República le solicitó a la Corte Suprema abrir una investigación por el contrato con el laboratorio indio que produce la vacuna Covaxin.
Esta semana se presentó en la Cámara Baja un “superpedido” de impeachment en contra del presidente que unifica 120 pedidos y 20 acusaciones contra el excapitán del Ejército brasileño. A la movida se sumaron el Partido de los Trabajadores, el Psol, el PSB, el PDT y el Partido Comunista do Brasil, además de los movimientos sociales CMP, Frente Brasil Popular y la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD). La frutilla del postre es que también firmaron el petitorio dos diputados exaliados de Bolsonaro, como el actor porno Alexandre Frota, del PSDB paulista, y la periodista Joice Hasselmann, del Partido Social Liberal, que fue la estructura política con la que el actual mandatario se presentó a la elección de 2018 y que después dejó de lado.
El caso que más ruido provoca aparece en el marco de una investigación previa que había comenzado el senado en torno a la actuación del gobierno para enfrentar la pandemia de Covid-19. La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) abrió una verdadera caja de Pandora y de ese oscuro recipiente surgió no solo la negación del daño que provocó el coronavirus.
Es así que también apareció la denuncia del representante de la firma Davati Medical Supply al diario Folha de São Paulo. Luiz Paulo Dominguetti afirmó que había recibido un pedido de coima de un dólar por cada dosis de vacunas AstraZeneca ingresadas a través del Ministerio de Salud. Los senadores convocaron de inmediato a corroborar ese dato al representante de la empresa, Cristiano Alberto Carvalho.
Según la denuncia, el director de Logística de esa cartera, Roberto Ferreira Dias, guiñó el ojo para que la proveedora anotara una “propina”, como se dice en portugués, que para 400 millones dosis dejaría una millonada equivalente en moneda estadounidense a repartir. El hombre fue exonerado del cargo de inmediato, pero no queda claro quiénes estaban en esa “vaquita”, y todos apuntan a la estructura ligada al presidente.
En cuanto a Covaxin, desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biontech, la Policía Federal investiga un acuerdo por 1,6 mil millones de reales para la compra de 20 millones de dosis. Firmado en febrero pasado, el documento –según el diputado bolsonarista Luis Miranda– mostraba una sobrefacturación del 1000 por ciento. Miranda es hermano de Ricardo, el funcionario a cargo de la compra dentro del ministerio, y dijo en la CPI que en marzo le avisó a Bolsonaro del sobreprecio, pero que nada hizo para ordenar una investigación.
Dos días después de que Bolsonaro, según Miranda, se enterara del escandalete, el entonces ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, debió dejar el cargo aunque obtuvo como premio consuelo la Secretaría de la Presidencia de Brasil. El contrato con Covaxin se cayó recién esta semana, y cuando el caso ocupaba la atención de los medios locales.
El Ministerio Público Federal, a regañadientes, aceptó que el caso le correspondía. El procurador Paulo José Rocha Junior determinó que la PF –un órgano judicial federal a la manera del FBI– abriera una investigación.
En principio, debe pedir colaboración internacional de la Justicia de India para poder indagar a representantes de Bharat Biontech y contrastar los precios internacionales de su vacuna con los que rigen para el resto de los países del mundo.
El clima contra Bolsonaro va creciendo en la opinión pública, al ritmo que se engrandece la figura del expresidente Lula da Silva. El exdirigente metalúrgico viene convocando a viejos enemigos a su cruzada contra el neofascismo de Bolsonaro y la cúpula militar. A esta épica ya sumó al expresidente Fernando Henrique Cardoso, que comandó los destinos de Brasil durante dos mandatos antes de entregarle la banda presidencial a Lula el primer día del año 2003.
Cardoso, del PMBD, con su esquive en 2018, fue clave para que Bolsonaro llegara al poder y Lula estuviera entre rejas. Ahora la historia parece darse vuelta, aunque para la elección aún falta más de un año. Y nada hace prever que los militares dejen caer a Bolsonaro.
La Campaña Nacional Fora Bolsonaro llevó a cabo casi 180 manifestaciones en todo Brasil y algunas ciudades del mundo, la más masiva de las expresiones contra el presidente brasileño desde que llegó al poder, el 1 de enero de 2019. Las consignas y pancartas portaban lemas como “No se saque los barbijos (como plantea el mandatario) saque al presidente”, o “Negó la vacuna y recetó cloroquina / y mató más que la bomba de Hiroshima”.
3J con 180 marchas
En Belo Horizonte, los cánticos alentaban: “Se o povo se unir, Bolsonaro vai cair” (Si el pueblo se une, Bolsonaro caerá).
