por Alberto López Girondo | Ago 28, 2018 | Sin categoría
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre Canadá, Estados Unidos y México, fue el primer escalón de lo que George Bush padre pergeñó como un plan para crear una suerte de Mercado Común Americano (en el sentido de Monroe) por todo el continente. Cuando se puso en marcha, en 1994, gobernaba Bill Clinton, y debía entrar en vigencia en 2005, en la cumbre de las Américas de Mar del Plata. Pero el proyecto del ALCA chocó con un grupo de presidentes rebeldes como Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula da Silva, que promovieron su rechazo ante el propio rostro de Bush hijo. Ahora, Donald Trump logró sepultar al más conocido por estas tierras como Nafta, por las siglas en ingles de TLCAN, y ya firmó un convenio bilateral con México que ahora espera que logre la adhesión de Canadá bajo nuevas propuestas y que tendrá una duración de 16 años, revisable cada seis.
Como se recuerda, Trump pateó el tablero de los acuerdos que las sucesivas administraciones presidenciales estadounidenses venían elaborando con el resto del mundo en las últimas cuatro de siglo. Lo primero fue el TPP (Tratado TransPacífico) y lo siguió con los de París, sobre cambio climático.Era esperable que ni bien asumiera y comenzara a romper con los otros tratados internacionales, el Nafta también caería tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
México formó parte de las «preocupaciones» del empresario desde su campaña para las primaras republicanas y luego tuvo una profundización del mensaje en la presidencial de 2016. Malamente resumido, el discurso fue que los mexicanos iban a EEUU a robar y por lo tanto dijo que iba a elevar un muro en la extensa frontera entre ambas naciones, que cubre unos 3200 kilómetros. «Y la van a pagar ellos», amenazó.
Enrique Peña Nieto, el actual mandatario mexicano, soportó en los primeros meses varios gestos de desprecio de Trump que no torcieron su impavidez habitual, y siempre se ofreció a negociar. La economía mexicana es tan dependiente de la estadounidense que no da para bravuconadas, si es que EPN tuviera algún rasgo de orgullo y determinación personal en ese sentido.
Pero al sur del Río Bravo «pasaron cosas» y en julio pasado ganó la elección un candidato mal visto tradicionalmente para el establishment de los dos países, Andrés Manuel López Obrador. Trump aceleró las negociaciones y tras la primera conversación entre el estadounidense y AMLO llegaron a establecer las bases para una reforma del Nafta que sirviera de punto de partida para la relación que desde el 1 de diciembre, cuando se produzca el recambio presidencial en el país azteca, deberán tener por esa cuestión de la vecindad, al menos.
Es así que el negociador mexicano, el canciller Luis Videgaray, se reunió con uno de los principales consejeros de Trump en el área económica, Larry Kudlow y fueron acercando posiciones. Fue un buen tanteo para lo que se avecina y un buen punto de partida para el sexenio AMLO.Este lunes en México y en Washington se anunció la firma de un acuerdo bipartito para reemplazar al Nafta. Trump dijo que le quería cambiar el nombre, incluso, porque «trae recuerdos malos para los trabajadores estadounidenses».
«Solían llamarlo Nafta. Nosotros lo vamos a llamar Acuerdo Comercial Estados Unidos-México. Nos desharemos del nombre Nafta», dijo el presidente desde el Salón Oval. «Es un gran día para el comercio», aseguró a continuación, y tendió lazos con el vecino del norte, al que esperan sumar en algunas semanas, aunque sería como un reunión con el menú elegido de antemano.
Lo que establece el nuevo acuerdo Mexico-EEUU se puede resumir en un par de cuestiones de peso determinante para el futuro: no menos del 75% de los automóviles fabricados en esa región deberán tener componentes locales (hasta ahora era el 62,5%). Y entre el 40 y el 45% de los vehículos deben ser elaborados en plantas que paguen no menos de 16 dólares la hora.
Esto es casi cuatro veces más de lo que un obrero gana en México. La medida es una forma de evitar la deslocalización de fábricas hacia mercados más baratos. Y una manera indirecta de lograr aumentos para los trabajadores mexicanos, si es que los empresarios prefieren aumentar los salarios para no cerrar las puertas.
