por Alberto López Girondo | Sep 12, 2017 | Sin categoría
El anuncio del megaplan de privatizaciones del gobierno de Michel Temer fue muy bien recibido en la Bolsa de valores, como era de prever, y también despertó las más furiosas críticas desde la oposición al neoliberalismo. Para el mandatario de facto, la venta total o parcial de 57 activos en manos del Estado es esencial para equilibrar las cuentas públicas y cumplir con la reforma constitucional que limita los gastos por 20 años. Para la destituida presidenta Dilma Rousseff, la privatización de Eletrobras es una amenaza de apagones en el futuro y lo que es peor, de tarifazos descomunales. «Sólo hay un resultado: el consumidor pagará una factura de luz estratosférica por una energía cuyo abastecimiento no estará garantizado», describió. Pero además, es quizás el último clavo al ataúd del proyecto iniciado por Getulio Vargas, de cuyo suicidio se cumplieron este jueves 63 años.
La ola privatizadora –planificada para que vaya entrando justo antes de las elecciones– incluye, entre otros bienes, además de parte de la eléctrica y de la petrolera Petrobras, la Casa de la Moneda, 13 aeropuertos y 15 terminales portuarias. Según el gobierno, se podrán recaudar un total de 17 mil millones de dólares.
El afán de alentar la inversión privada a como dé lugar liberará para la explotación minera la reserva amazónica, una suerte de santuario protegido del tamaño de Suiza que el último presidente de la dictadura militar, el general João Baptista Figueiredo, había declarado como territorio estratégico.
Con esta decisión de Temer, simbólicamente se le pone punto final al desarrollismo brasileño. En efecto, durante la Segunda Guerra Mundial el presidente Getulio Vargas fomentó la creación de Eletrobras, Petrobras y el Banco Nacional de Desarrollo (BNDes), la otra joya de la abuela que se encamina a ser enajenada por Temer. A lo largo del tiempo, a través de esta entidad se canalizaron préstamos a empresas brasileñas y se financió la expansión de firmas como Odebrecht, Camargo Correa y el frigorífico JBS, todos ahora en la picota por investigaciones judiciales. El banco se fondea con los aportes jubilatorios de los brasileños.
Este proyecto de Estado necesitaba de una alianza con Estados Unidos que Vargas defendió hasta que estratégicamente le resultó inconveniente. Desde entonces la prensa lo atacó ferozmente y en la carta donde explica las razones para su suicidio, producido el 24 de agosto de 1954, Vargas no pudo ser más claro: «Quise crear la libertad nacional potenciando nuestras riquezas a través de Petrobras, mal comienza ésta a funcionar cuando la onda de agitación crece. La Electrobras fue obstaculizada hasta el desespero. No quieren que el pueblo sea independiente».
Los militares que dieron el golpe en 1964 dieron fe de anticomunismo, pero mantuvieron el impulso a la industria nacional. Recién en los ’90 parte de las empresas públicas salieron a la Bolsa y sumaron inversores privados, aunque con control estatal.
Como se ve, la andanada contra Petrobras es de vieja data. Dilma agrega un dato sobre Eletrobras en una carta publicada el miércoles. Toda obra hidroeléctrica se amortiza a los 30 años de su construcción, lo que disminuye los costos. «Entregar a Eletrobras y sus usinas ya amortizadas a algún grupo privado, tal vez extranjero, significa hacer que el consumidor de energía pague una segunda vez por lo que ya pagó, además de abandonar cualquier concepto estratégico en relación con la producción, la distribución y la provisión de energía con seguridad y sin interrupciones ni apagones».
