Quizás en el futuro se designe al 7 de setiembre cono el Día del Proscripto Latinoamericano. Porque en una operación que convendría no catalogar como casual, los sistemas judiciales de Ecuador y Bolivia emitieron dictámenes que inhabilitan a Rafael Correa y a Evo Morales a presentarse como candidatos a cargos elegibles. Desde Brasil, mientras tanto, en ocasión de celebrarse los 198 años de la declaración de la independencia, Lula da Silva -que fue impedido de presentarse como aspirante a la presidencia en 2018- subió a las redes sociales un video donde se ofrece como candidato a presidente en 2022 para revertir este período de retrocesos y convertir nuevamente a Brasil en “un país de todos, con justicia social y soberanía”.
Correa había lanzado una fórmula presidencial para las elecciones ecuatorianas del año próximo en la que él figura como vice del economista Andrés Aráuz. Fue un golpe impactante, al mejor estilo CFK, cuando el gobierno de su sucesor, Lenin Moreno, viene en picada por la crisis que generaron las políticas neoliberales que implantó desde que asumió y a falta de respuestas la tragedia sanitaria que deja el coronavirus.
El primer rechazo que recibió Correa fue del Consejo Nacional Electoral (CNE) que no quiso tomar por válida su aceptación del cargo, un requisito creado para evitar que pudiera presentarse a comicio.(ver acá).
Como ese artilugio podía ser bastante discutible en tiempos de pandemia, se aceleraron causas en su contra por supuesto cohecho. Procesos judiciales que suelen demorar meses pasaron el tamiz de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en tipo récord para dictar sentencia firme con una pena de 8 años de prisión e inhabilitación permanente.
La CNJ dijo en su fallo que «por voto de mayoría (…) rechaza los recursos de casación interpuestos por los recurrentes, y ratifica la sentencia por cohecho» dictada en abril contra Correa y varios exfuncionarios de su gobierno. El expresidente fue vinculado a un caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria. Correa afirma que era dinero de un préstamo de un fondo de su partido.
Las curiosidades de proceso fueron develadas por el propio Correa en su cuenta te Twitter.
El caso boliviano tiene componentes semejantes, Morales, refugiado en Buenos Aires luego del golpe de noviembre de 2019, se presentaba como senador por Cochabamba. La conveniente utilización acá de una cláusula que obliga a dos años de residencia era discutible. En Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde los abogados del MAS IPSP reclamaron ante un rechazo inicial Tribunal Supremo Electoral (TSE), hubo un empate entre quienes aceptaban la candidatura y quienes querían a verlo fuera de carrera.
A último momento agregaron a un magistrado para romper el empate jurídico de 4 a 4. Como es de imaginar, el juez sumado a las apuradas determinó que Evo Morales se encuentra inhabilitado para postularse como senador por el departamento de Cochabamba en los comicios del 18 de octubre.
La presidenta de facto, Jeanine Añez, celebro la decisión judicial. y de paso lanzó una consigna política en apoyo de su propia candidatura a las elecciones programadas para el 18 de octubre, en las que según las encuestas figura en tercer lugar y bastante alejada del segundo, Carlos Mesa, y del binomio del MAS, Luiz Arce David Choquehuanca, que marcha a la cabeza. La esperanza de la derecha es que haya una segunda vuelta y ahí el que tallaría fuerte, por ahora, es Mesa.
Frenamos al MAS en dos oportunidades y lo hemos hecho con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos. Somos los únicos que podemos evitar que vuelvan y que Evo Morales quede impune porque respetamos la ley y amamos la democracia. ¿Carlos Mesa frenó al MAS alguna vez?— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) September 7, 2020
Evo respondió por la misma vía a su proscripción.
En Brasil, mientras tanto, y al tiempo que se acumulan los cadáveres por el coronavirus -la cifra de víctimas fatales se acerca a las 130.000 personas- sin que al gobierno de Jair Bolsonaro le tiemble la pera, Lula da Silva conmovió desde un spot de 23 minutos que se entiende como el lanzamiento de su campaña para el 2022.
A los 74 años, el ex dirigente metalúrgico, creador del Partido de los Trabajadores y dos veces presidente de la potencia sudamericana, consideró que el actual mandatario convirtió al Covd-19 en “un arma de destrucción masiva”.
