Jair Bolsonaro lo volvió a hacer. Nuevamente desafió las recomendaciones de la OMS y alentó una multitudinaria manifestación frente al Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial brasileña. A diferencia de otras convocatorias, esta vez se mantuvo alejado de sus seguidores y no se lo vio toser deprejuiciadamente sobre la palma de su mano. Pero si dejó dos cuestiones bien marcadas: que no tiene drama en avanzar sobre las instituciones en un autogolpe con impreciso apoyo civil-militar; y que considera al confinamiento por el coronavirus como una medida “irresponsable e inadmisible” de algunos gobernadores, y que destruye empleos.
Mientras los asistentes voceaban cánticos y hacían flamear pancartas contra el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y el exministro de Justicia y ahora denunciante del mandatario, Sergio Moro, Bolonaro afirmaba desde una tarima: «El pueblo está con nosotros, y el ejército está del lado de la ley, del orden, de la libertad y de la democracia». Entre los gritos de los manifestantes se escucharon no pocos que reclamaban una intervención militar.
Si algo define a los seguidores de Bolsonaro es la agresividad que ponen en práctica. Esta vez, atacaron a un equipo de periodistas del diario O Estado de Sao Paulo, lo que generó el repudio de los colegas presentes. Así fue que también resultaron agredidos un reportero de Folha de Sao Paulo y otro de la publicación Poder360. Organizaciones de derechos humanos y civiles se sumaron a los gremios de prensa y a dirigentes políticos que señalaron al riesgo para la democracia de esas actitudes. Para Bolsonaro, el atacante fue un desequilibrado que se había infiltrado en la manifestación.
La pulseada política entre el excapitán del Ejército y parte de la burocracia estatal brasileña elevó a tensión la semana pasada, tras la renuncia de Moro, quien con el manejo de la causa Lava Jato sienfo juez pavimentó el camino de Bolsonaro al Palacio del Planalto. Pero Moro terminó denunciando al jefe de Estado de querer interferir en la justicia al pedirle la renuncia al titular de la Policía Federal. Y este sábado fue a declarar ante una investigación del Poder Judicial sobre la cuestión.
Como el Supremo Tribunal Federal (STF) le impidió designar a Alexandre Ramagem, el director de la Agencia Brasileña de Investigaciones (Abin, la AFI de ese país) porque es parte de la acusación de Moro, ya que es amigo de los hijos del presidente, Bolsonaro ahora puso en la PF a Rolando Alexandre de Souza. Era el segundo de la Abin, lo que implica una mojada de oreja al STF. Los hijos de Bolsonaro están acusados, uno de organizar una campaña de fake news contra la Corte; otro de vínculos con bandas paramilitares de Río de Janeiro.
Según medios brasileños, Bolsonaro se reunió el mismo sábado con altos mandos militares para tratar la crisis política que envuelve a su gobierno. Los uniformados fueron claves en la llegada al poder del ultraderechista, pero también en sostenerlo, ya que tienen al menos ocho puestos claves en su gabinete, incluido el jefe de la Casa Civil. Ni contar con el que el vicepresidente es un general de cuatro estrellas, Hamilton Mourao. Un adusto militar que ahora es bien visto por sectores cada vez más amplios del establishment para desplazar a Bolsonaro.
La jugada complica a muchos uniformados que no quieren verse metidos en otro baile como en la dictadura de 1964. Pero al mismo tiempo son conscientes de que todo se puede ir al demonio si la situación sigue por este camino. Lo que incluso podría significar la vuelta del PT a un futuro gobierno.
Todavía no está claro qué rol piensan desplegar las cúpulas militares. Hay versiones de que Bolsonaro tiene pensado contraatacar y remover a los altos mandos. Es que desde hace un mes le impusieron un jefe de Gabinete, el general Walter Braga Netto, que tiene como tarea ir emprolijando el escenario ante las acciones de los Bolsonaro, que se muestran como un clan rebelde a toda regla de urbanidad democrática.
Pero el presidente, congresista desde hace 32 años, suma a su concepción militarista toda esa experiencia como bicho de la política y ahora intenta sumar apoyos en esas lides ante la pérdida de grupos que ahora huyen de su amistad como de un contagiado de algo peor que el Covid-19. Hace meses que el partido Liberal, que le prestó el sello para formar la candidatura presidencial, lo expulsó de sus filas. Bolsonaro es un presidente sin partido.
