por Alberto López Girondo | Oct 4, 2013 | Sin categoría
Otra vez los destinos de argentinos y uruguayos se vuelven a cruzar en Holanda. No será como en aquella lejana final de las Olimpíadas de Ámsterdam del 13 de junio de 1928 en que el equipo oriental derrotó en el desempate por 2-1 al argentino, sellando una primacía en el fútbol rioplatense que se coronaría dos años más tarde con el primer Campeonato Mundial en Montevideo, en el histórico Centenario, que no por casualidad tiene una tribuna popular bautizada precisamente Ámsterdam.
Tampoco tiene las mismas características que aquella primera controversia por la instalación de la pastera finlandesa Botnia en Fray Bentos, que terminó en un fallo en el Tribunal Internacional de la Haya de abril de 2010 con un saldo que pretendió ser salomónico: los uruguayos no habían estado del todo bien al no informar sobre lo que estaban haciendo en la otra orilla del río Uruguay, pero los locales no habían podido demostrar que la planta contaminaba en los términos planteados en la presentación.
Hace tres años y medio la cuestión se resolvió bastante amigablemente luego de 1326 días de clausura del puente internacional por voluntad de los vecinos de Gualeguaychú, que protestaban contra la instalación del emprendimiento multinacional en la costa del departamento uruguayo de Río Negro. Ahora, los entrerrianos plantean una marcha para quejarse por la ampliación de la producción celulósica anunciada por José Mujica «con todo el dolor del alma» por las consecuencias que puede tener su decisión en la relación privilegiada que mantiene con Argentina y en particular con Cristina Fernández. Algo que, bueno es decirlo, le costó muchas críticas de propios y ajenos en su país.
También de este lado del río se siente dolor en el alma por un intríngulis que termina enfrentando a dos pueblos hermanos –»nacidos de la misma placenta», suele recordar Mujica– por un gambito que beneficia a la pastera UPM, sucesora jurídica de la que inició el proyecto hace un par de años.
La ONG uruguaya Guayubirá fue una de las principales cuestionadoras del proyecto forestal-papelero de la ROU desde que se puso en marcha, a principios de siglo. Aportó mucha de la data que sirvió a los gualeguaychenses para iniciar los debates y presentar batalla contra el monstruo que estaba creciendo al otro lado del río. En sus últimos trabajos, la ONG destaca que según la firma Botnia, «la capacidad de producción de la planta de pulpa es de aproximadamente 1.000.000 de toneladas». Pero añade que tras reiteradas denuncias de que la planta UPM estaría produciendo mucho más de lo autorizado, el titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), Jorge Rucks, «explicó que la empresa tiene un tope anual de un millón de toneladas pero que igualmente, se estableció un margen determinado por los niveles de productividad, pudiendo llegar hasta 1.111.200 toneladas/año».
El dato adicional es que desde 2011 viene presionando para que le autoricen aumentar su producción a 1,3 millones de toneladas de celulosa. La amenaza latente es que de no hacerlo debería dejar a miles de obreros sin trabajo. Una verdadera extorsión para un gobierno como el del Frente Amplio, de raigambre progresista, con dirigencias que no se pueden dar el lujo de renunciar a sus banderas tradicionales ni dejar en la calle a nadie.
Para forzar los acontecimientos, interpretan con buen criterio los ambientalistas uruguayos, UPM inauguró en abril de 2012 un mega-vivero «en las afueras de la ciudad de Guichón, donde se producen alrededor de 20 millones de plantines de eucaliptos al año». Los retoños demandan mayor producción a medida que crecen, lo que para el imaginario social se traduce obviamente en fuente de trabajo y bienestar.
Más allá de esta cuestión puntual, lo cierto es que la fábrica cerró a mediados de septiembre en una parada anual de mantenimiento programada pero deslizó que de no haber respuesta a su reclamo de extensión productiva no abriría en los términos usuales, esto es una quincena más tarde.
Es difícil no asociar esta medida a presiones a ambos gobiernos: al de Mujica para advertirle que quizás se podría comprar un conflicto social si la parada se demoraba; al argentino para que en el medio del proceso eleccionario acepte minimizar el problema y no se meta en un enfrentamiento internacional.
