La sociedad argentina está a las puertas de unas elecciones que se desarrollarán en un contexto inédito, en medio de una pandemia y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Se dispone a someter al escrutinio ciudadano dos años de un gobierno al que esta situación limitó fuertemente en su margen para poner en marcha el programa que había prometido en las presidenciales de 2019. El COVID-19, cuando apenas el presidente Alberto Fernández pronunciaba su primer discurso de apertura de sesiones parlamentarias, en marzo de 2020, trastocó cualquier plan no solo en la Argentina; pero golpeó doblemente a un país que venía en picada luego de la experiencia de Mauricio Macri en la Casa Rosada. Como hace dos años, en estos comicios de medio término lo que está en juego es el modelo de país, entre un proyecto neoliberal que ya se aplicó en varias etapas del pasado reciente, y otro que en esta gestión aún no pudo mostrar todas sus cartas. Todo con el telón de fondo de un incremento fenomenal de la pobreza y la indigencia de la mano de una fuerte inflación que provoca una situación social preocupante en los grandes centros urbanos. Pero esa discusión no es la que aflora mayoritariamente en el debate político o en los medios. Gran parte de la dirigencia –la que encuentra más minutos en los medios audiovisuales, sobre todo– parece envuelta en culparse mutuamente por actitudes reñidas con las buenas prácticas del manejo de la cosa pública –como festejos de cumpleaños en Olivos o en la casa de la exdiputada Elisa Carrió violando restricciones sanitarias– que en delinear un horizonte en el que «inclusión» no sea solo una palabra políticamente correcta. Sin embargo, los temas que afectarán no solo el futuro cercano sino el de las generaciones por venir están ahí, en la urgencia por tomar decisiones que impactarán en el bolsillo, pero fundamentalmente en los proyectos de vida de todos los que vayan a las urnas.
Siembra peligrosa Hubo muestras de desencanto en los comicios que se realizaron este año en dos provincias norteñas. La asistencia a las urnas se estancó en un 65% mientras se registró un incremento del voto en blanco (12,1% en Jujuy y 5% en Salta). A esto se le puede agregar el crecimiento que destacan varias encuestas del voto juvenil hacia los candidatos mal llamados libertarios, que representan el extremo derecho del arco político, en general expresado de modo violento, una postura que sorprende y que con sus diferencias de «presentación» encarnan candidatos como Javier Milei en CABA y José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires. Estas figuras, y otras con posturas similares, muestran una escalada preocupante de violencia discursiva, multiplicada en los medios de comunicación, donde no faltan expresiones de convalidación hacia estas peligrosas tendencias que lamentablemente encuentran terreno fértil en algunos sectores de la población. Es cierto que la economía viene saliendo del estancamiento en el que cayó en lo peor de la pandemia, cuando aún no se había recuperado de la crisis desatada por la gestión de Macri. Pero en lo inmediato, todavía esos resultados parecen distantes y no llegan a impactar en amplias franjas de la sociedad. Las sucesivas crisis que padeció la sociedad desde, por poner un punto de partida, el Rodrigazo de 1975, pasando por la hiperinflación de los 80, el estallido de la convertibilidad en 2001/2002 y la crisis de 2018 durante el macrismo, marcan a fuego a los ciudadanos más añejos, pero también repercuten en los que se inician en el ejercicio del voto. En el mensaje mediático hegemónico y en la información que circula en redes y canales de internet predomina el desaliento («Fulano de Tal se fue del país y triunfó en el exterior») o el discurso antisistema extremo. Ya sea que se identifique al sistema como el Estado que impide circular, que elabora y pone en marcha un gigantesco plan de vacunación o que, incluso, tiene el monopolio de las regulaciones. Algunas de esas ideas «libertarias» implicarían el regreso a una etapa pre democrática.
