Puede sonar a desafío, pero esta tanda de privatizaciones de empresas públicas que anunció el presidente Jair Bolsonaro comenzará por el correo, la mayor compañía de logística de América Latina. Es que en junio pasado, el mandatario brasileño echó de un modo casi humillante al presidente de Correios, el general Juarez Aparecido de Paula Cunha porque «se comportó como un sindicalista» en lugar de defender las políticas neoliberales que bajan desde Brasilia.
Con una carrera militar de 50 años, Paula Cunha había sido nombrado en el cargo cuando asumió Bolsonaro, como parte del apoyo que el excapitán buscó entre sus ex colegas de armas.
Pero se ve que el general –con cursos de estrategia en Brasil pero también en EE UU y las Naciones Unidas– no entendió o no quiso entender el mensaje que bajó desde el Ministerio de Economía, a cargo del discípulo de la Escuela Chicago Paulo Guedes.
Es así que en una audiencia en la Cámara de Diputados el 14 de junio pasado, el militar criticó la privatización de la empresa que había anunciado el jefe de Estado. Lo más grave, para Bolsonaro, es que se sacó fotos con parlamentarios del PT y del PSOL, los más fervientes opositores al plan neoliberal de la nueva gestión. En su reemplazo nombró a otro militar, FlorianoPeixoto Neto, como para calmar las aguas dentro de los cuarteles.
La ola privatista que se enunció esta semana incluye a los puertos del país, entre ellos el principal de la región, el de Santos, por donde sale la producción de San Pablo y alrededores. Pero también la Casa de la Moneda, la administración de cárceles federales y parques nacionales, parte del paquete accionario de Eletrobras, lo que disparó las acciones de Petrobras, porque se supone que luego vendría la enajenación de la petrolera estatal.
La Empresa Brasileira de Correios y Telégrafos (ECT), más conocida como Correios, es una suerte de joya de la abuela de perfil medio, con unas 12 mil oficinas diseminadas en todo el país y más de 100 mil empleados, facturó en el último ejercicio unos 4500 millones de dólares.
Forma parte de esta andanada de 17 empresas estatales que ahora salen a la venta. Las autoridades sostienen que de ese modo recaudarán unos 175 mil millones de dólares. Pero la megaoperación todavía necesita la aprobación del Congreso y del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), que debería confirmar la necesidad y la oportunidad de esa venta.
Entre la oferta presentada el miércoles figura Telebras, que administra redes de fibra óptica para conexiones de Internet y satelitales. La compañía de comunicación EBC, un centro de investigación avanzada en tecnología electrónica, el Servicio Federal de Procesamiento de Datos y la Empresa de Información y Tecnología de la Seguridad Social.
En los 90 muchas empresas públicas creadas desde tiempos de Getulio Vargas –años ’40 y ’50– pasaron a manos privadas, pero aún quedan unas 420. Según Bolsonaro, «vamos a retirarle trabas a la vida de ustedes, los empresarios. Yo cambié con los años: era estatizante en una época, pero yo admito que no sé de economía; los que decían que sabían hundieron a Brasil».
La autoridad aeroportuaria de Hong Kong suspendió por segundo día consecutivo todos los vuelos en esa estación aérea porque cientos de manifestantes ocuparon la zona de facturación de la terminal. El aeropuerto había reanudado sus actividades pocas horas antes luego de haber finalizado un bloqueo previo.
La autoridad aeroportuaria confirmó en un nuevo aviso que se cancelarían todos los vuelos que no hubiesen completado el proceso de facturación antes de las 16.30 (hora local). Además, solo dejaron aterrizar los aviones que ya están en ruta, según la agencia de noticias alemana dpa.
Con la de este martes ya son cinco las jornadas consecutivas de protestas en el aeropuerto. «Estamos intentando detener los vuelos y, como ayer, bloqueamos toda la zona de salida para que quien quiera irse de Hong Kong no pueda hacerlo», ha explicado uno de los manifestantes, Joshua Wong, en declaraciones a la agencia alemana.
