por Alberto López Girondo | Jun 16, 2019 | Sin categoría
Desde bastante antes de llegar al poder, Cambiemos tuvo en la mira al gobierno venezolano. Y la oportunidad le llegó: el 6 de diciembre de 2015, exactamente cuatro días antes de que Macri jurara como presidente, el chavismo perdía por abrumadora mayoría las elecciones parlamentarias y comenzaba la ofensiva más feroz contra Nicolás Maduro desde la muerte de Hugo Chávez. Macri aprovechó entonces para liderar un bloque enemigo de todo lo que oliera a integración regional. Y puede decirse que fue coherente. Chávez fue un pilar fundamental en la construcción de organismos latinoamericanos y, sin dudas, uno de los «culpables» de aquel ciclo que tuvo su gran espaldarazo en el No al Alca de Mar del Plata en 2005. La alianza del macrismo con los gobiernos de derecha que se fueron instaurando en los últimos años sirvió para correr la agenda hacia directivas más afines al Departamento de Estado de Estados Unidos.
La Cancillería, primero con Susana Malcorra y luego con Jorge Faurie, fue consecuente en el estrago de cada una de las instancias que con paciencia y persistencia se habían formado en la primera parte del siglo XXI. En ese contexto, Venezuela fue suspendida del Mercosur apelando a la cláusula democrática. Coordinada con Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, Argentina anunció recientemente su retiro de UNASUR, la máxima construcción regional de esos años dorados, a pesar de que por las propias reglas de la institución quien debería decidir eso es el Congreso. El último paso hacia la desintegración, también coordinado con las derechas sudamericanas, es un decreto por el cual el gobierno de Macri pretende que no se vote a parlamentarios de Mercosur en las elecciones de octubre.
Revista Acción, segunda quincena de Junio de 2019
por Alberto López Girondo | Jun 6, 2019 | Sin categoría
Que un presidente tenga que cambiar un itinerario en su país por una marcha en contra no llamaría la atención. Que se cambie una agenda acordada previamente cuando hace una visita oficial a otra nación ya resulta menos usual, sobre todo entre socios íntimamente hermanados como Argentina y Brasil. Pero esto le ocurre al ex capitán del Ejército brasileño Jair Bolsonaro, que realizará todas sus actividades programadas en Buenos Aires dentro de la Casa Rosada para no cruzarse con las manifestaciones de rechazo que recibiría en el tránsito por las calles porteñas y que convocaron organismos de derechos humanos, movimientos sociales y políticos y de residentes brasileños bajo lemas como «tu odio no es bienvenido aquí» y «fuera Bolsonaro y el fascismo de Argentina y América Latina».
A su regreso a Brasilia, sin embargo, también se topará con el repudio de multitudes que tras las últimas y masivas marchas que hubo en todo el territorio brasileño, demuestran un creciente rechazo a sus políticas de recortes presupuestarios y ataques a la educación pública, fundamentalmente. Así lo pronostica João Pedro Stedile, líder tradicional e integrante de la Dirección Nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. «La disputa ideológica se dará en las calles», asegura Stedile en un reportaje concedido a Brasil de Fato, un medio alternativo, durante la inauguración de la capilla de Nuestra Señora de Aparecida -el santo patrono de Brasil- y de la Bodega de la Reforma Agraria en São Miguel do Gostoso, en Río Grande del Norte.
La evaluación de Stedile se basa en el clima de protesta que va creciendo contra una política nacional destinada a cortar con los fondos que reciben las instituciones de educación pública, además de que busca terminar con la autonomía universitaria para poder incidir con su agenda ultramontana en todos los ámbitos de la instrucción superior.
Toda la apuesta de Stedile está en acumular fuerzas para la huelga general que convocan gremios y movimientos sociales. «Las movilizaciones de la juventud y los profesores (del 15 y el 30 de mayo) nos dan ánimo para una huelga general de hecho, el 14 de junio. La clase trabajadora precisa comprometerse y parar el trabajo, la reproducción, la circulación de personas y mercadería para que los capitalistas, que son los dueños de ese gobierno, sepan que si continúan quitando derechos la clase trabajadora no lo va a aceptar».