Herencia maldita La vicepresidenta Cristina Fernández mantiene un protagonismo central que se corrobora en cada aparición pública, cada vez más frecuentes desde que decidió meterse de lleno en la campaña electoral. Su intento por discutir otra agenda no encuentra un eco demasiado notable del otro lado de la «grieta» ni entre las cúpulas empresariales. A pesar de que, más allá de lo que se piense sobre sus objetivos, son los temas que preocupan en la población. Como señala CFK, ningún país inmerso en las cifras astronómicas de la inflación y la pobreza de Argentina pudo salir de ese brete sin un compromiso de todas las fuerzas políticas detrás de ese objetivo. Y un acuerdo con el FMI que no termine de asfixiar a la población depende también de consensos básicos entre las mayorías determinantes de la política nacional. Un modelo de país, parafraseando a la expresidenta, significa un proyecto inclusivo y requiere crear condiciones para generar empleos registrados y un proceso virtuoso de la economía en general. No todos los empresarios se avienen sin más a los planteos neoliberales que defienden los grandes grupos que comandan la Unión Industrial Argentina. Las diferencias más explícitas se escuchan de boca del actual presidente del BICE, José de Mendiguren, crítico feroz de la dirigencia de la UIA, entidad a la que alguna vez dirigió durante los gobiernos de Carlos Menem y de Néstor Kirchner. Otro empresario, el textil Teddy Karagozian, tal vez el más grande en ese sector de la industria nacional, declaró que no votó a Alberto Fernández, como sí lo había hecho con Macri cuatro años antes. Pero durante el Gobierno anterior terminó por cerrar algunas de sus plantas, diseminadas en varias provincias, y pensar en expatriar su producción. «Me entusiasma que se haya comprendido que un país no crece si no trabaja. El sector industrial es la amalgama de toda la economía», dijo estos días en una entrevista en Radio con Vos. «Este Gobierno ha mandado señales inequívocas para fomentar la producción y generar más trabajo», añadió, para culminar que «las empresas estamos yendo por otro lugar de donde está la noticia. La discusión hoy es muy pobre». Macri, ahora también metido a pleno en la campaña, representa a ese proyecto de Argentina que en los hechos cerró fuentes de trabajo y volvió al ciclo de «asistencia» del FMI, del que el país parecía alejado tras el interregno kirchnerista. Tanto la deuda externa como la pobreza y la desindustrialización siguen siendo la herencia maldita de la dictadura. Y es la cuenta pendiente de la democracia. En Estados Unidos la denominación más corriente para cada gobierno es «administración». Hubo una «administración Trump» como desde enero de este año hay una «administración Biden». Lo que en el fondo esconde la palabra es que una presidencia no se propone cambios profundos desde la Casa Blanca. Es la ratificación de que la política, para el establishment estadounidense, consiste en administrar lo que hay y «no hacer olas». En la Argentina, en cambio, el debate de fondo es si la dirigencia se contenta con administrar las sucesivas crisis o se juega a utilizar la política como herramienta de cambio.
Argentina votó junto con Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay una resolución de Naciones Unidas que condena violaciones a los derechos humanos en Venezuela, lo que despertó agrias críticas de sectores del oficialismo que entienden que hubo un renunciamiento del gobierno al adherir a una postura del Grupo de Lima que abre las puertas al injerencismo de Estados Unidos en la región. Más aún, lamentan que el representante argentino en Ginebra no haya abstenido, como hizo el de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el aliado regional del presidente Alberto Fernández.
Los medios hegemónicos interpretaron prontamente que la Cancillería daba un giro en relación con las declaraciones del embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, quién había indicado que el país caribeño viene de sufrir un “fuerte asedio de intervencionismo” y que cualquier interpretación sobre hechos ocurridos dentro de Venezuela está sesgada. Por las presiones que ejerce el Departamento de Estado y sus aliados de la derecha regionales.
En la mañana de este martes hubo dos votaciones. Una por la que la Oficina de la Alta Comisionada por los DDHH de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet y Caracas aceptaban el compromiso de “estrechar la cooperación técnica en el campo de los Derechos Humanos” con el gobierno bolivariano.
El titular de Relaciones Exteriores de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, aplaudió en una serie de tuits el apoyo a tal iniciativa. Argentina, en esa ocasión, se abstuvo de votar y rechazaron el planteo Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Ucrania y las Islas Marshall. El comité de Ginebra está compuesto por 47 países miembro. A favor del proyecto votaron México y Venezuela.
