La policía brasileña detuvo a la activista de ultraderecha Sara Winter por “manifestaciones antidemocráticas” frente a los edificios del Congreso y del Supremo Tribunal Federal de justicia, las dos instituciones brasileñas que vienen siendo el único freno a los desbordes de Jair Bolsonaro y los hijos presidenciales. La medida incluyó a otros cinco militantes del grupo “300 de Brasil”, una avanzada neofascista que apoya sin restricciones a Bolsonaro y se juramentó arrasar con el sistema político del gigante sudamericano.
El clima político parece escalar cada día en Brasil y el presidente, lejos de calmar las aguas, sin dudas disfruta del rechazo que generan sus decisiones. En el caso de Winter, la ex militante feminista y ahora fervorosa reaccionaria, desde el punto de vista político quizás la detención la eleve a la categoría de mártir de ese sistema al que califica de corrupto y al que en realidad costaría trabajo desmentir.
Pero además, Winter -nacida Sara Fernanda Giromini- viene siendo impulsada a liderar los movimientos antifeministas y antiabortistas a nivel regional y, como recuerda en un hilo de tuits la escritora Ana Correa, anduvo de gura por estas tierras contra la ley que el año pasado se debatió en Argentina.
Este martes, la Policía Federal de Brasil inició un operativo para, además de detener a Winter, investigar el origen de los fondos que financian las manifestaciones en favor del mandatario y contra las instituciones democráticas.
Es que militantes del grupo 300 de Brasil hace semanas que se apostaron frente a los edificios en Brasilia de la Corte y el poder legislativo y desde las redes sociales acosan a los dirigentes de la oposición y a jueces que rechazan o frenan medidas de gobierno. Brasil es ya el segundo país en contagiados y muertos en el mundo, con cerca de 900.000 contagiados y 45.000 muertos y la política de Bolsonaro en torno al tema fue de privilegiar la economía a la salud.
El enfrentamiento del presidente con los gobernadores, que claramente no quieren hacerse cargo de contar víctimas y apilar féretros, generó un escenario de peleas cotidianas y cada vez más violentas con sectores que incluso habían apoyado su candidatura. A este choque se fueron sumando los otros poderes constitucionales. Las Fuerzas Armadas, en tanto, mantienen una posición ambigua o más cercana a sostener a Bolsonaro en un intento de ruptura institucional.
En este contexto, fueron floreciendo milicias neofascistas como las de esta mujer de 27 años, claramente identificada con valores provenientes de la Italia y la Alemania de la década del 30 del siglo pasado. El sábado, el grupo de Winter trató de invadir el Palacio Legislativo y arrojó bengalas sobre el de la Corte.
El presidente del STF, Antonio Dias Toffoli, fue el que salió al cruce de este embate, asegurando que esa institución «nunca se someterá, como no se ha sometido a lo largo de toda su historia, a ningún tipo de amenaza velada, indirecta o directa y seguirá cumpliendo su misión»,
La mecha la había encendido el ministro de Educación, Abraham Weintraub, quien había sentenciado en abril pasado: «Si por mí fuera, ponía a todos esos delincuentes en la cárcel. Empezando por el Supremo Tribunal Federal». El ministro, cuestionado desde todos los sectores del establishment político, fue visto este domingo, y sin mascarilla, en una de esas manifestaciones en Brasilia.
La PF, en tanto, abrió una pesquisa sobre otros bolsonaristas, entre ellos el diputado Daniel Silveira, el bloguero de ultraderecha Alberto Silva, el publicista Sérgio Lima y el empresario Luís Felipe Belmonte, estos últimos ligados a Aliança pelo Brasil, el partido que quiere armar el presidente, que fue expulsado de la agrupación con la que se presentó a elecciones.
Con la venia del juez Alexandre de Moraes, del STF, se dictaron 21 órdenes de captura en San Pablo, Río de Janeiro, Minas Geras, Maranhao, Santa Catarina y Brasilia. También tienen como objetivo a Allan Santos, dueño del canal de internet ultraderechista «Terça Livre» y el «youtuber» Ravox Brasil.
La cara de estupor de Nelson Teich cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con que volvieran a funcionar gimnasios y peluquerías fue el mejor dato de que Jair Bolsonaro lo había convocado para hacer de segunda voz en su estrategia para la pandemia. Y era claro que esa relación no podía durar mucho. Oncólogo, aunque ligado al negocio de la salud privada, Teich tampoco dio carta blanca a la cloroquina para tratar el Covid-19 sin el aval de la OMS. El portazo de este viernes tiene que ver con ambas cuestiones: su reemplazante, el número 2 del Ministerio de Salud, el general Eduardo Pazuello, interino al cierre de esta nota, comparte criterios con el presidente brasileño.
