La campaña electoral estadounidense de este año seguramente pasará a la historia como una de las más encarnizadas y en la que amplios sectores de la sociedad se plantan frente a la dirigencia política del modo más desafiante. No es que hasta el asesinato de George Floyd el clima fuera sosegado. Más bien, si algo cree que necesita Donald Trump es agitar las aguas para consolidar tropa propia frente a la elección de noviembre y limar a como dé lugar al candidato demócrata, Joe Biden, vicepresidente con Barack Obama y hasta hace dos meses peleando la interna de su partido con el progresista Bernie Sanders. De tal manera que el mismo día en que su ex asesor en seguridad nacional, John Bolton, presentaba oficialmente el libro en el que espera vengar las humillaciones que sufrió en su paso por la Casa Blanca (Ver acá), el presidente salió a cruzar fuerte a los movimientos de protesta contra la violencia policial. Y específicamente apuntó a los grupos promotores de Zonas Autónomas -fuera de la vigilancia policial- y contra los grupos que derribaron ya varias estatuas de esclavistas considerados héroes nacionales en varios distritos.
En dos tuits de las últimas horas, Trump descargó su ira contra un puñado de manifestantes que estaba armando una barricada en la capital estadounidense, a unas 20 cuadras de la Cas Blanca. “Nunca habrá una «Zona Autónoma» en Washington, DC, mientras yo sea su Presidente. ¡Si lo intentan, se encontrarán con una fuerza seria!”, vociferó.
There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020Y luego anunció fuertes medidas contra los que tiren estatuas como medida de protesta, una movida que resulta un claro intento de modificar de raíz los componentes básicos de la ideología supremacista en ese país.
«He autorizado al Gobierno Federal a arrestar a cualquier persona que destruya o destruya cualquier monumento, estatua u otra propiedad federal en los EE. UU. Con hasta 10 años de prisión, según la Ley de Preservación del Monumento al Veterano u otras leyes que puedan ser pertinentes. …», escribió el mandatario.
I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent…..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020
A principios de junio un grupo de manifestantes se instaló por varios días en Capitol Hill, un barrio de Seattle muy transitado que funge de centro cívico. Como la situación se ponía tensa, la jefa de la comisaría, Carmen Best, informó a sus superiores la conveniencia de abandonar el local para evitar posibles choques con los manifestantes.
Fue entonces que se instaló lo que la principio se denominó CHAZ (por Capitol Hill Autonomus Zone) y luego CHOP (Capitol Hill Occupied Protest). Se juntan en esta utopía no tanto lo que fue la Comuna de Paris, en 1871, como la confluencia de ideas que se potencian en la contracultura estadounidense, desde el hipismo al movimiento punk, con tintes anarquistas en una ciudad que ya en 1999 tuvo en vilo al mundo en las protestas contra la Cumbre del Milenio de la OMC.
Fueron aquellas unas manifestaciones sorprendentes por lo multitudinarias contra el proyecto neoliberal globalizador. Irónicamente, ahora la protesta se enfrente a un presidente que, desde el conservadurismo más salvaje, hizo mucho para terminar con la globalización.
La idea de Zonas Autónomas fue expresada a principios de los 90 del siglo pasado por el poeta anarquista Peter Lamborn Wilson (Hakim Bey) en un libro que impactó en el movimiento anarquista y contracultural que venía del punk, TAZ, The Temporary Autonomus Zone(La Zona autónoma Temporaria). Allí se plantean tácticas para la ocupación de espacios temporales fuera del control estatal y donde no haya jerarquías.
Ya en los primeros días de las protestas por el crimen de Floyd el presidente Trump venía lanzando sus dardos contra alguno de los grupos que se manifiestan en las calles de todo el país, como Antifa. Se trata este de un movimiento antifascista que aparece como la contracara de los sectores ultraderechistas como alt-right, que con Trump alcanzaron su auge en EEUU. Con la misma denominación, en la década del 30 apareció un movimiento Antifa (Antifaschistische Aktion) en el momento en que el nazismo iba creciendo hasta llegar al poder en 1933.
La cultura hippie de los años 60 tuvo un componente de autonomía y rechazo a los estados autoritarios que ahora fructificó luego de casi 4 años de Trump, de un racismo exacerbado desde las instituciones como no se veía desde esa misma época. En 2011 un grupo también numeroso de manifestantes se instaló en la capital del mundo financiero del planeta en lo que fue el Occuppy Wall Street, contra la avidez de los bancos que luego de la crisis de 2008 siguieron recibiendo ayuda estatal.