El aeropuerto de Hong Kong se convirtió en el principal centro de las protestas contra el gobierno de Carrie Lam, quien a principios de junio había aprobado una ley que autorizaba la extradición de sospechosos a países con los que no había un tratado específico, como es el caso de China continental.
La normativa se había promovido para el caso de un hombre acusado de femicidio en Taiwán, pero para sectores políticos de la oposición iniciaron protestas tras considerar que permitiría extraditar a disidentes del gobierno chino que se refugien en Hong Kong. Tras las primeras manifestaciones, el gobierno suspendió la ley de extradición, aunque ahora el reclamo popular es por la renuncia
El enclave fue tomado por el imperio británico tras la guerra del opio en el siglo XIX pero luego de pacientes negociaciones con Beijing se firmó un acuerdo por el cual en 1997 el Reino Unido se retiró del gobierno. El tratado contempla la existencia de “un país dos sistemas”. En 2047 Hong Kong pasará definitivamente al control chino.
Sin embargo, sectores muy influyentes de ese territorio rechazan la incorporación a China. Para las autoridades de Beijing, muchos de esos grupos son sustentados por Estados Unidos. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hua Chunying, pidió a Washington que deje de interferir en la crisis de Hong Kong. Una semana antes, el director de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado, Zhang Xiaoming, se quejó de que luego de que la ordenanza fue dejada de lado, ahora las protestas tienen las características de una «revolución de color».
“La parte estadounidense ha hecho con frecuencia declaraciones irresponsables sobre los asuntos de Hong Kong, lo que ha confundido lo blanco con lo negro e incitado a problemas”, insistió Hua. “Hay políticos de peso y funcionarios diplomáticos de Estados Unidos que han interactuado con los alborotadores y acusado injustamente al gobierno central chino, están instigando la violencia y actos ilegales que ponen en riesgo la prosperidad y estabilidad de Hong Kong”, agregó.
Como consecuencia de las manifestaciones, la policía reprimió con dureza, lo que provocó el rechazo de distintos gobierno, incluido el de Donald Trump, que dijo que esperaba “que no hubiera muertos”.
La chilena Michelle Bachelet, titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), por otro lado, instó a las autoridades a investigar «el uso desproporcionado de la fuerza» por parte de los agentes policiales en las protestas.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China ingresó en otra etapa, a partir de la devaluación del yuan y la suspensión de las importaciones de productos agropecuarios estadounidenses. Al mismo tiempo, el gobierno de Xi Jinping protestó ante Washington por lo que considera una injerencia en las revueltas que se vienen produciendo en Hong Kong y también por la arremetida contra el presidente Nicolás Maduro en Venezuela. En otros frentes de combate, la empresa Huawei presentó su nuevo sistema operativo HarmonyOS para contrarrestar el bloqueo decretado por Donald Trump para Android. El gigante de las telecomunicaciones anunció, además, una inversión de 800 millones de dólares para construir una fábrica de celulares en San Pablo. Otra muestra de que América Latina forma parte del teatro de operaciones.
La caída del yuan a su mínimo histórico desde 2009 causó un impacto negativo en las bolsas de todo el mundo y especialmente en Argentina, en un entorno turbulento por las PASO. Trump denunció que Beinjing está manipulando su divisa, pero en todo caso es la respuesta al anuncio de un incremento adicional de los aranceles de un 10% a productos elaborados en China que ingresen en EE UU.
Este viernes, Trump amenazó con una posible cancelación del encuentro programado entre los líderes de ambas naciones para negociar el futuro del comercio bilateral. «No estamos listos para lograr un acuerdo, pero veremos qué pasa. Si se hace, bien, si no se hace, también», detalló. «Tenemos todas las cartas y lo estamos haciendo bien», concluyó el mandatario estadounidense.