El problema no es para la empresa, que finalmente fue autorizada a un incremento en la producción que no será como la que piden (en la práctica representa apenas unas 90 mil toneladas más de las que hoy producen) pero que es una primera línea que aspiran a ir corriendo a lo largo de futuras gestiones presidenciales. La complicación es tanto para los gobiernos de Montevideo y Buenos Aires, que agregan una cuestión más en la abigarrada lista de disputas normales entre socios de un proyecto de integración, como para la construcción de un modelo de convivencia sudamericana que vino para quedarse. Y que para colmo se resolverá en una instancia judicial como la de La Haya que no pertenece a Latinoamérica, otra cuenta pendiente para la conformación de una Patria Grande.
El Mercosur, malherido tras el golpe contra Fernando Lugo en Paraguay, sufre así otro embate, que cuesta trabajo entender como casual y sólo centrado en el interés económico de la papelera finlandesa. El lunes, la presidenta Dilma Rousseff se reunió con el mandatario paraguayo Horacio Cartes en Brasilia. Tras su primera gira presidencial por Buenos Aires, el empresario intenta ahora recomponer relaciones con la principal potencia sudamericana. Tanto Cristina como Dilma reclaman la vuelta de Paraguay al Mercosur, donde fue suspendido a raíz de la interrupción democrática. El nuevo gobierno paraguayo, a su vez, coquetea con la Alianza del Pacífico y hace pagar caro el ingreso de Venezuela, decidido sin la aprobación del establishment de esa nación.
La llegada de Cartes al Palacio de los López solucionó un problema institucional, pero no la cuestión de fondo tanto en Paraguay como en la región. Si bien Cartes no es lo mismo que el Partido Colorado, que le prestó su estructura para llegar al poder, no deja de ser un representante de la derecha. Más aún, de una nueva derecha, como lo entienden los integrantes de la Regional Sur del Foro de San Pablo que visitaron Asunción la semana pasada. El detalle de los horrores que encontraron en su recorrida por algunas de las cárceles paraguayas es un muestrario de iniquidades que amerita un artículo de fondo posterior.
En un acta levantada in situ, representantes de delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay en el foro paulista mostraron su preocupación por la criminalización de la lucha política y social en el Paraguay, la violación de los derechos laborales y las persecuciones a aquellos que aspiran a ejercer su legítimo derecho constitucional a la sindicalización, «así como por los asesinatos selectivos de dirigentes sociales y de izquierda en la zona Norte del Paraguay, la reciente aprobación de la Ley de Militarización y su aplicación atentatoria contra los Derechos Humanos (… y las) arbitrarias detenciones y persecuciones a dirigentes campesinos, especialmente a aquellos que fueron detenidos en el marco de la masacre de Curuguaty».
Los miembros del foro propusieron en esta ocasión recomendar el ingreso a ese ámbito de debate a partidos del progresismo paraguayo como el Movimiento Patriótico Popular, el Revolucionario Febrerista, el Frente Amplio, Participación Ciudadana y Unidad Popular. Cosa de consolidar un sector que hasta la llegada de Lugo al poder era apenas testimonial y ahora representa la única esperanza de cambio de cara al futuro.
En otro tramo del documento elaborado en Asunción, se recomienda que José Gaspar de Francia, Carlos Antonio López y Francisco Solano López sean considerados como héroes de la independencia del Paraguay y de América Latina, «así como al período de sus gobiernos, desde 1811 a 1870, como la primera revolución radical exitosa en América Latina, con verdadera autonomía del Imperio de la época». Un avance también para esta nueva izquierda latinoamericana, que tratará la cuestión en el próximo encuentro del Foro en San Pablo, en febrero de 2014.
Mientras Paraguay, más allá de Cartes, no vuelva con todos sus provechos al Mercosur, la organización regional estará herida en un ala. Si argentinos y uruguayos no están a la altura de las circunstancias en el conflicto por la planta de UPM, se puede decir que volar será directamente imposible. Las pasteras y la represión contra los actores sociales continuarán como si nada hubiera ocurrido en esta década de construcción popular mientras no se les pongan límites.
El desafío es demostrar que a pesar de tantos escollos, se puede cimentar una institución que no sólo sirva a empresarios e inversores sino a la población ávida de un trabajo digno y un proyecto de vida sustentable.
