Con sendos discursos del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mongherini, comenzó en Montevideo la reunión del Grupo de Contacto Internacional para tratar una solución pacífica y consensuada a la crisis política que vive Venezuela. O más bien debiera decirse, un intento casi desesperado para evitar un baño de sangre ante las crecientes amenazas de los halcones del gobierno de Donald Trump, que si por ellos fuera, no dudarían en una intervención armada en el país sudamericano. El telón de fondo es el resultado de intervenciones similares en Libia, Irak y Siria.
Esta cumbre en la capital oriental fue convocada por la nación anfitriona junto con el nuevo gobierno de México de Andrés MAnuel López Obrador, dos de los pocos países latinoamericanos que se alejaron del dictado de Washington y no reconocieron al diputado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
«Debemos intentar llegar en el día de hoy a un entendimiento común sobre los aspectos claves para un proceso de transición política que desemboque en elecciones», dijo Mogherini en la apertura, poniendo énfasis en un tema que sin dudas resulta difícil de tragar para los convocantes latinoamericanos.
«Tengámoslo muy claro la mayor disyuntiva que tiene Venezuela hoy es entre la paz o la guerra, por eso en nuestro insistente llamado a la serenidad a las partes involucradas y a la prudencia a la comunidad internacional», replicó a continuación Vázquez.
Horas antes del inicio de la ronda de debates, que se hacen en la Torre Ejecutiva, el edificio del gobierno uruguayo, los cancilleres Rodolfo Nin Novoa y el mexicano Marcelo Ebrard, presentaron el Mecanismo de Montevideo, un documento con algunos lineamientos sobre los ejes en que plantean interceder en una situación tan dramática como la que viven los venezolanos en este momento.
«La posición histórica de nuestros países ha sido y siempre será la de privilegiar la diplomacia sobre las demás alternativas, ya que solo así se podrá alcanzar la paz y estabilidad de manera sostenible, legítima y efectiva», dijo el jefe de Relaciones Exteriores uruguayo en la previa al encuentro.
«Los suscriptores de esta declaración coincidimos en que el grado de complejidad de las circunstancias no es razón para desestimar las vías políticas de solución de controversias», dice el texto conjunto que elaboraron las dos cancillerías junto con representantes de la Comunidad del Caribe (Caricom).
El «Mecanismo» propone cuatro instancias: un diálogo inmediato entre las partes, una negociación, llegar a compromisos concretos en plazos establecidos y la implementación de esos acuerdos. Pero no pone condicionamiento ninguno, ya sea plazos u objetivos finales, salvo el mantenimiento de la paz.
Este grupo propone un equipo de coordinadores para garantizar esa mesa de diálogo integrado por Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica; Enrique Iglesias, excanciller uruguayo y extitular del BID, el extitular de Relaciones Exteriores mexicano Bernardo Sepúlveda, y «un alto representante de Caricom».
Desde el otro lado del océano, a su vez, vienen con una propuesta que consiste en dar un plazo de 90 días para llegar a elecciones presidenciales. Y se jactan de haber desde octubre trabajan en esta iniciativa que pensaban presentar a mediados de este mes. Solo que el reconocimiento a Guaidó por parte de Donald Trump se adelantó a sus planes, deslizan.
Por Europa integran este grupo Mogherini, representantes de España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Suecia. Por América Latina figuran Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay.
Acá es donde se ve que Venezuela es un tema complejo incluso puertas adentro de la UE y de los países latinoamericanos que no reconocieron a Guaidó. Porque Madrid manda enviados a Montevideo, pero el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, está en línea con Washington, al igual que Francia, el Reino Unido y Alemania. La italiana Mongherini, en tanto, navega entre dos aguas ya que su gobierno se negó a desconocer a Nicolás Maduro.
