No es la primera vez que Bolivia vive una situación de acefalía en su historia, pero tal esta termine convirtiendo en la más dramática. Porque literalmente el país está a la deriva en manos de bandas neofascistas que lograron la renuncia de toda la cadena de sucesión tras la renuncia del presidente Evo Morales y el vice Álvaro García Linera. A esto se suma en las últimas horas la del comandante de la Policía Boliviana, el general Yuri Calderón, uno de los protagonistas del golpe.
«El Estado Mayor de la policía le ha pedido la renuncia a Calderón y el comandante ha renunciado, ahora se aguarda la designación de un nuevo jefe interino, mientras tanto comienzan a normalizarse los servicios», dijo a reporteros el director de comunicación de la policía, Ruddy Uría.
El autoacuartelamiento de los policías dio vía libre a la violencia desplegadas por los grupos que responden a Luis Camacho, el líder cruceño -mitad poderoso empresario y mitad fanático religioso- que entró al palacio de Gobierno con la renuncia que pretendía le firmara Morales y una Biblia. Ahora queda más claro que la rebelión policial no era solo contra el presidente constitucional y que él también estaba en la lista.
Por lo pronto, a la dimisión de la cúpula del Ejecutivo se sumaron la presidenta y el vicepresidente del Senado, Adriana Salvatierra y Rubén Medinacelli; y el titular de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. La sensación en los corrillos políticos bolivianos es que “nadie quiere agarrar esa papa caliente”.
Sin embargo, la segunda vicepresidenta del Senado, la opositora Jeanine Añez, sacó chapa reivindicando su derecho a asumir la presidencia. «Ocupo la segunda vicepresidencia y en el orden constitucional me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones», afirmó en una entrevista televisiva.
Según el portal www.paginasiete.bo, cercano a Mesa, la senadora Jeanine Añez ya se encuentra La Paz, «camino a plaza Murillo». Informa que partió en la mañana de la ciudad de Trinidad y que, del Aeropuerto de El Alto fue trasladada en un helicóptero militar.
Al arribar señaló: «Con la bendición de Dios estamos acá porque lo que queremos es lo mejor para todos los bolivianos (…) tenemos ya un calendario electoral, la población grita porque el 22 de enero tengamos un presidente electo y vamos a hacer los esfuerzos para eso se consolide».
Unas horas antes había puesto reservas. «Si tengo las condiciones, asumiré la Presidencia, lo haré por el país y por todos los bolivianos, pero si se decide otro camino que decidan los movimientos que llevaron adelante todo esto, también lo aceptaré», dejando en claro que no hay quién gobierna, pero si quiénes tienen el poder.
Es que técnicamente, la renuncia de Morales y García Linera debería ser tratada por el congreso, que no se reunió y para dar aval constitucional a la movida debe contar con los legisladores del oficialismo, que son la abrumadora mayoría. «La Asamblea Legislativa tendrá la tarea histórica de elegir al transitorio nuevo presidente”, dijo a la agencia Xinhua el constitucionalista y politólogo Franklin Gutiérrez.
El académico señaló que se debe convocar a una sesión conjunta de senadores y diputados que deben aceptar la sucesión de renuncias, y designar un gobierno transitorio que convoque a elecciones en 90 días. Pero además deben nombrar a un nuevo Tribunal Supremo Electoral y luego a los vocales de los tribunales departamentales electorales, quienes administrarán el futuro proceso electoral.
«Es una situación sin precedentes en la que el partido derrocado tiene la clave de la solución institucional, porque otra vía de sucesión sería simplemente inconstitucional», dijo a la agencia Sputnik el analista Vicente Guardia, sociólogo del centro privado de formación e investigación política Comunidad Cívica.
El experto deslizó que esa salida institucional depende de un acuerdo parlamentario pero también de la posición del movimiento cívico nacional, el grupo ultraderechista que encabezó tres semanas de protestas ciudadanas que siguieron a las elecciones del 20 de octubre.