Se entiende que la urgencia por mantener la actividad económica haya llevado tanto a Donald Trump como a Bolsonaro a abrazarse a cualquier medicamento que prometa la salvación. Y por ahora ese remedio contra la malaria aparece como única opción. Es cierto que se la autorizó para casos desesperantes ante la falta de alternativas, pero de ahí a considerarlo una cura hay un abismo.
Luiz Henrique Mandetta, el anterior ministro de Salud, pretendía mantener una cuarentena estricta para evitar la explosión de contagios que hoy vive Brasil. Tuvo que irse a mediados de abril. Teich, aunque algo más laxo, cayó en la misma lógica que su antecesor. Pero la gota que rebasó el vaso fue la autorización para el medicamento sin escuchar sus razones.
El jefe de gabinete de Bolsonaro, el general Walter Braga Netto, también salió en defensa de la estrategia de dejar que el virus avance para que -brutalmente dicho- caigan los más débiles y se inmunice el resto de la población. Su argumento es que no hay que tener en cuenta la cifra total de muertes en ese país sino la proporción sobre el total de población.
A Braga Netto le pareció razonable destacar que Brasil tiene un total de 58,6 fallecidos por millón de habitantes contra 691 de Bélgica, 242 de España y 422 de Alemania. Cuando a Bolsonaro le comentaron que de este lado de la frontera hay 7 casos por millón, respondió: “Argentina va al socialismo”.
MUERTOS
287
Los registrados hasta la tarde de ayer en un día, en Brasil. Los contagiados ya son 223 mil y los fallecidos pasaron los 4600.
Por decreto y sin avisar, el presidente Jair Bolsonaro incluyó a los gimnasios, salones de belleza y peluquerías en la lista de “actividades esenciales”, lo que implica que podrán realizarse a pesar de las restricciones que implementaron los gobernadores estaduales y alcaldes municipales. El primer choque, sin embargo, vino de su propio gabinete: cuando su nuevo ministro de Salud, Nelson Teich, fue avisado de la medida, dijo que no estaba enterado y como esquivando el dardo, afirmó que esa era una atribución presidencial en consonancia con el ministerio de Economía y no de su área.
La explicación de Bolsonaro fue que «quien está en casa como sedentario, por ejemplo, está aumentando su colesterol, el problema del estrés, un montón de problemas. Pero si pudiese ir a un gimnasio, lógicamente conforme a las normas del Ministerio de Salud, va a tener una vida más saludable. Igual con el peluquero. Y pintarse las uñas, arreglarse el cabello. Es una cuestión de higiene».
Teich, un médico oncólogo con una fuerte impronta empresarial que reemplazó a Luiz Henrique Mandetta el 16 de abril pasado, afirmó ante la prensa que no había sido informado del decreto que se publicó este lunes a última hora el Diario Oficial de la Unión (El Boletín Oficial brasileño). “Esa decisión no pasó por el Ministerio de Salud”, se exculpó.
Como para bajarle tensión al asunto, luego dijo que ese tipo de medidas pueden ser dictadas por el presidente y la cartera de Economía por ser ambos competentes en el tema. Y agregó que “si se crean las condiciones para que las personas no se expongan al riesgo de contagio, puede trabajar. Tratar a esas actividades como esenciales es un paso inicial”.
Las divergencias en cuanto al tratamiento de la pandemia mantienen en vilo a la sociedad brasileña. Mientras el presidente insiste en mantener la economía en funcionamiento y minimiza el peligro del coronavirus, los mandatarios regionales, que padecen las crisis en sus sistemas de salud, colapsados, son partidarios de respetar las recomendaciones de la OMS. El primer caído en esta pelea fue precisamente Mandetta, que pretendía seguir los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.
Brasil se convirtió en el segundo país de América en cantidad de contagios y de muertes por Covid-19, detrás de Estados Unidos. Acercándose a los 175.000 enfermos y con más de 11.000 muertos, es un peligro para el subcontinente, ya que ese país tiene fronteras con todos los países sudamericanos salvo Chile.
Pero las diferencias en la dirigencia llevan a un desconcierto de la población. Mientras el presidente no solo ningunea el virus sino que organiza marchas y promueve la ruptura del aislamiento, distritos como San Pablo y Río de Janeiro, los más poblados, instauraron cuarentenas bastante estrictas para tratar de contener el avance del coronavirus, que está diezmando a la población.