“Estamos entregados a un gobierno que no da valor a la vida y banaliza la muerte. Un gobierno insensible, irresponsable e incompetente, que incumplió las normas de la Organización Mundial de la Salud”, dijo Lula.
El exmandatario, también víctima de un proceso de lawfare orquestado por Sergio Moro y Deltan Dallagnol, ahora ex juez y ex fiscal respectivamente, poco a poco va viendo como se caen causas en su contra. (ver acá)
«Brasil está viviendo uno de los peores periodos de su historia», dice el ex tornero en un tramo de su spot. Y cuestionó que Bolsonaro, excapitán del Ejército, haya subordinando “Brasil a los Estados Unidos de una forma humillante», al permitir que un general brasileño sirva en el Comando Militar Sur y firmar un acuerdo con Donald Trump para que tropas estadounidenses usen la Base Aeroespacial de Alcántara, en el estado de Maranhao.
Lula propone crear un estado de bienestar y la consigna, al menos de este video, es “Un Brasil de todos y para todos”. En el video, subtitulado en portugués, el líder laborista analiza la actualidad del capitalismo, recuerda “una verdad incuestionable, que lo que sustenta al capitalismo no es el capital sino nosotros los trabajadores”. Para rematar, acude a una frase de Víctor Hugo “escrita hace un siglo y medio y que todo trabajador debería llevar escrita en un pedacito de papel para nunca olvidar: Es del infierno de los pobres que está hecho el paraíso de los ricos”.
El Parlasur, la Iglesia Católica, la Unión Europea y otras instituciones internacionales están tratando de calmar las aguas en Bolivia buscando consensos para que se realicen elecciones y de ese modo recuperar la democracia, vulnerada desde el golpe de noviembre del año pasado. El clima social y político en ese país que hace temer un incremento de la violencia por los cortes de carreteras y la amenaza de represión del gobierno, cuando no la posibilidad de que la situación sirva de excusa para una asonada militar en contra del gobierno de facto, una salida que no disgustaría para nada a los sectores de la derecha ideológica y los intereses geopolíticos que forzaron la renuncia de Evo Morales hace nueve meses.
El plan de lucha puesto en marcha el lunes de la semana pasada por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, un conglomerado de movimientos sociales, se planteaba reclamar elecciones en la fecha indicada por la ley votada oportunamente, o sea, el 6 de setiembre. Fue una respuesta a la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de posponer nuevamente el comicio para el 18 de octubre por la pandemia.
Este fin de semana, las organizaciones sindicales aprobaron el levantamiento de los bloqueos de rutas y aceptar la fecha impuesta por el gobierno como una última postergación aceptable. Pero muchos de los movimientos que están en el interior de Bolivia decidieron seguir en los caminos. La consigna en muchos sitios era “renuncia ya” de la mandataria de facto, Jeaninne Añez.
Uno de los temas más ríspidos en este entuerto fue que el TSE había decidido cambiar la fecha de elecciones a pedido del gobierno sin haber enviado una ley al Congreso. Si bien la cuestión era para debate de constitucionalistas, como en las otras convocatorias siempre había sido por ley votada democráticamente, esta movida de la presidencia sonaba a desafío contra los órganos elegidos por la ciudadanía.
En una conferencia de prensa realizada por la dirigencia de COB y el Pacto de Unidad, informaron sobre la decisión de aceptar como fecha de elecciones el 11 de octubre con el agregado de que la legislatura debe dictar una ley respectiva y el gobierno debe cumplir también con los requisitos que garanticen transparencia y respeto por la voluntad popular con el compromiso de todas las fuerzas políticas.
Este martes, la Mesa Directiva del Parlasur mantuvo un encuentro con la jefa de la Misión de Observación Electoral de la UE, la portuguesa Isabel Santos, donde debatieron estrategias para una salida democrática.
Santos, representante del parlamento europeo, señaló que “es muy importante que toda la sociedad boliviana se acerque a un acuerdo y que el proceso sea sencillo, claro, transparente y dentro de la normalidad democrática. Esta es nuestra posición y preocupación”.