Estas semanas, luego de Seattle, surgió otra Zona Autónoma en Portland, Oregon, que fue desactivada por la alcaldía local, luego de haber aceptado reducir el presupuesto para la policía y comprometerse a una purga de sus elementos racistas. El alcalde, Ted Wheeler, demócrata, fue duro en condenar la movida y luego de haber ordenado despejar el área declaró: “No quiero que se establezca una zona autónoma en Portland, creo que es una distracción del movimiento más amplio, que es apoyar y elevar las voces negras en nuestra comunidad».
Diferente fue la actitud de su colega de Seattle, la alcaldesa Jenny Durkan, que incluso recibió airadas quejas de Trump por no haber ordenado un desalojo contundente del CHOP. Pero algo sucedió este fin de semana que hizo variar el clima político. De un modo que aún no tenía explicación, se registró una balacera en la zona autocontrolada por los manifestantes y al cabo resultaron tres personas heridas y un joven de 19 años murió.
Como era de esperarse el dato se viralizó del peor modo abonando miles de noticias sin comprobación sobre supuestos saqueos y aprietes a comerciantes del lugar para pagar por protección. Y dando a entender que en CHOP era una banda de forajidos irracionales capaces de matarse entre sí. Así fue que este lunes Durkan anunció que iba a ver el modo de despejar el área.
«No debería haber un lugar en Seattle donde el Departamento de Bomberos y el Departamento de Policía no puedan ir», dijo en una conferencia de prensa. Pero al mismo tiempo, en un tuit reveló la cautela con la que piensa manejar la cosa.
«La jefa (de policía) @carmenbest me ha dejado claro que, a corto plazo, nuestro Departamento de Policía necesitará la Comisaría del Este para garantizar la seguridad pública y responder adecuadamente a más de 100,000 llamadas al 9-1-1. En un futuro cercano, SPD regresará pacíficamente al Precinto Este», tuiteó Durkan.
Las horas de ese distrito en el que el dólar dejó de ser la moneda corriente desde el 8 de junio y las transacciones se hicieron en bitcoins, estaban contadas. Pero la mecha ya había encendido en Portland y hasta en el DC, en las propias narices de Trump.
Chile pasó muy velozmente de ser el modelo de estrategia contra la pandemia del coronavirus a convertirse en uno de los peores ejemplos del vecindario. Sin escalas. Aunque los mismos comunicadores que hasta hace poquito ensalzaban las virtudes del modelo “piñerista” ahora pusieron un piadoso manto de olvido para no hablar de una tragedia que, según las cifras disponibles a estas horas, costó la vida de más de 4000 personas y causó el contagio a bastantes más de 230 mil. En términos absolutos, esos números ubican a ese país en el noveno puesto mundial. En valores relativos, con 215 muertos por millón de habitantes, ocupa el lugar 15°. Pero la explosión hace temer que no tardará mucho en superar a Italia y España.
En el país trasandino se pasó de hablar de “inmunidad de rebaño” a plantearse la necesidad de recurrir a una cuarentena reforzada, una hibernación, en el distrito de la capital, Santiago, que como toda concentración urbana tiene la abrumadora mayoría de los casos. También, de una muy laxa política sanitaria para “no causar daños a la economía”, a una ley de estos días que sanciona con penas de hasta tres años de cárcel o un máximo de 12.230 dólares de multa a quienes violen la cuarentena.
Entre tanto, el Banco Central de Chile estimó que el PBI caerá entre el 5,5 y el 7,5%. “La mayor contracción registrada en 35 años”, reconoció el Informe de Política Monetaria de junio de 2020 del BCCh.
El presidente Sebastián Piñera, a todo esto, decretó una extensión de otros 90 días al llamado “estado de catástrofe”, que viene desde el 19 de marzo y que permite establecer toques de queda, restringir la libertad de circulación y reunión, y ordenar el acopio y almacenamiento de reservas de alimentos e insumos. Por si esto no escandalizara a tanto “constitucionalista” vernáculo, el gobierno anunció que analiza aplicar un sistema de seguimiento de celulares a través del GPS para “estudiar y controlar la movilidad de las personas durante la cuarentena para evitar la expansión del virus” por medio de una aplicación del Instituto Data Science de la Universidad de Desarrollo.
