Ilhan Omar dio que hablar desde que resultó electa como representante por una agrupación de Minnesota aliada del Partido Demócrata. Primera musulmana, y además de origen somalí, en ocupar una banca en la legislatura estadounidense, su figura tomó mayor relevancia desde que en noviembre pasado, junto con otro grupo de mujeres combativas, entre las que destaca Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño, llegaron al Capitolio.
Eliot Abrams, designado por Donald Trump como enviado especial para coordinar las acciones tendientes a sacar del poder al gobierno de Nicolás Maduro, tiene un pasado oscuro que no es precisamente una carta de presentación para defender la democracia en la región.
Eso le recordó Omar, de 37 años, a Abrams, de 71, en una comparecencia en la que el diplomático reclamaba a los diputados que reconocieran al autoproclamado Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela.
«El 8 de febrero de 1982 usted testificó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la política de EEUU con El Salvador -avanza Omar- En esa audiencia usted descartó como «propaganda comunista» el informe sobre la masacre de El Mozote n el que mas de 800 civiles, entre ellos niños de dos años, fueron brutalmente asesinados por tropas entrenadas en EEUU. «, continuó Omar.
Ese hecho catalogado como genocidio fue perpetrado por el batallón Atlácatl, que obedecía a la dictadura salvadoreña en el contexto del apoyo del gobierno de Ronald Reagan a los Contra en la Nicaragua sandinista. Entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981 realizaron un operativo en la aldeas de El Mozote, La Joya y Los Toriles, en el departamento de Morazán, donde cometieron todo tipo de atrocidades como describió la congresista ante la mirada algo socarrona de Abrams.
Valer la pena transcribir lo mñás sustancial del cruce:
-Usted dijo que en El Salvador se consiguió un «logro extraordinario». ¿Si o no, sigue pensando eso?
-Desde el día en que el presidente (José Napoleón) Duarte fue electo en una elección libre (marzo de 1984) hasta hoy El Salvador ha sido una democracia. Ese es un logro extraordinario-, respondió enfáticamente Abrams.
El ahora enviado por Trump para Venezuela fue condenado como partícipe del escándalo Irán-Contras por haber ocultado información al Congreso. Indultado por George Bush, aprovechó su expertise para trabajar en la mesa chica que organizó el fallido golpe contra Hugo Chávez en 2002 y la invasión a Irak, en 2003.
Omar nació justamente cuando estos hechos ocurrían en América Central, en 1982, en Mogadiscio, Somalia, en un hogar de clase media en la que era la menor de siete hermanos. Su padre es somalí, su madre era yemenita y murió cuando ella tenía 5 años. La familia, víctima también de la guerra civil que comenzó en 1991 -y de la que el gobierno de Bill Clinton no fue ajeno- terminó en un campo de refugiados en Kenia y en 1995 emigraron a Estados Unidos.
Desde ese lugar es que la joven, que mantiene la cabeza cubierta con un pañuelo, a la usanza musulmana, para mayor tirria de los puristas institucionales, prosiguió su interrogatorio.
-¿Si o no piensa que esa masacre fue un logro extraordinario que sucedió bajo nuestra tutela?
A esta altura, Abrams ostensiblemente molesto, dijo que no iba a responder una pregunta «ridícula» y argumentó que eran «ataques personales».
Era esperable que Omar quería plantear el caso de la República Bolivariana en ese contexto histórico. Por eso su posterior pregunta fue derecho al grano.
-¿Si o no usted apoyaría una facción armada en Venezuela que cometa crímenes de guerra, contra al humanidad o genocidio si creyera que están sirviendo a los intereses de EEUU, tal como hizo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua?
Abrams insistió en que no era una pregunta real y que no la contestaría.
-Si bajo sus funciones hay un genocidio y usted mira en otra dirección porque los intereses de EEUU están comprometidos es una pregunta legítima-, culminó la legisladora.
La sesión fue bastante áspera y no fueron pocos los manifestantes como los del grupo denominado Código Rosa, contrarios al guerrerismo estadounidense, que protestaron contra Abrams.
Al mismo tiempo, los ataques contra Ilhan Omar no se hicieron esperar, montados sobre una declaración de hace algunas semanas cuando dijo que hay políticos en ese país que son pagados para apoyar las posiciones favorables a Israel .
El domingo respondió a un tuit que le preguntaba quién creía que pagaba a esos dirigentes con un lacónico «AIPAC», que es un grupo de presión proisraelí.