En Uruguay también hay mar de fondo, ya que el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ex canciller del Frente Amplio, Luis Almagro, es un enemigo declarado de Maduro y fue uno de los que lanzó la propuesta de una incursión armada para sacarlo del poder. Es más, este mismo miércoles ninguneó el encuentro en su «paisito» al decir que se trata de un “falso diálogo que sólo oxigena a la dictadura”, como califica al chavismo.
La derecha uruguaya también está contra el gobierno bolivariano y sus medios afines juegan para boicotear el encuentro. Tan es así que este mismo jueves el diario El País publica en tapa un reportaje el diputado Guaidó en el que afirma que de ninguna manera participará en un diálogo con Maduro y se mostró disgustado con la posición del gobierno de Vázquez.
La razón para rechazar cualquier propuesta que surja en Montevideo es larga pero vale la pena copiarla íntegramente. «Hemos participado en esfuerzos de diálogo, negociación y acuerdo en varias oportunidades con el régimen de Nicolás Maduro. Lo hemos hecho dentro y fuera de Venezuela, de manera privada, y también públicamente. Solos y con acompañamiento internacional. En la última ocasión entre los meses de diciembre 2017 y enero 2018 en la República Dominicana con el apoyo del presidente de ese país, Danilo Medina, quien se comprometió mucho en ese intento, y con la presencia de los cancilleres de México y Chile. Ellos son testigos de excepción de lo ocurrido. La consecuencia invariablemente en todos esos procesos ha sido la misma: el incremento de autoritarismo del régimen y de la represión».
Guaidó no menciona al ex premier español José Luis Rodríguez Zapatero porque fue él quien denunció a último momento se negaron a firmar el acuerdo que habían alcanzado por pedido del entonces mandatario colombiano Juan Manuel Santos y el ex jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson.
Analistas uruguayos estimaron en tal sentido que era difícil la aceptación de los europeos al plan sudamericano porque el «Mecanismo» no habla de plazos ni se propone elecciones de un modo explícito. Con las sutilezas que le exige el cargo, Nin Novoa lo explicó el miércoles.
«Creo que cuantas más condiciones se pongan para el diálogo más difícil es conseguir un resultado favorable. Si nosotros decimos que tiene que haber elecciones en tal momento, que tiene que cambiarse la Corte Electoral, que tiene que haber liberación de los presos políticos, estamos imponiendo condiciones que dificultan el diálogo”, señaló en conferencia de prensa.
Mientras la oposición prepara este miércoles una marcha masiva con la que espera ir minando el apoyo con que cuenta el presidente Nicolás Maduro, el mandatario bolivariano posteó en las redes sociales un mensaje dirigido al pueblo de Estados Unidos para pedir que no permita «un Vietnam en América Latina».
Además, no descartó adelantar elecciones, aunque parlamentarias, para que los venezolanos se expresen en las urnas. Como señal previa a la manifestación opositora, habló en un destacamento es Esequibo y destacó la fidelidad de las Fuerzas Armadas en este momento crucial para el proceso venezolano.
En su mensaje a los norteamericanos -un video de 4 minutos grabado en el patio del Palacio de Miraflores- Maduro llama a no creer en lo que dicen los medios de comunicación hegemónicos contra Venezuela.
«Te lo digo desde el corazón (…) como no pueden inventar que tenemos armas de destrucción masiva para intervenirnos, inventan todos los días algunas imágenes (…) en una jauría contra Venezuela».
El presidente chavista puntualizó también que «Estados Unidos es mucho más grande que Donald Trump» y destacó que conoce muy bien a ese país en profundidad por haber manejado en gran parte de su territorio y haberse puesto en contacto con la gente de abajo.
Luego de detallar las riquezas de Venezuela en petróleo, oro y gas, puso el foco en estos datos como la cuestión de fondo para el ataque de grupos a los que llamó «extremistas que rodean» a Trump, como el asesor en Seguridad Nacional John Bolton y el vicepresidente Mike Pence.