La información sobre la vigilancia informática fue brindada en una entrevista con radio Cooperativa por el nuevo ministro de Salud, Enrique Paris. Extitular del Colegio Médico chileno, Paris reemplazó en su cargo al polémico Jaime Mañalich, quien luego de varios meses de enfrentarse agriamente con sus detractores, renunció el sábado pasado luego de que trascendiera que las verdaderas cifras de contagiados y muertos por el Covid-19 habían sido dibujadas.
La forma de medir las consecuencias de la pandemia a nivel sanitario sufrió desde marzo varias modificaciones. Primero se contabilizó a los fallecidos como recuperados porque, según Mañalich, “ya no contagian”. Se fue variando la inclusión de asintomáticos, la definición de caso probable, el registro de recuperados, los fallecidos con resultado de análisis PCR en espera.
Esto, que huele demasiado a manipulación, hizo levantar la sospecha de una periodista chilena que está estudiando en Estados Unidos pero no pierde ni la conexión con su país ni el ímpetu investigativo. El 24 de abril pasado, Alejandra Matus publicó un informe en el que contrastó el promedio de fallecidos en los últimos cinco años con el total que daba el Registro Civil en estos meses. La diferencia entre marzo de 2020 y marzo de 2019 era de 932 muertos. “Un 11% más. El mayor salto en una década, solo comparable con el terremoto de 2010”, tuiteó entonces la periodista. Pero además, había 881 casos de personas entre 50 y 99 años, “un comportamiento atípico” que no podía atribuirse al clima.
La primera reacción del ministro Mañalich fue tildar al informe de “viroterrorismo”. Algo que Matus lamenta porque se trató de un estudio que implicó recurrir a fuentes de varias dependencias estatales y contrastar datos de un modo concienzudo. “No era una acusación directa para decir que Chile es el único país con sub reporte de personas fallecidas, se trataba de mostrar información que podía ser útil para pensar las políticas tan flexibles que se habían adoptado”, consideró Matus en una charla con Meritxell Freixas para el portal eldesconierto.cl.
El viernes pasado a última hora se conoció un dossier del Centro de Investigación Periodística (CIPER) que había terminado de derrumbar a Mañalich, ultra protegido de Piñera y los medios de información afines hasta entonces. Según el CIPER, el Ministerio de Salud reportaba a la OMS más fallecidos de los que se informaba oficialmente. Si a ese momento el número rondaba los 3100, la organización periodística decía que la cifra real superaba los 5000 y los contagiados eran muchos más que los 160 mil anunciados esos días.
El nuevo ministro se comprometió de inmediato a sincerar los datos y trató de explicar que no hubo un giro de 180 grados en la política del gobierno. «Las declaraciones (de su antecesor) no se pueden borrar, pero la estrategia que se implementó no avalaba la inmunidad de rebaño, (…) no fue la que el gobierno siguió y está desmentido por los hechos», insistió.
Ahora, cuando las camas de terapia intensiva están totalmente ocupadas y la explosión de casos no cesa, el diputado Andrés Celis Montt, del partido Renovación Nacional, de Piñera, propuso una idea sugestiva. “En vez de trasladar a pacientes críticos a Concepción, ¿por qué no utilizar los recintos hospitalarios de Argentina de las provincias cercanas? Como ustedes no están saturados, podríamos hacer un convenio de traslado hacia Buenos Aires, Córdoba y Mendoza», invitó. Autoridades mendocinas se apresuraron a rechazar la idea de recibir pacientes enfermos. En su propio partido buscaron aconsejarle el silencio. «
Contenedores, IFE y la memoria de 2019
«Se está gestionando la compra de dos containers congeladores, uno para Antofagasta y el otro para Calama; ya se mandaron las cotizaciones pero el servicio de salud ahora tiene que ver el tema de la compra», confirmó una funcionaria de Salud de la primera de esas localidades. Los contenedores son para paliar la crisis por la cantidad inesperada de fallecidos, ya que las comunas no dan abasto para superar esa cuestión. la crisis de la pandemia. Pocas horas después llegó la confirmación de la nueva conducción nacional, que dejó trascender que ese recurso se utilizaría en otras partes del país y que podría llegar a más de una decena los aparatos que finalmente se comprarían y distribuirían definitivamente.
Otra consecuencia del coronavirus fue que el gobierno central giró un proyecto al Congreso que establece un Ingreso Familiar de Emergencia, que no solamente se denomina del mismo modo que el establecido en la Argentina, sino que está pensado para que actúe del mismo modo sobre el 80 por ciento de la empobrecida sociedad chilena. La ley anterior se aplicaba sobre un porcentaje mucho menor de la población y además, ahora, prácticamente se duplica el monto por persona a unos 100 mil pesos chilenos (alrededor de 123 dólares).