Tiempo Argentino
Agosto 27 de 2017
por Alberto López Girondo | Sep 12, 2017 | Sin categoría
La foto es de Ricardo Stuckert para el Instituto Lula
En Brasil se desató una carrera contra el tiempo y a esta hora es difícil prever quién cruzará primero la bandera a cuadros. O incluso quienes llegarán. Por lo pronto, el ex presidente Lula da Silva inició una gira para darse un baño de pueblo por el Nordeste en una Caravana que lo llevará de Bahía a Maranhao. Mientras tanto, el poder judicial, normalmente reacio a los apurones, esta vez batió un récord al abrir un expediente de segunda instancia en apenas 42 días. Cuando el juez Sergio Moro lo condenó a nueve años y medio de prisión por la presunta compra irregular de un departamento en Guarujá, se especuló con que no daban los tiempos para tener una sentencia firme que impediría su candidatura en 2018. Pero la justicia brasileña parece también interesada en no dejar que avance la incertidumbre en vista de que Lula sigue cosechando el fervor de sus votantes en los rincones más empobrecidos de Brasil. Simultáneamente, el presidente de facto Michel Temer también puso sexta velocidad en su proyecto privatizador neoliberal (ver aparte), cosa de que si no hay forma de evitar el regreso de Lula al Planalto, tenga las manos atadas para volver a políticas populistas.
En su recorrida por el territorio amigo del Nordeste, su tierra de nacimiento, Lula tuvo algunas frases destacadas que merecen recordarse. Como esa con que calificó a Temer de «marido que no trabaja y vende las cosas de la casa». Quizás fue que su llegada a Pernambuco, el estado al que pertenece el pueblo de Caetés, donde nació hace casi 72 años, le haya traído remembranzas de su propia niñez: séptimo hijo de un matrimonio de labradores, su padre se fue de la casa cuando él era un bebé y no lo conoció sino a sus cinco años. Su madre crió a los siete niños prácticamente sola y emprendió con ellos una caravana desesperada hacia San Pablo para salir de la miseria. En esto, Lula es un fiel representante de un drama que cotidianamente viven millones de personas en el mundo y quienes lo escuchan en los actos que viene realizando en esa región lo saben, por eso esperan su vuelta a la presidencia. Por eso despierta el rechazo de las élites políticas, judiciales y hasta mediáticas.
Lula tuvo otras definiciones en su recorrida, que ya lo llevó por 15 ciudades pero espera completar el 5 de septiembre en Sao Luis, estado de Maranhao, luego de visitar 28 ciudades de nueve estados. No es la primera vez que el ex tornero mecánico sale a las rutas para darse «un baño de pueblo». Entre 1993 y 1996, en sus primeros intentos por ser presidente, recorrió con sus «Caravanas de la Ciudadanía» 359 ciudades brasileñas.
Mientras, tanto, el 4º Tribunal Regional Federal, con sede en Porto Alegre, inició el miércoles la tramitación del recurso de segunda instancia en el proceso por corrupción por la presunta transferencia de un dúplex en Guarujá. El 12 de julio, el juez de Paraná Sergio Moro había condenado a Lula pero no lo mandó tras las rejas porque le dio la oportunidad de defenderse en libertad. Los abogados y el mismo ex mandatario insisten en que no le mostraron pruebas del supuesto delito, que hay una persecución judicial y que el magistrado solo se guió por indicios.
Si Lula es encontrado también culpable por este tribunal, se complica su posibilidad de presentarse como candidato a una nueva ronda presidencial en octubre de 2018. Señalan los expertos en estos trámites leguleyos que en ese mismo distrito judicial el promedio en casos similares es de 96 días pero que la resolución llega normalmente no antes de los 182 días. Todo indica que esta vez la intención es terminar con el caso cuanto antes y según la interpretación del entorno del ex dirigente gremial, lo quieren sacar del medio porque es el único que puede impedir que se consume el proyecto neoliberal que se impuso desde la destitución de Dilma Rousseff, su sucesora, hace justo un año.
Desde esas tribunas populares y populosas, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT), insiste en que si gana en 2018 -y las encuestas no dudan de esa posibilidad hoy día- va a anular las reformas de Temer. Entre ellas la nueva ley laboral que echa atrás con leyes instauradas por Getulio Vargas hace tres cuartos de siglo.
