por Alberto López Girondo | Feb 19, 2019 | Sin categoría
Gustavo Bebianno Rocha nació en Río de Janeiro hace 54 años. Cinturón negro de jiu-jitsu, regenteó durante cuatro años un gimnasio en Miami donde entrenaba en ese tradicional arte de defensa japonés. De regreso a Brasil, terminó los estudios que había dejado en suspenso para recibirse de abogado en la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro y desde 2014 buscó la forma de acercarse al círculo íntimo del ex capitán del Ejército y diputado Jair Bolsonaro. Llegó a ser su jefe de campaña para la presidencia en 2017 y secretario general de la Presidencia de Brasil, o sea el brazo derecho del mandatario, hasta hace algunas horas. Fue expulsado tras varias denuncias por corrupción en el manejo de fondos del Partido Social Liberal (PSL).
Sus enfrentamientos con los hijos de Bolsonaro fueron muy ostensibles en el poco tiempo que lleva el gobierno ultraderechista en el Palacio del Planalto. Pero la gota que derramó el vaso es la sospecha de que Bebianno era informante de la red O Globo y fue quien acercó datos acerca de un escándalo que involucra a Flavio Bolsonaro y a su chofer en un caso de desviación de fondos.
Bebianno se sentía amenazado desde hace unos diez días y, conocedor de las técnicas de defensa niponas, pretendió aplicar algún tipo de estrangulamiento cuando dijo que si él caía, también caería Bolsonaro. Ya tenía en su haber varias denuncias por aprietes, aunque sobre personajes secundarios en esta trama y en el marco de disputas internas dentro de la alianza que llevó al poder a Bolsonaro. «Perdí la razón, estaba con al sangre caliente» se disculpó luego de llamar «maricones» a militantes por no apoyar sus posiciones políticas.
Las denuncias contra el hijo del presidente, que golpean directamente en un gobierno que basó su campaña en el combate de la corrupción y puso como ministro de Justicia al juez que condenó al expresidente Lula da Silva, no es un dato menor. Y más cuando apenas habían pasado 20 días de la asunción al cargo.
El caso es que la acusación contra el chofer de Flavio tiene similitudes con la gran causa que atraviesa a la dirigencia del país: Lava Jato. Y es, también, por la financiación de las actividades políticas de manera irregular.
Bebianno fue clave en el armado de una estrategia para que Bolsonaro tuviera un sello electoral a nivel federal que le permitiera competir contra los partidos tradicionales, el PMDB, el PSDB y el PT. El experto en artes marciales primero llegó a la cima dentro del PSL, un partido menor dentro del espectro brasileño, y una vez frente a frente con Bolsonaro, se puso a disposición para lo que hiciera falta.
Para llegar hasta el ex capitán, usó los contactos de su suegro, coronel del ejército. Y luego de los hijos de Bolsonaro, Flavio y Carlos.
Después del triunfo electoral, en el que fueron claves los 65 grupos de Whatsapp creados por Rómulo Bittencourt desde Pernambuco para difundir noticias falsas, Bebianno aspiraba a ser ministro de Justicia del nuevo gobierno. La designación del mediático juez Sergio Moro fue un trago amargo. El consuelo de la Secretaría, que tiene rango ministerial y en teoría le da mayor preeminencia sobre el resto del gabinete, no logró calmarlo.
Las intrigas comenzaron desde ese día y la filtración de las «irregularidades» de Flavio Bolsonaro generaron preocupación. Más aún cuando el presidente debía ser internado nuevamente por secuelas de la cuchillada que recibió durante un acto de campaña. La sospecha sobre Bebianno encontró razones en la «calentura» con que respondió.
Si bien el nuevo mandatario brasileño es un personaje muy extravagante y en general la política de ese país entró en el descrédito luego de la destitución de Dilma Rousseff, que un ministro tan cercano amenace al presidente con arrastrarlo en su caída era inadmisible.
No hubo un «pedido de renuncia», como acostumbra la elegancia política, sino que el propio mandatario dijo en un video que lo exoneraba, aunque no olvidó agradecerle sus servicios y desearle lo mejor para el futuro.
Bebianno, a su turno, dijo que le había perdido la confianza a » Jair y tengo vergüenza de haberle creído”. además, declaró que «Bolsonaro está loco, es un peligro para Brasil». Habrá que ver con qué otra cosa se lanza en las próximas horas.