Hubo también marchas en Berlín, Friburgo, Amsterdam, Dublín, Viena, Ginebra, Porto y Lisboa. Es esas ciudades el reclamo era por la apertura de un proceso judicial en la Corte de La Haya por crímenes de lesa humanidad en el marco del negacionismo sanitario.
La más grande de las concentraciones se registraba en la avenida Paulista, de San Pablo, donde desde temprano ciudadanos de todas las edades se movilizaban con un clima de reclamo pero a la vez festivo. En Recife, desde la mañana multitudes de jóvenes y militantes sociales y sindicales pedían el juicio político, profundizar los planes de vacunación y un auxilio de emergencia de 600 reales hasta el fin de la pandemia. En esa ciudad el acto terminó también temprano y la desconcentración se produjo con total normalidad.
Lula Vuelve
En 2018, el juez Sergio Moro era el héroe que tuvo el coraje de meter entre rejas a cientos de dirigentes políticos y hasta a un expresidente de Brasil en varias causas por corrupción.
Luiz Ignacio Lula da Silva, impedido de participar en las elecciones de ese año, era el centro de las acusaciones y parecía un cadáver político ante el avance arrollador de Jair Bolsonaro, que llegó al poder con el apoyo de los militares.
Lula, condenado a casi 26 años de cárcel, pasó 580 días tras las rejas. Su liberación, en noviembre de 2019, se produjo cuando se reveló la manipulación judicial de Moro y los fiscales en su contra.
A medida que la política criminal de Bolsonaro con la pandemia le iba quitando sustento político al gobierno, el Poder Judicial tomó nota y fue cambiando el eje de las investigaciones realizadas contra el exmandatario.
A mediados de este año, se habían caído once procesos penales amañados por los Moro Boys. El exjuez y exministro de Bolsonaro, huyó a Estados Unidos.
Hace diez días, un juez de la Corte Suprema anuló dos causas armadas por Moro y le terminó de despejar el camino hacia la elección del año próximo. Quedan tres expedientes que tienen también destino de cierre.
Los últimos sondeos muestran una intención de voto del 49% para Lula da Silva contra un 23% del actual presidente.
Las elecciones son en octubre de 2022.
Tiempo Argentino, 3 de Julio de 2021
por Alberto López Girondo | Jul 1, 2021 | Sin categoría
La pandemia desnudó las enormes inequidades sociales en el mundo. Y, por obvias razones, donde más se reflejaron fue en los sistemas de salud. La imagen del primer ministro británico Boris Johnson agradeciendo al personal que lo atendió cuando se contagió de COVID-19 fue un símbolo. Meses antes, durante la campaña electoral, el laborismo había mostrado a un niño atendido en el suelo de un hospital de Leeds por falta de camas como ejemplo de las políticas conservadoras que Johnson encarnaba, tras décadas de recortes al servicio de salud pública del Reino Unido. Desde marzo de 2020 esas mismas escenas se vivieron en otros países por la explosión del coronavirus. Si en Argentina no ocurrió algo parecido fue porque el flamante Gobierno tuvo tiempo de poner barbas en remojo y reforzar un sector maltrecho por políticas de ajuste impuestas desde el menemismo.
El debate sobre la cobertura médica atraviesa el mundo en distintos grados. Aquí, la vicepresidenta Cristina Fernández removió las aguas con una frase que desencajó a quienes preferirían no hacer olas en temas semejantes. Propuso diseñar un sistema integrado de salud sobre la base de la experiencia de este año y medio con el modelo actual: público, sindical y privado. «¿El sistema no está integrado acaso a las patadas y a la fuerza porque lo impuso la realidad?», dijo.
De inmediato surgieron quejas opositoras y mediáticas enardecidas en contra de lo que se mostró como un intento de estatizar el sistema de salud y trayendo a la memoria que, siendo presidenta, Fernández había terminado con el sistema de las AFJP. La palabra al uso en estos casos resulta ser «caja». Para esos sectores, el objetivo del kirchnerismo sería apropiarse de fondos de algo más del 9% del PIB nacional, ahora diseminado en distintos efluentes.
Sin embargo, aparecieron voces que, inesperadamente, saltaron la grieta y salieron en apoyo de la propuesta. Entre ellos el exsecretario de Salud de la Nación de la gestión Macri, Adolfo Rubinstein, y del ministro de esa misma cartera en la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. «Me parece que la reforma sanitaria es uno de los temas que forman parte de las asignaturas pendientes en nuestro país junto con otras reformas. El sistema de salud argentino necesita de profundas reformas», tuiteó Rubinstein, que no suele ser condescendiente con el oficialismo.