“Para nosotros que haya elecciones consensuadas es la única salida para Bolivia. Si podemos colaborar para que efectivamente se vote y que se respete lo que el pueblo ha votado, sería un gran aporte”, dijo luego el argentino Oscar Laborde, presidente del Parlasur.
El escenario en el altiplano no es el más tranquilizador. Así, desde medios internacionales como la CNN entrevistaron al ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo y buscaron convencerlo de sacar al Ejército para despejar las rutas. Murillo, un empresario de la derecha más rancia de esa nación -con un discurso que recuerda a la Guerra Fría- casi que quedó a la izquierda de su interlocutor, aunque no se privó de deslizar que si la cosa seguía así podía desencadenarse una guerra civil.
La preocupación en la conducción del MAS, y particularmente de Evo Morales, refugiado en Buenos Aires, es que los cortes de ruta resulten contraproducentes para la imagen del partido que gobernó Bolivia por 13 años ante la opinión pública de las ciudades. La decisión de la medida de fuerza surgió de asambleas soberanas de los afiliados a la COB y de integrantes de movimientos sociales que no aceptan la prórroga de los comicios y además, reclaman medidas para paliar la crisis económica y sanitaria devenida del Covid-19.
La estrategia oficial es limar en todo lo que sea posible el apoyo de las clases medias al MAS IPSP en las clases medias. La candidatura de Luis Arce y David Choquehuanca tiene una amplia ventaja para ganar en primera vuelta, cada día de demora juega en perjuicio del regreso de esa coalición al gobierno.
El otro plano en que se desarrolla esta contienda es el judicial, y en este ámbito la Fiscalía de La Paz admitió una denuncia contra Morales, el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, y los candidatos Arce y Choquehuanca por los bloqueos. La denuncia es por terrorismo, genocidio, delitos contra la salud pública en el marco de los bloqueos de rutas por presuntamente haber impedido la circulación de alimentos, insumos médicos y ambulancias. Los dirigentes del Pacto de Unidad y la COB rechazaron todas las acusaciones y llamaron a ver todas las filmaciones en las que se aprecia que los cortes no fueron totales sino selectivos.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Pro Derechos Humanos de Bliia y la Red Universitaria de Derechos Humanos, en tanto, presentaron en las Naciones Unidas dos demandas por las masacres de Sacaba y Senkata, entre el 15 y 1 189 de noviembre pasados, contra las primeras manifestaciones de rechazo al golpe.
“La abundante evidencia enviada da cuenta de que tanto en Sacaba como en Senkata, las Fuerzas Armadas y policiales con armamento letal reprimieron protestas que eran contrarias al gobierno de Áñez y en defensa de la wiphala y dejaron un saldo de 21 personas muertas y más de 70 heridas”, dice el texto de la denuncia.
Este jueves Bolivia celebró los 195 años de existencia como país independiente en un contexto de enfrentamiento creciente. Por un lado, el derrocado presidente Evo Morales denunciaba desde su exilio en Buenos Aires que se preparaba un golpe militar para impedir las elecciones. Mientras tanto, el gobierno de facto designaba en la cartera de Planificación a Branko Marinkovic, el rico empresario separatista santacruceño que huyó del país hace diez años acusado de sedición y terrorismo. Los sindicatos nucleados en la COB y movimientos sociales, a su vez, en las últimas horas levantaron el bloqueo en carreteras de todo el país, implementado en reclamo por el regreso de la democracia y aceptaron la postergación de la fecha del comicio para el 18 de octubre.
La medida de fuerza puesta en marcha el lunes pasado por la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad logró paralizar al país, pero al mismo tiempo comprometía la estrategia del “masismo” para encontrar una salida democrática al golpe que entronizó a los sectores más retrógrados de la sociedad boliviana en noviembre pasado.
La COB, por su inacción hace nueve meses, fue clave para la renuncia de Morales y de Álvaro García Linera. Ahora, entendían en cercanías del exmandatario, podía ser la excusa para justificar un golpe dentro del golpe. “Con los bloqueos de rutas perjudican a los pobladores de muchos lugares que pueden ponerse en contra” de lo que según las encuestas sería un triunfo relativamente cómodo de Luis Arce, del MAS-IPSP, sentenciaban en el partido.