La polvareda llegó hasta la Casa Blanca y Donald Trump no perdió ocasión de exigir que Omar sea expulsada del congreso por lo que consideró «mensajes antisemitas». Ante los ribetes que estaba tomando el caso Nancy Pelosi, la jefa de la bancada demócrata, se sumó a la inquietud de muchos de sus correligionarios y exigió a Omar que se retractara.
Omar tomó en cuenta el tirón de orejas, y en un comunicado se mostró agradecida a los colegas que le enseñaron «la dolorosa historia del lenguaje antisemita».
«Mi intención no era ofender a mis administrados o a los judíos estadounidenses. Siempre tenemos que estar dispuestos a dar marcha atrás y reflexionar a partir de las críticas, como espero que la gente me escuche cuando otros me atacan por mi identidad», se disculpó.
España entra en zona crítica estos días. Por un lado, se inició el juicio contra una docena de líderes independentistas por la declaración republicana de hace un poco más de un año. Atado a este juicio en términos políticos, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, necesita aprobar el presupuesto para 2019 y de no contar con el apoyo de la izquierda y los partidos nacionalistas, tendrá que llamar a elecciones anticipadas. Mientras tanto, los catalanes están indignandos porque aprovechando este clima de tensiones cruzadas un tribunal absolvió a 40 funcionarios de la Caixa Catalunya acusados de que en medio de la crisis de la entidad bancaria que la llevó a ser estatizada en 2011, se aumentaron los sueldos de un modo escandaloso.
El tema más visible será sin dudas el del juicio que se desarrolla en la Sala de Audiencias de Madrid a 12 dirigentes catalanes. Se supone que el proceso judicial, a televisión abierta, podrá durar unos tres meses. El principal protagonista de aquel intento de secesión -y efímera declaración de Republica- es Carles Puigdemont, que fue presidente de la Generalitat y permanece exiliado en Bélgica para no terminar preso. Siu vicepresidente, Oriol Junqueras, podría terminar preso por un cuarto de siglo. El resto de los imputados tienen pedidos de cárcel por entre 7 y 17 años.
Entre los que se sientan en el banquillo de los acusados figuran la ex presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, algunos ministros regionales de aquel gobierno que luego fue intervenido por Mariano Rajoy, y los líderes de asociaciones independentistas como ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Las carátulas de sus causas son rebelión y malversación de fondos públicos. Todo por haber convocado a un referéndum considerado ilegal por Madrid y reprimido ferozmente, el 1 de octubre de 2017. Y por pretendido poner en vigencia lo que había sido aprobado, 26 días más tarde.
Las imágenes de policías apaleando ciudadanos que querían votar recorrieron el mundo esa vez y son un baldón para el sistema político hispano, que alardea de ser una de las 20 democracias plenas que hay en el mundo, según un informe de la revista neoliberal británica The Economist muy publicitado en la televisión estatal de España (TVE) por estos días. Este martes otra vez hubo represion en las calles de BArcelona cuando comenzaron a transmitir escenas del juicio.
Una treintena de eurodiputados que se nuclean en la Plataforma de Diálogo UE-Cataluña denunció que lo que se inició en Madrid fue en realidad un «juicio político» del que debiera tomar en cuenta el continente. «Este proceso es una vergüenza no sólo para el Estado español, sino también para la UE», dijo en Estrasburgo (la sede del Parlamento Europeo, en el este de Francia) la eurodiputada italiana Eleonora Forenza.
Para esa organización, formada a fines de 2017, «los catalanes tiene el derecho legítimo de decidir democráticamente su propio futuro político» y reclaman «diálogo y la negociación» para solucionar el entuerto, que se fue potenciando en los últimos seis años ante la intransigencia del gobierno conservador de Rajoy y de la corona de los Borbones, que saben que detrás de la declaratoria de independencia, como lo muestra la historia de esa nación, siempre viene la de constituir una república de iguales y abandonar la monarquía.
Otro que salió a reclamar diálogo pero mostró su respaldo al independentismo fue el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, quien calificó de «injusto» el juicio que se inició en el Tribunal Supremo en Madrid. «Este juicio (…) se desarrolla en un marco procesal que no es el que el Barça había pedido, un marco político».
Este proceso se desarrolla siguiendo una práctica muy particular del sistema judicial español, como destaca la agencia francesa AFP. Porque en el proceso intervienen tres acusadores diferentes:
–La fiscalía, compuesta de magistrados propuestos por el gobierno y que aparecen como independientes del poder político.
