La Corte Suprema de Justicia colombiana ordenó la captura del congresista Jesús Santrich, exnegociador de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, que debía presentarse el martes para responder a una acusación de narcotráfico desde Estados Unidos, país que reclama su extradición. El máximo tribunal, además, elevó su pedido a Interpol.
Santrich, nombre de guerra de Seuxis Paucias Hernández Solarte, figura con paradero desconocido desde el 30 de junio y en un primer momento se temió por su suerte, porque se fue del esquema de seguridad asignado luego de haber sido liberado de prisión el 30 de mayo tras un pase de comedia entre los poderes judiciales de esa nación.
El 17 de mayo había sido dejado en libertad por un fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el órgano creado por los acuerdos alcanzados en La Habana en 2016 para poner fin a más de 50 años de lucha armada. Estaba detenido desde el 9 de abril del año pasado tras una causa abierta en base a una operación de agentes infiltrados de la DEA que lo señalaban como cabecilla de una banda que envió cocaína a EEUU luego de la firma de los acuerdios.
Los supuestos cómplices de Santrich, Marlon Marín, Fabio Younes y Armando Gómez, también fueron apresados. El único que reconoció haber participado en el presunto envío de drogas fue Marín, quien a los pocos días se convirtió en testigo protegido del gobierno estadounidense.
Ni bien salió de la cárcel de La Picota, y en la puerta, la Fiscalía capturó nuevamente a Santrich, obedeciendo al reclamo de EEUU. Trece días más tarde la CSJ volvió a dejarlo en libertad aduciendo que la fiscalía no tenía jurisdicción y garantizando que Santrich, que es congresista, no sería extraditado.
Hasta que el 29 de junio Santrich abandonó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, en el municipio de La Paz, donde se encuentran 144 excombatientes, y desde entonces se desconoce su paradero.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como se denomina al partido político de las FARC (hasta 2016 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) venía advirtiendo de los asesinatos de líderes guerrilleros que aceptaron sumarse al proceso de paz y en un comunicado de hace unas semanas señaló que desde que se sometieron a los acuerdos de La Habana, y con supervisión de la ONU dejaron las armas, perdieron «la vida de 133 ex guerrilleros, así como de 34 de sus familiares y once más desaparecidos, que se suman a los más de 600 compatriotas asesinados por su papel de liderazgo en sus comunidades, además de las constantes amenazas que circulan en los territorios y el desplazamiento de miles de compatriotas».
Eso generó que ante la falta de noticias sobre Santrich se temiera por su vida, o en segundo lugar, que se entendiera que quería protegerse de un posible atentado contra su vida. Resulta sospechoso que el proceso en EEUU se abriera justo unos días después de que la JEP entrara en vigor.
Desde el triunfo de Iván Duque, hijo político de Álvaro Uribe, en agosto pasado, hubo un viraje muy pronunciado en ese trabajoso proceso alcanzado durante la gestión de Juan Manuel Santos y que daba esperanzas de que el país encontrara la paz y la convivencia civilizada. Ante un escenario de violencia contra militantes y ex guerrilleros, la opción de autoprotegerse estaba en la mesa de todos los analistas.
El día clave era este martes, cuando Santrich estaba citado para comparecer ante la CSJ y hacer su descargo sobre las acusaciones provenientes de EEUU. Su falta despertó la ira de Duque, que hace lo posible por destruir los acuerdos con las FARC y que se fijó como meta la desaparición del JEP, lo único que hasta ahora parece haberse implementado de aquellos documentos firmados con tanta expectativa en la capital cubana.
Pero esta ausencia también preocupa al partido FARC, que parece no dudar ahora de que fue una decisión voluntaria de Santrich. «La no comparecencia de Jesús Santrich en la mañana de hoy, a la citación hecha por la Corte Suprema de Justicia, constituye un hecho muy grave», dice en un comunicado oficial de el martes. «Nuestro partido considera que los Acuerdos de La Habana, además de constituir un hito histórico de singular trascendencia para el futuro del país, son un compromiso sagrado que adquirimos con el Estado, el pueblo colombiano y la comunidad internacional», agrega.
«Con independencia de su inocencia o culpabilidad, que sólo la justicia podrá determinar mediante sentencia ejecutoriada, en el caso de Jesús Santrich no se puede negar que los sucesivos fallos de Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz y el Consejo de Estado, terminaron por reconocer sus derechos como ciudadano y reincorporado, brindándole todas las garantías para su libertad y defensa. Su no presentación a la diligencia desmiente su propia palabra y defrauda la confianza del país y de nuestro partido», continúa el duro comunicado.