Ya hubo reformas laborales desde la destitución de Dilma Rousseff, encaradas por Michel Temer, pero la gran apuesta de Bolsonaro es la reforma previsional, que está trabada en el Congreso entre otras razones porque las manifestaciones sorprendieron a toda la dirigencia. Los brasileños no son de salir a protestar masivamente en las calles y en ambas movilizaciones hubo millones de personas en todo el país.
La política educativa está en el centro del debate por ser uno de los grandes logros de la gestión del PT desde que Lula da Silva asumió en poder en 2003. El candidato del partido en la elección del año pasado, Fernando Haddad, fue precisamente el ministro de Educación que fomentó la creación de universidades estatales y planes de apoyo incluso económico para la ampliación de la base de jóvenes que podían acceder a la educación.
Contra esta extensión de derechos apuntó de entrada Bolsonaro, por motivos ideológicas pero con argumentos presupuestarios que le baja su ministro de Economía, Paulo Guedes, un hombre formado en la Escuela de Chicago y que hoy integra la comitiva que acompaña al mandatario brasileño en Buenos Aires.
A cuatro meses de haber asumido en el Palacio del Planalto, la imagen de Bolsonaro se derrumbó, al igual que la economía en general del país. Su porte desafiante con tintes racistas y homofóbicos le acarreó no pocas críticas de sectores incluso de derecha. Hasta dentro de las Fuerzas Armadas, su principal sostén -su vicepresidente, Hamilton Mourao, y la mayoría de su gabinete son militares- crece la irritación por sus posiciones extremas en política exterior y soberanía nacional. El alineamiento con Donald Trump les preocupa e irrita porque deja a Brasil en una posición de servilismo que los antecedentes de ese país no registran.
A esto apuntó Lula da Silva en un par de reportajes a medios locales desde su prisión en la sede de la Policía Federal de Curitiba. «Tenemos motivos de sobra y bandera para ir a la calle juntos, y coloco la cuestión de la soberanía como cosa muy fuerte. Defendiendo la soberanía estás defendiendo a tu país, tú territorio, tu pueblo y tus riquezas», le dijo en una entrevista al portal Tutameia. Y agregó que lo más importante de este momento es «la lucha por el salario, por el empleo, por la mantención de una jubilación justa para las personas y la cuestión de la soberanía nacional».
Desde que el Supremo Tribunal de Justicia autorizó a que el ex presidente concediera entrevistas, la palabra de Lula encontró un cauce en la sociedad para otra agenda. Hasta ese momento, el discurso dominante se manifestó casi exclusivamente en la boca de Bolsonaro o de sus hijos, más extremistas que él, si cabe.
El tema de la soberanía puede reconciliar al PT con los sectores militares de corte más nacionalista, que habían presionado en su momento para que el líder metalúrgico no pudiera ser candidato a la presidencia, pero ahora tienen un problema mayor con un mandatario imprevisible con el que tienen disputas cotidianas. La eventual caída de Bolsonaro arrastraría a las Fuerzas Armadas, además de envolver al país en una crisis de imprevisibles consecuencias.
Que hubo cambios en los ejes del establishment se revela en que el STJ redujo la sentencia a Lula de modo que estaría en condiciones de tener libertad condicional en pocos meses. El martes, el Ministerio Público opinó que el ex presidente ya está en condiciones de obtener los beneficios de un régimen semiabierto, lo que implica poder salir a trabajar durante el día y dormir en la cárcel.
Tiempo Argentino, 6 de Junio de 2019
por Alberto López Girondo | Abr 16, 2019 | Sin categoría
La relación de los radicales con el macrismo nunca fue un lecho de rosas. Como un matrimonio por conveniencia, la alianza sellada en marzo de 2015 en Gualeguaychú que dio origen a Cambiemos tuvo un objetivo primordial, que fue derrotar al Frente para la Victoria, pero al precio de una legión de detractores dentro del partido centenario. Fieles a su tradición, todos respetaron el acuerdo aprobado en mayoría de ir a una PASO para dirimir con el PRO quién sería el candidato a presidente por ese espacio, que también integraba la Coalición Cívica, de Elisa Carrió. Pero como alguna vez dijo Mauricio Macri, desde entonces «pasaron cosas». Ahora, cuando se avecina el fin del mandato presidencial, esas cosas que pasaron son un lastre del que muchos dentro de la UCR quieren desprenderse. Como muestra de las diferencias internas, ese tema debería dirimirse en una Convención Nacional que a esta altura está lejos de ser convocada. Toda una señal de las dificultades para encontrar un camino común.