Ese enfrentamiento también se produce con el resto de las instituciones de la república, como el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF), que vienen tratando de ponerle freno a las políticas de Bolsonaro. Por eso los hijos del presidente y los manifestantes bolsonaristas los tienen en la mira. (ver acá)
Una encuesta del Instituto Datafolha muestra que el 67% de los brasileños considera necesario que la población permanezca en sus casas para evitar contagios. Pero los seguidores de Bolsonaro atestan las calles en manifestaciones contra lo que afirman es una limitación a sus libertades. El más extremista dentro del Gabinete de gobierno parece ser el canciller Ernesto Araújo, quien llegó a declarar que se intenta “usar la pandemia para instaurar el comunismo”.
Si hay algo que Jair Bolsonaro no haría es recular en su postura de privilegiar la economía sobre la salud. Así lo demostró al participar de una marcha desde la sede del gobierno al edificio del Supremo Tribunal Federal (STF) para reclamar que la corte le permita poner fin a la cuarentena que dispusieron los gobernadores. Fue un apriete a gran escala con el objetivo de presionar al máximo órgano judicial y que tuvo el respaldo de ministros clave de su Gabinete, como el de Economía Paulo Guedes; el de Defensa, general Fernando Azevedo e Silva; y el jefe de la Casa Civil, general Walter Braga Netto. Por si esto no bastara, una veintena de empresarios acompañaron la movida.
Lo que preocupó a los togados no fue el despliegue que hizo el mandatario, sino la amenaza que significan las milicias fascistas que se apostaron frente al Palacio de Justicia para brindar el apoyo incondicional a Bolsonaro. Son, según la prensa brasileña, integrantes del Grupo 300, y realizan una suerte de entrenamiento militar cerca del edificio del STF gritando que mientras “los magistrados comen langostas, el pueblo pasa hambre” por la falta de trabajo debido al cierre de industrias decidido por gobiernos estaduales frente a la pandemia.
Brasil es el país latinoamericano con más cantidad de casos de Covid-19, medidos en cifras absolutas o relativas a la cantidad de población, con cerca de 150 mil contagiados y unos 10 mil muertos. La economía brasileña se desplomó, es cierto, pero lo mismo ocurre con la actividad en el resto del mundo. Y ya venía bastante golpeada por las medidas neoliberales desde la destitución de Dilma Rousseff.
Bolsonaro, que definió como “gripecita” al virus, se enfrenta con los gobernadores, algunos como el paulista o el carioca, que apoyaron su candidatura pero ahora deben lidiar con el drama de la pandemia. El STF defendió la potestad de los mandatarios estaduales para decidir las políticas sanitarias en base a la constitución federal. Es la excusa del presidente para alegar ante sus fanatizados seguidores que no lo dejan gobernar.
Este viernes, Joao Doria, gobernador de San Paulo, extendió la cuarentena en el distrito más poblado y poderoso de Brasil -y el polo industrial más importante de América Latina- hasta el 31 de mayo.
En paralelo, el STF autorizó una investigación sobre las bandas fascistas a pedido de la Procuraduría General de la República. Son los que la semana pasada marcharon pidiendo una intervención militar más directa aún y que, según se sabe, son financiados a través de una recolección de dinero a través de las redes sociales.
Los bolsonaristas están indignados con la Corte, que ya había bloqueado la designación del jefe de los espías brasileños al frente de la Policía Federal, para poder controlar investigaciones judiciales contra los hijos presidenciales. Ven al STF como la institución clave para frenar las transformaciones que Bolsonaro pretende para Brasil.
Y parte de verdad tienen, porque la dirigencia política no parece encontrar el modo de reaccionar ante una crisis que desde lo sanitario amenaza con destruir a la sociedad brasileña. Salvo las declaraciones contundentes de Lula da Silva contra Bolsonaro o un artículo que firmaron el expresidente Fernando Henrique Cardoso, el excandidato del PSDB y ex ministro de Relaciones Exteriores José Serra y los excancilleres Celso Amorim, Celso Lafer y Rubens Ricúpero, en el que rechazan “la violación sistemática por la política exterior actual de los principios rectores de las relaciones internacionales de Brasil definidos la Constitución de 1988”. Esto es, la subordinación de Bolsonaro a Estados Unidos.
EN AMAZONIA
Mientras en la Argentina se habían registrado 11 muertos en una jornada completa, en Brasil se produjeron 751 víctimas en igual lapso. Incluso se sospecha que la cantidad de fallecidos son muy superiores a los oficiales. En especial en el sur del país y en la zona de Amazonia: acusan 845 muertos, pero se sospechas que son varios miles.
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