–Los abogados del Estado.
–La acusación popular, una figura bajo la que cualquier ciudadano u organización puede intervenir en el juicio. En este caso esa representación la tiene el partido ultraderechista Vox. seguramente el más acérrimo enemigo de la independencia catalana y que el domingo organizó una marcha en Madrid junto con los otros partidos de la derecha, como el PP y Ciudadanos, para pedir elecciones anticipadas.
Es que los conservadores no digirieron aún la arremetida de mayo pasado entre el PSOE y la alianza de izquierda de Podemos con nacionalistas vascos y catalanes para forzar un voto de confianza que terminó por dar como resultado la salida del poder de Rajoy. Fue en ese contexto que Sánchez llegó a La Moncloa el 2 de junio, como quien dice, «por la ventana», ya que ni siquiera era diputado.
Ahora, en coincidencia con el inicio de las audiencias contra los independentistas, el gobierno del PSOE salió a defender en el Congreso su proyecto de presupuesto para el año 2019. Más allá del contenido de la normativa, lo que está en juego es con cuánto apoyo cuenta el oficialismo para conseguir la aprobación y mantenerse en el Ejecutivo.
Para llegar al gobierno necesitó de la izquierda y de vascos y catalanes. Quizás la premura en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela tenga que ver con que necesita amigarse con los sectores más conservadores del espectro político español, que no son pocos. De todas maneras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo que asegurar que «el gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie». Sánchez no descartó llamar a comicios en abril.
El poder real, en tanto, se manifestó en la audiencia de Barcelona donde el ex presidente de la Caixa Catalunya, Narcís Serra, el exdirector general de ese banco, Adolf Todó, y otros 38 directivos de esa entidad fueron absueltos de culpa y cargo.
Habían sido denunciados en 2010 por haber, «en un contexto de notable reducción de los beneficios -destaca la acusación- incrementado el salario de varios de los principales responsables». El caso más llamativo fue el de Todó, que entró a la Caixa con un salario fijo de 600 mil euros y un 35% más en función de resultados obtenidos y logró subir en 1,5% el fijo y hasta 50% el premio. Los quebrantos de la institución fueron en ese período de unos 720 millones de euros. La Caixa fue intervenida el 30 de septiembre de 2011 por el Estado a través del Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB) y terminó absorbida por el BBVA.
Los jueces que absolvieron a los directivos reconocen que la institución estaba en crisis y que aumentarse el sueldo en esas condiciones hace un poco de ruido, pero el dictamen dice que «el Tribunal no aprecia comportamiento delictivo ni en la decisión misma ni el proceso que lleva a la misma” y jura que no hay «elementos que permitan tipificar los acuerdos perseguidos como delito».
La amenaza de un nuevo cierre de gobierno este viernes sobrevuela al congreso de Estados Unidos. Este fin de semana la puja por los fondos para la construcción del muro fronterizo en el sur del país envolvió nuevamente a republicanos y demócratas. El presidente Donald Trump intenta forzar el debate y participará en un encuentro en El Paso, en el estado de Texas, justo frente a Ciudad Juárez. A pocos kilómetros de allí, en Nuevo México, la gobernadora Michelle Lujan Grisham desafía a Trump y su sueño de un paredón más grande que la muralla china y se posiciona como una de las voces más contundentes contra ese proyecto entre faraónico y xenófobo. No solo eso, el mismo día que el inquilino de la Casa Blanca daba su demorado discurso del Estado de la Unión, logró viralizar un video con un plan de gobierno absolutamente contrario al de Trump. Y luego ordenó retirar las tropas de la Guardia Nacional que vigilaban los cruces limítrofes.
“Nuevo México no participará en la farsa del presidente de alarmismo fronterizo para utilizar indebidamente a nuestras diligentes tropas de la Guardia Nacional”, dijo la gobernadora en un comunicado. Y dio orden a soldados de otros estados a que dejen el territorio. En represalia, desde Washington reforzaron las tropas para ese tramo del límite internacional.
Lujan Grisham tiene 59 años, es abogada, milita en el Partido Demócrata desde su primera juventud y se convirtió en la 32ª mandataria estadual luego de aplastar por 57,1% a 42,8% al republicano Steve Pearce, en noviembre pasado. El eje de su campaña pasó por promover la educación y la salud pública en un contexto tan inclinado al conservadurismo más feroz que casi podría ser encuadrada como socialdemócrata, por no ligarla a algún tipo de populismo a la latinoamericana.