Por otro lado, el acuerdo tendrá una duración de 16 años pero cada seis años (con el cambio de gobierno en México) podrá ser revisado.
«Para México es fundamental que Canadá pueda estar en la negociación. Sin embargo, hay variables que no controlamos, como las decisiones del gobierno canadiense o el estado de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos», dijo Videgaray tras el anuncio. El ministro de Relaciones Exteriores mexicano alabó el rol que tuvo el negociador de AMLO, Jesús Seade, un economista que cuenta con la aprobación del establishment.
López Obrador dijo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que el acuerdo había sido un logro ya que se consiguió que Trump escuchara y aceptara respetar la soberanía del país en materia energética. Como parte del tratado, además, quedó establecido que el muro no lo pagarán los mexicanos.
Tiempo Argentino, 28 de Agosto de 2018
por Alberto López Girondo | Jul 3, 2018 | Sin categoría
El gobierno Donald Trump intensifica la guerra comercial con China y recomendó impedir el desembarco en ese mercado de la mayor proveedora del mundo de telefonía celular bajo el argumento de que puede atentar contra la seguridad nacional. No se sabe aún cuál será la respuesta de las autoridades asiáticas, que ante las primeras amenazas de imponer aranceles a los productos chinos respondieron con una proporción similar de impuesto a los importados de Estados Unidos. Pero de palabra alertaron sobre lo que consideran «un retorno a los argumentos de la Guerra Fría».
China Mobile tiene nada menos que 900 millones de usuarios, en su mayoría dentro del territorio chino, pero cuenta con filiales en Pakistán y Myanmar. Es un desprendimiento de China Telecom, que era la telefónica más grande de ese país. Fue en los años 90, en plena explosión tecnológica, que el gobierno decidió subirse el tren y abrió el juego para tres compañías que encabezarían el despegue chino en el área de comunicaciones: la celular sería China Mobile, la satelital China Satcom. La telefonía fija sigue como China Telecom.
El 70 % del mercado chino está en manos de CMCC (China Mobile Communiations Corporation), donde tiene casi medio millón de empleados y un valor bursátil que supera los 230 mil millones de dólares.
El crecimiento de CMCC fue vertiginoso desde que comenzó a rodar, en 1999, en gran medida porque apostó a cubrir el área rural, que no contaba con otros servicios telefónicos y no tardó casi nada en incorporarse a la comunicación como un emblema de progreso. Lo mismo ocurrió en el resto del planeta, pero China tiene 1300 millones de habitantes, algo más de la mitad de ellos viviendo en el campo.
El lanzamiento de la empresa le dio cauce para aprovechar ese nicho como no lo pudo hacer ninguna otra compañía. Por otro lado, recién en 2005 hubo una apertura a proveedoras de otros países, aunque siempre con la condición que estipula la ley de inversiones extranjeras de esa nación, de que deban asociarse con firmar locales.
El paquete accionario de CMCC pertenece mayoritariamente al gobierno chino aunque un porcentaje cercano al 20% está en manos de accionistas particulares. El gigante de las comunicaciones cotiza en la bolsa de Hong Kong y el pedido de autorización para ingresar al mercado estadounidense fue presentado en 2011. Desde entonces estuvo a la espera de una resolución.
Con la llegada de Trump al gobierno, fue creciendo el enfrentamiento comercial con China. Y al anuncio de aranceles a productos elaborados en el gigante asiático -con el argumento de equilibrar la balanza comercial- se sumó la denegación de permisos vender insumos esenciales a empresas ubicadas del otro lado del Pacífico por razones políticas.
Hace un mes, Washington multó a ZTE, otro enorme conglomerado industrial chino, por haber dado falsas declaraciones para ocultar ventas ilegales a Irán y Corea del Norte. El castigo consistió en una fuerte multa de 1200 millones de dólares y la prohibición de que empresas estadounidenses puedan vender piezas claves y componentes de software por 7 años. ZTE reconoció su falta y aceptó pagar la multa, pero todavía su caso está en estudio.
La última batalla de esta confrontación, que a decir verdad había dado comienzo en la era Barack Obama al demorar el permiso, es este bloqueo que con mucho gusto presidencial se acaba de dar a conocer.