En principio, la votación relacionada con el informe Bachelet sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela iba a ser este miércoles, pero repentinamente se adelantó, quizás por eso de machacar en caliente. Y ahí Argentina se volvió a diferenciar de México y se unió al club de los países que solo buscan sacar del poder a Maduro y hasta dieron señales, en tiempos de Mauricio Macri – uno de los fundadores del Grupo de Lima- de que no tendrían problemas que fuera mediante una intervención armada.
Esa votación terminó en un empate, con 22 votos a favor del informe y 22 abstenciones. Hubo tres votos en contra: Venezuela, Filipinas y Eritrea. Las criticas se dispararon entre los medios más cercanos al gobierno de Fernández-Fernández y militantes del FdT.
Alicia Castro, embajadora designada en Rusia y representante de la Internacional Progresista, fue una de las primeras en tuitear contra la decisión.
José Campagnoli, legislador porteño y ligado también a esa corriente, escribió a su turno en términos similares, agregando un dato: la Doctrina Drago, por el canciller de Julio Roca, Luis María Drago, dictaminó a principios de siglo XX que un país no podía intervenir militarmente contra otro para el pago de una deuda.
La Doctrina Drago surge en 1902, a raíz de un bloqueo naval establecido por el Reino Unido, el reino de Italia y el Imperio Alemán para cobrar la deuda externa del gobierno venezolano de entonces. Por extensión, esa doctrina, luego incorporada a las ideas de Carlos Calvo, implica que no puede haber intervención hasta no agotar las negociaciones pacíficas para resolver controversias.
Por la tarde, un documento de partidos, movimientos, organizaciones y miembros del Frente de Todos emitieron un documento en el que manifiestan su “profundo desacuerdo con la postura de nuestra Cancillería de acompañar la resolución impulsada por el Grupo de Lima en el Consejo de DD.HH. de la ONU que condena a la República Bolivariana de Venezuela”.
Y agregan: “No es alineándose con los intereses de EE.UU. como se resolverán los problemas de Venezuela. (…) Los problemas de Venezuela no se resuelven con bloqueos ni condenas sino con cooperación y asistencia recíproca.
Firman Compromiso Federal, Proyecto Sur, Manifiesto Argentino, Espacio Puebla, Forja, Partido Intransigente, Partido Comunista y Partido Comunista CE.
El informe Bachelet señala falta de independencia de los poderes públicos y el sistema de justicia, abusos y violencia vinculados a la actividad minera. Si bien reconoció que las sanciones agravan la situación general del país, el documento de Bachelet dice que las instituciones “están erosionadas”.
Precisamente a este acoso al que es sometido el país se refería Raimundi en su planteo de rechazo al informe, al que atribuye parcialidad porque no toma en cuenta las continuas amenazas y el bloqueo económico instaurado por Estados Unidos ya desde la presidencia de Barack Obama.
Hace 15 días, Bachelet sin embargo, reconoció avances en la “revisión de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza” y en la determinación de los factores que influyen en el hacinamiento de los centros de detención preventiva. Y destacó el compromiso de la Fiscalía General en “avanzar en la investigación de 58 presuntas ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad y 35 causas de muertes documentadas por la oficina de la ONU durante las protestas. Al mismo tiempo, celebró el pase a arresto domiciliario al líder opositor Juan Requesens y el indulto de 110 personas.
El gobierno venezolano, además de la crisis económica derivada del bloqueo y del enfrentamiento con una oposición que no acepta negociar sino que tienen como único objetivo el cambio de régimen, apuesta todas las fichas a la elección legislativa del 6 de diciembre.
Justamente un 6 de diciembre de 2015 el chavismo sufrió una fuerte derrota en los comicios parlamentarios que dejó la Asamblea Nacional en manos de la oposición. Desde entonces se agudizó el enfrentamiento al punto que la AN desconoce la presidencia de Maduro, no acepta el resultado de las presidenciales de 2018 y, siguiendo la estrategia del Departamento de Estado, en febrero de 2019 votó como presidente interino al diputado Juan Guaidó.
