Venezolanos que habían emigrado a Argentina por la crisis económica que se vive en el país bolivariano, le piden a la cancillería que interceda con Caracas para ser repatriados, por la crisis que padecen acá a raíz de la pandemia. “No queremos ser una carga para el gobierno argentino”, cuenta Lenys Patricia Aguilera Suárez, que oficia como coordinadora de un grupo de cerca de 700 connacionales a la espera del regreso. Entre ellos, hay 277 que estaban de visita y con pasaje comprado cuando se decretó la cuarentena y no pueden volver porque las aerolíneas están paradas.
En una carta que mandaron al ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, le cuentan que “un grupo de nuestra comunidad venezolana se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad y parte de ese grupo que mencionamos somos en estos momentos los que le escribimos”.
La misiva agrega que un cifra importante de venezolanos residentes en Argentina -si bien la mayoría está en Buenos Aires, los hay de todo el país- “no tienen los recursos económicos para adquirir un boleto de regreso, ya que ni siquiera está contando con los recursos económicos para sobrevivir en estos tiempos”.
En el caso concreto de Aguilera Suárez, ella dice que allá era contador público y acá hacía trabajos “en negro” en casas particulares. Pero ya no puede seguir sosteniendo un alquiler y enfrenta la presión de quedar en la calle en cualquier momento, cuando todavía no llegó todo el rigor del invierno. “Al menos en Venezuela tengo familia y una vivienda”, resume.
La carta a Solá relata que en medio de la cuarentena, a la mayoría de los venezolanos “les cuesta cada vez más conseguir alimentos, otros no cuentan con un DNI o ni siquiera con una (residencia) precaria y algunos ya se encuentran en situación de calle o en albergues transitorios. Sentimos que estamos quedando expuestos al contagio del Coronavirus y no tenemos a quien acudir para solventar nuestra situación”.
Para colmo de males, la embajada de la República Bolivariana, ubicada en el barrio porteño de Palermo, encuentra cerrada y no tienen con quién hablar. “No hay personal que pueda atender nuestras necesidades”, afirman,
Es que durante la administración de Mauricio Macri, en el marco de la ofensiva de la Casa Blanca, gobiernos de derecha latinoamericanos y la OEA contra el presidente Nicolás Maduro, se reconoció como mandatario al diputado Juan Guaidó y como representante en Buenos Aires a Elisa Trotta.
Pero Guaidó nunca tuvo control del aparato estatal. En estas circunstancias, el único que puede hacerse cargo de la repatriación es el gobierno de Maduro.
“El único medio de contacto que tenemos con nuestro gobierno es mediante un correo electrónico del despacho del Embajador, emplazado por ellos, -destaca el texto enviado a Solá- donde la única respuesta que hemos recibido es que nos registraron en un listado de varados en Argentina, y que ellos solo esperan alguna instrucción desde Caracas”.
A continuación señalan que “dichas respuestas evidentemente reflejan lo desprotegidos que nos encontramos en estos momentos; merecemos ser escuchados y atendidos. Sabemos que no hay Embajador y no tenemos cómo comunicarnos con Cancillería en Caracas”.
Por tal razón, le piden a las autoridades argentinas, que desde la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada intenta promover una salida civilizada para la crisis venezolana, que medien para “la habilitación de un canal humanitario que nos permita regresar a nuestros hogares por medio del «Plan Vuelta a la Patria» del gobierno venezolano y tener la tranquilidad de estar rodeados de nuestros afectos”.
Desde que comenzó a rodar este pedido, que se canaliza a través del celular 11 5744 6408, cuenta Aguilera Suárez, se fueron incrementando los pedidos de “Venezolanos varados en argentina”.