David Redl, titular de Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) de la Secretaría de Comercio de EEUU, dice que hubo reuniones con directivos de CMCC para tratar de “las preocupaciones sobre riesgos mayores a los intereses del orden público y de seguridad nacional de Estados Unidos”, que no se pudieron resolver.
El paso posterior de Redl fue recomendar que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), dominada por los republicanos, deniegue la solicitud para ofrecer sus servicios en Estados Unidos.
Según la NTIA, el rechazo se basa en un profundo análisis de las actividades comerciales de la operadora telefónica y «en gran parte en el historial de actividades de inteligencia y espionaje económico de China contra Estados Unidos, así como el tamaño y los recursos técnicos y financieros de China Mobile».
El dato llamativo es que luego de siete años de estudio, llegan a la conclusión de que la empresa está «sujeta a explotación, influencia y control por el Gobierno chino», algo que podrían haber averiguado en la presentación de la firma a las bolsas. En todo caso, ese descubrimiento sirve para hablar de los»riesgos sustanciales e inaceptables a la seguridad nacional y al imperio de la ley en el ámbito actual».
Ahora resta esperar la respuesta de la FCC.
Tiempo Argentino, 3 de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jun 28, 2018 | Sin categoría
La renuncia del juez supremo Anthony Kennedy a partir del 31 de julio desató una feroz campaña en Estados Unidos para torcer el rumbo de lo que parece inevitable, y es que a Donald Trump le llovió del cielo la ocasión de formatear la Suprema Corte hacia la derecha extrema, poniendo en riesgo incluso la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario.
No es que Kennedy sea precisamente un progresista, más bien es considerado un conservador moderado que llegó a ese estrado de la mano de Ronald Reagan en 1988, pero acompañó iniciativas como esas que ahora corren peligro, según se apuraron a denunciar entre otros la senadora demócrata Elisabeth Warren. La mujer era la candidata in péctore de Barack Obama para un cargo en la corte en 2016 cuando murió Antonin Scalia, aunque luego el mandatario envió el pliego de Merrick Garland.
El dato que irrita a los demócratas es que esa vez los republicanos bloquearon la designación de Garland argumentando que era un año electoral. Ahora el retiro de Kennedy -que tiene 81 años y dice que quiere pasar más tiempo con su familia- también se produce en un año de elecciones, aunque de medio término. No creen que Trump vaya a devolver la gentileza.
Ni bien se supo que Kennedy se acogerá a la jubilación, la dirigencia de ambos partidos comenzó a diseñar estrategias para elegir candidato. Entre los demócratas, uno de los primeros en alzar la voz fue el ex presidente Joe Biden, quien consideró que «muchos de nuestros derechos, libertades y libertades fundamentales, y el estado de derecho, están en riesgo» y exigió un candidato de consenso.
Warren, demócrata por Massachusetts, indicó que “la gene de todo el país está preocupada y tiene razón en preocuparse”. Desde un tuit mostró un video donde advierte que “el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su propio cuerpo está en riesgo” y agregó que también están en riesgo la igualdad de derechos y el matrimonio igualitario. Por otro lado, la lideresa del ala izquierda de los demócratas entiende que incluso el medio ambiente puede verse afectado si Trump logra imponer un juez negacionista del cambio climático.
En apoyo de Warren, quien suena para postularse a las presidenciales del 2020, la senadora por Nueva York KirstenGillibrandpiensa que el retiro de Kennedy llevó a una situación en que «las vidas de las mujeres están en riesgo». Y se preguntó si, en caso de que Trump se salga con la suya, “vamos a arrestar mujeres por tomar decisiones sobre sus cuerpos».
Pero los republicanos están firmes para que el cargo se renueve antes del otoño boreal, y saben que tienen cartas ganadoras. Controlan 51 bancas en el Senado contra 49 de los demócratas y además aprobaron una modificación en las reglas de la Cámara que permite un voto de mayoría simple para las confirmaciones de propuestas presidenciales.