Y qué mejor en este dilema que convocar a algunos contaminados por la corrupción que necesitan algún tipo de revancha. Por eso mantiene conversaciones con Valdemar da Costa Neto, del PL; Roberto Jefferson y Ciro Nogueira del PTB, y Gilberto Kassab, del PSD. Son los llamados partidos del centro. Todos ellos inmersos personalmente en aquel proceso conocido como Mensalao, la mensualidad que según la justicia entregaba el gobierno de Lula da Silva, allá por 2005, a opositores para que le aprobaran las leyes claves.
Esa investigación le costó el cargo como jefe de gabinete a José Dirceu, uno de los más sólidos aliados de Lula, pero también habían caído los nombrados, que ahora sueñan con la vuelta.
La sede de la Policía Federal de Curitiba fue escenario otra vez de manifestaciones. Pero a diferencia de las que se producían mientras Lula da Silva estuvo detenido, entre el 7 de abril de 2018 y el 8 de noviembre del 19, ahora hubo clima de tensión y conato de choques entre simpatizantes del juez que encarceló al expresidente, Sergio Moro, y del actual mandatario brasileño, Jair Bolsonaro. Como una parábola de los modos en que se maneja la política en el gigante sudamericano, Moro iba a declarar contra el hombre que ayudó a llevar al Palacio del Planalto. Pero fiel a su costumbre, llevaba documentación que podría conducir al juicio político al excapitán del ejército brasileño.
Todo indica que Moro utilizó en su pelea contra Bolsonaro un enorme carpetazo con 15 meses de mensajes por Whatsapp que probarían sus denuncias sobre interferencias presidenciales para designar a un hombre de su confianza en el comando de la PF, un órgano de investigación judicial del estilo del FBI estadounidense.
El entuerto entre Moro y Bolsonaro viene de hace un tiempo. El juez del operativo Lava Jato aceptó ser Ministro de Justicia, una designación que se mostró como pago de favores por haber perseguido a Lula y bloqueado su candidatura presidencial. El año pasado, la publicación en el portal The Intercept de mensajes entre Moro y el fiscal Deltan Dallagnol durante la investigación contra Lula probaron la manipulación de evidencias para sacar a Lula de carrera. El Lava Jato sirvió también para la destitución de Dilma Rousseff y la puesta em marcha de medidas neoliberales durante la gestión de Michel Temer.
Los hijos de Bolsonaro tienen varias cuentas con la justicia. En el caso de Flavio, por su cercanía con bandas paramilitares que, por un lado, le permitieron hacerse de una pequeña fortuna y por otro, lo complican con el asesinato de la concejal carioca Marielle Franco. En cuanto a Eduardo Bolsonaro, es responsable de una campaña de fake news contra miembros del Supremo Tribunal Federal (STF).
Bolsonaro padre venía pidiendo la cabeza del titular de la PF nombrado por Moro, Mauricio Valeixo. Sabía por el servicio de inteligencia, la ABIN, que le estaban respirando en la nuca a sus dos vástagos. Luego del despido de su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, el presidente -bastante golpeado por sus desaguisados en el combate contra el coronavirus- se sintió fuerte como para anunciar el despido de Valeixo.
Moro hizo causa común con su acólito y renunció en medio de denuncias cruzadas. Para el exjuez, no era admisible que el primer mandatario tuviera injerencia en investigaciones judiciales. Para el clan Bolsonaro, Moro buscaba una silla en el STF y como no se la garantizaban dio un portazo.
A todo esto, Moro fue convocado a declarar acerca de sus denuncias. Dijo que tenía todas las pruebas. En un póker entre tahúres, según la revista Época, el exministro acumuló las conversaciones a modo de protección. Sabía con quiénes trataba al aceptar gustosamente el cargo que le ofrecían. Él también había jugado esas cartas contra la dirigencia del PT y de sus aliados. Y, cada día resulta más claro, aspira a liderar el espacio de una derecha más prolija. No ligada a esos grupos fanatizados que evitó este sábado ingresando al edificio de Curitiba por la puerta trasera.
La disputa en Brasil muestra que, al tiempo que se expande el coronavirus -este sábado la cifra de muertos llegaba a 6.500, con unos 93.000 infectados- Bolsonaro está dando una pelea que no pinta demasiado favorable.
Durante la semana, tuvo que recular en la nominación del reemplazante de Valeixo en la PF. Quiso poner a Alexandre Ramagem, el titular amigo de la Abin, pero un juez del STF suspendió la designación ante una denuncia relacionada con la acusación de Moro.