Tan es así que el en discurso de inauguración (del Estado del Estado, sería el nombre) anunció inversiones por 500 millones de dólares más para aumentos de sueldos de docentes, suministros e infraestructura.
«Necesitamos que nuestros educadores, que son realmente los mejores de la nación, sepan que este estado los apoyará y los tratará con el respeto que merecen y que siempre han merecido», prometió. «Esta es la sesión, este es el año , este es el momento en el que colocamos a Nuevo México en el camino hacia el preescolar universal para cada niño”, abundó.
También declaró que brindará condiciones para incentivar el cine y al televisión, profundizará el control de armas y aumentará el salario mínimo: de 10 dólares la hora pasará a 12, que además estarán atados al índice de inflación.
El martes pasado, cuando Trump hacía su presentación en el congreso, ella subía a su cuenta de twitter un video en el que insistía con su visión del mundo, que se contrapone a la del mandatario nacional.
En medio minuto, se dedica literalmente a romper muros que, según afirma, son los que necesitan la sociedad nuevomexicana. Recuerda que Nuevo México es el estado 49 en empleo -o sea el anteúltimo del país- y el 50 en escuelas. Luego de esa primera pared, atraviesa otra asegurando que va a crear «asociaciones públicas y privadas para reconstruir la infraestructura», porque, señala tras otra nueva pared, «necesitamos más aprendizaje y capacitación en habilidades». Para terminar destacando que su gobierno cuenta con miles de millones de un fondo permanente que será destinado a invertir en escuelas y pequeñas empresas». El cierre es espectacular. Sobre una última pared que tiene pegado un poster del presidente, declara: «Y esto es lo que pienso del muro te Trump». O sea, lo atraviesa limpiamente.
En su mensaje ante el Congreso del marte pasado, Trump volvió a repetir su latiguillo de que “las paredes funcionan y salvan vidas”. Por eso de que impiden que delincuentes y narcotraficantes crucen la frontera, su visión del mundo con la que hizo campaña en 2016, llegó a la Casa Blanca y espera mantenerse otro período.
Nuevo México, efectivamente, cuenta con índices económicos y de desarrollo entre los más bajos de Estados Unidos. Con más de 300.000 kilómetros cuadrados de superficie, es el sexto menos poblado, fue uno de los últimos en convertirse en estado federal, en 1912. Es uno de los territorios tomados a México en 1848, pero nunca abandonó esa impronta que une a su población con el sur. De hecho, es en el extremo este de la frontera que el Río Bravo comienza a ser el límite entre EEUU y México, allí en el límite con Texas.
Gran parte de su extensión es desértica y allí se hicieron las pruebas para las primeras bombas atómicas, en Los Álamos, y está la ciudad de Roswell, donde la imaginería popular dice que descendieron extraterrestres en 1947. También hay un enorme reservorio de desechos nucleares cerca de Carlsbad.
Lujan Grisham, en este clima especial, prosigue con su iniciativa de una refundación de Nuevo México basada en educación y trabajos para todos. Este mismo fin de semana designó a a cinco nuevos Regentes de la Universidad de Nuevo México: Kimberly Sánchez Rael, Sandra Begay, Robert Schwartz, Douglas Brown y la estudiante Melissa Henry para la junta.
«Espero firmar un proyecto de ley que prohibirá que los condenados por asalto compren o posean un arma, espero que se refuercen los controles de antecedentes, y espero que haya restricciones más estrictas en la custodia para garantizar que los niños no tengan acceso a armas en el hogar», dijo también.
Igualmente, mientras Trump retiró al país del Acuerdo de Paris, ella envió un proyecto que establece normas para el uso de energía renovable y da facilidades para el cambio hacia nuevos paradigmas. Así, la Ley de Transición de Energía plantea un estándar de energía renovable a nivel estatal de 50 % en 2030 para las empresas de servicios públicos privados y de cooperativas eléctricas rurales en ese estado, con una meta de 80 por ciento para 2040.
El 11 de febrero de 1979, comenzó una nueva etapa en Irán. Ese día se terminó de desmoronar el último vestigio de la dinastía Pahlevi y comenzó la Revolución Islámica, un cambio político que los países occidentales nunca toleraron. De hecho, hace 40 años que la nación persa es el enemigo público de Estados Unidos y las multinacionales petroleras, al punto que Donald Trump rompió unilateralmente el acuerdo nuclear alcanzado por China, Rusia, Francia, Reino Unido, Alemania y la administración Obama porque lo consideró demasiado permisivo para Teherán.