Que el gobierno de Jeaninne Añez utilice una argucia basada en la pandemia para postergar una vez más la elección también fue entendida como una forma de buscar que esas diferencias entre actores que integran el bloque de centroizquierda se profundicen. La única posibilidad de que gane la derecha sería con un sector que apoye las transformaciones de estos últimos 13 años vaya dividido.
Desde el Palacio Quemado ya le endilgaron los bloqueos a Morales, que ya había sido acusado de incitar a la violencia. En los piquetes de huelga, en tanto, confiaron a Tiempo Argentino que temían una represión violenta por parte de efectivos militares que en noviembre forzaron la renuncia del gobierno constitucional.
Desde Buenos Aires, no es mucho lo que puede incidir el exlíder cocalero en los dirigentes que votaron por salir a las rutas hace diez días. Pero cada incidente se lo cargarán en la mochila a Evo Morales. Finalmente, el los caminos bolivianos se entendió que lo mejor es despejar y apostar a que las elecciones se desarrollen con las garantías constitucionales.
En un tuit, su ahora habitual medio de difusión, el expresidente dijo el viernes que “se gesta un nuevo golpe de Estado en Bolivia, cuyo plan está a cargo de los generales Ortiz y Orellana. Se intenta instaurar un gobierno de civiles y militares. Con ese fin llegaron dos aviones con armas desde EE.UU. y desplazaron francotiradores a El Alto y Chapare”.
El general Sergio Orellana es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el general Iván Ortiz Bravo, jefe del departamento Tercero del Comando en Jefe. Orellana había presionado públicamente al congreso para que ratificara los ascensos promovidos por Añez. De acuerdo a la Carta Magna, es el Senado el que ratifica las designaciones, cosa que no había ocurrido. Ortiz Bravo, afirma Morales, viene preparando el golpe desde hace meses.
La designación de Marinkovic fue interpretada como una amenaza para cualquier apertura democrática. Pero al mismo tiempo pone en el tapete la gravedad de la crisis de los grupos del poder real boliviano. Podría decirse que el magnate -de origen balcánico y fuerte ligazón con grupos paramilitares que en 2008 quisieron forzar la independencia de la Media Luna del oriente boliviano- tuvo que salir de atrás de bambalinas para hacerse cargo del manejo de las instituciones. Fue nombrado en reemplazo del economista Carlos Melchor Díaz, que renunció alegando razones de salud. Su proyecto, desde el área de Planificación sería el de una Bolivia atendida por sus propios dueños. Que, sin Evo, recuperaron su peso como factor de poder.
Pero el historial de violencia de corte fascista de Marinkovic no es precisamente un galardón institucionalista en los tiempos que vienen. En 2008 lideró el llamado Comité Cívico Pro Santa Cruz, que defendía los intereses de la oligarquía de la Media Luna boliviana, integrada por los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz. Una zona rica en recursos petroleros pero mucho más próspera en las últimas décadas por la explotación de la soja. De hecho, los Marinkovic están ligados a la industria aceitera.
El actual ministro de Planificación fue acusado de haber contratado a veteranos de la Guerra de los Balcanes de los años 90 a través de las conexiones de su familia croata, para desestabilizar a Morales. Esa vez fue clave la intervención de la Unasur, presidida en esa oportunidad por la entonces presidenta chilena Michelle Bachelet.
El organismo regional fue desarticulado ni bien asumieron los gobiernos de la derecha, tras el triunfo de Mauricio Macri en Argentina.
La derecha más rancia
Branko Marinkovic es hijo de un croata y una montenegrina que emigraron a Bolivia en 1954, cuando ambos países integraban la Yugoslavia de Josip Broz, Tito. Nacido en 1967, Branko se recibió de ingeniero electromecánico y en Economía y Finanzas en la Universidad de Texas. Los Marinkovic acumularon una cuantiosa fortuna con establecimientos agrícolas propios y la planta Industrias Oleaginosas, que procesa más de 1500 toneladas diarias de soja. Con intereses muy diversificados, es miembros de una burguesía tan activa como extremista. Uno de los miembros de esa oligarquía, Luis Fernando Camacho, fue el hombre que ingresó a la sede de gobierno nacional de La Paz y se arrodilló frente a una Biblia y una bandera boliviana.