También el senador Iván Cepeda fue lapidario con Santrich. «La inasistencia de Jesús Santrich a la indagatoria programada por la Corte Suprema de Justicia no solo es un grave incumplimiento al Acuerdo de Paz, es también un incumplimiento a los miles de exguerrilleros que sí están comprometidos con la construcción de la paz», tuiteó.
Nike retiró un modelo de zapatillas con el que pensaba celebrar el día de la independencia de Estados Unidos, porque en el talón tiene una bandera considerada un símbolo racista, tras el rechazo de un jugador de futbol americano que, además, tiene contrato publicitario con la fabricante de productos deportivos.
Colin Kaepernick, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, llevó al triunfo a su equipo en la final del Superbowl de 2012. Pero su fama trascendió esa hazaña cuando en 2017 inició una batalla contra la discriminación racial tan efectiva como controversial: en cada partido de la National Footbal League (NFL), ponía rodilla en tierra mientras se entonaba el himno estadounidense.
«No me voy a poner de pies para demostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a la gente negra», se justificó Kaepernick. Eso le generó la enemistad de Donald Trump y enfureció a los sectores más ultraderechistas de una sociedad atravesada por chispazos de xenofobia, alentados desde la Casa Blanca. «¡Saquen a ese hijo de puta del campo de juego ahora mismo!», tuiteó el mandatario.
Nike, fabricante de productos deportivos, lo eligió para liderar su campaña para recordar los 30 años de su slogan «Just do it», «Solo hazlo». Le adosó un muy atractivo «Cree en algo, incluso si eso significa sacrificar todo». Que fue premonitorio para Kaepernick, ya que el técnico fue raleando su presencia en el campo de juego alegando una baja en su rendimiento.
El enojo de Trump caló en los grupos más radicalizados y las redes se llenaron de imágenes de zapatillas incendiadas y con el slogan «Just burn it», «sólo quémalo». «Es un mensaje terrible», agregó, más calmo, el presidente Trump, que tuvo respuesta de la NFL, por aquellos días todavía del lado del jugador y por tanto, haciendo un llamado de atención «sobre los problemas de justicia social» que denunciaba. Kaepernick dice que los negros son víctimas de discriminación laboral, cobran menos salarios y padecen violencia policial. Algo fácilmente comprobable incluso en tiempos de Barack Obama en el gobierno.
Finalizado su contrato, el futbolista no consiguió equipo donde mostrar sus habilidades. Nadie quería quedar en medio de la polémica entre los que denostaban sus actitudes en defensa de los derechos de la población negra y los que lo consideran un continuador de las luchas de la comunidad afrodescendiente de los años 60.
En febrero pasado, llegó un acuerdo con la NFL, a la que había demandado en los tribunales de justicia. Había denunciado que los equipos se pusieron de acuerdo para no contratarlo como una forma de castigo por su posición política. Más grave aún, sostuvo que la postura unánime surgió luego de presiones de Trump y del vicepresidente Mike Pence. Se ignora el monto del resarcimiento porque las partes se comprometieron a mantener la cifra en secreto. Pero se cree que tendría siete ceros.
(Foto: AFP)
Ahora, Nike pensaba celebrar el aniversario de la independencia con un modelo, el Air Max 1 Quick Strike, que llevaba en el talón la bandera conocida como Betsy Ross. Se trata de una bandera con 13 barras alternadas rojas y blancas -una por cada una de las colonias británicas- con un rectángulo azul que representa una nueva constelación donde 13 estrellas, de cinco puntas, están en círculo. Fue creada en medio de las luchas independentistas, en 1770, pur una prima de un amigo de George Washington.
En sí misma, la bandera no dice mucho más que eso. Pero como fue elaborada en tiempos de la esclavitud, para los supremacistas blancos, como los del Ku Klux Klan, es su enseña patria y la hacen flamear en sus actos. Parece ser, según los que saben del tema, que la bandera confederada, esa roja atravesada por una cruz diagonal azul donde relucen las 13 estrellas, es tan evidente, habida cuenta de que corresponde a los esclavistas sureños, que en busca de algún emblema de unidad nacional los racistas prefieren volver a las fuentes.
De allí que a los activistas por los derechos civiles, como Kaepernick, les resulte una imagen irritativa. Suficiente como para que Nike, que en el último año fiscal tuvo un beneficio neto de 4.029 millones de dólares sumando sus ventas en todo el mundo, aceptara la queja del deportista. Lo que seguramente le generará nuevas arremetidas en las redes.
Lo peor es que tuvo que retirar los miles de pares ya entregados a los distribuidores y para el 4 de julio ya no tiene tiempo de cambiar la bandera por la de 50 estrellas que se instauró en 1959, cuando Hawaii ingresó como el 50º estado de la Unión.