Esta situación transcurre nueve meses después de los estallidos de octubre de 2019. Este jueves, justamente, se recordó el viernes 18 de octubre cuando millones de chilenos, a lo largo de todo el país protestaron en las calles, como corolario de una serie de reclamos populares que estallaron cuando un alza en la tarifa de los transportes en Santiago fue opuesta por centenares de estudiantes organizados que saltaron los controles. Las manifestaciones que luego se reprodujeron tuvieron jornadas de extraordinaria movilización y, más que eso, desde entonces, se modificó el entramado de las organizaciones sociales en todo el país, que la crisis de la pandemia pareció morigerar, aunque durante este tiempo se volvieron a realizar marchas, de menor concurrencia, claro, pero que también fueron reprimidas por los carabineros.
La tensión en la frontera de India y China se elevó al máximo este lunes luego de un violento incidente que dejó un saldo de al menos 20 soldados muertos. El gobierno chino responsabilizó a las autoridades indias de no haber evitado que tropas de ese país cruzaran el delicado límite territorial en Ladakh. La cifra de víctimas del enfrentamiento fue dada por Nueva Delhi y se ignora las bajas que tuvieron los efectivos chinos, aunque algunas fuentes oficiosas la elevan a 45.
A pesar de que este fue el choque más fuerte y peligroso en esa región en 58 años, ambos gobiernos acordaron bajar los decibeles y tras una conversación telefónica entre el canciller chino, Wang Yi y su par indio, Subrahmanyam Jaishankar, se comprometieron a fortalecer la comunicación mutua para evitar nuevos incidentes que pueden ser fatales para dos naciones que cuentan con armamento nuclear.
El informe proveniente del gobierno de Narendra Modi señala que «se produjo un enfrentamiento violento la pasada noche que causó víctimas de ambas partes” en el valle de Galwan, en la cordillera del Himalaya. El hecho destacado es que no hubo intercambio de fuego sino que fueron combates cuerpo a cuerpo, y con palos y piedras.
El portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Zhao Lijian, culpó a tropas indias de haber cruzado la línea fronteriza y «provocado y atacado a personal chino, lo cual provocó un grave enfrentamiento”.
Desde Nueva Delhi, el primer ministro, que ya generó incluso tensiones internas en su país por su postura nacionalista y que privilegia a la comunidad de fe hinduista, replicó que “el sacrificio de nuestros soldados no habrá sido en vano”, y al cabo de un encuentro con líderes regionales de su país, dijo que “India quiere paz, pero es capaz de dar una respuesta apropiada cuando le provocan”.
El conflicto fronterizo es una cuestión heredada por India y China tras al retiro de Gran Bretaña de sus colonias en esa parte del mundo y el diseño «milicioso» de fronteras entre todos los territorios que dejaba.
Cualquier enfrentamiento entre India y China, por otro lado, es una muy buena noticia para Estados Unidos, ya que ambas potencias están destinadas a jugar los partidos decisivos en las ligas mayores de la política y la economía internacionales en muy poco tiempo.
Eso lo saben tanto en Nueva Delhi como en Beijing, que conviven con una frontera combustible y tratan de calmar los ánimos para que cualquier chispa no haga estallar una guerra abierta.
Los últimos incidentes -el 5 de mayo se enfrentaron más de dos centenares de soldados la zona de Pangong Tso, con un centenar de heridos como saldo – nunca llegaron al nivel de la guerra que se desató en 1962, cuando las tropas chinas derrotaron a los indios. Esa vez si se utilizó armamento pesado en la disputa, aunque no se recurrió a la Fuerza Aérea, ya que es una zona de alta montaña, a más de 4200 metros sobre el nivel del mar.
Esa vez, además, el primer ministro Jawaharlal Nehru temió que el Ejército Popular de Liberación avanzara hasta ocupar el país y le pidió ayuda a John Fitezgerald Kennedy, a la sazón presidente de Estados Unidos. No fue necesario escalar la situación ya que Mao Zedong, el líder de la revolución china, ordenó el repliegue de sus tropas y llamó a pacificar los espíritus.
Ahora, un vocero del Departamento de Estado dijo desde Washington que «tanto India como China han expresado su deseo de una desescalada, y apoyamos una resolución pacífica de la situación actual». En Nueva York, Eri Kaneko, portavoz de la ONU, mostró la preocupación de esa institución de la organización. «Instamos a las dos partes a guardar la máxima moderación», insistió.