Tiempo Argentino. 4 de Octubre de 2013
por Alberto López Girondo | Ago 30, 2013 | Sin categoría
La presidenta Dilma Rousseff tuvo que salir a aclarar que América Latina es prioridad absoluta de la política exterior de Brasil. Fue cuando le tomaba juramento a su nuevo ministro de Relaciones Exteriores, nombrado a las apuradas luego del escándalo por la fuga de un senador condenado por corrupción en Bolivia. Luego del paso de Lula da Silva por el Palacio del Planalto, el mandato de su sucesora apareció más bien deslucido en torno a la necesaria profundización del proceso de integración regional. Necesaria para los vecinos tanto como para el propio Brasil, que a pesar de estar jugando en las grandes ligas internacionales –como el grupo BRICS– necesita como el agua tener las espaldas cubiertas en lo geopolítico –uno nunca sabe– tanto como preservar sus mercados naturales. Es que en los últimos años la economía brasileña, de la mano del auge de la producción primaria, fue cediendo impulso a su crecimiento industrial, y Latinoamérica y algunos países africanos son su única opción de comercio de bienes manufacturados.
Eso no impide que grupos retrógrados desde lo cultural, pero muy bien enquistados en las burocracias gubernamentales –y principalmente en la Cancillería– hayan puesto un palo en la rueda de las relaciones de Bolivia con Brasil. Como era de esperarse, ese grano en las relaciones con un aspirante a ingresar al Mercosur y proveedor fundamental de energía al polo paulista, venía de antes. De cuando el pastor evangelista y senador opositor boliviano Roger Pinto Molina ingresa a la Embajada de Brasil en La Paz, el 28 de mayo de 2012, para pedir asilo. Alegó ante el entonces embajador Marcel Biato que era un perseguido político. Las protestas del gobierno de Evo contra Brasil no se hicieron esperar.
Pinto, sin embargo, cargaba 21 acusaciones de corrupción. Y no sólo eso: como íntimo allegado al ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, también pesan sobre él las sospechas por el asesinato de trece campesinos a manos de grupos paramilitares apoyados por la oligarquía de la rica «Media Luna» de Bolivia en 2008, en lo que se conoció como la Masacre de Pando. De hecho, Fernández fue condenado como autor intelectual de aquella matanza cuando la derecha pensaba en voltear a Morales o al menos producir la secesión del país. Pinto, que se presenta como pastor evangélico, siempre estuvo a la derecha del dial. Primero, en el partido del ex dictador (1971-78) y luego mandatario (1997-2001) Hugo Banzer; y más tarde, con el sucesor y delfín de aquel, Jorge Quiroga (2001-02). Fue juez y también gobernador del ganadero distrito de Pando en los ’90 y llegaría al Senado antes de la llegada de Morales al poder. Se acercaría luego a otro gobernador de la región, el cochabambino Manfred Reyes Villa, quien también caería en desgracia judicial, aunque fue más rápido y se exilió en Estados Unidos antes de rendir cuentas en su país de origen.
Las causas contra Pinto Molina van desde la venta irregular de tierras estatales al traspaso ilegal de fondos públicos y «daño económico al Estado» cuando era gobernador de Pando y director de la Zona Franca de Cobija, la capital de la provincia (2000), y supuestamente habría desviado irregularmente recursos a la Universidad Amazónica de Pando. Su defensa alega que en todos los casos se trata de procesos políticos sin sustento judicial. Hablan de persecución.
Hubo tres hechos en los últimos meses que aceleraron la fuga de Pinto. Uno es que en junio, un tribunal de sentencia lo condenó a un año de cárcel por una de las causas en su contra que implicaba el manejo ilícito de 11 millones de pesos bolivianos. En ese mismo mes el embajador Biato fue retirado y la sede diplomática quedó en manos del encargado de Negocios, Eduardo Saboia.
El otro dato es que un mes más tarde, en la última reunión de Mercosur, se emitió una declaración donde se garantizaba que los países miembros se comprometen a respetar el derecho de asilo. Bolivia era uno de los firmantes de ese compromiso en su condición de país que pidió el ingreso al organismo y que espera la ratificación de los restantes miembros. La declaración hacía referencia al pedido de asilo de Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, pero a Pinto le cabían las generales de la ley, y a la posibilidad de que Edward Snowden hiciera lo propio desde Moscú.