Precisamente Bolton, en declaraciones a la cadena Fox, reconoció sin inmutarse que está «conversando con las principales compañías estadounidenses ahora» para ver la forma de operar más abiertamente en Venezuela. «Haría una gran diferencia si pudiéramos tener compañías de Estados Unidos (entre las que sumó a Citgo, la subsidiaria de PDVSA) invirtiendo y produciendo en Venezuela» para rematar asegurando que eso «sería bueno para el pueblo de Venezuela y para el pueblo de Estados Unidos».
Luego del bloqueo de las cuentas de la petrolera estatal venezolana en territorio estadounidense, que en la práctica confiscó 7000 millones de dólares que son claves para la economía bolivariana, Bolton ya no oculta el trasfondo económico de su cruzada antipopulista.
Maduro, en declaraciones a la agencia rusa Ria Novosti, reproducidos por Sputnik, reveló que intentó por todos los medios mantener un encuentro con Trump para limar asperezas, pero que Bolton intercedió para que ese encuentro no se realizara. «A pesar de nuestras diferencias políticas, culturales, ideológicas, a pesar de la idiosincrasia tan diferente entre Donald Trump y Nicolás Maduro, en una oportunidad pareciera abrirse las puertas para eso, pero John Bolton le prohibió a Donald Trump iniciar un diálogo con el presidente Maduro, se lo prohibió él, tengo toda la información», detalló, tras afirmar que no tiene empacho en hablar en público, en privado, «con agenda abierta, donde él quiera» con el inquilino de la Casa Blanca.
Mientras tanto el mecanismo de relojería disparado tras el reconocimiento del diputado Juan Guaidó como presidente interino por parte de EEUU y algunos países de Latinoamérica, ahora la Internacional Socialista, la organización socialdemócrata fundada en 1951 y dirigida por el ex premier griego Giorgos Papandreu, aprobó una resolución que «reconoce los esfuerzos» del opositor titular de la Asamblea Nacional «para conducir una transición hacia la democracia».
Reunidos en Santo Domingo, donde el año pasado la oposición se negó a última hora a firmar un acuerdo al que habían llegado con el oficialismo de la mano de un socialista, el ex jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, reclaman el llamado a elecciones «a ser vigiladas por una nueva autoridad electoral plenamente independiente e imparcial».
La Unión Europea ya había dado un plazo perentorio para el llamado a elecciones presidenciales, lo que motivó que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Constituyente, respondiera «que se vayan bien al carajo». Maduro, a su turno, estimó que «sería muy bueno organizar las elecciones legislativas antes. Sería una buena forma de discusión política, una buena solución a través del voto popular».
Maduro rechazó nuevas presidenciales porque se hicieron hace menos de un año, dijo, pero se mostró dispuesto a acelerar el recambio legislativo, que es en 2020, En 2015 el oficialismo sufrió una fuerte derrota en los comicios que dejó una Asamblea con alrededor de dos tercios en manos opositoras. Desde entonces el conflicto de poderes se fue profundizando.
En cuanto al autodesignado presidente Guaidó, además de pedir a EEUU profundizar más presiones sobre Miraflores, nombró a «embajadores» en cada uno de los países que lo reconocieron en esta instancia. En el caso de Argentina, su representante será Elisa Trotta Gamus. El martes el presidente Mauricio Macri al recibió en la Casa Rosada.
En su cuenta de Twitter, Macri posteó que había «recibido a la enviada a Buenos Aires por el presidente encargado de Venezuela». Sin embargo Trotta Gamus, de 36 años, hace ocho que vive en Argentina, preside una ONG ligada a la oposición venezolana pero tiene empleo como asesora política del gobierno de María Eugenia Vidal en Buenos Aires.
Siguiendo un libreto que el gobierno de Estados Unidos diseñó hace décadas y aplicó en Irak, Libia y Siria, entre otros países, la escalada golpista contra Venezuela sumó ahora el bloqueo total de las cuentas de la petrolera estatal PDVSA al determinar que los ingresos de la subsidiaria Citgo, que opera unas 6000 estaciones de servicios y tres refinerías en territorio estadounidense, queden incautados para que no pasen a manos del gobierno de Nicolás Maduro.