Hace diez días se habían reunido generales de los dos ejércitos para iniciar un proceso de desmilitarización de esa región para evitar nuevos incidentes. Todo indica que la información no llegó a todos los rincones de esa inhóspita línea en disputa.
La policía brasileña detuvo a la activista de ultraderecha Sara Winter por “manifestaciones antidemocráticas” frente a los edificios del Congreso y del Supremo Tribunal Federal de justicia, las dos instituciones brasileñas que vienen siendo el único freno a los desbordes de Jair Bolsonaro y los hijos presidenciales. La medida incluyó a otros cinco militantes del grupo “300 de Brasil”, una avanzada neofascista que apoya sin restricciones a Bolsonaro y se juramentó arrasar con el sistema político del gigante sudamericano.
El clima político parece escalar cada día en Brasil y el presidente, lejos de calmar las aguas, sin dudas disfruta del rechazo que generan sus decisiones. En el caso de Winter, la ex militante feminista y ahora fervorosa reaccionaria, desde el punto de vista político quizás la detención la eleve a la categoría de mártir de ese sistema al que califica de corrupto y al que en realidad costaría trabajo desmentir.
Pero además, Winter -nacida Sara Fernanda Giromini- viene siendo impulsada a liderar los movimientos antifeministas y antiabortistas a nivel regional y, como recuerda en un hilo de tuits la escritora Ana Correa, anduvo de gura por estas tierras contra la ley que el año pasado se debatió en Argentina.
Este martes, la Policía Federal de Brasil inició un operativo para, además de detener a Winter, investigar el origen de los fondos que financian las manifestaciones en favor del mandatario y contra las instituciones democráticas.
Es que militantes del grupo 300 de Brasil hace semanas que se apostaron frente a los edificios en Brasilia de la Corte y el poder legislativo y desde las redes sociales acosan a los dirigentes de la oposición y a jueces que rechazan o frenan medidas de gobierno. Brasil es ya el segundo país en contagiados y muertos en el mundo, con cerca de 900.000 contagiados y 45.000 muertos y la política de Bolsonaro en torno al tema fue de privilegiar la economía a la salud.
El enfrentamiento del presidente con los gobernadores, que claramente no quieren hacerse cargo de contar víctimas y apilar féretros, generó un escenario de peleas cotidianas y cada vez más violentas con sectores que incluso habían apoyado su candidatura. A este choque se fueron sumando los otros poderes constitucionales. Las Fuerzas Armadas, en tanto, mantienen una posición ambigua o más cercana a sostener a Bolsonaro en un intento de ruptura institucional.
En este contexto, fueron floreciendo milicias neofascistas como las de esta mujer de 27 años, claramente identificada con valores provenientes de la Italia y la Alemania de la década del 30 del siglo pasado. El sábado, el grupo de Winter trató de invadir el Palacio Legislativo y arrojó bengalas sobre el de la Corte.
El presidente del STF, Antonio Dias Toffoli, fue el que salió al cruce de este embate, asegurando que esa institución «nunca se someterá, como no se ha sometido a lo largo de toda su historia, a ningún tipo de amenaza velada, indirecta o directa y seguirá cumpliendo su misión»,
La mecha la había encendido el ministro de Educación, Abraham Weintraub, quien había sentenciado en abril pasado: «Si por mí fuera, ponía a todos esos delincuentes en la cárcel. Empezando por el Supremo Tribunal Federal». El ministro, cuestionado desde todos los sectores del establishment político, fue visto este domingo, y sin mascarilla, en una de esas manifestaciones en Brasilia.
La PF, en tanto, abrió una pesquisa sobre otros bolsonaristas, entre ellos el diputado Daniel Silveira, el bloguero de ultraderecha Alberto Silva, el publicista Sérgio Lima y el empresario Luís Felipe Belmonte, estos últimos ligados a Aliança pelo Brasil, el partido que quiere armar el presidente, que fue expulsado de la agrupación con la que se presentó a elecciones.
Con la venia del juez Alexandre de Moraes, del STF, se dictaron 21 órdenes de captura en San Pablo, Río de Janeiro, Minas Geras, Maranhao, Santa Catarina y Brasilia. También tienen como objetivo a Allan Santos, dueño del canal de internet ultraderechista «Terça Livre» y el «youtuber» Ravox Brasil.
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