La Revolución Islámica fue la culminación de un proceso que había comenzado en 1953 cuando un golpe orquestado por la CIA y el MI6 británico sacó del poder a Mohamed Mossadeg, un primer ministro elegido democráticamente que se había convertido en personaje molesto porque había nacionalizado la petrolera Anglo Iranian ni bien asumió su cargo, en marzo de 1951. El boicot económico a Irán no fue suficiente para voltear al gobierno y entró en acción la CIA en su debut como agencia destituyente.
Washington y Londres se pusieron de acuerdo en dejar a Mohamed Reza Pahlevi como monarca absoluto con la condición de que sirviera sin chistar a los intereses occidentales. Hijo de Reza Shah, quien había tenido que abdicar en 1941 obligado por el Reino Unido y la Unión Soviética a raíz de su apoyo a los nazis, el vástago sabía cómo eran las reglas del juego.
Una combinación de organismos especializados en la vigilancia y represión como la temible Savak en un ambiente de lujuria tanto en la familia real como en la aristocracia, generaron el odio silencioso de las grandes mayorías populares, que además padecían las consecuencias del despojo cotidiano de sus ingresos y al falta de expectativas de progreso. Algo de este clima reflejó el periodista polaco Ryszard Kapuscinski en su libro El sha o la desmesura del poder.
Como contrapartida, fue creciendo en la consideración popular el clérigo chiíta Ruholah Jomeini, exiliado en el exterior luego de haber sido perseguido y encarcelado por el régimen autocrático del Sha desde 1963. «Jomeini vive como un asceta, se alimenta de arroz, de yogur y de fruta, metido en una sola habitación sin un mueble. Sólo una litera en el suelo y un montón de libros», lo describe Kapuscinski.
Sentada sobre fusiles, la monarquía subsistió mucho más de lo que se podía prever, pero hacia fines de la década de los ’70 del siglo pasado el espacio para sostenerse se fue achicando. La población fue saliendo a las calles cada vez con más frecuencia en reclamo por mayores libertades y agobiada por la situación económica en un momento de auge de los precios del petróleo a nivel internacional.
Las protestas crecían a medida que se iban refinando los métodos de tortura más brutales. Hubo asesinatos en masa en sendas manifestaciones durante el año 1977. Justo ese año había asumido como presidente de EE UU James Carter, con una agenda de Derechos Humanos que chocaba al menos en lo discursivo con la defensa de un régimen feroz como el de los Pahlevi.
Pero los servicios de inteligencia estadounidenses no tenían en la mira al movimiento que se estaba gestando en las mezquitas y que crecía en las calles al calor de la protestas.
Hacia fines de 1978 era evidente que la monarquía iba a caer. Pero las multinacionales y Washington no encontraron una figura de recambio. En septiembre de ese año, el ejército baleó a una multitud y provocó miles de muertos en la plaza Yaleh.
El 16 de enero de 1979, el Sha y la familia real abandonan Irán. Dejan un gobierno regente que no puede durar mucho. Jomeini vuelve de su exilio en París el 1 de febrero y el 11 (22 de Bahman en el calendario árabe) es expulsado del poder el primer ministro Shapur Bachtiar.
Todavía eran momentos de confusión, pero el hombre fuerte, el ayatollah Jomeini, logró que en abril se aprobara mediante referéndum la creación de la República Islámica de Irán, con una constitución inspirada en la sharia, la ley del Islam.
Desde entonces EE UU busca un cambio de régimen para recuperar el control del petróleo. El asesor de Seguridad Nacional de Carter, Zbigniew Brzezinski, propuso directamente invadir, pero luego trenzó los hilos para que se desatara la guerra entre Irán e Irak.
Puesto como parte fundamental del Eje del Mal por George W. Bush, Barack Obama intentó una vía diplomática para controlar del programa nuclear iraní –que fue iniciado, curiosamente, bajo asesoramiento argentino cuando aún estaba el Sha– y en vista de que las sanciones económicas no daban el resultado esperado, en 2015 aceptó el acuerdo 5+1. Trump desandó ese camino en mayo de 2018. La CIA sigue con la sangre en el ojo por Irán.
Comentarios recientes