El de Kennedy fue un voto clave para mantener la vigencia del llamado caso Roe vs Wade, de 1973, que por un fallo de 7 a 2 despenalizó el aborto inducido. Se trata de un proceso que llegó a la Corte de entonces y que involucró a Norma McCorvey, identificada legalmente como Jane Roe, contra Henry Wade, que era fiscal de distrito de Dallas, Texas. La mujer declaró que estaba embarazada producto de una violación. Finalmente, el tribunal falló que la ley que castiga al aborto viola el derecho constitucional a la privacidad que contempla la 14ª enmienda constitucional. A raíz de este dictamen debieron ser modificadas leyes federales y estatales.
Kennedy fue el voto que se necesitaba para evitar repetidos intentos por tirar por tierra con el caso Roe-Wade. También lo fue en 2015 para que se aprobara el matrimonio igualitario. Justo es decirlo, también su voto favorable permitió un fallo del martes que impide a los sindicatos estatales cobrar un canon a los trabajadores estatales no afiliados por el gasto que insume la tarea de negociar salarios y condiciones de trabajo con los representantes estatales. Fue su último regalo al presidente Trump.
El riesgo de que el aborto vuelva a ser castigado no se basa en una actitud paranoica de las legisladoras y los grupos en defensa de los derechos civiles que se les sumaron en las últimas horas. En realidad, según señala Dylan Matthews en el portal www.vox.com basado en un estudio del Instituto Guttmacher, en 29 de los 50 estados la tendencia es regresar a la prohibición y cualquier señal favorable desde la corte dispararía iniciativas parlamentarias o simplemente ejecutivas. Es que todavía persisten las prohibiciones o hay leyes que expresan la intención de restringir ese derecho.De allí que la estrategia de los grupos prohibicionistas, ligados a las iglesias cristianas (evangélicas o católicas), no vaya a una confrontación directa sino que se plantea avanzar con leyes locales que se saben que tras previsibles planteos de inconstitucionalidad, en algún momento terminen en l Corte Suprema que de un plumazo podría borrar esa conquista. Si es que el sucesor de Kennedy, como se temen, saldrá de las mismas huestes que Neil M. Gorsuch, el ultramontano que en 2017 tomó el puesto vacante de Scalia. De allí que la estrategia de los grupos prohibicionistas, ligados a las iglesias cristianas (evangélicas o católicas), no vaya a una confrontación directa sino que se plantea avanzar con leyes locales que se saben que tras previsibles planteos de inconstitucionalidad, en algún momento terminen en l Corte Suprema que de un plumazo podría borrar esa conquista. Si es que el sucesor de Kennedy, como se temen, saldrá de las mismas huestes que Neil M. Gorsuch, el ultramontano que en 2017 tomó el puesto vacante de Scalia.
Tiempo Argentino, 28 de Junio de 2018
por Alberto López Girondo | Jun 27, 2018 | Sin categoría
La Corte Suprema de Estados Unidos, con mayoría conservadora, le dio otro gusto a Donald Trump al emitir un fallo en que considera que los aportes gremiales obligatorios son inconstitucionales. Si bien el caso afecta directamente a los colectivos de empleados públicos, la decisión implica jurisprudencia hacia el resto de las organizaciones gremiales. El caso en realidad falla sobre el derecho de los sindicatos a cobrar una cuota a los afiliados cuando se realiza una negociación salarial.
Trump celebró la medida porque, chicaneó desde un tuit, la decisión del tribunal es «a favor de los trabajadores no sindicalizados que ahora, por ejemplo, pueden apoyar a un candidato de su elección sin que los que controlan el gremio decidan por ellos», lo que para el presidente, es una «¡Gran pérdida para la caja de los Demócratas!». Sin embargo, los más directos perjudicados son los sindicatos, que de golpe pierden, según un estudio independiente publicado por la cadena NBC News, 726.000 miembros aportantes.
Así lo indicó Randy Clover en declaraciones a The New York Times en que puntualiza que la intención de los demandantes es «destruir a los sindicatos y la protección que brindan a sus miembros». Lo destacable de Clover es que no se trata de un dirigente demócrata, sino de un líder republicano que votó a Doland Trump en la última elección.