Finalmente, la sangre no llegó al río y tras el encuentro clave de esta cumbre del G20 en Osaka, se anunció que Estados Unidos no impondrá nuevos aranceles a productos chinos, aunque tampoco quitará los existentes, y que ambas potencias reanudarán conversaciones para dirimir las controversias comerciales de la manera más civilizada posible, «sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo».
Donald Trump y Xi Jinping mantuvieron un encuentro, el más esperado de este G20, que duró 80 minutos y que fue considerado como excelente por el presidente estadounidense. «Estamos de nuevo en el camino», dijo Trump.
Horas antes de que el presidente estadounidense Trump y Xi se vieran las caras en un encuentro bilateral, el departamento de Agricultura de EE UU confirmó que China compró 544 mil toneladas de soja por valor de casi 200 millones de dólares. El dato fue tomado como un gesto de buena voluntad de las autoridades asiáticas en medio de la guerra comercial desatada por Washington en mayo de 2028 con la imposición de aranceles a productos chinos en busca de reducir el déficit comercial y que mantiene en vilo a la economía mundial.
La reunión, que en la práctica fue la continuación de la que en noviembre pasado ambos líderes mantuvieron en Buenos Aires y que terminó con una tregua de tres meses a las hostilidades, fue variando de una alta beligerancia en el segundo trimestre del año, en el marco de las sanciones de la Casa Blanca a la empresa china Huawei y las presiones para sacar de competencia a la firma china en los países occidentales.
Tras la tregua porteña, Trump ordenó en mayo elevar los aranceles del 10% al 25% sobre los productos de China, aumentando gabelas por alrededor de $ 200 mil millones. Beijing no se quedó atrás y tres días después subió derechos aduaneros a $ 60 mil millones en productos estadounidenses.
Pero a medida que se acercaba la cumbre de Japón entre los líderes de los 20 países más desarrollados del mundo (donde se incluye a Argentina pero se deja en el lugar de «Invitado Permanente» a España) el mismo Trump fue aminorando sus planteos, sin dejar de mostrar las uñas.
En una entrevista con la cadena Fox, su favorita dentro de EE UU, Trump dijo que veía posible que las dos potencias llegaran a un acuerdo y se mostró abierto a hablar de todos los temas pendientes. Sin embargo, no se privó de amenazar con que si las cosas no se encaminaban como pretendía, estaba listo para imponer aranceles adicionales a casi todos los productos aún no sujetos a cargas aduaneras.
En este contexto, este viernes Wall Street cerró en alza porque descontaban una tregua. Otra novedad entre los inversores –que va a contrapelo de lo que propugna Trump– es que la firma Apple informó ese mismo día que trasladará la producción de su modelo Mac Pro de su planta de Texas a una en Shangai perteneciente a la taiwanesa Quanta Computer.
El enfrentamiento preocupa a todas las potencias y también a los organismos financieros. Christine Lagarde, la titular del FMI, sostiene que la primera tanda de aranceles estadounidense y la respuesta impositiva paralela de China habrían reducido el PBI mundial en un 0,5% para el 2020. Ni qué decir lo que implicaría una vuelta de tuerca mayor en un futuro cercano.
Para el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurria, si no le ponen un punto final a la controversia, «eso sería muy, muy destructivo» y el impacto letal se extendería sobre prácticamente todas las economías del mundo».
Los demás mandatarios presentes también hicieron lo suyo por aquietar las aguas. Lo mismo hizo el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, quien coincidió en que la tensión entre las dos mayores economías del planeta están contribuyendo a la desaceleración de la economía mundial.
Antes de juntarse con Xi, Trump había tuiteado una interesante invitación a Kim Jong. Escribió que luego del encuentro con Xi «me iré de Japón hacia Corea del Sur (con el presidente Moon). Mientras esté allí, si el presidente Kim de Corea del Norte ve esto, me reuniría con él en la frontera desmilitarizada sólo para estrechar su mano y decirle ¡Hola (?)!».
AMLO ausente
El único jefe de Estado que no acudió a la cita del G20 en Osaka fue el mexicano Andrés Manuel López Obrador. En una carta, el presidente azteca pidió disculpas alegando que «en México hay retos urgentes que reclaman mi atención». Entre ellos, citó al fenómeno de la migración, que precisamente lo puso en el centro del debate con Donald Trump, que amenazó con represalias si no frenaban la ola que atraviesa el río Bravo . «
(Foto: AFP)
Europa se mete en el conflicto con Irán
La embestida de Trump contra Irán, iniciada con la ruptura unilateral del acuerdo nuclear 5+1 en mayo de 2018 y acelerada en las últimas semanas con el incremento de sanciones y los incidentes en el estrecho de Ormuz, nunca recibió el acompañamiento de los socios de aquel acuerdo firmado en 2015.