Tiempo Argentino, 19 de Febrero de 2019
por Alberto López Girondo | Feb 17, 2019 | Sin categoría
A 44 años de su muerte, el dictador Francisco Franco será protagonista de las elecciones convocadas por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para el 28 de abril.
El para nada sorprendente rechazo parlamentario al presupuesto para el año 2019 forzó el adelantamiento de los comicios. Sánchez, que había llegado a La Moncloa en junio pasado tras una maniobra conjunta con los partidos de izquierda–Podemos-IU y los nacionalistas vascos y catalanes, tenía una debilidad de origen. No sólo llegó luego de un voto de confianza adverso contra el premier del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, sino que ni siquiera era diputado al momento de la designación.
La alianza circunstancial era una manera de darle un giro a la economía del país, sometido a ajustes perpetuos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Pero en el medio “pasaron cosas”.
Como que la caída de Rajoy precipitó la crisis interna en el PP de la cual emergió como líder Pablo Casado, de la generación nacida en los ’80. Además, fue creciendo otra variante de derecha como el partido Ciudadanos, que conduce Albert Rivera. Y finalmente, apareció un partido ultraderechista como Vox, clave para destronar al PSOE de Andalucía luego de cuatro décadas en el poder.
Pasó, también, que el mismo día que se debían votar los presupuestos -un acuerdo con Podemos-IU que va en sentido contrario a las políticas neoliberales que se bajan desde Bruselas- comenzaba el juicio en Madrid contra 12 dirigentes acusados por el referéndum y la efímera declaración de República Independiente de Catalunya de octubre de 2017.
El jefe de Estado había planteado la figura de un intermediario –al que denominó “relator”- para un diálogo con el presidente de la Generalitat, Joaquim Torrá. Para VOX, Ciudadanos y el PP, no hay negociación posible con los secesionistas, solo la intervención, como la que había ensayado Rajoy, y cárcel de por vida a los insurrectos. Francisco Franco se había ensañado especialmente con esa región desde 1939. Cataluña fue uno de los pilares de la República Española, aplastada a sangre y fuego por el dictador, ayudado por el nazismo.
Vox participa en el juicio contra los independentistas como parte de una figura que se llama Acusación Popular. «Vox está aquí como la voz, el clamor del pueblo español, para que esta gente aprenda que no se puede hacer un golpe de Estado», dijo uno de sus militantes. “El 28 de abril la España Viva reconquistará su futuro”, se entusiasma Santiago Abascal, el fundador de esa agrupación política.
Sánchez, en tanto, está decidido a apurar la decisión de retirar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos, en las afueras de Madrid. Una forma tardía de reconquistar al votante de centroizquierda que fue la base del PSOE desde la recuperación de la democracia. Ni bien le puso fecha al comicio, exigió a la familia del dictador que busquen un lugar donde depositar los restos.
“A los muertos hay que dejarlos en su sitio”, arenga Vox. «El Valle no se toca», dice a su turno otro acérrimo defensor de Franco, Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Franco por parte de madre y de Alfonso XIII, el rey destronado por la República, por parte de padre.
Tiempo Argentino, 17 de Febrero de 2019
por Alberto López Girondo | Feb 17, 2019 | Sin categoría
Bolivia, Perú y Chile recordaron esta semana, cada cual a su modo, el 140º aniversario de un episodio que condujo al estallido de la Guerra del Pacífico, un conflicto que alteró el mapa sudamericano y aún tensiona las relaciones entre estos países.
Bolivia perdió su mar el 14 de febrero de 1879, cuando las tropas chilenas ocuparon el puerto de Antofagasta, cabecera de una región rica en minerales. La ocupación abrió luego un conflicto bélico que culminó en 1884 con la derrota de los aliados peruano-bolivianos, que fueron obligados a cederle 185 mil km² de territorio al enemigo, lo que convirtió a Chile en una potencia minera.
Antofagasta, que ahora es la capital de la minería chilena, celebró el aniversario de la ocupación con un festival musical. «Son 140 años y coincidió con el Día de los Enamorados, una fecha importante para celebrar», dijo la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Bolivia, en cambio, suele recordar la fecha, con tristeza y a lo sumo con actos de desagravio.