El fallo obedece a reclamos de grupos libertarios de los que se hizo eco el gobernador de Illinois, el republicano Bruce Rauner en su propio estado. El mandatario no fue aceptado en la demanda, pero sí un trabajador público, Mark Janus, que dijo que el requisito de pagar las cuotas era violatorio de su libertad de asociación.
Los representantes sindicales, por su parte, alegan que mantener la estructura de los gremios y hacerse cargo de negociaciones con los diferentes estamentos por aumentos salariales o condiciones laborales implica una erogación de las que se harían cargo solo los afiliados, pero cuyas ventajas disfrutan eventualmente todos los involucrados. Esta ventaja es conocida en los corrillos laboralistas como el caso de los «jinetes libres», trabajadores que reciben los beneficios de un acuerdo sindical sin pagar por él.
Para el argumento «libertario», los trabajadores no sindicalizados que estén obligados a pagar, pierden su derecho de libre expresión ya que subvencionan actividades políticas del gremio con las que no necesariamente están de acuerdo. Una respuesta podría ser, bajo la misma concepción ideológica, que en ese caso no deberían recibir los mismos incrementos que sus colegas afiliados.
Esta corte es una de las más conservadoras en la historia de Estados Unidos. La muerte de Antonin Scalia, en febrero de 2016, pudo haber cambiado la balanza porque en ese momento Barack Obama era presidente y a él le tocaba proponer un reemplazante.
Su candidato era Merrick Garlan, considerado un moderado, pero -al igual que ocurrió en Argentina en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la oposición se negó a aprobar pliegos del oficialismo en el máximo tribunal- los republicanos dijeron que correspondía esperar ya que estaban en pleno año electoral. Fue así que entre las primeras medidas de Donald Trump estuvo la designación de Neil Gorsuch, de 50 años, al que catalogan de «originalista»; esto es, que interpreta la Constitución según la intención que tuvieron quienes la redactaron.
De hecho, el caso de los aportes de no sindicalizados se arrastra desde hace dos años pero el deceso de Scalia dejó el fallo 4 a 4. El desempate lo produjo Gorsuch. El fallo revoca una decisión de 1977sobre un reclamo de un particular contra la Junta de Educación de Detroit. En ese momento, el argumento fue que si bien obligar a pagar actividades políticas de un gremio es violatorio de la primera enmienda constitucional, se aceptó que es legítimo exigir a los no miembros a colaborar en el pago de los esfuerzos de negociación colectiva y eludir de ese modo a «aprovechadores» (freeloaders)y también asegurar «la paz laboral».
El dictamen final profundiza la línea de 1977, acerca de que que exigir pagos sería violatorio de la Primera Enmienda, que establece una amplia libertad de expresión, religión y de prensa. Pero le quita el otro aditamento económico y como corolario, impide que un sindicato exija pagos por sus servicios a los no afiliados. «Obliga a los trabajadores no agremiados a respaldar mensajes que podrían estar en desacuerdo con sus creencias», dice uno de los magistrados. El del juez Samual Aito, especifica que «ni el estado ni los sindicatos pueden extraer «honorarios de agencia», como se denomina al cobro por el servicio laboral a los no agremiados.
En disidencia, la jueza Elena Kagan, señaló en cambio que una posición como la establecida por este tribunal termina con «una práctica arraigada en el derecho y la economía de la Nación por más de 40 años y en consecuencia impide al pueblo estadounidense tomar decisiones importantes sobre la gestión en el lugar de trabajo. Y lo hace extremando la primera enmienda que libera a los jueces, actuales y futuros, para intervenir en la política económica y regulatoria».Analistas como Adam Liptak, en The New York Times, opinan que es una forma de bloquear fondos para la tarea gremial aunque, señala, los trabajadores sindicalizados son apenas el 6,5% de los empleados en el sector privado , mucho menos de los que representan los trabajadores estatales, que es el colectivo directamente implicado en la sentencia.. Analistas como Adam Liptak, en The New York Times, opinan que es una forma de bloquear fondos para la tarea gremial aunque, señala, los trabajadores sindicalizados son apenas el 6,5% de los empleados en el sector privado , mucho menos de los que representan los trabajadores estatales, que es el colectivo directamente implicado en la sentencia..
Tiempo Argentino, 27 de Junio de 2018
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