Daniel Ellsberg fue el primero en una larga lista de personalidades en la administración pública estadounidense que sacaron a la luz el modo en que los distintos gobiernos manipulan y ocultan las ignominias que cometen en nombre de la libertad y la democracia. Asentados en un ideal de defensa de los derechos civiles, arriesgan hasta sus vidas para que eso que está en las sombra sea conocido por el público. Ellsberg era analista de Rand Corporation en tiempos de Lyndon Johnson y reveló en 1972 miles de documentos que probaban las mentiras de la Casa Blanca sobre la Guerra de Vietnam. Quienes vieron la película The Post, dirigida por Steven Spielberg y estrenada el año pasado, conocen el caso. Ellsberg, a los 88 años, sigue siendo un emblema, y desde ese lugar considera a Chelsea Manning como una heroína estadounidense. «A sabiendas, arriesgó su libertad por decir la verdad. La admiro por lo que está haciendo, arriesgando y soportando en este momento».
Manning había pasado siete años en prisión tras la publicación, en julio de 2010, de cientos de miles de documentos secretos de las Fuerzas Armadas de EEUU a través de Wikileaks, en los que se mostraban todo tipo de atrocidades en Irak y Afganistán, pero también en la base de Guantánamo, una cárcel ilegal donde se hacinan presos sin sentencia padeciendo las peores condiciones de detención. Bradley Manning, como se llamaba entonces, había sido encontrado como la fuente que envió ese comprometedor material a la plataforma creada por Julian Assange en 2006.
El documento más escandaloso fue un video sobre el fusilamiento desde dos helicópteros de un grupo de personas que se habían concentrado en una zona abierta de Bagdad, al-Amin al-Thaniyah,en julio de 2010. La secuencia muestra la conversación entre los pilotos y la decisión de atacar, a pesar de que las 12 personas que aparecen en la imagen estaban desarmadas. Los helicópteros Apache recibieron la orden de abrir fuego, incluso sobre una camioneta que fue a buscar a los heridos. Entre los muertos figuran Saeed Chmagh y Namir Noor-Eldeen, dos periodistas recién contratados por la agencia periodística Reuters.
Acá se puede ver el video, en traducción que hizo en su momento la TV Pública argentina.
El inquilino de la Casa Blanca era Barack Obama, que había asumido un año antes con la promesa de terminar con las dos guerras de ocupación. La respuesta ante el caso fue feroz: Mannig terminó en prisión bajo la amenaza de ser condenado a muerte.
En total aislamiento, tuvo dos intentos de suicidio, mientras afuera organismos de derechos humanos reclamaban por el trato inhumano que recibía. Estando entre rejas asumió su condición de mujer, pero de todas maneras siguió siendo considerada como hombre, aunque finalmente aceptaron que le hicieran una operación de cambo de sexo. Antes de dejar el gobierno, en enero de 2017, Obama la indultó, tras casi siete años de detención.
Manning se ocupó de hablar de Obama en esos tiempos. «Para llevar del legado de @BarackObama: lo que necesitamos es un progresivo apologético #un fuerte para guiarnos». Allí mostraba una columna escrita para el diario británico The Guardian en la que consideraba que el legado de Barack Obama «es una advertencia en contra de no ser lo suficientemente audaz». Como quien reclama por no haber cumplido con sus promesas de paz, por la que el presidente había recibido en 2009 el Premio Nobel.
De allí la brutal respuesta de Donald Trump. «Ingrata TRAIDORA Chelsea Manning, quien nunca debería haber salido de la cárcel, ahora está llamando al presidente Obama un líder débil», tuiteó una semana después de jurar su cargo.
En marzo pasado, la situación de Chelsea se agravó. El juez Claude Hilton, del Tribunal del Distrito Federal en el Distrito Este de Virginia, ordenó su detención el 7 de marzo luego de que la joven, de 31 años, se negara a declarar ante el gran jurado acerca de su relación con Wikileaks.
Bajo condiciones de estricto aislamiento que formalmente se denominan «segregación administrativa», pasó 22 horas de cada uno de los primeros 28 días en Centro de Detención de Adultos William G. Truesdale en Alexandria, Virginia, sin contacto alguno con otro ser humano.