La medida, dictada por el Departamento del Tesoro, a cargo del banquero y productor de cine Steven Mnuchin, implica apropiarse de los principales ingresos de Venezuela en un momento en que la crisis económica es determinante para el futuro de la nación y la asfixia no hace sino acelerar el drama cotidiano de millones de ciudadanos.
«Ya he dado las instrucciones precisas al presidente de PDVSA, dueño de Citgo, para iniciar las acciones políticas, legales, ante tribunales estadounidenses y del mundo, para defender la propiedad y la riqueza de Citgo», replicó MAduro en un mensaje televisado.
Mnuchin intensificó el estrangulamiento económico aduciendo que EEUU «continuará usando el conjunto completo de sus herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y a los esfuerzos del pueblo venezolano por restaurar la democracia».
A renglón seguido señaló que de ese modo «se evitará que Maduro desvíe activos de Venezuela y se conserven para el pueblo de Venezuela». Finalmente, para que no queden dudas, el productor de entre otros éxitos de Hollywood como Mad Max, Escuadrón Suicida, Lego Batman y otra de superhéroes pero con actores, Batman v Superman: El origen de la justicia, que dirigió Zick Snyder, dijo que todo volverá a la normalidad si se tranfiere elg obierno a Guaidó «o a un gobierno posterior, elegido democráticamente».
Como corolario de esta decisión, todos los bienes de PDVSA en EEUU están bloqueados y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones comerciales con ellos.
El autodesignado presidente interino, titular del congreso unicameral de Venezuela, aplaudió el bloqueo. «Esta medida es para evitar que continúe el saqueo y se podrán utilizar esos fondos una vez cese la usurpación, logremos el gobierno de transición», dijo Guaidó a la cadena norteamericana CNN.
«Los impactos inmediatos son inconmensurables (…) La estrategia que ha adoptado Estados Unidos es provocar un colapso en el sistema económico de Venezuela para obligar la salida» de Maduro, consideró el economista Luis Vicente Leóna la agencia de noticias AFP.
Mientras tanto, la oposición -que toca timbre en los cuarteles desde hace tiempo buscando el golpe militar que los acompañe en el cambio de régimen institucional que buscan desde que en 1999 Hugo Chávez se consagró presidente- llamó a movilizarse en las calles del país este miércoles.
Los grupos antichavistas no son los únicos que llaman a los cuarteles. Desde Washington, el consejero en Seguridad Nacional, John Bolton, pidió «al ejército venezolano y a las fuerzas de seguridad que acepten la transición pacífica, democrática y constitucional del poder». Con una amenaza solapada: la de una intervención militar. «El presidente (Donald Trump) ha dejado claro en este asunto que todas las opciones están sobre la mesa», dijo Bolton, un hombre no precisamente amigo de las salidas negociadas. (Ver acá)
Esta vaharada de amenazas y presiones extremas llegan incluso a la posibilidad de sumir al país sudamericana en horrores similares a los que generó la invasión a Irak, Libia y la fallida incursión en Siria. Es lo que teme el presidente constitucional de la República Bolivariana.»Hago responsable a Donald Trump. Él tendrá las manos llenas de sangre si llevan a una violencia parcial o generalizada en Venezuela», dijo Maduro.
La incautación de bienes de PDVSA y de Citgo mete también a las autoridades rusas en el centro de la escena. El gobierno de Vladimir Putin, junto con China y Turquía, son hoy por hoy los principales sostenes de Maduro a nivel internacional, mientras que México y Uruguay buscan denodadamente evitar lo peor dentro de las naciones latinoamericanas.