Las presiones del gobierno de Donald Trump dieron como resultado el reconocimiento de 54 países a Guaidó. Entre ellos la Argentina de Macri. El cambio de presidente hacía prever alguna diferencia, pero de ambos países siguen sin designar embajadores. Y el país se mantiene dentro del Grupo de Lima, cuyo único objetivo es destituyente.
Pero a los fines prácticos, las riendas del poder dentro de Venezuela las tiene Maduro. Sin embargo, EEUU incautó reservas y los ingresos de la petrolera PDVSA en ese país le fueron entregados a la gente de Guaidó.
Hubo una demanda en tribunales británicos por las reservas de oro en el Banco de Inglaterra que un tribunal había reconocido a Guaidó, bajo el argumento de que si Londres lo reconocía, un magistrado no podía hacer otra cosa que seguir ese camino.
Este lunes, empero, una Corte de Apelación londinense dio lugar al reclamo del gobierno venezolano para acceder a los fondos depositados allí, que suman unos 1200 millones de dólares. Cierto que aún no puede retirar el precioso mineral, llevado en tiempos de Hugo Chávez para proteger las reservas monetarias del país, irónicamente. Pero en Caracas celebraron el desliz contra los socios de Guaidó.
En cuanto a las legislativas, la Unión Europea -en esto siempre de la mano de Washington- pretende que el gobierno posponga las elecciones, mientras que la oposición más dura ya dijo que no se presentará, cosa de deslegitimar el resultado. Aducen que no hay garantías, pero no se quieren sentar a negociar. La postura de la Casa Blanca es que no se presenten y Guaidó, que de otra manera no podría sostenerse, aceptó esa estrategia. El problema que su única opción para mantener el cargo de presidente interino pasa por ser diputado.
Ya pasó que en enero pasado el diputado Luis Parra resultó electo como presidente de la AN por los legisladores presentes, lo que implicaba al “destitución” del pollo de Trump. Pero la movida para que se permitiera la votación a distancia de diputados en el exilio fue clave para cambiar las cosas.
En el fondo, lo que todos estos manejos demuestran es la poca voluntad de solucionar la crisis política en una mesa de negociaciones, cosa que ya había sucedido en reiteradas ocasiones con una ronda de diálogo dirigida por el ex presidente del Gobierno español José Luis Zapatero.
La democracia argentina acumula fuertes déficits en varios ámbitos y uno de ellos es sin dudas el de la vivienda. Hay pocos parámetros para dimensionar en cifras a cuánto asciende la falta de un hábitat digno para millones de ciudadanos argentinos y ante esta carencia, se recurre a datos del ultimo censo nacional, que se realizó hace diez años. Un sector de los medios, en tanto, augura una suerte de apocalipsis por las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires y difunden mensajes reactivos a toda reivindicación de los derechos de los pueblos originarios en la Patagonia. A esto se suma el debate en la dirigencia política, donde el tema levanta controversias de tal magnitud que incluso dentro del oficialismo se generan enfrentamientos sobre la forma de caratular a este fenómeno, que se verifica con mayor intensidad como una de las consecuencias sociales que acompaña a la pandemia. Genéricamente se habla de que para satisfacer las necesidades habitacionales de la población hacen falta 3 millones de viviendas. Pero el dato es de 2010, no actualiza las condiciones reales de los ciudadanos afectados y además, no toma en cuenta el crecimiento demográfico. Un dato más cercano en el tiempo es el censo que se realizó desde 2017 para crear el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Fue una iniciativa que contó con el voto unánime en el Congreso, que fructificó en 2018 con la ley 27.453 que declaraba de utilidad pública y sujetos a expropiación a los inmuebles comprendidos en ese registro. Fue el primer inventario de barrios populares –una forma edulcorada de denominar a las villas miserias y los asentamientos urbanos– elaborado por los movimientos sociales y organizaciones cercanas a esas comunidades con la participación fundamental de los propios vecinos. Lo auspicioso fue que se trató de una iniciativa que el Gobierno de Mauricio Macri y