El 4 de abril, en la cuenta de Twitter de Chelesa se publicó: «ACTUALIZACIÓN: Después de 28 días en la llamada «segregación administrativa» (confinamiento solitario), Chelsea finalmente se ha trasladado a la población general en el Centro de Detención de Truesdale»
Su detención, según el juez, es hasta que se decida a hablar. Pero Chelsea dijo en un comunicado: «No participaré en un proceso secreto al que moralmente me opongo, particularmente uno que ha sido históricamente usado para atrapar y perseguir activistas por un discurso político protegido». Y dijo que se atiene a lo ya declarado en 2010.
En vista de lo que ocurrió con Assange, no solo es entendible que quisiera mantener el silencio. Incluso puede pensarse que ya estaba al tanto de como habían caído las fichas para el informático australiano.
La suerte de Julian Assange parece estar sellada, aunque por ahora Lenín Moreno no pasó de amenazas de expulsarlo de la embajada ecuatoriana en Londres donde el creador de WikiLeaks se asiló en 2012 para no ser extraditado a Estados Unidos. Assange estaba en la lista de enemigos del gobierno de Barack Obama, luego de haber difundido documentación secreta sobre las atrocidades cometidas por tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. WikiLeaks aparece en el centro de la ojeriza del presidente de Ecuador, que asegura que le hackearon sus equipos informáticos. El mar de fondo es sin embargo la revelación de datos sobre inversiones atribuidas a Moreno y su familia en oscuras firmas offshore.
Moreno, bendecido como sucesor de su proyecto político por Rafael Correa, ni bien asumió en el Palacio de Carondelet mostró que su rumbo iba en un camino diametralmente opuesto. Y desde el primer día en su cargo comenzó a cuestionar la presencia de Assange en la sede diplomática ecuatoriana. «Esa cuestión marcó ya en los albores la intención de diferenciarse de Correa en su política exterior», considera Diego Dieguez Ontiveros, asesor jurídico de Correa y especialista en Derecho Internacional.
La ofensiva contra Assange marcha paralela a las difusión de lo que Correa bautizó como INAPapers, un escándalo que involucra al hermano del presidente, Edwin Moreno Garcés en la constitución de una empresa offshore, Ina Investment Corp. a la que se habría derivado dinero de coimas de empresas constructoras a través del supuesto testaferro del mandatario, Xavier Macías Carmignani.
Los documentos presentados en ese portal, avalado y profusamente citado por Correa, probarían que los hermanos Lenín y Edwin Moreno Garcé; la primera dama Rocío González Navas y su hermana Guisella; su íntimo amigo Macías Carmignani, la esposa de este, María Herdoiza Patiño junto con el exembajador de Panamá en México, Ricardo Alemán Alfaro y un puñado de abogados constituyeron un holding de sociedades fantasmas para birlar dinero fruto de delitos económicos.
Legalmente, hay documentación que mostraría al presidente alejándose de la firma en marzo de 2016, pero el sitio presenta mails y capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp con los que se podría probar que es una cobertura destinada a ocultar que el mandatario ecuatoriano sigue estando en el entramado de negocios de INA, entre ellos la compra de un lujoso departamento en Alicante, España.
Para rematar la investigación, destacan que el nombre del grupo deriva de los de las hijas de Lenín Moreno y Rocío González: Irina, Carina y Cristina.
En los primeros días, el gobierno mantuvo el silencio. Pero a medida que el caso crecía en las redes, Moreno se indignó en un video en el que denunció que habían hackeado teléfonos de su familia y dispositivos informáticos y se difundieron escenas de su vida privada. «Cuando tienes intimidad en el hogar, estás comiendo algo, bailando, no quieres que eso se difunda, a menos que sea tu voluntad», señaló.
Y acusó, genéricamente, a «quienes se llevaron miles de millones de dólares en la década pasada, pero no me van a amedrentar (pero) no me van a atemorizar, seguiré con la lucha implacable contra la corrupción».
Lo que no aclaró es que él mismo integró ese gobierno, como vicepresidente, entre 2007 y 2013.