Mientras el gobierno venezolano celebraba la llegada del primer buque petrolero proveniente de Irán para abastecer de combustible al país bolivariano, un tribunal de Delaware, el paraíso fiscal estadounidense, aprobó la venta de Citgo Petroleum, la filial de PDVSA en ese país, una medida confiscatoria destinada a asfixiar aún más al gobierno de Nicolás Maduro. Durante todo el fin de semana la tensión en el Caribe estuvo al máximo nivel luego de las amenazas del presidente Donald Trump de no permitir el ingreso de los buques enviados por Teherán para paliar la grave situación que vive Venezuela a raíz del bloqueo estadounidense.(Ver acá)
Trump incluso había advertido que “algo” iba a suceder estos días en relación con el país caribeño. Pero o la amenaza tenía que ver con la decisión de la corte de Delaware o el Pentágono no quiso saber nada con atacar a los petroleros, que además fueron escoltados cuando ingresaron en aguas jurisdiccionales por aviones caza Sukhoi de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El buque Fortune y el Forest ingresaron el sábado de madrugada mientras se espera la llagada del convoy restante, integrado por por tanqueros Petunia, Faxon y Clavel. «Vamos a continuar escoltando por aire y por mar a todos los buques», dijo el jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, almirante Remigio Ceballos. La flota transporta unos 1,5 millones de barriles de gasolina, el equivalente de más de un mes de consumo de Venezuela en estos tiempos de pandemia.
(Foto: Xinhua)
Precisamente la falta de combustible por el bloqueo al que EEUU somete a Venezuela incrementa el peligro de no poder responder ante la emergencia sanitaria. El estrangulamiento del país forma parte de la estrategia de guerra puesta en marcha por la Casa Blanca, ya desde tiempos de Barack Obama en el poder.
Pero con el empresario inmobiliario en el Salón Oval, la seguidilla de gobiernos de derecha latinoamericanos se sumó sumisa a la ofensiva sobre el gobierno de Maduro. Salvo México tras la llegada de Andres Manuel Lobez Obrador y de la Argentina con Alberto Fernández, que mantienen el compromiso de impulsar negociaciones pacíficas y rechazan una incursión armada como planifican tanto Trump como el colombiano Ivan Duque y el brasileño Jaiur Bolsonaro.
Los venezolanos se mantienen, a pesar de la adversidad, dentro de la legalidad bolivariana e incluso muchos antichavistas ahora reniegan del diputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino, porque con su apoyo a las sanciones y el bloqueo no hace sino agravar la situación de los residentes.
Organizaciones como Human Right Watch y la Universidad Johns´s Hopkins -que anota cada día las cifras de víctimas de coronavirus en el mundo- lanzaron el aviso de que los números que muestra el gobierno no pueden ser ciertos. Los datos oficiales hablan de 1.180 contagiados y 10 muertos. Para HRW y JHU los muertos deberían ser al menos 30.000, aunque no hay certeza de cómo hacen el conteo.
No aceptan la información oficial porque entienden que no pueden ser ciertas en el marco del bloqueo que promueve EEUU, al que sin embargo no denuncian. Los gobiernos más aguerridamente antichavistas, Brasil y Colombia, tienen 375.000 contagiados y 24.000 muertos en el primer caso y 22.000 enfermos y 750 víctimas fatales en el segundo, según los datos oficiales de cada administración.
El caso es que si Venezuela puede tener un respiro tras la llegada del combustible iraní, la ofensiva sobre Caracas prosigue en los despachos judiciales. El gobierno denunció como acto de «piratería moderna» el fallo que aprobó la venta de Citgo. El ataque a la petrolera estatal, principal fuente de ingreso de Venezuela, comenzó hace un par de años.
Un cable de la agencia rusa Sputnik informa que la Contraloría General de Venezuela denunciará ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) el remate de la petrolera estatal, una acción que cuenta con la anuencia de Guaidó, quien para los países que impulsan el cambio de régimen en Venezuela es el que debe administrar esos activos.
«Vemos cómo el señor Juan Guaidó en combinación con el Gobierno de Donald Trump remata bienes del Estado venezolano de la empresa Citgo Petroleum perteneciente al pueblo de Venezuela y PDVSA (…) La Contraloría General de la República hace esta denuncia y la elevará a la ONU en Viena, a fin de que se considere en la próxima convención internacional para alertar a los países del mundo», expresó el contralor Elvis Amoroso.
La Fiscalía General del país, en esa misma línea, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarar como «organización terrorista» al partido político Voluntad Popular, al que pertenece Guaidó, al que se acusa de haber organizado la incursión mercenaria de principios de mayo desde Colombia. (Ver acá)
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció también a Guaidó. «Pretende robarse el oro que tiene Venezuela en Inglaterra. Pensaban hacer acá lo mismo que en Libia si hubiese sido exitosa la incursión del 3 de mayo», indicó Rodríguez al canal estatal Venezolana de Televisión.