sus legisladores aprobaron en conjunto con la oposición de entonces. Un ejemplo de consenso poco común en temas tan álgidos como la propiedad privada y el acceso a la tierra en tiempos neoliberales. Los datos que surgieron muestran que en todo el territorio nacional había 4.416 barrios populares donde vivían 935.000 familias sin la titularidad de los terrenos donde plantaron sus viviendas. Hubo algunos datos más: que allí no hay acceso a los servicios básicos –agua, cloacas, electricidad, comunicaciones– y que dos tercios de los pobladores tienen menos de 29 años. El proyecto de aporte solidario por única vez aplicado a las grandes fortunas destina 15% de lo recaudado para solventar proyectos de RENABAP. Podría ser un buen aporte para mejorar la situación. Esos barrios fueron los que más sufrieron durante la pandemia, donde el virus circuló más fuerte y provocó cientos de muertes y miles de contagios por las condiciones de hacinamiento en que se vive. Pero hubo otros datos inquietantes que no tienen registro, aunque sí visibilidad mediática: en estos meses terribles miles de argentinos perdieron sus ingresos y el monto de la ayuda que recibieron del Estado no fue suficiente para cubrir la alimentación y el pago de un alquiler. Literalmente, quedaron en la calle, a pesar de los decretos del Gobierno que trataron de impedir desalojos de inquilinos y congelar pagos a los propietarios. En lo que va del año, según información provista por el Gobierno bonaerense, hubo 868 desalojos y fueron detenidas 524 personas en intentos de ocupaciones en los partidos de Presidente Perón, La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C. Paz, General Pueyrredón, Moreno, Quilmes, Avellaneda, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Almirante Brown, Hurlingham y La Plata. El debate público se potenció con la ocupación de 100 hectáreas en Guernica (Presidente Perón). Desde los medios hubo muchos que alentaron la expulsión sin miramientos de los «usurpadores» y «delincuentes». La oposición deslizó acusaciones veladas de connivencia con el delito contra dirigentes del oficialismo y hubo cruces entre el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, y líderes de movimientos sociales. Tanto fue el ruido que Juan Grabois, uno de los referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), salió al cruce de las acusaciones en su contra afirmando: «Odio las tomas». Su argumento es que «toda familia que se mete en un terreno lo hace por necesidad. No hay ninguna otra explicación. Esas familias son víctimas, no culpables». Federico Fagioli tiene motivos para ser escuchado cuando habla del tema. Ahora diputado por el Frente de Todos, en 2014 participó en una toma en la localidad de Glew, donde se construyó el barrio Pueblo Unido. Allí vive y desde ese lugar afirma: «Nunca en mi vida fogonearía que alguien haga una toma, no se la pasa bien en una toma». Pero al mismo tiempo recuerda que hace seis años estaba en una encrucijada, atrapado entre deudas impagables y falta de ingresos acordes. «Era esto o quedarme en la calle». Los Curas en Opción por los Pobres se sumaron al debate en un documento donde señalan que «el conflicto por la tierra (…) pide respuestas de fondo que busquen resolver y no dilatar el problema». Y agregan un dato no menor a esta problemática: «El atravesamiento de negocios oscuros como la venta de droga; la compra-venta y alquiler de lotes; y otras inconfesables actividades, por mano de verdaderas bandas (generalmente al cobijo de funcionarios que “miran para otro lado” y del personal de seguridad que termina siendo socio del delito) complican este escenario». Entre las bandas que genéricamente denuncian los sacerdotes se pueden anotar grupos especulativos de carácter mafioso y las barras bravas de algunos clubes que, según los que conocen de la entretela de esos grupos –como el periodista Gustavo Grabia, autor de La Doce– al no haber fútbol pierden sus fuentes de ingresos y se ofrecen como mano de obra tanto sea para una toma como para un desalojo. En ese contexto, el líder de la barra disidente de River, Martín Núñez Gioiosa, «Saviolita», murió baleado en un enfrentamiento a tiros en una toma en Moreno.