Sucede que la petrolera estatal venezolana está en default por la crisis derivada de anteriores sanciones económicas desde la era de Barack Obama, el que abrió el escenario para el golpe contra el chavismo al declarar a Venezuela como un peligro para EE.UU. en 2015.
La solución para evitar la quiebra que ensayó Maduro fue la venta de parte del paquete accionario a la rusa Rosneft, lo que generó airadas voces de protesta dentro de Estados Unidos, (ver acá) donde Trump enfrenta una investigación por la presunta injerencia rusa en las elecciones que lo llevaron al poder, en 2016.
Es que Venezuela no solo es petróleo, oro y otros 17 minerales estratégicos o un punto estratégico clave para el control de la región. También es una formidable excusa para cambiar de tema cuando las papas queman en política interna.
El secretario de Estado Mike Pompeo puso en funciones a Elliott Abrams como coordinador de las operaciones para la destitución del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Halcón entre los halcones de la diplomacia de Estados Unidos, Abrams es un experto en golpes de Estado, invasiones y operaciones encubiertas, una característica que ya lo llevó a una condena por su participación en el escándalo Irán-Contras de la que luego fue indultado por George Bush padre.
Bush hijo lo designó en 2001 «ayudante especial del Presidente y Director para Democracia, Derechos humanos, y Operaciones Internacionales» del Consejo de Seguridad Nacional. Dos años más tarde se lució en la mesa chica para coordinar la invasión de Irak.
Con una mirada fría y penetrante que recuerda a Gargamel, el villano de Los Pitufos, Abrams ingresó a la política en el partido demócrata, pero pronto adhirió a Ronald Reagan, básicamente porque es un anticomunista furioso que alguna vez colgó en el despacho que ocupaba en la Casa Blanca una página enmarcada del diario cubano Granma con el título «Abrams es una bestia».
Desde entonces tuvo intervenciones claves en el apoyo a gobiernos derechistas en Honduras, Guatemala y El Salvador, y en la financiación de los grupos armados que combatían el gobierno sandinista en Nicaragua. Para burlar el control del Congreso, los fondos para esas operaciones salieron de la venta de armas a Irán –que ya estaba gobernado por los ayatolás– en su guerra contra el Irak de Saddam Hussein. El dinero obtenido fue utilizado para sustentar las actividades de los Contras. Todo esto mediante empresas truchas ligadas a los servicios de inteligencia.
Cuando estalló el escándalo, en 1986, hubo un terremoto político en Washington. Una de las esquirlas le pegó a Abrams, aunque dentro de todo la sacó barata ya que solo lo condenaron por ocultar información al Congreso. Así y todo, había tenido tiempo de organizar la invasión a Panamá, en 1989, para derrocar al presidente Manuel Noriega, a un costo más de 3000 muertos, en una operación bautizada «Causa Justa».
Cientos de miles habían sido masacrados en Centroamérica en los ’80 bajo esa mirada glacial. En esos años, militares argentinos tuvieron activa colaboración con los regímenes criminales. En ese contexto, Abrams testificó en 2012 por videoconferencia en el juicio de lesa humanidad que el gobierno de Reagan sabía que la junta militar había robado bebés de los militantes secuestrados y asesinados y los había entregado a familias cercanas a la dictadura.
Incluso su declaración confirmó que no habían sido casos aislados de apropiación de menores. «Sabíamos que no eran sólo uno o dos niños, sino que existía un patrón, un plan, porque había mucha gente que estaba siendo asesinada o encarcelada.»
En un mundillo en el que todos juegan sucio como ese en el que se maneja Abrams, no extraña que a pesar de su pasado sea figura reiterada en las gestiones republicanas. Incluso que tenga prestigio como especialista en Latinoamérica. Entre quienes en los despachos oficiales no lo quieren mucho está el almirante William Crowe, jefe del Pentágono en 1989 que se oponía a la incursión armada contra Noriega. «Esta serpiente es difícil de matar», dijo de Abrams.
Comentarios recientes