Caracas presentó una demanda ante tribunales ingleses ante la negativa del Banco de Inglaterra de devolver las reservas depositadas por el Banco Central de su país. Se trata de más de 1.200 millones de dólares en lingotes de oro que depositados durante la presidencia de Hugo Chávez y que forman parte de las reservas del Banco Central de Venezuela (BCV), aclara un exdespacho de Sputnik.
Crece la tensión en el Caribe ante el avance de buques petroleros iraníes para proveer de combustible a Venezuela, que padece las consecuencias del bloqueo estadounidense. El ministro iraní de Defensa, Amir Hatami, advirtió que responderá cualquier ataque a las naves: «Irán no tolerará los obstáculos. Tanto Estados Unidos, como otros países, saben que no dudaremos. Si los obstáculos continúan o se incrementan, la respuesta de Irán será contundente», indicó Hatami.
Cuando se cumplen dos años de la última elección presidencial, y mientras el canciller Jorge Arreaza recordó la fecha aludiendo a que ese día fracasó el golpe de Estados Unidos contra Venezuela, al desconocer las instituciones y la reelección del presidente Nicolás Maduro, la oposición venezolana se encuentra en un atolladero en su intentona destituyente.
Es que la estrategia del Departamento de Estado se choca con la realidad de que el supuesto líder antichavista, al que varios países del mundo reconocen como “presidente interino”, cada día aparece más complicado en sus propias contradicciones, cuando no su impericia y hasta sus acciones que implican a su sector en actos de corrupción.
Otros sectores de la oposición, que le cuestionan a Juan Guaidó esos traspiés y algunos de ellos que incluso participaron de las últimas elecciones, que hace justo dos años consagraron a Maduro para un nuevo mandato presidencial, muestran cada día más enfrentados por las consecuencias que padece la sociedad ante las sanciones contra el gobierno en medio de la pandemia.
Es el caso de Henri Falcon, un exchavista que al frente de la Avanzada Progresista alcanzó poco más de 20 % de votos el 20 de mayo de 2018, quien en su cuenta de Twitter suele condenar al oficialismo, pero mucho más a quienes buscan el apoyo externo para voltear al gobierno apelando a medidas que hacen padecer lo indecible a la población. Esa vez, la oposición más acérrima no participó del comicio.
Dos referentes de ese espacio, Jorge Mirabal y Bruno Gallo, del MAS el primero y de Avanzada Progresista el segundo, señalaron al analista Lois Pérez Leira sus puntos de vista sobre este particular momento.
Mirabal, secretario de asuntos internacionales del MAS, integrante también de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), recordó que desde 2002, luego del golpe contra Hugo Chávez, se estableció un diálogo entre los distintos sectores de Venezuela para llevar adelante una convivencia democrática.
“Más recientemente, en febrero del año 2014, durante los disturbios de ese año, se crea la Conferencia Nacional por la Paz, con participación del Gobierno, oposición y sectores de la sociedad civil. En abril se celebra la Primera Mesa de Diálogo con la mediación de los cancilleres de Unasur: por Colombia, María Ángela Holguín, por Ecuador, Ricardo Patiño y por Brasil, Luis Alberto Figueiredo. En 2017, en medio de fuertes tensiones y disturbios, se inician conversaciones de la mano de (El ex jefe de gobierno español) José Luis Rodríguez Zapatero, que luego prosiguen con la presencia del Vaticano y se retoman en República Dominicana, pero finalmente no hay acuerdo entre las partes. En enero de 2019, México y Uruguay hacen un llamado al dialogo, al igual que lo hacen Antonio Gutiérrez, Secretario General de la ONU y el Papa Francisco”
En todos esos casos, detalla el dirigente, los dirigentes más radicalizados no aceptaron firmar ningún acuerdo. Si lo han hecho de grupos como Cambiemos (de Venezuela) Soluciones, Esperanza para el Cambio (que en 2018 obtuvo 10% de votos) y Avanzada Progresista. “Hemos firmado acuerdos parciales sobre liberación de presos políticos, regularización de la situación de organizaciones políticas puestas al margen de la legalidad, sobre formas de atenuar el impacto de las sanciones económicas”, indica Gallo, de la alianza de Falcon. La pandemia interrumpió nuevas conversaciones.