«La complejidad del sistema de salud en la Argentina es de tal magnitud que merece diálogo y un camino en común sobre cómo se construye un sistema sanitario más potente y de más calidad, más orientado a resolver los problemas modernos», abundó Quirós.
Según datos de la Federación de Mutuales de Salud, la Fundación Isalud y el Banco Mundial, citados por el semanario Tiempo Argentino, el 48,6% de la población se atiende en obras sociales, ya sea nacionales o provinciales; el 26,7% en el sector público; el 10,3% son afiliados de PAMI y el 3,9% en mutuales y cooperativas. El sistema público es gratuito, el resto se financia con aportes de trabajadores y de las empresas en el caso de los registrados.
En el mundo de la salud hay prestadores y financiadores y, además, servicios nacionales, provinciales y municipales «y muchas obras sociales que no se regulan por la Superintendencia de Salud», puntualiza el oficialista Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Salud de la Cámara Baja.
Por otro lado, obras sociales como la de los jubilados contratan a instituciones privadas, que en muchos casos tienen al PAMI como su principal fuente de ingresos. Las distintas reformas al sistema, incluso en el posmenemismo, habilitaron alianzas que acercaron los aportantes de mayores ingresos –«la crema del negocio» se los llama– a las prepagas, quitando recursos a obras sociales más chicas o dejando servicios de menor calidad a los de bajos ingresos. Les sucede a los monotributistas, que a pesar de su aporte mensual suelen penar con las peores coberturas.
Entre los críticos de una reforma figuran las empresas de medicina prepaga, que tienen en Claudio Belocopit a un vocero muy efusivo, convincente y con mucho poder de fuego desde su canal América TV y el resto de los medios. El presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), dueño de Swiss Medical, viene reclamando que el Gobierno autorice aumentos en las cuotas y encabezó la presentación de una cautelar para que la Justicia permita un incremento del 9,7%. Para la cámara que comanda, el Gobierno está asfixiando al sistema de prepagas como paso previo a la estatización. Diplomático, Belocopit adhiere «plenamente al sistema estatal», pero agregó que «eso no significa que el privado no existe. Siempre pueden coexistir».
Una propuesta
En concreto, está sobre la mesa un trabajo del Instituto Patria junto con la Fundación Soberanía Sanitaria y el Frente Ciudadano por la Salud. Propone la creación de un Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA), donde converjan municipios, provincias y privados, bajo la coordinación del Ministerio de Salud de la Nación y la supervisión de la Superintendencia de Servicios de Salud. Oscar Trotta, uno de los sanitaristas que participa del proyecto, ejemplificó de qué modo la integración haría más eficiente un gasto que está al nivel de los países más desarrollados. «A una persona que tiene obra social le hacen una radiografía en algún efector. No conforme con esa prestación, hace una segunda consulta en el sistema público de salud. En un sistema integrado, en esa segunda consulta le dirían: usted ya se hizo una imagen en tal sanatorio, y con esa imagen nos vamos a manejar».
Un gran problema es el costo de las nuevas tecnologías y aparatología médica, pero también el de los medicamentos. «Utilizar el poder de compra del Estado cuando ello resulte en claras ventajas en el control de precios abusivos promoviendo compras centralizadas», ambiciona el proyecto en estudio, que así suma a la industria farmacéutica a las filas del rechazo.
Durante la pandemia se destacó el modelo de salud de la provincia de Santa Fe. Si bien en la segunda ola estuvo a las puertas del colapso, no se encuentran cuestionamientos a las gestiones socialistas que potenciaron el servicio público. Una de las aristas destacadas es la producción pública de medicamentos a través del Laboratorio Industrial Farmacéutico, creado en 1947, convertido en Sociedad del Estado en 1999 y proveedor de Nación desde 2008. Otro aspecto esencial –un tema que Johnson no se cansó de elogiar tras su internación en el Hospital Saint Thomas– es el de los recursos humanos. Olvidados ya de los aplausos a las 9 de la noche de los primeros días, la noticia de renuncias crecientes en intensivistas preocupa a las autoridades.
El presidente Alberto Fernández presentó un proyecto de ley para jerarquizar a los enfermeros, una demanda frustrada por el Gobierno porteño. Una protesta en el Puente Pueyrredón de trabajadores de hospitales públicos del área metropolitana fue reprimida por fuerzas policiales. Reclamaban contra la precarización laboral, por salarios dignos y el reconocimiento profesional.
Revista Acción, 1 de Julio de 2021
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