Pero no todas fueron rosas, y Da Silva tuvo que enfrentar no pocas críticas cuando enPenedo, en el estado de Alagoas, luego de reunirse con pobladores indígenas, y campesinos de las principales comunidades locales, se abrazó con el senador RenánCalheiros, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), agrupación con la que se alió para llegar al gobierno en 2003 pero que finalmente tumbó a Dilma en 2016. De hecho, Temer es el presidente del PMDB y Calheiros fue clave para el golpe institucional, hasta que cayó en desgracia por la investigación de la causa Lava Jato.
Es cierto que el hombre es senador por el estado que visitaba y el hijo, Renán Junior es el gobernador. Pero Lula fue más lejos que esa cuestión meramente protocolar. «Renan puede tener todos los defectos, pero Renan me ayudó a gobernar este país; yo soy de la opinión de que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario», dijo a radio Universitaria de Pernambuco, para rematar: «Lo que quiero para mí lo tengo que querer para los otros también, (y además) cuando un partido como el PT busca esas alianzas es porque ve con claridad que solo no gana las elecciones, y si las gana no puede gobernar si no tiene mayoría en el Congreso». En resumen, que «la hipótesis más soñada» es que la izquierda tenga votos suficientes para no tener que ponerse un broche en la nariz antes de ir a las urnas. «pero esa no es la realidad del Brasil de hoy».
El PT no es el único que mira el 2018 con ansiedad y en el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) ya mueven sus fichas el alcalde de San Pablo, Joao Doria, quien asumió el cargo el 1 de enero pasado, y el gobernador estadual Geraldo Alckmin. Doria es presentado como el paladín de la nueva política, es empresario y recuerda a Donald Trump. Incluso condujo en la televisión paulista el programa El Aprendiz, que catapultó a la fama al actual presidente estadounidense.
Por la derecha más retrógrada tiene aspiraciones el ex militar Jair Bolsonaro. Además, el partido Laborista Nacional de Brasil ahora se hace llamar Podemos. Pero no porque adhieran al partido español sino porque se dicen seguidores de Barack Obama y de su latiguillo Yes, We Can.
Tiempo Argentino
Agosto 27 de 2017
por Alberto López Girondo | Sep 12, 2017 | Sin categoría
Si logra los resultados que espera en la elección del 22 de octubre, el gobierno se dispone a impulsar varias reformas sustanciales. En algunos casos, las conversaciones se desarrollan, al menos en parte, a plena luz del día, como ocurre con la reforma tributaria. En otros, los actores se mueven en silencio. En esta situación está la modificación del rol de las Fuerzas Armadas, un proyecto que no es nuevo, pero que se reactivó con el cambio de ministro de Defensa, en julio pasado. Si bien avanzan los preparativos, por ahora no cuenta con la luz verde definitiva en el gobierno de Mauricio Macri.
Fuentes ministeriales y legislativas certificaron la existencia de este plan, que calzaría justo con la apelación a combatir el narcotráfico que el oficialismo desplegó en campaña. Hay quienes temen que –con el antecedente de otras experiencias desde diciembre de 2015–en Balcarce 50 busquen evitar un ríspido debate en el Congreso para reformar la Ley de Defensa y en cambio podrían apelar a un decreto que reinterprete la normativa vigente para que otra vez los militares puedan intervenir en vigilancia y control interior.
Es ocioso recordar que las FF.AA. quedaron profundamente salpicadas por el tenebroso papel que jugaron en los años 70. Más tarde, recuperada la democracia, las intentonas de los carapintada en la Pascua de 1987 y los levantamientos de 1988 y 1990 pusieron de manifiesto el carácter antidemocrático que primaba en las fuerzas.
En tanto, recién en abril de 1988 se aprobó la Ley de Defensa Nacional número 23.554, donde se establece que las FF.AA. deben «enfrentar las agresiones de origen externo» y que debe diferenciarse su intervención de la seguridad interior. Esta última se rige por otra ley, de 1992, que asigna esas tareas a las fuerzas policiales, Gendarmería y Prefectura Naval.
Hubo que esperar hasta 2006, cuando mediante el decreto 727 se reglamentó la ley 23.554. Ese «descuido» permitió interpretaciones de lo más contrapuestas entre autoridades de turno y los lobistas del momento. El decreto puntualiza que «las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s», según los términos definidos por las Naciones Unidas. Como agregado, detalla que las FF.AA. no podrán intervenir en «producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior».