Hasta acá todo se podría haber resuelto por una vía diplomática. La tesis de Itamaraty podría traducirse como dejar que el tiempo pase y en algún momento convencer al gobierno de Morales –o a algún sucesor– de que le otorgaran el salvoconducto al ex senador boliviano para que viajara a Brasil. Pero como el diablo siempre mete la cola, Saboia parece haberse conmovido por la situación que atravesaba Pinto, literalmente preso en el edificio de la embajada durante 454 días, y decidió una operación más propia de Hollywood que de relaciones entre países hermanos en un contexto de integración regional. Como se sabe, escuchó la voz de Dios y metió al pastor evangelista en un vehículo oficial custodiado por fusileros navales, justo a las 14:30 del sábado 24 de agosto –Pinto se sacó una foto donde muestra en primer plano el reloj pulsera– y lo llevó a atravesar el país para cruzar la frontera con Brasil 22 horas más tarde. No porque la distancia sea tan grande, sino porque los caminos son difíciles en llanura pero mucho más en la montaña desde La Paz hasta Corumbá, en el estado de Matto Grosso.
Allí esperaba al dúo una avioneta contratada por el senador del PMDB Ricardo Ferraço, que lo llevó a su casa en Brasilia. El dirigente de Espíritu Santo pensaba llevar a Pinto al Senado en Brasilia, donde preside la comisión de Relaciones Exteriores, para que explicara su situación. Pero el escándalo era demasiado grande como para que los legisladores pisaran el palito. El PMDB es socio del PT en el gobierno y aportó apoyo legislativo y, primordialmente, al vicepresidente Michel Temer. Pero la relación con Bolivia no es para boicotear así como así para el trabalhismo. Y menos con un gobierno que proviene de la dirigencia gremial como es el de Evo Morales.
Cierto que no es la primera vez que hay choques entre La Paz y Brasilia desde que Lula llegó al gobierno. No se debe olvidar que la derecha brasileña –que no es poca ni silenciosa precisamente– despotricó contra el metalúrgico cuando el gobierno de Evo nacionalizó y ocupó militarmente las instalaciones de Petrobras, o cuando a raíz de las protestas de comunidades indígenas se suspendió el contrato con la empresa OAS para la construcción de una carretera por el TIPNIS. En el último encontronazo estuvo presente Ferraço, cuando hinchas del Club Corinthias, del que es «torcedor», protagonizaron incidentes en el estadio de Oruro, que dejó como resultado la muerte de un simpatizante del local San José, en febrero pasado.
El que fue a interceder entonces por los doce «corinthianos» detenidos por el crimen fue el bueno de Saboia. Pero allí tomó partido por su caso el senador Ferraço, que denunció la investigación como una represalia por el asilo a Pinto Molina. Nadie duda de que aprovechando esa visita es que se armó el operativo de fuga que ya le costó la cabeza al canciller Antonio Pariota, que en un enroque de esos que caracterizan a las reglas del buen arte político, trocó su puesto con el embajador de Brasil en la ONU, Luiz Alberto Figueiredo Machado.
La ONU no es un puesto menor para ningún diplomático de ese país, habida cuenta de que Brasil aspira a reformar su carta orgánica para ingresar en el selecto grupo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Quiere entrar como representante de América Latina. Una posición bien diferente a la que plantea la Argentina, actual presidente pro témpore de ese suborganismo, que propone la desaparición de la figura de miembro con derecho a veto, porque lo entiende como un privilegio antidemocrático.
En relación con Siria, ambos gobiernos mostraron también sus diferencias: no aceptan una intervención militar, aunque Itamaraty dice que hasta que la ONU no dé el aval. La Cancillería local, en cambio, señaló que no quiere ser cómplice de nuevas muertes en ese país. Mientras tanto, el presidente Barack Obama, dice su gobierno, está decidiendo cuándo y cómo intervenir. Él también quisiera dejar que todo sucediera sin que nadie haga demasiadas olas. Por eso todavía no resolvió si en Egipto hubo un golpe militar, dato central para mantener la ayuda a los militares que gobiernan nuevamente de facto ese país. Pero no siempre resulta fácil dejarse llevar por la corriente.