El caos que siguió al pedido de renuncia del jefe del Ejército y el ahora renunciante titular de la policía, llevó a que Camacho asegurara que había un pedido de captura contra Morales, que el renunciante mandatario denunció en las redes sociales.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General impartió órdenes de detención contra la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, y a otros responsables de ese órgano, que apareció cuestionado por irregularidades en el comicio, detectadas en el informe de la OEA. «Al momento tenemos 25 aprehendidos» entre miembros del Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales regionales, por órdenes emitidas por la fiscalía, indicó a agencia AFP el general Calderón poco antes de su dimisión.
Evo Morales, mientras tanto, sigue uniendo en la conspiración para derrocarlo a Carlos Mesa, el segundo en la elección del 20-O con Camacho.
Luego denunció los ataques sufridos por miles de simpatizantes del MAS y contra su propiedad, un asalto que recuerda al que sufrió en 1930 el presidente argentino Hipólito Yrigoyen de una turba fascista que había tomado el poder.
A Karol Aída Cariola se la conoció públicamente cuando, junto a Camila Vallejo y otros dirigentes juveniles compartió el liderazgo de los movimientos estudiantiles en Chile de principios de esta década. Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, perteneció a la Juventud Comunista y desde 2013 es diputada por la Nueva Mayoría. Además es «matrona», como en Chile se conoce a las obstetras, todo un símbolo de su militancia. Tiene 32 años y bajó a Buenos Aires para la reunión del Grupo de Puebla, en un alto de su participación en este «despertar del pueblo chileno, este proceso de transformación», como lo llama en el diálogo con Tiempo.
–Veo lo que está pasando en Chile como una gran oportunidad. El momento político más importante desde que recuperamos la democracia tras la instalación de un modelo neoliberal a sangre y fuego. Fueron muchas las expresiones de los movimientos sociales que se han venido dando, la perspectiva medio ambiental, la inexistencia de un sistema de seguridad social, la privatización de las pensiones y la salud, el sistema de educación. Movimientos sociales vienen a poner sobre la mesa, las contradicciones del modelo neoliberal. Todos convergen en un mismo punto que pone en evidencia a un gobierno que lejos de querer resolver estas contradicciones, las profundiza. Que ante cualquier pedido te dice más AFJP. O que responde con mayor concentración de los recursos, con una reforma tributaria les devolvió más 800 millones de dólares a los más ricos. Por eso el pueblo chileno dijo basta. Un país que aspira a tener democracia, tras 40 años, tuvo esa respuesta que pone en cuestionamiento la institucionalidad.
–¿Es Piñera o el poder real?
–No sólo pasa por el gobierno de turno y el Parlamento sino por distintos poderes del Estado o los carabineros y las fuerzas de represión. Todas las instituciones se vieron puestas en cuestión. Pasa porque hay problemas muy de fondo.
–¿El pueblo no había advertido antes el problema de fondo?
–El chileno era un pueblo que estaba completamente coptado y subyugado por el modelo. El cerco está corrido. Ahora los jóvenes miran y piden otra cosa de lo que veíamos nosotros. Ahora piden nueva Constitución: por eso pensamos que la de Pinochet tiene mucha menos vida. La correlación de fuerzas nunca fue la suficiente para modificarla: Pinochet dejó este candado tan bien amarrado. Los quórum son tan altos que se requiere de los votos de la derecha, que viene de la dictadura, que se acomodó al modelo, que es su guardiana. Este despertar del pueblo chileno, este proceso de transformación, el descontento se fue acumulando con cada uno de los procesos. Surge a partir de los estudiantes saltando las vallas del metro sin tener la necesidad de hacerlo: no eran los principales afectados sino sus padres, abuelos, tíos. Fue algo que nadie se lo esperaba. Ni nosotros, ni Piñera. No tienen el temor de otras generaciones.
–Lo mismo se decía en las marchas de 2011.