Operación cuestionada
Expertos en el tema acusan al exjefe del Ejército, César Milani –ahora detenido por una causa de lesa humanidad–, de sentar un nefasto antecedente al impulsar en 2011 el Operativo Escudo Norte (OEN), un plan para el control fronterizo y la vigilancia del espacio terrestre en doce provincias del norte del país con el objetivo de combatir el «tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el contrabando de bienes». El OEN, si bien ponía en el campo a efectivos de fuerzas de seguridad, otorgaba cobertura logística y estratégica de Ejército y Fuerza Aérea. El plan sigue vigente, ya que fue prorrogado anualmente hasta 2017.
Desde el cambio de gobierno, con renovadas expectativas, tanto para los estrategas de las FF.AA. como para los especialistas de los distintos partidos políticos, volvió a resonar una pregunta inquietante: ¿qué hacemos con los militares? El argumento economicista que prima en muchos miembros de la alianza Cambiemos, fundamentalmente en los originarios del PRO, apunta a preguntarse para qué mantener un gasto en personal e insumos si la única razón de su existencia es un hipotético conflicto externo a todas luces improbable en estos días. Por eso, ni bien asumió el primer titular de Defensa, el radical Julio Martínez, comenzaron los recortes presupuestarios. Ahora, con la llegada de Oscar Aguad al edificio Libertador, los que aspiran a una mayor preponderancia de las FF.AA. tienen nuevas expectativas. Aguad, apodado «El milico» por su buena relación con militares y su cercanía con represores como Luciano Benjamín Menéndez, viene de desguazar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desde la cartera de Comunicaciones, que se disolvió tras su paso a Defensa. Se especula que su objetivo apunta a fusionar este organismo con Seguridad, si es que logra reformular el rol de los uniformados.
Hipótesis peligrosa
En el Ministerio explican estos pasos destacando que luego de la derogación de la Ley de Servicio Militar en 1994, a raíz del asesinato del soldado Omar Carrasco, se fue reduciendo a niveles mínimos el personal de las FF.AA. «Si pensamos en una pirámide en la que la base son los soldados y la cima son los jefes –dijo una fuente a este medio–, ya pasamos la época en que era un rectángulo y ahora es una pirámide invertida. En términos de la calle, hay más caciques que indios y no porque no se necesiten los indios».
Pasada la hora de sumarse a las tropas internacionales de Cascos Azules en los Balcanes o en Haití, no son muchas las oportunidades para quienes se alistan. Además de que se achataron los sueldos en detrimento de las fuerzas de seguridad, con lo cual es fácil ver a suboficiales y oficiales de baja graduación haciendo tareas de vigilancia como un extra hasta no hace tanto impensable en un militar.
El combate del narcotráfico y del terrorismo forma parte del discurso de sectores de la derecha tradicional que encuentran eco en el gobierno y que tienen anuencia de otras líneas políticas como el massismo, que también lo agitó en campaña. Desde el ministerio juran que un nuevo rol para las FF.AA. en la lucha contra ambos flagelos no implicará que se les permitirá actuar en vigilancia y control interno. Pero los límites en realidad son difusos.
A esto se suma que para la gestión macrista la lucha contra el narcotráfico es un objetivo declarado, lo que crea el escenario adecuado para una vuelta de página en favor de las FF.AA. argentinas. Una vuelta de página que por otro lado implicaría también un grado de reivindicación de lo actuado hace cuatro décadas.
Los detractores de estos planes de reinserción militar tienen como ejemplo para poner sobre la mesa la experiencia mexicana. Recuerdan que desde el 11 de diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó a los militares a la guerra contra el narcotráfico, se han registrado no menos de 150.000 muertos en el país azteca. Y alertan sobre el riesgo de repetir otra guerra contra el terrorismo y el narcotráfico de consecuencias impredecibles.
Revista Acción
Agosto 30 de 2017
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