Tiempo Argentino, 30 de Agosto de 2013
por Alberto López Girondo | May 5, 2013 | Sin categoría
La Unión Europea apura un Tratado de Libre Comercio con el Mercosur para poder sentarse a negociar en mejores condiciones su TLC con Estados Unidos, que según adelantó Barack Obama, quiere presentarlo en sociedad en menos de 14 meses.
Esto se desprende de la visita que un grupo de europarlamentarios hizo por la región, donde mantuvieron reuniones con legisladores y miembros de los distintos gabinetes en busca de definiciones.
En la Argentina, tras un encuentro con el canciller Héctor Timerman, el vocero del grupo –el socialista español Luis Yañez Barnuevo– explicó en una charla informal con periodistas locales, entre los que estuvo Tiempo Argentino, que el 95% de las diferencias entre ambos bloques están solucionadas. «El problema es ese 5% que nos impide terminar un acuerdo», se sinceró Yañez Barnuevo, quien cruzó el Océano junto con Jean Pierre Audy, Josefa Andrés Barea y Mario Pirillo, todos ellos miembros de la comisión del Parlamento Europeo encargada de llevar a buen puerto las conversaciones entre ambos bloques.
En lo específico, el legislador destacó la buena predisposición de Timerman, sin pasar por alto que fue desde Buenos Aires que en 2010 se dio nuevo impulso a una negociación que parecía definitivamente estancada. Buena ocasión para que este médico –que adhirió al PSOE desde que era un partido ilegal, durante el franquismo– desmintiera a publicaciones donde se afirma que la Argentina traba los acuerdos para proteger sus mercados, mientras que Brasil aparece siempre como más proclive a la firma. «No acusemos a Argentina de lo que no es culpa de Argentina», concluyó, para recordar luego que Cristina Fernández y la entonces vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, sacaron hace tres años las conversaciones del freezer. Más aun, insistió en lo obvio, que «Brasil ni quiere ni puede firmar por separado un acuerdo con la UE ni la UE tampoco lo quiere».
Por otro lado, Yañez Barnuevo fue muy claro en relación con la situación del Mercosur con la nueva incorporación de Venezuela y la suspensión de Paraguay. «La UE no tiene nada que decir al respecto, es un problema interno del Mercosur. Es como si el Mercosur intentara opinar sobre el ingreso de Turquía o Croacia a la UE. Sería algo fuera de lugar», señaló.
Por otro lado, puesto en números, el Mercosur con Venezuela representa un mercado que suma 300 millones de personas y particularmente el país bolivariano, al decir del eurodiputado, «compra de todo. Es una excelente oportunidad para comerciar». Es decir, más allá de cuestiones ideológicas, los negocios mandan.
Sin embargo, también la estrategia política tiene lo suyo por decir. Así fue que los parlamentarios no ocultaron que hay urgencias por acordar con Sudamérica para sentarse a negociar con Estados Unidos en mejores condiciones. El mensaje es que un pacto entre Bruselas y Washington implicaría la regulación de diversas normas de fabricación, que condicionarían acuerdos posteriores que fueran a firmar los 27 con un Pacto de Asunción ampliado.
Lo que no dicen –ni falta que hace– es que también fortalecería a Europa un TLC previo con el Mercosur. Por otro lado, en 2014 se renueva el Parlamento y nadie garantiza que los nuevos representantes sean afines a un acuerdo. Más bien todo lo contrario, podrían ganar influencia los euroescépticos. «El glamour de asociarse con Estados Unidos tal vez pese más», deslizó uno de los diputados.
Por eso ya no resulta tan determinante la protección del mercado agrícola y ganadero europeo y la liberalización de los sectores industrial y de servicios de Mercosur. Es así que la UE ahora está dispuesta a dar rebajas muy sensibles de tarifas a los productos agrícolas y ganaderos de Mercosur. Y acepta la importancia de que los «sureños» puedan desarrollar su industria.
Tiempo Argentino, 5 de Mayo de 2013
por Alberto López Girondo | Abr 6, 2013 | Sin categoría
Si uno se guiara por lo que deslizan los medios hegemónicos, la relación entre Argentina con Uruguay y Brasil pasa por uno de sus peores momentos y la prueba más evidente es el cruce por una frase poco feliz del presidente José «Pepe» Mujica y la suspensión del proyecto minero de Vale do Rio Doce en Rio Colorado. Un par de incidentes más en una larga lista de situaciones conflictivas entre los tres países, normalmente con base en diferencias económicas.