De allí a poner otra vez en el tapete al activista australiano hay un paso. «Ya demasiadas veces el señor Assange ha redundado en sus violaciones al acuerdo que llegamos con él y con su procuraduría jurídica», adujo Moreno. «No es que no pueda hablar libremente, no es que no pueda expresarse libremente, pero no puede mentir y, peor todavía, hackear o meterse en las cuentas o en los teléfonos privados.» «El asilo a Assange ponía a Ecuador a la vanguardia de las garantías que se manejan en Derecho Internacional, protegiendo a uno de los principales denunciantes en materia de transparencia pública y privada», destaca Dieguez Ontiveros, quien no descarta que Moreno cumpla la amenaza de dejar al activista en la calle, con lo que cuando menos, terminaría en prisión por violar secretos militares de Estados Unidos. «
Una fiscalía a medida
Una de cal y otra de arena. Rafael Correa se alentó por el resultado de las elecciones municipales del 24 de marzo pasado, donde sus seguidores ganaron en las prefecturas de Pichincha, cuya capital es Quito, y Manabí (en el oeste del país), mientras que en Guayas (al suroeste) quedaron segundos. A nivel nacional obtuvieron el 12,5% de los votos, en un contexto totalmente adverso. «Ni yo mismo me lo creo, logramos lo imposible. Hasta hace tres meses no teníamos siquiera un partido político para participar. Nos robaron Alianza País de forma absolutamente arbitraria», argumentó.
Pero lamentó la designación de Diana Salazar como nueva fiscal general del Estado. «Es otra muestra más de la inconstitucionalidad que se vive en Ecuador», resumió. La fiscal saliente, Ruth Palacios, que era subrogante desde noviembre, llamó a una rueda de prensa para defender su gestión, en la que, entre otras cosas, archivó una denuncia contra Correa y abrió una contra Lenín Moreno.
El cargo estaba vacante desde que Carlos Bladimir Baca fue destituido en abril del año pasado. Designado en 2017, tenía mandato hasta el año 2023, sin embargo, la Asamblea Nacional del Ecuador lo sometió a juicio político a pedido del gobierno.
La nueva fiscal participó en la investigación del caso Fifagate, que llevó a prisión el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Luis Chiriboga. Luego, dirigió la pesquisa por la relación del ex vicepresidente Jorge Glas, actualmente preso, con la constructora brasileña Odebrecht.
Yuri Lutsenko descolló en lo que se conoció como la Revolución Naranja, aquella revuelta de fines de 2004, antecedente del Euromaidán, que diez años después terminó por convertir a Ucrania en un polvorín. El actual procurador general de esa Nación fue, junto con Yulia Timoshenko, uno de los líderes de las luchas contra la dirigencia ligada la época soviética. Ahora desde Kiev le tiende una mano a Donald Trump en la causa por injerencia extranjera en las elecciones de 2016, mediante una investigación que sin embargo complica a la Embajada de Estados Unidos en una maniobra de ocultamiento de pruebas. Todo esto cuando falta una semana para unas elecciones presidenciales atravesadas por un conflicto irresuelto con Rusia en las regiones de Donbass y Lugansk y el reclamo por la soberanía sobre Crimea.
Lutsenko, de 54 años, enfrentó al pro ruso Viktor Yanukovich, el presidente depuesto en 2014, y pasó tres años preso entre 2010 y 2013 en una causa por malversación de fondos públicos y abuso de poder cuando fue ministro del Interior, en 2005. Timoshenko también estuvo entre rejas por ese entonces en lo que se catalogó como una persecución política.
Desde mayo de 2016, bajo la presidencia de Petró Poroshenko, Lutsenko es fiscal general de Ucrania. Por esa época, el estadounidense Paul Manafort participaba en el equipo de campaña de Trump. Pero el consultor y experto en marketing político tuvo que renunciar cuando salió a la luz que había sido lobbista de Yanukovich en los países occidentales. Si bien había estado contratado por algunos personajes poco recomendables como el filipino Ferdinando Marcos o el congolés Mobutu Sesé Seko, el caso del ucraniano pegaba de lleno en el entorno de Trump, porque Hillary Clinton elevó las sospechas sobre presuntos espías rusos en el hackeo de los servidores donde tenían mails e información privada.
Ni bien asumió su cargo, Trump debió enfrentar una investigación del FBI por esa cuestión y todavía está contra las cuerdas. Manafort, en tanto, fue acusado por el FBI de conspiración contra EEUU, fraude fiscal y lavado de dinero. Hizo un arreglo con el fiscal y se declaró culpable de dos cargos criminales y purga una condena de siete años.
En explosivas declaraciones a The Hill, un medio muy influyente en Washington que dirige el periodista Bob Cusack, Lutsenko reveló que investiga filtraciones de los agentes ucranianos a la Embajada de EE UU de la gestión de Barack Obama sobre registros financieros de Manafort. Fueron claves para la renuncia del especialista y también para esta temporada en las sombras.
Esta pesquisa habla de injerencia exterior en las elecciones estadounidenses de 2016, pero en favor de Hillary.