Así lo demostraron en la cumbre realizada en Viena entre representantes diplomáticos del país persa con enviados de Francia, el Reino Unido, China, Rusia y Alemania, esta última nación, la única que no integra el Consejo de Seguridad de la ONU ni tiene armamento nuclear, pero sí intereses estratégicos en resolver la crisis con Teherán.
«Hubo algunos progresos, fue un paso adelante, pero no es suficiente», dijo el vicecanciller iraní, Abas Araghchi, al término del encuentro en la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), encargado de controlar que Irán cumpla con lo acordado. En mayo pasado, Teherán advirtió que dejaría de cumplir el acuerdo si no se alivian realmente las sanciones que habían sido impuestas desde 2010 y que, tras la firma del acuerdo durante la administración Obama, habían comenzado a relajarse. Pero ante este nuevo escenario, el gobierno de Hasan Rohani anunció que comenzará a superar el volumen máximo previsto de sus reservas de 300 kg de uranio enriquecido al 3,67 por ciento. Y que desde el 7 de julio pasará ese tope de enriquecimiento.
Irán exige que se le permita seguir exportando petróleo sin restricciones, lo que permitiría al país salir del estrangulamiento económico al que se ve sometido por las sanciones de EE UU. Por un lado, China dijo que continuará comprando crudo. «No acatamos la política denominada ‘cero’ (importación de petróleo iraní)», indicó Fu Cong, director de control de armas del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Al mismo tiempo, Araghchi y su homóloga de la UE, Helga Schimd, indicaron que el mecanismo europeo para eludir las sanciones estadounidenses, Instex, ya estaba «operativo». Es un instrumento financiero que permite comerciar al margen del dólar y dificulta a EE UU bloquear operaciones o sancionar a las instituciones implicadas en el intercambio.
En política nada es casual. Y el lanzamiento de la reelección de Donald Trump este martes en Florida dista mucho de ser aleatorio. Fue un distrito clave para un triunfo del empresario en 2016 y la mayoría de residentes anticastristas de origen cubano es una platea muy adecuada para volver a denostar a la revolución cubana para ganar la voluntad de ese electorado. Trump tiró por la borda los acuerdos alcanzados por Barack Obama con Raúl Castro desde 2014, reforzó el bloqueo económico que rige desde 1961 y desde el 2 de mayo aplica el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite reclamos judiciales por propiedades confiscadas al inicio de la Revolución.
«Las relaciones con EE UU siempre han sido complejas y difíciles, marcadas por una política que ha sido la columna vertebral de esa relación que es el bloqueo en las sucesivas administraciones demócratas y republicanas. Con Trump han sido mucho más evidentes porque nosotros veníamos de conversaciones con Obama en las que se avanzó mucho. Sin embargo ha habido un retroceso muy grande a pesar de que hemos señalado en reiteradas ocasiones nuestra predisposición a seguir dialogando en temas de interés bilateral», señala el embajador cubano, Orestes Pérez Pérez.
–¿Cuál sería la explicación para este retroceso? Porque las encuestas muestran que las nuevas generaciones de cubanos nacidos en EE UU ya no apoyan esas políticas beligerantes y habían aplaudido la apertura de Obama.
–Yo creo que él tiene un compromiso con senadores, con congresistas cubanoamericanos. Una de las razones que mueve a Obama a cambiar la política hacia a Cuba es precisamente que las generaciones fueron mutando y están más a favor del diálogo, de reencontrarse con su familia, de viajar a Cuba. Más allá de que el objetivo de Obama seguía siendo el mismo, que era destruir a la revolución, buscaba otro camino que no sea el de la confrontación. A pesar de esto nosotros avanzamos en muchas áreas, firmamos más de 20 acuerdos en esos dos últimos años del gobierno de Obama. Todo eso lo ha echado por tierra Trump.
–Y ahora corona todo con la aplicación total de la ley Helms-Burton.
–Hace varios meses venía hablando de revisar el Capítulo III de esa ley, presionado sobre todo por viejos funcionarios de administraciones norteamericanas que siempre tuvieron hacia Cuba una posición muy hostil, como (el asesor) John Bolton, (el vicepresidente) Mike Pence, (el secretario de Estado) Mike Pompeo. Desde el gobierno se han encargado de diseñar una política que no se había aplicado hasta ahora. La ley Helms-Burton es de 1996, la aprobó Bill Clinton y los diferentes gobiernos fueron aplazando el Título III.