La Convención Nacional es el órgano deliberativo de la Unión Cívica Radical y se reúne para establecer candidaturas y lineamientos políticos. El Comité Nacional, en tanto, es la máxima autoridad política y tiene funciones ejecutivas. Si bien había diferencias desde el primer día de la gestión macrista, podría decirse que cuando el Gobierno decidió volver al Fondo Monetario Internacional las voces de rechazo se extendieron por todo el universo radical.
La crisis económica y la inflación galopante no fueron sino acicates para aquellos que votaron al exalcalde porteño con un broche en la nariz. Y en los últimos meses esas disidencias saltaron a la luz con toda su furia. El choque en Córdoba entre Ramón Mestre y Mario Negri fue apenas un botón de muestra. Ese distrito le dio el triunfo a Macri en 2015, con más de 900.000 votos de diferencia y casi el 72% del electorado. Pero ahora está entre los más decepcionados con la política aplicada desde entonces.
Negri tenía el aval de la Casa Rosada y Mestre, el de Enrique Coti Nosiglia, el eterno operador en las sombras de la UCR, que capitalizó las críticas de dentro del partido. No hubo acuerdo para lograr una fórmula común ni para elecciones internas por desconfianzas mutuas y eso le despeja el camino a Rubén Schiaretti, el gobernador peronista no K. A todo esto, el kirchnerismo local, otrora bastante castigado en la urnas, esta vez prefirió no designar candidato para avanzar hacia una suerte de unidad con el oficialismo cordobés.
Planteos políticos
Pero el clima denso venía de antes. Las quejas por el desprecio con que los radicales son tratados dentro de Cambiemos crecía entre los correligionarios y comenzó a hacerse más visible a medida que la crisis económica fue elevando el malhumor social. Tanto Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y presidente del Comité Nacional, como Gerardo Morales, mandatario jujeño, lo expresaron en planteos acerca del brutal aumento en las tarifas de servicios públicos.
Al mismo tiempo, otro sector, con menos presencia territorial, como el de Ricardo Alfonsín, el hijo del expresidente; Federico Storani, vicepresidente del Comité; y Jorge Sappia, titular de la Convención Nacional, se quejaron de que nunca habían sido consultados para las decisiones más conflictivas. «El acuerdo con el FMI se anunció un martes y ese lunes Cornejo estuvo en la Casa Rosada y salió hablando de cualquier tema; si le dijeron lo del Fondo y lo ocultó, es más grave todavía; pero creo que ni se enteró», recalcó Sappia, que fue ministro de Trabajo provincial durante el gobierno de Eduardo Angeloz.
El tema del empleo, precisamente, preo-cupa a Ricardo Alfonsín. «¿Han visto los términos del proyecto de reforma laboral? Es imposible que la UCR acompañe muchos de sus artículos», protestó desde su cuenta de Facebook. «La UCR debe aclarar que no participó y nada tuvo que ver en la elaboración del mismo. No puede pasar ni un día más sin que la sociedad lo sepa. Además, por lealtad con los aliados, debemos sugerirles que lo revean», continuó.
Como para calmar las aguas, desde Balcarce 50 salieron versiones de que el Gobierno estaba analizando con los caciques radicales la posibilidad de que en octubre haya una fórmula compartida: Macri presidente y un radical como vice.
Pero lejos de apaciguar los ánimos, la presunta oferta elevó el fastidio y fue el mismo Alfonsín quien ironizó que ese no es el tema central para debatir. «Espero que los radicales le hagan saber al PRO que la responsabilidad de los problemas de los argentinos no es de (la vicepresidenta Gabriela) Michetti, sino de las políticas aplicadas o de las ideologías que las inspiraron».
La vicepresidencia
Los voceros del oficialismo tampoco son demasiado partícipes de una jugada como esa. Marcos Peña, el jefe de Gabinete, considera que sería esencial una fórmula con una mujer como vice. Y los radicales no tienen a ninguna con suficiente peso específico entre sus filas.