En las calles de Hong Kong
Las autoridades chinas aprovecharon también para dar un marco a la situación en Hong Kong, que enfrenta desde hace un par de meses un clima de protestas callejeras. Desde junio crecen las manifestaciones contra un ley de extradición que permitiría entregar prófugos a Taiwán, Macao y la China continental. Los manifestantes critican que la normativa podría afectar a disidentes políticos reclamados por Beijing. La vocera de la cancillería china, Hua Chunying, declaró que su par estadounidense, Morgan Ortagus, «debería dejar de hacer pasar gato por liebre» y no mienta para ocultar la injerencia de Washington en Hong Kong. En apoyo de Beijing salió la portavoz del ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, quien aseguró que en Moscú tomaban «en serio» la información sobre la intromisión en los asuntos chinos.
Los estrategas chinos también temen un recrudecimiento del histórico conflicto entre Pakistán y la India por Cachemira, que escaló en estos días de un modo peligroso. Y si bien en este caso no especularon sobre la intervención estadounidense, sí se apuraron a advertir sobre las consecuencias de un estallido bélico. «China y Pakistán son socios estratégicos para todo tiempo y siempre se han entendido y apoyado mutuamente en temas relacionados con sus intereses centrales, lo cual también es una buena tradición que los dos países deben apreciar», dijo el canciller Wang Yi.
El vocero del ministro, en cambio, no olvidó reclamar por el avance de la Casa Blanca en Venezuela. «Qué partido político gobierna un país es un asunto interno y debe ser decidido por su pueblo. Lo de Estados Unidos constituye una burda interferencia en los asuntos internos de Venezuela y viola severamente las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. China se opone firmemente a eso», añadió.
En el país caribeño, el presidente Maduro puso en marcha una planta mezcladora en el estado de Anzoátegui en el marco de una alianza entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC). El titular de PDVSA dijo que se elevará la producción de crudo de 165 mil barriles diarios a 230 mil.
Huawei, metida de lleno en la guerra comercial a partir de la decisión de Trump de incluirla en la lista negra de empresas peligrosas para la seguridad de EE UU, dio dos batacazos. Por un lado, dijo que ya comenzará a utilizar el sistema Harmony que reemplazará a Android en sus celulares.
En tanto, el gobernador de San Pablo, João Doria, viajó a China donde acordó la instalación de una planta de Huawei en ese estado brasileño, una inversión por 800 millones de dólares entre 2020 y 2022. Allí fabricarán celulares para vender en Brasil y exportar a América del Sur.
Huawei también financiará el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, un participará en un proyecto para digitalizar la red de escuelas públicas. Según se informó, para 2022 los tradicionales pizarrones serán reemplazados por computadoras, tablets y smartpohnes. La firma china está en primer lugar en la pista de largada para los concursos de ofertas.
No es la primera vez que Washington boicotea la posibilidad de una solución consensuada a la crisis política que golpea a Venezuela. Pasó en Santo Domingo el 7 de febrero de 2018, cuando el expresidente del Gobierno español, José Luis Zapatero, anunció apesadumbrado que la oposición había roto los acuerdos alcanzados tras meses de trabajosas negociaciones luego de recibir una llamada desde la Casa Blanca. Ahora, mientras el viernes pasado el presidente Nicolás Maduro se mostró esperanzado en la continuidad de otra mesa de diálogo, promovida por Noruega en Barbados, Donald Trump volvió a bombardear las negociaciones al emitir una orden ejecutiva que congela todos los activos del país caribeño. Todo esto cuando este martes se abría en Lima una cumbre para tratar el caso venezolano. Y en Caracas recordaban los 20 años de la creación de la República Bolivariana, una de las primeras iniciativas del presidente Hugo Chávez, que recién había asumido su cargo en el Palacio Miraflores.