El sur profundo La problemática de los pueblos originarios tiene otros condimentos. Recién con la Constitución de 1994 se reconoció la preexistencia y los derechos de los pueblos originarios. Estigmatizados durante la gestión de Patricia Bullrich, las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel se inscriben en las luchas por recuperar sus territorios ancestrales. La sucesora de la actual líder del PRO, Sabina Frederic, se vio inmersa en otro de los debates a raíz de una protesta contra los integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, en Lago Mascardi. Bastó que dijera que «la toma de tierras no es un tema de seguridad» para despertar feroces críticas por lo que desde sectores de la derecha se consideró un ataque al derecho a la propiedad. Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), mantiene una mesa de diálogo para destrabar la situación en Río Negro. «En la Patagonia, desde la Conquista del Desierto hasta nuestros días, la tierra es un espacio de conflicto», afirma la exsenadora. «Se quejan por Bariloche –abunda Odarda–, pero no dicen nada de otros 700 predios que ocupan privados en otras fracciones de otros parques, ni de (el empresario británico Joe) Lewis, ni del príncipe de Qatar, que también tienen propiedad sobre espejos de agua que compraron a precios irrisorios».
Revista Acción, segunda quincena de Septiembre de 2020
El resultado del macrismo en la elección argentina hace prever “prima facie” una oposición de derecha muy concentrada y con mucha capacidad de bloquear al gobierno desde el Congreso. En cierto modo se repite el esquema con que Cambiemos llegó al poder en diciembre de 2015: un gobierno con minoría parlamentaria que está obligado a negociar permanentemente.
Pero puede decirse que Mauricio Macri pronto encontró interlocutores dentro de la oposición, que muchos saltaron pronto el cerco a fuer de ser acusados de “traidores” y que finalmente la Casa Rosada sacó gran parte de las leyes que se propuso en los primeros tiempos gracias a esos sarcásticamente denominados “opoficialistas”.
El dato es que todos los que hace cuatro años gritaron “se van y no volverán” se tuvieron que tragar el pronóstico. Del mismo modo, ahora no sería recomendable pensar que el macrismo se fue para no volver.
Más bien, la realidad es que la derecha nunca se va del todo. Y que a la hora de conducir la realidad para su beneficio, tiene una combinación rigurosa de paciencia y desprejuicio. La historia del mundo muestra que siempre hay recovecos, más o menos explícitos, donde se refugian los poderes concentrados y sus personeros. Y que Argentina dista mucho de ser una excepción.
Macri es representante de una clase oligárquica que normalmente se escudó detrás de bambalinas o fue a golpear a las puertas de los cuarteles. La política es una profesión de la que empresarios de ese nivel preferían estar lejos, aunque siempre necesitaron de sus servicios en democracia. Pero para eso están los lobistas. Y en todo caso, los políticos embanderados en proyectos que además de ideas, defienden sus intereses. Pero crisis como el “que se vayan todos” del 2001 son un llamado de atención.
Tal vez por eso de que la necesidad tiene cara de hereje, fueron apareciendo en el mundo empresarios que se decidieron a llegar al poder sin intermediarios. El caso de Silvio Berlusconi en la Italia posterior al escándalo del Mani Pulite es tal vez el más emblemático y de allí parece haber copiado el actual presidente su derrotero: primero un club de fuerte raigambre y luego un camino en la gestión pública.
En Chile, la novedad en su momento fue que Sebastián Piñera, una de las mayores fortunas del planeta -según Forbes está entre los más ricos de Chile y forma parte del selecto club de los “milmillonarios”- aspiraba a la presidencia, lugar que ocupó entre 2010 y 2014 y que repite desde 2018. Macri pretende emular a su amigo trasandino y deslizó que aspira a quedar como recambio para regresar a la Casa Rosada en 2023.
El paraguayo Horacio Cartes completó un período presidencial, entre 2013 y 2018, luego de haber sido elegido por el partido Colorado. Se jactó de no haber participado nunca en política y pudo ser nombrado candidato luego de haber logrado reformar la carta orgánica del Partido Colorado para que le permitieran representarlo antes de cumplir dos años de militancia. Si bien recayeron sobre él múltiples denuncias antes y después de haber ocupado el Palacio de los López, se fue tranquilamente a sus empresas el año pasado. Los que más lo criticaron fueron sus “correligionarios“, que se quejan de que nunca los quiso escuchar ni convocar.