Pero quizás lo que prime sea el consejo del asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba, quien en una entrevista con el CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia, recordó que «(José María) Velasco Ibarra fue elegido cinco veces presidente de Ecuador y derribado cuatro veces por el vicepresidente. Definía al vicepresidente como “un conspirador resuelto”. Por eso, no es aconsejable que quien esté en la vicepresidencia no sea de la confianza del presidente».
Más allá de esta controversia, la UCR se muestra como una federación de partidos provinciales y actúa en consecuencia. Los gobernadores –Morales, Cornejo y Gustavo Valdés, de Corrientes– retacean el apoyo a Macri porque lo perciben a esta altura como un salvavidas de plomo, por eso desdoblaron las elecciones en sus distritos. Pero no rompen por necesidad política, ya que precisan del Gobierno para cerrar las cuentas. Daniel Salvador, el vice bonaerense, mantiene una relación óptima con María Eugenia Vidal, de modo que ni sueña con sacar los pies de plato.
Los que quieren romper creen que la Convención no será citada. «No hay tiempo para hacerlo antes de junio, en que se definen las candidaturas. Tenemos elecciones en 127 municipios cordobeses el 14 de abril y a gobernador el 12 de mayo; antes las PASO en Santa Fe el 28 de abril. Dicen que convocarían para el 25 de mayo. ¿Cómo?, ¿para qué?», se pregunta Sappia.
Alfonsín quiere unas PASO más amplias, con el Partido Socialista santafesino y el sector de Margarita Stolbizer adentro. Storani vería con buenos ojos a un candidato como Martín Loustau. En todo caso, cree que de quedarse en Cambiemos, será «necesario reformular reglas de juego, entre ellas, que exista una mesa realmente institucionalizada permanente, que tenga la oportunidad de discutir las políticas públicas porque si no, para muchos de nosotros es absurdo estar responsabilizándonos de políticas que ni siquiera podemos discutir previamente».
Revista Acción, segunda quincena de Abril de 2019
por Alberto López Girondo | Feb 1, 2019 | Sin categoría
Mauricio Macri asumió el 10 de diciembre de 2015, cuatro días después de que en Venezuela el chavismo perdiera el control de la Asamblea Nacional, el congreso unicameral. Con el foco puesto en el gobierno de Nicolás Maduro, encontró aliados tras la destitución de Dilma Rousseff y más con Jair Bolsonaro. Pero el acoso a las autoridades bolivarianas contradice antiguas tradiciones, como el no intervencionismo, que tiene origen en Venezuela a través de las doctrinas Drago y Calvo, por Luis María Drago, canciller de Julio Argentino Roca, y Carlos Calvo, jurista nacido en Uruguay, aunque argentino por vocación y como diplomático.
En respuesta al bloqueo del Reino Unido, Alemania e Italia contra el gobierno de Cipriano Castro, que se negaba a pagar la deuda externa venezolana, Drago estableció en 1902 que ningún Estado extranjero podía usar la fuerza contra un país americano por motivos financieros. Era un corolario de la Doctrina Calvo, que pedía agotar los recursos diplomáticos ante cualquier controversia. Desde entonces, la Argentina sostuvo una política de no intervención que fue clave en los gobiernos democráticos de Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y desde 1983 a esta parte. Raúl Alfonsín, en 1985, incorporó al país en el grupo Contadora, para evitar un baño de sangre en Centroamérica, y se plantó ante Ronald Reagan para impedir una invasión a la Nicaragua sandinista.
La actual postura de la Casa Rosada supera el envío de naves y tropas para participar en el bloqueo al Irak de Saddam Hussein, ordenado por Carlos Menem en 1990.
La situación en Venezuela repite estrategias de EE.UU. usadas para ocupar Irak, en 2003, y en las operaciones en Libia, en 2011, y en Siria poco más tarde. El costo en vidas humanas para esos pueblos da para exigir una salida política antes que traer a Sudamérica escenarios que no padeció desde las guerras de la independencia, hace dos siglos.
El apoyo de Macri al opositor Juan Guaidó –autoproclamado presidente interino de Venezuela– y el desconocimiento a Maduro, tienen imprevisibles consecuencias, con un agregado: Elliot Abrams, quien dirigió las operaciones en América Central en los 80, fue designado por Donald Trump para coordinar el proceso de «recuperación de la democracia» en Venezuela.
Revista Acción, primera quincena de Febrero de 2019
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