La guerra no sólo forma parte de la historia. Marca también el presente y el futuro de los antiguos enemigos. Las batallas se libran ahora en la Corte de La Haya. El 1 de octubre pasado dictaminó que Chile no tenía obligación de negociar un acceso soberano al Pacífico para Bolivia, lo que significó un revés para el presidente Evo Morales, aun cuando en 2014, la misma Corte falló a favor de Perú contra Chile, entregándole 20 mil km² de mar. Bolivia quien aseguró que seguirá peleando por una salida al mar.
La guerra fue resultado de pugnas por el salitre del Desierto de Atacama, muy cotizado como fertilizante agrícola y materia prima para la pólvora. Intereses de empresas privadas y la diplomacia británica, escasamente interesada en promover la paz, jugaron su papel.
El impuesto de 10 centavos por quintal de salitre que impuso Bolivia en 1878 a la minera chilena de Antofagasta fue el detonante. Como la minera se negó a pagar, Bolivia confiscó sus bienes. El día que los iba a subastar, la escuadra chilena ocupó Antofagasta. Santiago adujo que recuperaba un territorio al que había renunciado antes… Perú se ofreció a mediar, pero terminó envuelto en esta guerra que dejó unos 23.000 muertos, pues tenía desde 1873 un tratado de alianza militar con Bolivia.
«Nos metimos en una guerra para la cual no estábamos para nada preparados», recuerda el historiador peruano Fernando Ayllón, director del Museo del Congreso de Perú. Las primeras batallas se libraron en el mar entre Perú y Chile. Bolivia no tenía marina ni buques de guerra, aunque poseía 400 km de costa. Chile consiguió en seis meses el dominio del mar y luego invadió el sur de Perú: ganó varias batallas y tomó posesión del salitre peruano, asfixiando a sus enemigos, militar y financieramente.
En junio de 1880, los chilenos capturaron el puerto de Arica, último bastión aliado en el sur de Perú. Los bolivianos se replegaron a La Paz para proteger su ciudad. Los peruanos quedaron solos ante el avance invasor, que ocupó Lima en enero de 1881.
La ocupación duró tres años. Remanentes peruanos hostigaban a los chilenos en la sierra usando tácticas guerrilleras, hasta que en 1883 un nuevo gobierno de Lima firmó la paz. Perú, que quedó sumido en una de las peores crisis de su historia: debió ceder Arica y la región de Tarapacá, rica en minerales. Ganar territorio en el campo de batalla era usual en esos días: EE UU lo hizo con México en 1846-1848 y Alemania con Francia en 1870-1871.
Bolivia y Chile firmaron en 1884 un «Pacto de Tregua» que puso fin a la guerra y en 1904 un «Tratado de Paz y Amistad» que dio a Santiago el «dominio absoluto y perpetuo» de Antofagasta, sellando el enclaustramiento consumado en 1879.
Tiempo Argentino, 17 de Febrero de 2019
por Alberto López Girondo | Feb 16, 2019 | Sin categoría
La gira de Alberto Fernández por Europa resultó exitosa en lo formal. Recibió el espaldarazo de tres líderes de peso en los organismos internacionales: la alemana Ángela Merkel, el francés Emmanuel Macron y el español Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con el papa Francisco y con la responsable del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva. Jorge Bergoglio insistió en un discurso que enarbola desde que fue ungido obispo de Roma: «Las personas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas abrumadoras y recortes en los servicios sociales, a medida que sus Gobiernos pagan deudas contraídas insensible e insosteniblemente. De hecho, la deuda pública puede constituirse en un factor que daña y perjudica el tejido social».
En forma simultánea, Fernández obtuvo un mensaje, que sus voceros difundieron como favorable, del presidente Donald Trump. Fue cuando el designado embajador en Washington, Jorge Argüello, le presentó las cartas credenciales. «Dígale al presidente Fernández que puede contar con este presidente», dijo Trump. Los más desconfiados se preguntan cuál sería el precio para que ese apoyo se traduzca en una quita o una refinanciación de la deuda con el FMI, donde EE.UU. tiene la acción de oro, y con los privados, que tienen bonos bajo el paraguas de las leyes estadounidenses, que siempre jugaron en contra de los intereses argentinos.