Este sábado, el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, había celebrado «con beneplácito» la decisión de gobierno y oposición de Venezuela de mantener la mesa de negociaciones en Barbados. «El secretario general reitera su firme apoyo a la iniciativa de la facilitación noruega y anima a los principales actores políticos de Venezuela, y a sus representantes en las negociaciones, a seguir comprometidos con estos esfuerzos, en beneficio del pueblo de Venezuela», señaló en su nombre el vocero Stephane Dujarric.
El propio Maduro dijo el sábado que agradecía a «los sectores de la oposición que están asistiendo a Barbados, que estuvieron en Noruega, por mantenerse firmemente en el diálogo político con el gobierno bolivariano y con las fuerzas revolucionaras. Tengo que agradecerlo».
Sorpresivamente (o no) el lunes, en medio del tembladeral por la devaluación de la moneda china, un coletazo de la guerra comercial que Trump desató contra el gigante asiático, la Casa Blanca anunció el DNU que bloquea los bienes del gobierno venezolano en EEUU. La respuesta de Caracas fue que «esta decisión de élite constituye el más grotesco y descarado saqueo del cual se tenga registro en las historia contemporánea de las relaciones internacionales».
Como para que no queden dudas de que esta medida es otro boicot deliberado al diálogo entre oficialismo y oposición, el asesor de Seguridad John Bolton, la figura estelar de la cumbre en Lima, dijo que las negociaciones «no son serias». Y de manera unilateral e inconsulta, afirmó que «el tiempo del diálogo en Venezuela ha terminado, ahora es el momento para la acción».
El diputado Juan Guaidó, autodesignado presidente interino, aplaudió las sanciones y dijo que demuestran que apoyar al chavismo «acarrea consecuencias». Una postura que choca contra el planteo de Stalin González Montaño, quien representa en Barbados a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que nuclea al antichavismo, y tres días antes reafirmó la necesidad de continuar en la ronda de negociaciones en su cuenta Twitter.
Bolton se juega una partida personal muy fuerte en esta crisis porque convenció a Trump de reconocer al autodesignado Guaidó, y de comenzar una escalada para derrocar a Maduro, que ya lleva ocho meses sin el resultado que pronosticó. El presidente de EEUU ya dio muestras de disgusto porque tanto su aguerrido asesor como Elliot Abrams, lo convencieron de que el cambio de régimen era cuestión de días.
En Lima se juntaron unos 60 países para la llamada «Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela». Rechazaron la invitación Cuba, Rusia, China y Turquía, mientras que hubo un enviado del Papa a nombre del Vaticano, de la Unión Europea y del Banco Interamericano de Desarrollo.
La mayoría de los presentes reconocen a Guaidó, pero también se hicieron presentes representantes de México y Uruguay, que continúan sosteniendo la legalidad de Maduro y tratan, hasta ahora infructuosamente, de que se encuentre una solución civilizada, algo que no está en los planes de Bolton, ni de Abrams, y mucho menos de Trump o el departamento de Estado.
En tal sentido, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), una ONG relacionada con la CIA, señaló en un comunicado que están listos para reconstruir Venezuela «luego de la devastación producida por el gobierno de Nicolás Maduro».
La USAID agregó que Guaidó y el Parlamento «han expresado la necesidad de asistencia internacional humanitaria inmediata» y concluye en un comunicado que » Estados Unidos permanece listo para apoyar a organizaciones humanitarias independientes e imparciales para proveer ayuda en Venezuela, si lo permiten las condiciones».
Nada dice en el texto respectivo sobre que la forma en que impacta en esa devastación el bloqueo y la incautación de bienes e ingresos venezolanos en el exterior. El comunicado de repudio de la cancillería bolivariana denuncia el «robo ilegal de la empresa Citgo y las sedes diplomáticas venezolanas» en EE.UU. y afirma que la Casa Blanca y sus aliados «procuran nuevas oportunidades y recursos para usurpar y saquear aquello que le pertenece a los más de 30 millones de venezolanas y venezolanos».
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