–Nosotros dimos un primer impulso importante que permitió mover una primera barrera y generó una primera fisura en la hegemonía cultural del modelo neoliberal. El pueblo estaba convencido de que era la única forma de vivir, de existir. Cuando salimos y le decíamos que pagar la educación no correspondía, nos decían que siempre había sido así… Diez años después, en el Parlamento no sólo hablamos de gratuidad en la educación sino que hablamos de que hay 4000 jóvenes que estudian gratis. Decir que no hubo un cambio es un error. Se produjo al punto que hoy tenemos cabildos autoconvocados con una ciudadanía diciendo que quiere nueva dirigencia y asamblea constituyente. Ese cambio tiene que ver con la fisura del modelo. Y no la produjeron sólo los jóvenes que saltaron las vallas. Ellos son producto de generaciones anteriores que también nos atrevimos. Ahora algunos somos parlamentarios y decimos que esta institucionalidad hay que cambiarla, transformarla completa. Incluso dando un paso al costado nosotros. Hay que partir de cero: estamos en un proceso de refundación de la democracia en Chile. El único poder soberano debe ser el poder del pueblo.
–Decías que no vieron venir esta situación. ¿Por qué se dio ahora?
–Una nunca sabe cuándo el pueblo va a reaccionar. No hay partido ni organización en particular que pueda atribuirse esta explosión. No se supo leer que llegaría. Cuando Piñera responde a la movilización de la forma represiva y brutal en que lo hizo, el pueblo reacciona de una forma conmovedora. Un movimiento que nació inorgánico. Es un despertar muy trasversal.
–¿Surgen nuevos liderazgos?
–Empiezan a emerger desde las bases y los territorios, con la lógica de los cabildos. Hay nuevas formas de expresión. No así desde la política tradicional. La oposición política está muy desarticulada. Nosotros nos pusimos a disposición del pueblo. El movimiento está muy transversalizado y eso es positivo. Es el momento de ceder poder al pueblo mediante procesos vinculantes de decisión, si no, no vamos a recomponer la confianza. Este proceso debe ir en dirección hacia una nueva Constitución. Es que este proceso dejó muchas víctimas y muchas denuncias de violaciones de Derechos Humanos. El presidente no los reconoce: habla de excesos. La primera mecha la encendieron los estudiantes, la segunda el presidente. Ahora convoca al COSENA, en un acto de provocación. Cuando abdicó el poder político al poder militar perdió completamente el control del país. El riesgo que lo puedan tomar los militares es una permanente amenaza.
–No quiere ser el que acabe con la Constitución de Pinochet.
–Sí, y no quiere dar el brazo a torcer respecto del modelo neoliberal. La derecha política quiere medidas más radicales. Cuando la derecha fascista se siente amenazada en sus intereses, es capaz de cualquier cosa. Piñera no debe seguir siendo un obstáculo: con sus decisiones ya nos tiene con 23 muertes.
El domingo 8 de julio de 2018, el juez Rogerio Favreto ordenó la liberación de Lula da Silva ante un planteo de la defensa del expresidente, detenido tres meses antes en el edificio de la Policía Federal de Curitiba.
Desde Lisboa, donde hacía turismo, Sergio Moro, juez emblema de la lucha contra la corrupción, llamó al jefe de la PF para avisarle que no lo podía dejar en libertad. Otro juez, Joao Pedro Gerán Neto, ratificó a las apuradas la orden de Moro.
Este jueves, tras más de un año de reclamos y de haber demorado una decisión sobre la inconstitucionalidad de detenciones sin sentencia firme, el Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5,aceptó el reclamo del ex dirigente metalúrgico. El viernes, el juez Danilo Pereira Júnior impartió la orden de dejarlo libre y la PF cumplió aceleradamente. Sergio Moro, ministro de Justicia, esta vez no pudo hacer nada.
¿Qué viento sopla ahora, contra el pesimismo de muchos que suponíamos que el bolsolarismo conservaba poder de fuego como para impedir la libertad del recluso más incómodo de Brasil?