Un punto clave es el rol que cumple el autoproclamado líder de la oposición en este juego político.
-¿Alguna de las Fuerzas que participan del diálogo reconocen a Guaidó como Presidente?
-No, la característica fundamental de quienes nos hemos sentado con el Gobierno es el reconocimiento de la complejidad de la situación de Venezuela. Que no se resuelve sustituyendo y simplificando la realidad por deseos y aspiraciones nacionalistas.
-¿Están de acuerdo con la política de embargo contra Venezuela de los EEUU?
-Ningún intento por imponer los intereses de potencias internacionales es aceptable… Ni rusos, ni chinos, ni norteamericanos pueden tomar decisiones o incidir torciendo el brazo a los intereses nacionales. La salida a nuestro conflicto la deben decidir los venezolanos- fueron las respuestas de Gallo.
Mirabal, a su turno, señaló que “la decisión del gobierno de Estados Unidos de bloqueo petrolero y financiero no es el mecanismo para dirimir las diferencias entre los dos países. Son acciones que se colocan al margen del derecho internacional, perjudican al conjunto de la sociedad venezolana y afectan fuertemente a la población al empeorar sus condiciones de vida”.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, encendió motores de cara a la reunión de cancilleres de países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR); que se desarrollará en Bogotá. En un discurso en la Universidad de Louisville, en Kentucky, el ex jefe de la CIA del gobierno de Donald Trump prometió ayuda a la represión de las protestas populares que se desarrollan en países aliados de EEUU y acusó presuntos agentes cubanos y venezolanos por las manifestaciones que pueblan las calles de Chile y Colombia.
“Vamos a ayudar a los gobiernos legítimos de América Latina. Sabemos que Cuba y Venezuela han tratado de secuestrar las protestas legítimas en países de la región para sus propios fines ideológicos, algo que esas naciones no han tolerado», fueron las palabras que utilizó el secretario de Estado.
Este martes, representantes de países latinoamericanos se reúnen en la capital colombiana en lo que seguramente culminará en un compromiso de ir hasta las últimas consecuencias contra el gobierno de Nicolás Maduro, sin olvidar al que encabeza en La Habana Miguel Díaz Canel.
En su discurso de Louisville, Pompeo acusó a Cuba de mantener «miles de agentes de inteligencia cubanos» que, según insistió, «son el soporte vital de régimen de Maduro”. Ahí aprovechó para fijar posición sobre la marcha atrás en descongelamiento de relaciones con La Habana que había iniciado Barack Obama en diciembre de 2014.
«Hemos echado atrás algunos de los acercamientos con Cuba aplicando nuevas sanciones. Reconocemos que el acercamiento no mejoró el historial de derechos humanos del régimen cubano ni impidió que interfiriera ilegalmente en Venezuela», afirmó. El recrudecimiento de las sanciones y el bloqueo comenzó ni bien Trump asumió el gobierno, en enero de 2016, apenas un año y unos días más tarde.
El TIAR, un instrumento militar creado en 1947 en Río de Janeiro en el marco de la Guerra Fría entre EEUU y la Unión Soviética para que los ejércitos de los países de la región se sometieran a los designios del Pentágono. En la práctica, esa alianza militar resultó adversa para Argentina en la única vez en que se intentó poner en acción, que fue durante la guerra de Malvinas. La dictadura militar pidió la aplicación de sus pactos de defensa contra una agresión extranjera ante el ataque de la flota británica. El gobierno de Ronald Reagan se opuso.
El diputado de la Asamblea nacional de Venezuela (antichavista) Williams Davila dijo a la Voz de las Américas (VOA, el servicio del gobierno de radio y televisión de EEUU) La que en ese encuentro se organizará » una red de inteligencia de todos los organismos de seguridad y policial de los países signatarios del TIAR a los fines de actuar contra las personas que resulten sancionadas que resulten comprometidas en violaciones en derechos humanos».
En consonancia con Pompeo, Davila dijo que será la forma de combatir a los “elementos violentos que subvierten el orden público en alguno de estos países que tienen motivos legítimos para protestar, pero que son explotadas y aprovechadas por elementos del régimen de Maduro”.
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