Fue bastante claro que Trump usó el poder determinante de Washington dentro del FMI para forzar la aprobación de créditos por casi el 66% de la cartera de la entidad para beneficiar a un gobierno como el de Mauricio Macri, que fue un sólido apoyo político para el embate contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos tiene el 16% de los votos del Fondo, pero cualquier decisión de la entidad necesita el 85% de votos-cuota.
El argumento de Fernández fue, desde su campaña, que los créditos a Macri se aprobaron sin respetar el estatuto del FMI, que impide entregar dinero que podría ser utilizado para la fuga de divisas, y sin pasar por el Congreso Argentino, que debe aprobar el endeudamiento externo.
El fracaso de la política económica del macrismo arrastró a Macri, pero está calando en el propio FMI. Con un dejo de astucia, Christine Lagarde se había ido de Nueva York a Fránkfurt, sede del banco Central Europeo, en septiembre pasado. Ahora fue el turno de su número 2, David Lipton, el otro gran responsable de haber aprobado el acuerdo por 57.000 millones de dólares.
El problema de la deuda, principal factor que preocupa al Gobierno, es un campo minado. El resultado de la negociación que llevó a cabo la provincia de Buenos Aires fue un buen test de lo que le espera al ministro de Economía, Martín Guzmán. Axel Kicillof tensó la cuerda al máximo intentando posponer un pago de 250 millones de dólares, pero finalmente –al borde de un default y luego de haber colocado 9.300 millones de pesos en letras del Tesoro provincial para solventar parte de ese pago de 15.000 millones– cumplió con el compromiso.
Camino bloqueado
El caso generó críticas y brulotes desde la oposición, que repentinamente olvidó que la brutal deuda externa y los acuerdos con el FMI se hicieron durante el anterior gobierno. Kicillof argumentó que había ido hasta el final con el aval de Nación y que se encontró con una estrategia de asedio de un fondo de inversión, Fidelity, que logró bloquear un acuerdo para el que la provincia tenía un 50% de aceptación entre los acreedores, pero necesitaba del 75%.
Para Kicillof, la actitud de Fidelity, un fondo al que se negó a calificar de buitre o agresivo, podría inscribirse en una movida que apunta a la negociación que Economía lleva adelante con el FMI y los bonistas de la Nación.
Alberto Fernández no tuvo casi tiempo para celebrar su segundo mes al frente del Poder Ejecutivo cuando a poco de bajar del avión que lo traía de vuelta de su gira por Europa debió salir a enfrentar un clima de debate interno dentro del Frente de Todos que la oposición buscaba desde el día en que Cristina Fernández anunció la fórmula para enfrentar al macrismo. El jaleo en los días previos al 10 de febrero tuvo que ver con los dirigentes y exfuncionarios presos durante la gestión de Mauricio Macri.
Para el presidente, hay presos detenidos arbitrariamente, pero esta definición causa escozor entre quienes buscan la libertad y una reivindicación, entre otros, de la dirigente jujeña Milagro Sala, del exvicepresidente Amado Boudou y del exministro de Obras Públicas Julio de Vido. Hasta la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, fustigó esa definición: «Me duele que quieran minimizar la situación de los detenidos por razones políticas. Es algo triste», dijo.
Los que recibieron los ataques más furiosos fueron el canciller, Felipe Solá, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por plantear esa misma postura. Pero los palos, obviamente, no eran para ellos, y así lo entendió Fernández. «Me molesta que digan que tengo presos políticos», se quejó el mandatario en una entrevista radial. «Hay que decirles a los compañeros que no seamos tontos, que no caigamos en este debate porque quieren hacernos pelear y dividirnos. Todos saben lo que hizo la Justicia. El primero que lo sabe es Alberto Fernández».
La que le dio más sustancia quizás al contenido de este debate fue la abogada Graciana Peñafort, defensora de Boudou como lo fue de Héctor Timerman, y actual directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación. Luego de señalar en un hilo de tuits que para ella se trata en todos los casos de presos políticos, argumenta que Fernández es «el único que no puede intervenir en este tema», porque si sostiene esa postura, quizás debería amnistiarlos, que es algo que ninguno de los detenidos quiere. «Quieren un juicio justo donde puedan demostrar que son inocentes», aseguró.
Revista Acción, segunda quincena de Febrero de 2019
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