Todo se inició a partir de una grabación de un parlamentario ucraniano,,, donde quedaría claro que la filtración fue parte de una suerte de «acto de campaña» para favorecer los intereses de la candidata demócrata. Conviene aclarar que en realidad Hillary Rodham Clinton obtuvo casi 3 millones de votos más que Trump en las urnas pero perdió en el colegio electoral.
Lo que causó más escándalo es que según Lutsenko, la embajadora designada por Trump, Marie Yovanovitch, le entregó una lista de personas que no deberá investigar.
Una característica de esta era es que los voceros de Washington no edulcoran sus verdaderos objetivos acerca de América Latina. Esto es evidente en la embestida que se inició el 23 de enero contra el gobierno venezolano tras reconocer al autodesignado presidente interino Juan Guaidó. Pero la historia viene de antes. Barack Obama ganó la elección de 2008 con un mensaje de cambio en la política exterior de su país. Eso le granjeó el Premio Nobel de la Paz de 2009, no por lo que hizo, sino por lo que prometía hacer. Al sur del río Bravo se entendió que vendrían tiempos de respeto mutuo tras el No al ALCA de 2005. Pronto se vio que en la Casa Blanca había otro collar, pero el perro era el mismo. La mano del departamento de Estado –a cargo de Hillary Clinton– en el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras fue inocultable, aunque el mensaje desde el Salón Oval fue de sorpresa y prescindencia. En 2013 el nuevo canciller, John Kelly, ya no tuvo tanto celo en decir que «el hemisferio occidental (como se nombra al continente en los documentos oficiales) es nuestro patio trasero y es de vital importancia para nosotros». Ya había sido destituido Fernando Lugo en Paraguay, habían muerto Néstor Kirchner y Hugo Chávez, y Jorge Bergoglio se había convertido en el papa Francisco. Volvía la Doctrina Monroe. Cierto que Obama restableció relaciones con Cuba, en diciembre de 2014, pero el 9 de marzo de 2015 emitió un decreto que declara una «emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por la situación en Venezuela». Los ataques contra el gobierno bolivariano nacieron al mismo tiempo que Chávez asumió el poder, hace 20 años, y se potenciaron cuando Donald Trump llegó al Salón Oval. Si en algo coincidieron los últimos mandatarios estadounidenses, es en su propósito de destruir al chavismo. Solo que ahora, con el respaldo de gobiernos regionales de derecha, los planes son mucho más explícitos. No es una elucubración, lo dicen con todas las letras. Trump grabó un video durante la ofensiva final contra Muammar Khadafi, en 2011, que planteaba: «Debimos decirles a los rebeldes (libios) que los ayudaremos, pero queremos el 50% de su petróleo». En la Casa Blanca nombró a los halcones que tuvieron su «bautismo de fuego» en los 70. También endureció sanciones contra Venezuela y contra Cuba, a pesar de que Obama había reconocido el fracaso de los castigos impuestos a la isla desde 1962. En enero, John Bolton, asesor en seguridad nacional –el cargo que Henry Kissinger alcanzaba en 1968–, se sinceró en un reportaje: «Sería una gran diferencia económicamente para EE.UU. si conseguimos que empresas estadounidenses participen en la inversión y producción de petróleo de Venezuela. Sería bueno para el pueblo de Venezuela. Sería bueno para el pueblo de EE.UU. Hay mucho en juego». Guaidó ya se había autoproclamado, con el rápido reconocimiento de los aliados de Washington, entre ellos, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia. Elliot Abrams, encargado del «caso Venezuela» y con experiencia en organizar a los Contras nicaragüenses y encubrir masacres de gobiernos pro-EE.UU. en la América Central de los 80, declaró que «ya no es tiempo de negociaciones» y que solo cejarán en su cruzada con un cambio de régimen. Tras varios cortes de energía eléctrica en Venezuela, que Caracas atribuyó a atentados promovidos por EE.UU., Abrams dijo: «No acepto el argumento de que de las causas de los problemas económicos en Venezuela son nuestras sanciones». Desde la administración Trump insistieron en que «todas las opciones están sobre la mesa», sin descartar una intervención militar. Pero en la mira tienen lo que Bolton define como una «troika de la tiranía»: Venezuela, Nicaragua y Cuba. La amenaza, claramente, no es sobre Maduro. Es un ataque pedagógico. La región entera está bajo amenaza si algún gobierno pretende desviarse de los designios de EE.UU.
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