En 2008 esa derecha neofascista fogoneó un movimiento separatista. En una marcha a favor del gobierno nacional, en la localidad de El Porvenir, fueron asesinados 14 pobladores indígenas, en lo que se llamó la Masacre de Pando. Una investigación de Unasur determinó la responsabilidad del prefecto local, Leopoldo Fernández.
Los Marinkovic tienen viejas cuitas con Morales. El Instituto de Reforma Agraria ordenó en 2009 repartir a las comunidades aborígenes la finca Yasminka, unas 12.500 hectáreas usurpadas por la familia por décadas.
El asesinato del mercenario Eduardo Rosza Flores develó la vinculación de Branko y las bandas paramilitares. Buscado por la Justicia, huyó a Brasil en 2010. Regresó a Bolivia el 14 de enero pasado, luego del golpe que ayudó a consolidar. Este jueves, asumió el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Bolivia entra en una semana decisiva para la recuperación de sus instituciones democráticas. Este martes, y a raíz de la amenaza de proscripción del partido mayoritario –el MAS-IPSP de Evo Morales– y la modificación del calendario electoral, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, un colectivo que agrupa a organizaciones sociales, prometen llenar las calles con una masiva movilización en reclamo de elecciones. Es una pulseada por el futuro del país a ocho meses del golpe de Estado que derrocó al mandatario más votado en los últimos comicios, el 20 de octubre de 2019.
Este jueves el Tribunal Supremo Electoral decidió aplazar por otras seis semanas la elección, que por la pandemia de Covid-19 ya había sufrido dos postergaciones. La fecha del 6 de septiembre, votada por la Asamblea, que tiene mayoría del MAS, se pospuso unilateralmente, como no se cansan de resaltar en el entorno de Morales, para el 18 de octubre. Sucede que la convocatoria del 6-S había sido aprobada mediante una ley y de acuerdo a la Constitución: sólo otra ley podría cambiar ese llamamiento.
Unos días antes, la alianza Creemos, que lidera el neofascista Luis Fernando Camacho, presentó una demanda ante TSE para reclamar la inhabilitación del MAS-IPSP con el argumento de que había difundido una encuesta, algo que según afirmaron, está prohibido por la ley electoral.
Un par de cuestiones a tener en cuenta. La derecha anti-Evo no pudo organizar una coalición de unidad para derrotar en las urnas al partido que gobernó durante 14 años y produjo la transformación más importante en la historia boliviana desde su fundación. Los que encabezaron el golpe del 10 de noviembre pasado, Camacho y la actual presidenta de facto, Jeanine Áñez, entre otros, armaron candidaturas propias.
El periodista Carlos Mesa, que ocupó interinamente la presidencia entre 2003 y 2005, y que tiene su base electoral en una clase media urbana de centro, aparece como el segundo con más intención de voto. Nunca hubo acuerdo para ir juntos, sólo estuvieron unidos en su rechazo a los intereses que representa Evo Morales.
Mientras tanto, las políticas puestas en marcha por Áñez fueron un golpe para los bolivianos, y no sólo en sus bolsillos. De modo que el MAS-ISPS mantuvo su caudal de votos e incluso puede superar ampliamente el 50% con la candidatura de Luis Arce, el hombre del milagro económico de esos 14 años virtuosos. “No les podemos dejar el gobierno nuevamente, para eso no dimos el golpe”, es el mensaje claro de Camacho y los grupos fascistoides que lo acompañan.
(Foto: Xinhua)
Así las cosas, el coronavirus desnudó en toda su inhumanidad de qué se tratan los que tomaron el poder. Las cifras son escalofriantes y los medios muestran sin pudor que cada día deben retirar cadáveres de personas que murieron en las calles por falta de atención. Los datos oficiales hablan de cerca de 70 mil contagiados y unos 2500 muertos para un país de 11 millones de habitantes.
La pandemia ya fue excusa para posponer el llamado a elecciones de mayo y ahora también lo es para decir que en septiembre vendrá el pico de contagios. Sin embargo, antes que poner sobre la mesa esa decisión del TSE, el partido de Camacho había demandado a Arce por la supuesta difusión ilegal de encuestas. Algo que de acuerdo a los juristas que asesoran al candidato no corresponde porque hay una ley electoral posterior que no habla de ese tema.