Como desquite, nombró a un pastor evangélico al frente del Ministerio de Justicia, André Mendonça. Pero el ocupante del Palacio del Planalto sabe que las balas pican cerca. Y en una charla con periodistas a la salida de la residencia presidencial dijo que “nadie va a querer dar un golpe contra mí”.
La descomposición política de Brasil es de tal nivel que el adalid del uso malicioso de escuchas telefónicas, que torció una causa judicial para sacar de la carrera presidencial a Lula da Silva, se fue del gobierno que surgió de esa maniobra, mostrando mensajes de WhatsApp que comprometen a Jair Bolsonaro. Sergio Moro, el juez que aceptó gustoso ser ministro de Justicia del mandatario que había contribuido a instaurar tras la destitución de Dilma Rousseff, dejó el cargo luego de que el propio presidente echara al jefe de la Policía Federal. La medida era resistida por Moro desde hace un año y tiene como objetivo salvar a los hijos presidenciales.
Según explicó a la prensa, con ese rostro de prócer malhumorado que supo construirse el exjuez federal de Paraná, el presidente quería en ese cargo a alguien que le contara de qué iban las investigaciones. Algo que según el ahora exministro, es inadmisible para el funcionamiento de las instituciones. La defensa de Bolsonaro fue que Moro era un traidor y que él lo había defendido cuando el portal The Intercept comenzó a difundir los chats con los fiscales que perseguían a Lula en los que se revelaba la utilización de un procedimiento ajeno a las reglas institucionales para detener al líder metalúrgico y dos veces presidente.
Hay, que se sepa, dos fuertes razones para querer en la jefatura de la PF a alguien de confianza. Y ambas tienen el nombre de dos de sus hijos, Carlos y Flavio. Uno, porque la investigación por un coordinado ataque de fake news contra al Supremo Tribunal Federal lo hace responsable de una granja de trols conocida como Gabinete del odio. El otro, por sus vinculaciones con una banda de milicias parapoliciales que, entre otros delitos, no es ajena al asesinato de la concejala Marielle Franco y su chofer en una favela carioca.
La Policía Federal brasileña es un órgano auxiliar de la justicia. Es el equivalente del FBI en EEUU. Moro puso al frente a Mauricio Valeixo, un abogado que se incorporó a la PF en 1996 y al que conoce de Paraná. Fue un hombre clave en el caso Lava Jato, que terminó en condena para dirigentes políticos y fue determinante de la prisión de Lula. Al igual que Moro, Valeixo pasó por Washington, en su caso, como agregado policial, mientras que el exjuez hizo cursos de combate al lavado de dinero.
Carlos, concejal en Río de Janeiro, es el que posteó en Twitter una balacera al grito de Bolsonaro, el día que su padre hablaba en una marcha contra la Corte Suprema. El SFT frenó la intención de decretar el fin de aislamiento que la mayoría de los gobernadores ordenó para evitar la expansión de la pandemia, que ya se ha cobrado 3800 muertos y 55.000 contagios.
Flavio, senador carioca, está en la mira de la fiscalía de Río de Janeiro por un esquema de corrupción que le permitió incrementar su fortuna personal -ahora tiene hasta parte de una tradicional chocolatería – a través del desvío de fondos para una empresa constructora de miembros de la milicia. El testigo más comprometedor de esas intrigas, el ex agente policial devenido en mafioso Adriano da Nóbrega, apareció convenientemente ejecutado en febrero pasado. De su chofer, Fabricio Queiroz, el prestanombres que tenía cuentas bancarias difíciles de conseguir con su sueldo, no se sabe nada desde principios de año.
Bolsonaro padre quiere poner como jefe de la PF a Alexandre Ramagem Rodriguez, actual director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), muy cercano a él desde aquella cuchillada durante la campaña electoral. Para el Ministerio tiene a Jorge Oliveira, actual secretario general de la presidencia, hijo de un capitán del Ejército y amigo de la infancia de sus hijos.
Muchos sostienen que Moro vio la oportunidad de salirse de un gobierno que viene en picada con una alta imagen que le permitiría postularse en las futuras elecciones. La dimisión del ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, también tenia esta lectura: el médico militar estaba en alza por su postura para el combate del coronavirus, totalmente contraria al dejar hacer del mandatario.