Entre otras cosas, pasó que el establishment pensó que al sacar a Lula de la presidencial un candidato de derecha del sistema podría resultar electo en octubre pasado. Pero el emergente de esa crisis generada con el impeachment a Dilma fue un extremista como Jair Bolsonaro, peligroso hasta para quienes se beneficiaron de la caída del PT.
No es que esas fuerzas sean democráticas, pero el excapitán del Ejército preocupa incluso a sus pares de esa fuerza, de la que fue expulsado por desobedecer a las jerarquías. No tranquiliza siquiera que su vicepresidente y la mayoría de su Gabinete sea gente de uniforme.
Pasó, también, que el portal The Intercept Brasil reveló comunicaciones entre Moro y el equipo de fiscales donde se comprueba cómo se manipuló la causa para dejar a Lula en prisión y sacarlo de la elección. Y si fue difícil de explicar cómo el juez responsable de esa causa terminó siendo ministro del mandatario que se favoreció con sus fallos, cuánto más irritó a los miembros del poder judicial conocer las maneras oscuras en que se utilizó el sistema jurídico para perseguir a un dirigente político.
Pasó, además, que algunos de los medios que apoyaron a Bolsonaro ahora publican las oscuras relaciones entre la familia presidencial con casos de corrupción y con el asesinato de la concejal Marielle Franco.
Influye, por supuesto, el triunfo de Alberto Fernández y su postura en favor de Lula Libre, lo que ya generó una crisis en el Mercosur. Pero ese bloque regional ya venía golpeado por el plan del gobierno brasileño para liberalizar el comercio exterior común bajando aranceles a niveles mínimos.
Bolsonaro, hoy día, no tiene freno institucional dentro de Brasil. Muchos de los que facilitaron su llegada al Planalto ahora se agarran la cabeza y Lula aparece como el único capaz de marcar la cancha.
Esta semana llega a Buenos Aires una delegación de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), la cámara empresarial más poderosa de América Latina. Se supone que para tratar de poner paños fríos entre Argentina-Brasil, ya que los canales diplomáticos parecen rotos. ¿O vienen a pedirle que cumpla el mismo papel que Lula a nivel político en Brasil, pero en defensa de las industrias locales?
«Unasur no era sólo un mecanismo, era un espíritu de integración», afirma Ernesto Samper, expresidente colombiano y el último secretario general de esa organización regional. «Ahí donde había problemas como la amenaza a la continuidad democrática que ocurre hoy en Bolivia; ahí donde había estallidos sociales como los de Chile, que requirieran medidas incluyentes; ahí estaba Unasur», repite.
Samper -hermano de Daniel, periodista y autor de libros de humor junto con Jorge Maronna, uno de los miembros de Les Luthiers– es abogado y economista, fue presidente entre 1994 y 1998, padeció lo que ahora se conoce como lawfare y define el rol que cumplen en su país los exmandatarios como el de «esas señoras gordas que ponían en las fiestas de quinceañeras para cuidar a las niñas. Todo el mundo las saludaba con mucho respeto pero nadie las sacaba a bailar». Tal vez ahí esté su explicación para haberse involucrado en la Unasur, que dirigió entre 2014 y 2017. Se fue cuando no hubo acuerdo para elegirle un sucesor.
–¿Qué agenda hubiera tenido Unasur hoy?
–Unasur fue clave en Bolivia en ese brote secesionista en 2009 en Santa Cruz de la Sierra. La intervención de la presidenta Michelle Bachelet y la respuesta muy rápida de todos los presidentes de la región fueron clave. Lo mismo ocurrió cuando el intento de golpe a (Hugo) Chávez en Venezuela, o el intento de golpe policial a (Rafael) Correa en Ecuador. En este momento se está viendo la ausencia de un mecanismo regional y vemos con mucha preocupación lo que pasa en Bolivia. La OEA no jugó allí un papel constructivo: primero avaló los resultados, luego señaló irregularidades. De alguna manera enturbió el ambiente. La Unasur hoy podría resolver esa crisis.
–¿Qué llevó a esta situación actual?