En todo caso, algunos analistas, como el periodista boliviano Jimmy Iturri, varado en Buenos Aires desde principios de año, sostienen que hay una suerte de oferta de negociación: si la Asamblea acepta el cambio de fecha sin protestar, el tribunal cajonea la denuncia de los camachistas.
Para otro conocedor de esos entresijos, como el politólogo Jorge Richter, “al no poder cerrar la Asamblea, la van aislando de todas las decisiones”. La estrategia sería, según explicó al programa Voces del mundo, de AM 770, que “si no pueden frenar el proceso electoral, que la elección se haga entre amigos, es decir, que sólo participen los partidos de la derecha y que se pueda proscribir al MAS”.
Es que hay otro tema no menor. Las listas de candidatos están homologadas para la elección de mayo y no se pueden cambiar sin violar la ley. Podrían bajarse de la candidatura los candidatos con menos intención de voto, pero eso impediría que obtengan alguna banca en el Parlamento. Prorrogar la fecha es ganar tiempo, ante la posibilidad del regreso de los derrocados. El 18 de octubre puede ser un nuevo escalón con el objetivo de ganar tiempo y desgastar al partido de Evo, no una fecha definitiva.
La proscripción sería más conveniente para una «elección entre amigos». La otra opción, que también avizoran en cercanías del ex vicepresidente Álvaro García Linera, es generar las condiciones para barajar y dar de nuevo: modificar las candidaturas oficializadas y, ahí sí, armar una coalición de ultraderecha con posibilidades de ganar y poder gobernar con relativa comodidad.
Así las cosas, desde los sectores que sustentaron la presidencia de Evo Morales, en tanto, se preparan para llenar las calles este martes. La COB y el Pacto de Unidad anunciaron la “Gran marcha nacional” desde Senkata hasta La Paz. “El pueblo exige elecciones porque no se ha atendido las demandas sociales en salud, en educación”, dijo el titular de la central sindical, Juan Carlos Huarach. “Rechazamos este golpe a la democracia, golpe al país, rechazamos la suspensión de las elecciones con chantajes al pueblo, con chantajes a la Asamblea Legislativa”, insistió.
Las cartas están echadas. «
FRASES
«Daremos un golpe a quien queramos, entiende eso…» (Elon Musk — Dueño de Tesla, el auto que anda con baterías de litio, a uno que lo criticó por apoyar el golpe en Bolivia)
«Pretenden que la elección sea entre amigos, que sólo participen los partidos de derecha» (Jorge Richter — Politólogo)
LA CRISIS BOLIVIANA PASO A PASO
Domingo 20/10/2019: Bolivia acude a las urnas para elegir a un nuevo presidente. Evo Morales, primer jefe de Estado indígena, luego de 13 años en el poder, busca un cuarto mandato.
Lunes 21/10: el TSE otorga el 46,4% de los votos al MAS y el 38,16% al expresidente (2003-2005) de derecha Carlos Mesa, quien denuncia fraude, con la complicidad de la OEA.
Miércoles 23/10: Morales denuncia por primera vez que está en marcha un golpe de Estado.
Sábado 2/11: el cruceño Luis Fernando Camacho se erige como el opositor más radicalizado. Llama a «ponerse del lado de la gente» a la policía y FF AA.
Viernes 8/11: unidades policiales se amotinan en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz.
Domingo 10/11: desde Chimoré, ante la presión de la OEA, Morales anuncia por la mañana que convocará a «nuevas elecciones». Por la noche renuncia.
Martes 12/11: asume Jeanine Áñez Chávez como presidenta.
Jueves 12/12: Evo llega a la Argentina en calidad de refugiado, tras su paso por México.
Viernes 3/1/2020: El TSE llama a elecciones nacionales para el 3 de mayo, pero luego el Ejecutivo las suspende por la pandemia.
Martes 17/3: se fijó la fecha del 6 de septiembre.
Viernes 23/7: Áñez volvió a postergarlas, sin la participación de la Asamblea Legislativa. El TSE fijó como fecha el 18 de octubre.
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