En todo este entuerto, es cada vez más claro que Bolsonaro ya es una molestia para los mismos que contribuyeron a su ascenso. Los militares que conforman áreas claves en su gabinete ya habían puesto al general Walter Braga Netto como jefe de la Casa Civil y virtual comandante de operaciones. Se dijo que era por el Covid-19, pero esta semana presentó el llamado Programa Pro-Brasil. Un Plan Marshall para salir de la crisis económica pero, básicamente, un proyecto más cercano al keynesianismo que a la Escuela de Chicago. Tal vez por eso en la presentación no estuvo presente Paulo Guedes, el ultra neoliberal ministro de Economía, ¿La próxima víctima de esta crisis?
Los uniformados no quieren quedar pegados a un fracaso sanitario del gobierno, que se sumaría al económico, desde antes de la pandemia. Para Bolsonaro, la tabla de salvación puede ser aceptar este cambio de rumbo en medio de la tormenta. Una vez, siendo capitán, fue expulsado del Ejército por no respetar jerarquías. Habrá que ver cómo sigue la historia.
7000 Millones de dólares de reserva vendió el Banco Central de Brasil para intentar frenar al dólar, que trepó en el mercado hasta 5,70 por real. Al asumir Bolsonaro, estaba a 3,80.
Los Bolsonaro siguen desafiando las reglas de la sanidad tanto como las de la vida en comunidad. Algo en lo que coinciden totalmente con su mentor, Donald Trump. A saber: no comparten la recomendación de la OMS de mantener una cuarentena para evitar una catástrofe humanitaria por el Covid-19, por lo que exigen, en un llamado a la «libertad», salir a las calles. Y son defensores del uso de armas de fuego y en esa medida, propulsores de la violencia, sin medir consecuencias. Por lo pronto, este fin de semana, miles de estadounidenses se manifestaron contra el aislamiento que se dictó en algunos estados y recibieron una voz de aliento del presidente en las redes sociales incluso para defender la Segunda Enmienda constitucional, esa que autoriza a los ciudadanos a armarse.
En la misma semana en que logró desprenderse de su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, Bolsonaro hizo este domingo una recorrida por las calles de Brasilia ante cientos de manifestantes que pedían terminar con todas las instituciones constitucionales y que los militares se saquen de encima esa incómoda apariencia de legalidad.
El reclamo de sus partidarios es contra el Congreso y especialmente contra Rodrigo Maia, el presidente de la cámara de Diputados, al que acusa de estar tramando un golpe de Estado. Pero también contra el Supremo Tribunal Federal, que sostiene la constitucionalidad de las medidas contra la pandemia que retoman los diferentes mandatario estaduales.
Al mismo tiempo que Jair se daba tiempo hasta de toser en una mano -¿para demostrar su oposición a la recomendación de usar el interior del codo?- su hijo Carlos, concejal carioca y amante de las armas como su padre y sus hermanos, tuiteó un video de una práctica de tiro en algún polígono en el que los participantes comenzaron la balacera sobre los blancos al grito de Bolsonaro.
Flavio Bolsonaro, el otro hijo presidencial, senador por Río de Janeiro, no se privó de apoyar a esta movida anti política, sobreponiendo la fe religiosa ante cualquier otro valor.
También hay un fuerte apoyo en estas expresiones contra corriente del resto del mundo del canciller, Ernesto Araujo, que así celebró el día del diplomático brasileño, que conmemora a los representantes de uno de los pilares del estado central brasileño como lo fue, tradicionalmente, el Palacio de Itamaraty, a esta hora desprestigiado por la sumisión del gobierno a las políticas de la Casa Blanca.
La exigencia de terminar con el encierro sanitario y la portación de armas, alentada por Trump y que elevó las protestas en el vecino del norte, recibió el apoyo de Eduardo Bolsonaro, diputado federal por San Pablo.
Esta no tan velada amenaza contra la ciudadanía de a pie, que entiende a la convivencia democrática como una relación pacífica, no es tan del gusto de partidarios de Bolsonaro. Y alentados por el discurso bélico de la familia presidencial, salieron a correr a civiles que cometieron el delito de vestir una remera roja, en las calles de Río de Janeiro.
Ese, sin embargo, no parece un riesgo que la dirigencia política brasileña haya tomado en cuenta cuando prefirió a Bolsonaro antes que a la coalición del PT. Del mismo modo que desde el Planalto no se consideran las consecuencias de la tragedia sanitaria que ya cobró 40.000 contagiados de coronavirus y más de 2500 muertos. La segunda cifra más grande de América, detrás de Estados Unidos, que lidera las trágicas cifras a nivel mundial.
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