–Ideologizaron la relación dentro de Unasur. Mientras fui secretario general nunca hubo confrontación de tipo ideológico al interior de la organización. Había una norma que obligaba al consenso, que podía generar dificultades para avanzar pero tenía el mérito de que debían estar todos de acuerdo para tomar decisiones fundamentales. Cuando estos gobiernos de derecha tuvieron una mayoría llevaron el tema de Venezuela a Unasur en términos ideológicos y no políticos. Esto precipitó la crisis. Ideologizaron tanto que terminaron armando una especie de sindicato de gobiernos de derecha, Prosur, que es más bien Pronorte.
–¿Cómo actuaría hoy la Unasur en Venezuela?
–Nosotros hicimos un gran esfuerzo durante dos o tres años para institucionalizar el diálogo en Venezuela. Creo que fue la etapa en que se produjeron los mayores resultados. En noviembre de 2016 habíamos logrado con un delegado del Papa acordar reformas al Consejo Nacional Electoral, que era un reclamo válido de la oposición; se implementaron cuestiones relacionadas con la unificación cambiaria; sobre una Comisión de la Verdad que yo mismo instalé. Nunca habíamos llegado tan lejos, pero se hizo muy difícil implementar esos acuerdos por parte del gobierno y de la oposición. Y cuando se lanzó la Asamblea Constituyente yo marqué distancias porque consideré que estábamos trabajando en mecanismos extraconstitucionales. Pero sigo siendo un firme convencido de que la única salida debe ser pacífica y democrática.
–Desde entonces la sensación es que más que crisis hubo un vaciamiento de Unasur.
–Hubo responsabilidad de muchos países. Hubo resistencia de gobiernos progresistas a que se designara un sucesor mío que no fuera de sus simpatías. Lo que hay es un choque entre dos visiones sobre lo que es la integración. Para muchos de estos gobiernos la integración son solamente acuerdos de libre comercio y un relacionamiento económico: inversión, comercio, algo de propiedad intelectual y punto. Para nosotros la integración tiene que ver con infraestructura, conectividad, programas conjuntos. Es un concepto mucho más complejo. Unasur tenía que ver con la preservación de la región como una zona de paz que llevó a la creación del Consejo Suramericano de Defensa, que cumplió un rol muy importante como el de las bases militares entre Colombia y Venezuela. Hacia adentro había 23 grupos entre consejos sectoriales y de temas especiales en los que se concertaban agendas en temas de salud, educación. Era un modelo bastante parecido al de la Unión Europea, que lamentablemente se abandonó.
–Llama la atención con qué facilidad se lo pudo hacer.
–Con el tiempo, los países que precipitaron su salida de Unasur se han encontrado con que en términos formales no era tan sencillo, porque había un tratado constitutivo con la firma del Ejecutivo y la ratificación del Congreso. El retiro debería tener los mismos trámites y eso no ha ocurrido en Argentina, Brasil, Chile. También había programas en marcha que resultó costoso abandonar. Como el permiso temporal de trabajo que permite a cualquier ciudadano sudamericano trabajar en otro país de la región. Más de 3 millones están con ese permiso temporal, que quedó en el limbo. Otro caso: el Instituto de Salud de Unasur, que estaba en Río de Janeiro, contrataba las vacunas consolidando la oferta. Fue liquidado. La gente de derecha es muy rápida y efectiva en destruir y poco eficaz en construir. No descarto la posibilidad de que cuando asuma el presidente Fernández se reviva un canal para mantener el espíritu y los programas básicos de Unasur.
–En Ecuador, al edificio ya se le dio otro destino, sacaron la estatua de Néstor Kirchner…
–La estatua está bien protegida, se lo puedo asegurar. Está a buen resguardo.
–¿Dónde está?
–Es un secreto de Estado (ríe). Fue oportunamente desmontada por los equipos que trabajaron conmigo en Unasur.
–En algún momento habrá que preguntarle entonces dónde está para volver a colocarla.
«Tal vez Néstor Kirchner quisiera volver a Argentina a partir del 10 de diciembre», culmina, con una mirada cómplice.
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