–¿De qué forma afecta a Cuba?
–El Título III establece que los norteamericanos o los cubanos nacionalizados pueden reclamar en cortes de EE UU sobre propiedades que fueron confiscadas a principios de la revolución. Ellos pueden a través de tribunales de EE UU hacerle juicio a un inversor español de una cadena de hoteles en Cuba porque tiene una concesión en un lugar que fue confiscado.
–Ese es el punto, porque afecta a inversores de España, de Canadá….
–…del Reino Unido, del Japón. Esta aplicación tiene un marcado carácter extraterritorial porque sancionarían a empresarios que invirtieron en estas propiedades. Pero no sólo eso, también afectaría a escuelas, hospitales.
–¿Por qué razón?
–Nosotros convertimos propiedades en escuelas u hospitales y puede aparecer el dueño de esa construcción reclamando que le sea devuelta. Lo importante a resaltar es que Cuba nunca se opuso a una negociación apegada al derecho por la nacionalización de las propiedades norteamericanas. Como nunca se opuso cuando se trató de nacionales franceses, belgas. Constan en la historia, en el año 1967 firmamos un acuerdo de compensación con Francia y con Suiza; en el año 1978 lo suscribimos con el Reino Unido. Nosotros nunca nos negamos a negociar sobre estas nacionalizaciones, que nosotros hicimos en legítima defensa de nuestras propiedades, que es un derecho que cualquier país tiene. Incluso cortes norteamericanas de los años ’60 le dieron la razón a Cuba ante el reclamo de propiedades de ellos.
–¿Eso serviría como antecedente?
–Yo creo que sí, de todas maneras los antecedentes más claros son la finalización de negociaciones con estos países. Nunca hicimos nada que estuviera contra derecho.
–Ellos podrían aducir reclamos desde el año 1959 más los intereses, cifras astronómicas.
–Y nosotros podemos aducir reclamos por daños derivados del bloqueo. El bloqueo desde el año 1961 ha causado a Cuba daños mucho mayores que las reclamaciones que se puedan hacer. Es interesante resaltar que ya se han hecho reclamos en tribunales norteamericanos desde el 2 de mayo que entró en vigor el Título III y que naciones europeas, Canadá, Japón, tienen leyes antídoto. Argentina tiene una ley antídoto, aprobada en el año 1996.
–¿En qué consiste?
–Es una ley que protege a los nacionales que tienen inversiones en Cuba. Por eso Japón, Canadá, Gran Bretaña, ya han salido a decir que están en contra de la aplicación del Título III y lo ha dicho España, que son los países que más inversiones tienen en Cuba. Este escenario es inédito. Pero el bloqueo ha estado vigente como el primer día.
–Trump dijo que estaba dispuesto a relajar sus presiones en la medida en que Cuba renunciara en su apoyo al gobierno de Venezuela.
–Si no fuera tan serio el tema movería a risa. Porque Cuba nunca ha renunciado a sus principios en política exterior, basada en soberanía, independencia y respeto a la no injerencia en los asuntos de otros países. Porque pretender condicionar la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton a nuestro apoyo a la revolución bolivariana es una justificación del fracaso por su intención de cambiar la situación en Venezuela. Pretende utilizar a Cuba para justificar su fracaso en Venezuela. Han intentado derrocar al gobierno de Maduro pero ahí está la revolución bolivariana con sus falencias, pero sosteniendo un proyecto nacional, liberador.
–¿Se trata de Trump o es un momento crítico para la dirigencia de EE UU?
–Yo creo que los factores de poder en EE UU son más que el presidente. El aparato militar-industrial, las grandes corporaciones, están detrás. Pero la cara visible es el presidente, que muchas veces responde a estos intereses.
–¿De qué manera esto impacta en esta apertura que había iniciado Cuba. ¿No es un golpe directo a la posibilidad de que aparezcan nuevos inversores?
–Impacta potencialmente en inversores que hayan pensado en hacer un estudio y ahora se vean más cautelosos ante esta situación. Lo que no va a impactar es en las inversiones que ya están en Cuba, por las leyes antídoto y además por las leyes que en Cuba protegen a los inversores. Pero sí tendrá posiblemente impacto en desmovilizar algunas inversiones. El Título II establece la disminución de remesas, eso también afecta la economía familiar. Reduce sustancialmente los viajes, eso disminuye el turismo hacia Cuba que venía creciendo en los últimos años. Les impide a los cruceros que hagan viajes a puertos cubanos Es un entramado de medidas que están dirigidas a afectar el desarrollo económico que había experimentado Cuba en los últimos años.
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