En el caso de empresas oriundas del gigante sudamericano, dicen que ya no toleran las «incertidumbres derivadas de medidas proteccionistas, presiones inflacionarias, restricciones cambiarias y limitaciones a las remesas al exterior que comienzan a asfixiar la disposición a invertir en el país vecino», según un artículo de la Agencia Estado, subsidiaria del conservador O Estado de São Paulo, uno de los principales fogoneros de un Mercosur destinado a ser un simple tratado de comercio sin apetencias de integración regional. El diario sustenta, claro, la posición de la poderosa central patronal del principal eje industrial en América del Sur, la FIESP, Federación Industrial del Estado de San Pablo que se queja de trabas aduaneras, lo mismo que los emprendedores orientales.
No es casual que ante estos nuevos cimbronazos que involucran a empresas privadas que protestan contra medidas económicas del gobierno argentino sea el ex presidente Lula da Silva quien salga a poner paños fríos, con la contundencia que solía tener durante su gestión. «No sé quién está haciendo críticas al Mercosur, porque esas críticas no tienen ningún sostén, ni teórico, ni económico, ni social. Nunca hemos tenido una situación, yo diría, tan importante en el Mercosur. ¿Tenemos divergencias? Tenemos divergencias, como las tienen en cualquier bloque, como tiene divergencias cualquier alianza comercial», minimizó el ex dirigente metalúrgico en una entrevista con el diario uruguayo La República, previa a su visita para la inauguración de un seminario en Montevideo y también al micrófono indiscreto que incineró a Mujica.
Las cifras exceden cualquier comentario: en 1991, el año de su fundación, el comercio entre las cuatro naciones originales fue de 4100 millones de dólares y para el 2012 la cifra había trepado a 62 mil millones. En el mismo período, las inversiones brasileñas en Argentina pasaron de los 9000 millones de dólares y representan el 10% de la inversión extranjera directa (IED) de Brasil en el exterior. En la última década, incluso, los mayores grupos económicos de ese país tomaron el control de grandes conglomerados industriales nacionales. Entre ellos figuran la cementara Loma Negra, la cervecera Quilmes, la siderúrgica Acindar y el frigorífico Swift, por mencionar apenas los grupos más emblemáticos.
El caso del textil Coteminas refleja un poco la cara opuesta a la de firmas como la Vale. Fundada por José Alencar, quien fuera vicepresidente de Lula en sus dos períodos, se quedó con la nacional Grafa –otro emblema de la industria nacional de otras épocas– y amplió las instalaciones en una fábrica de artículos de cama, de mesa y baño en Santiago del Estero que le sirvió para duplicar las ventas en Argentina. Ahora analiza otra inversión de 40 millones de dólares para seguir creciendo.
«El problema cambiario y de restricciones es un problema muy difícil. Una de las formas de evitarla es reinvirtiendo en el país», declara el actual presidente da Coteminas, Josué Gomes da Silva, a la misma Agencia Estado, que añade a continuación una frase sugestiva: «el empresario admite que el problema de las remesas no es trivial, pero dice que continúa obteniendo un buen margen para sus productos».
Jorge Vasconcelos, miembro del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, el think tank que catapultó a la fama al dos veces ministro de Economía Domingo Cavallo, propone solucionar los altercados entre los socios del Mercosur apelando a las viejas enseñanzas de los jesuitas que poblaron la región hace 400 años. Otra mirada llamativa viniendo de un sector ligado a la gran industria, en este caso de Córdoba, y al neoliberalismo cavallista.
A eso mismo apunta Lula desde Montevideo cuando asegura que ahora falta crear una cultura de integración en América Latina que vaya más allá del comercio. «Tenemos que definir en nuestra cabeza qué es esa integración que queremos. ¿Es copiar el modelo de la Unión Europea? ¿Es construir algo nuevo? ¿Qué tiene en mente cada dirigente?», desafía el creador del PT. Que sin detenerse en minucias, avanza en una propuesta de «perfeccionar la participación del sector social en las decisiones del Mercosur, es decir, fortalecer el Mercosur sindical, fortalecer el Mercosur social».