En Perú, Pedro Pablo Kuczynski no tuvo la misma suerte institucional que sus colegas. Elegido primer mandatario en 2016 como un soplo de aire fresco para la política de esa nación, que veía a la dirigencia como una banda de incompetentes y corruptos, pronto reveló que ostentaba perfectamente esas dos “cualidades”: tuvo que renunciar y está en prisión preventiva por un coletazo del escándalo Odebrecht. Tampoco le fue bien al empresario Ricardo Marinelli, dos veces presidente de Panamá, que terminó preso en EEUU acusado en esa misma trama de la constructora brasileña.
Si algo caracteriza a esta dirigencia empresaria puesta a gobernar es en el maltrato a los políticos y a los partidos. Se entiende: acostumbran a dar órdenes sin debatir o en el mejor de los casos, rindiendo cuentas solo a un pequeño grupo de accionistas. La “rosca” les resulta intragable pero no por puros y limpios, sino porque eso forma parte de un debate que no suelen tener en la actividad privada.
Un botón para muestra es Donald Trump en Estados Unidos. Empresario inmobiliario y conductor de reality shows, un día se candidateó a la Casa Blanca y un poco porque nadie le creía y otro porque la dirigencia no tenía algo más atractivo que mostrar, terminó ocupando el Salón Oval. Desde que llegó no hace más que denostar a la política, y de paso a los medios, que encontraron en él una figura con la que llenar espacios físicos y virtuales. Ahora enfrenta la posibilidad de un juicio político, para lo cual es clave el grado de lealtad que puedan mantener con él los representantes de su propio partido, el republicano. Muchos ya avisaron que están cansados de sus desplantes.
La derecha política, normalmente, se escuda en algún recoveco institucional a la espera de mejores tiempos. Desde el inicio de este siglo, los sectores conservadores de las sociedades latinoamericanas vieron de qué manera los gobiernos progresistas iban transformando a la región. Y se tomaron su tiempo para la revancha.
Empresarios como el boliviano de origen croata Branko Marinkovic tuvieron a mal traer a Evo Morales durante el conflicto don la Media Luna de Oriente, en 2008. Financió a la oposición y hasta fue acusado de haber organizado bandas paramilitares para crear caos contra el gobierno central. Ahora apoya fuertemente a Carlos Mesa, quien perdió la elección del 20 de octubre pero desconoce el resultado.
La derecha boliviana, atrincherada en el rico territorio de Santa Cruz de la Sierra, había sido derrotada políticamente por Morales hace diez años, pero ahora da la impresión de haber renacido de las cenizas con el escritor y periodista, que ya había ocupado la presidencia entre 2003 y 2005.
Otro ejemplo de estrategia política es el ecuatoriano: el banquero Guillermo Lasso se presentó contra Lenin Moreno en 2017 para derrotar al correísmo. Ahora esta chocho con Moreno, porque dio vuelta las promesas electorales y ambos comparten la enemistad del ex mandatario.
La derecha buscó durante 15 años al candidato para derrotar al PT en Brasil. No pudo contra Lula da Silva desde el 2003 y para desplazar a Dilma debió recurrir a un golpe institucional al amparo de una causa, como el Lava Jato, que tiene mucho de Mani Pulite.
Esa derecha intentó crear un Macri en la figura del alcalde de San Pablo, Joao Doria. Pero no tuvo suerte. Finalmente, terminaron en manos de un excapitán del ejército, Jair Bolsonaro, que armó un gabinete repleto de uniformados. En Uruguay otro uniformado, el general Guido Manini Ríos, se mantiene expectante. Por ahora la derecha espera dar el zarpazo en el balotaje contea Daniel Ríos den Frente Amplio, en noviembre.
Ni Bolsonaro ni Macri daban el perfil de la persona mas adecuada para dirigir países del tamaño ni la influencia de Argentina y Brasil. Son armas de la derecha que, según necesidad y urgencia, encuentran las herramientas para estar siempre esperando volver, aunque no se note a simple vista.
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