Es cierto que falta una gran organización sindical regional que fomente intercambios y políticas gremiales sobre problemas que son comunes. ¿O las empresas no tienen asentamientos regionales, ya sea las multinacionales vernáculas o las trasnacionales basadas en Europa, Japón o Estados Unidos, como las automotrices y las electrónicas?
Pero también falta avanzar más en temas cruciales como la educación, la sanidad, la tecnología y la ciencia. ¿O es que el dengue no es una enfermedad común que ataca en Paraguay, el sur de Brasil, Uruguay y la Argentina? Los científicos se quejan amargamente de que de su tarea es evaluada mediante cánones establecidos con la vista puesta en otros horizontes, en otros paradigmas. Sin ir más lejos, se exige que los trabajos sean publicados en revistas «de alto impacto». ¿Cómo se determina ese impacto? Por como repercute en los países centrales, de donde son originarias esas revistas. No hay una publicación regional que avale los trabajos relacionados con las propias problemáticas, como sería encontrar una vacuna contra el dengue. O el mal de Chagas. O los efectos del glifosato en los cultivos que son la base del comercio internacional de los cuatro fundadores del Mercosur.
Buenos Aires y La Plata sufrieron estos días decenas de pérdidas de vidas humanas y daños materiales incalculables por una tormenta que las autoridades no dudaron en atribuir el cambio climático. En setiembre pasado vientos de más de 100 kilómetros por hora produjeron nueve muertos y destrozos considerables en Uruguay, parte de la Mesopotamia, el sur de Brasil, Paraguay y el este de Bolivia. Si verdaderamente hay un cambio climático –y los especialistas no dudan en que esto es así– ¿no será hora de que los gobiernos pongan en sus agendas al clima como uno de sus objetivos? Al mismo tiempo, también sería hora de que los ciudadanos exijan a sus elegidos que no sólo resuelvan el problema de las inundaciones con inversiones en infraestructura, sino que le impongan la necesidad de destinar dinero y recursos para que los científicos que estudian el problema, sobre todo en los dos países más grandes, como Argentina y Brasil, aúnen esfuerzos e información para que sus trabajos se conviertan en políticas públicas y no terminen meramente en papers para publicar.
Seguirán los cimbronazos entre empresarios argentinos, uruguayos y brasileños. Es parte de la naturaleza de las relaciones humanas y de la lucha por encontrar otros paradigmas. Pero hace años que las políticas de Estado en estas regiones se basan en el concepto de «paciencia estratégica». Itamaraty sabe que para que Brasil crezca necesita de una fuerte sociedad con Argentina y con el resto de Latinoamérica, lo que implica aceptar que los rioplatenses tengan un desarrollo industrial más adecuado a sus necesidades de dar empleo a la población.
En Montevideo se acepta que cada tanto alguna decisión económica afecte intereses de uruguayos como Argentina entiende exabruptos presidenciales, como ya ocurrió en tiempos de Jorge Batlle y Eduardo Duhalde, o la instalación de pasteras en la otra orilla. También en Itamaraty se terminan atemperando los reclamos sectoriales. Pero no es la mirada «perdonavidas» de un águila que no se dedica a cazar moscas. Argentina también, como recuerda el analista Juan Gabriel Tokatlian, adopta la paciencia estratégica al respetar un acuerdo de no proliferación nuclear y verificación recíproca con un país que tenía menos desarrollo en ese área. O entiende las razones para que tropas militares se extiendan en la Triple Frontera para vigilar el narcotráfico. O deja pasar la demora en la puesta en marcha del Banco del Sur mientras Brasil firma acuerdos para la creación de un banco de desarrollo con los países del grupo BRICS.
En 20 días se define cómo sigue el destino del Mercosur, luego de las elecciones en Venezuela y Paraguay. Un comicio íntimamente ligado con el otro. El senado paraguayo demoró el ingreso de Venezuela por su oposición acérrima a Hugo Chávez y tras el golpe a Fernando Lugo, Asunción quedó temporalmente fuera del organismo de integración. Muerto Chávez y elegido otro presidente en Paraguay, el Mercosur encara una nueva etapa de paciencia estratégica.
Tiempo Argentino, 6 de Abril de 2013
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